Sergio Gudiño Hernández
Expediente 1201/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1201/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/09/2017
Partes del expediente
- Sergio Gudiño Hernández
Actuaciones
- Principal
- Vista la cuenta que antecede, de la que se advierte . . . se declara que el mismo ha causado estado . . . archívese este expediente como asunto totalmente concluido . . . .
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA, SE HACE EFECTIVO A LA PARTE QUEJOSA EL APERCIBIMIENTO CON EL QUE SE LE CONMINÓ DENTRO DEL CITATORIO DE 08/09/2017, QUE CONTIENE EL AUTO DE 07/09/2017, Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Visto el escrito de cuenta, signado por SERGIO GUDIÑO HERNÁNDEZ, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en San Juan del Río, Querétaro y, otra autoridad; luego, fórmese cuaderno respectivo y, regístrese en el libro que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito con el número 1201/2017-I. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano . Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes . Al respecto, con la finalidad de dar certeza jurídica al presente proveído, conviene precisar que los actos que la parte quejosa señala como reclamados, se hacen consistir esencialmente en: a) El proveído dictado el diez de febrero de dos mil dieciséis, en el juicio laboral número 7266/2014/4/1, del índice de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en San Juan del Río, Querétaro, promovido por Alfredo Campos Dorantes en contra de Sergio Garduño Hernández. b) La notificación practicada a la parte demandada (quejoso) en el citado sumario respecto del auto dictado el diez de febrero de dos mil dieciséis, así como la practicada en relación al diverso proveído de quince de febrero de esa misma anualidad. Esta Juzgadora advierte en relación a la totalidad de los actos reclamados, que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causal prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. El precepto invocado, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.". En conformidad con lo dispuesto por dicho precepto, los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; d) Autonomía de las situaciones generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. El criterio citado se invoca aun cuando hubiera sido integrado conforme a la Ley de Amparo abrogada, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente. En efecto, la regla general respecto de la improcedencia del juicio de garantías relativa al cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Lo anterior pues en un procedimiento judicial existen diversas etapas que se verifican de manera sucesiva, hasta dictar sentencia, cada etapa es distinta, de tal manera que en un juicio puede dictarse una resolución que origine dentro de él una determinada situación jurídica, pero con posterioridad, siguiendo el proceso su desarrollo normal, en otra etapa puede pronunciarse una nueva determinación que no reconozca como antecedente necesario a aquélla, por formarse de causas diferentes y tener fundamentos distintos. El trámite procedimental es dinámico en tanto que se conforma de varias etapas, de tal forma que agotada una de ellas, se pasa a la siguiente y así sucesivamente hasta concluir con la sentencia; en ese sentido, al dictarse una decisión dentro de una etapa, ésta tiene una determinada duración, que se prolonga mientras no se dicta otra resolución que venga a originar una situación vigente, distinta y autónoma. Por tanto, como ya se dijo, al generarse la nueva, la anterior se consuma irreparablemente desde el punto de vista jurídico, al quedar sustituida. Para una mejor comprensión del problema jurídico planteado, resulta necesario relatar los antecedentes del caso. 1. El dieciocho de julio de dos mil catorce, Alfredo Campos Dorantes presentó demanda en la vía laboral en contra de Sergio Gudiño Hernández; misma que se radicó en el índice de la Junta responsable bajo el número de expediente 7266/2014/4/1. 2. El ocho de enero de dos mil dieciséis, Ma. Dolores del Pueblito Espinosa Ugalde y otros señalados en la carta poder correspondiente, presentaron escrito ante la responsable a fin de renunciar al poder otorgado por su poderdante así como para revocar el domicilio procesal que señalaron en el expediente de marras; antecedente que pone de relieve que en su oportunidad el ahora quejoso fue emplazado al juicio de origen y que incluso, dio contestación a la demanda instaurada en su contra a través de quienes en ese entonces fungían como apoderados legales. 3. No fue sino hasta la diligencia que tuvo verificativo el diez de febrero de dos mil dieciséis, que la Junta laboral acordó de conformidad el ocurso antes referido; motivo de ello, ordenó la regularización del procedimiento y ordenó de nueva cuenta el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones que el once de enero anterior, se había llevado acabo y en la que se declaró la rebeldía del reo ante su incomparecencia. 4. El quince de febrero de dos mil dieciséis, el actuario responsable se constituyó en un domicilio precisado por la parte patronal en el juicio de origen y entendió la notificación ordenada en la diligencia de diez de ese mismo mes, con una persona, que a decir del promovente del amparo, no conoce éste ni tiene relación alguna. 5. Seguido el cauce legal del expediente laboral, se llevó a cabo la audiencia trifásica así como la de ofrecimiento y admisión de pruebas; y posteriormente el tres de abril de dos mil diecisiete, se emitió el laudo condenatorio correspondiente. De manera que, con el dictado del laudo en el expediente laboral 7266/2014/4/1 del índice de la Junta responsable, se aprecia que ha cambiado la situación jurídica que prevalecía respecto de la actuaciones judiciales reclamadas en la presente de amparo, consistente en el proveído dictado el diez de febrero de dos mil dieciséis, así como la notificación practicada a la parte demandada (quejoso) respecto del auto dictado el diez de febrero de dos mil dieciséis, así como la practicada en relación al diverso proveído de quince de febrero de esa misma anualidad; pues al resolverse en definitiva el controvertido laboral, con ello se encuentran consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, dado que al existir autonomía de las situaciones generadas por los dos actos indicados, aun cuando desaparezca la primera (auto y notificaciones), subsiste la segunda (laudo). Lo que desde luego impide el análisis de las determinaciones combatidas por el quejoso sin afectar la situación jurídica autónoma creada en el juicio de origen a partir de la emisión del referido laudo, es decir, el estudio de los actos reclamados no podría realizarse sin afectar la nueva situación jurídica. Por tanto, con el dictado del laudo se genera una situación en la cual no es posible decidir ya sobre la constitucionalidad de los actos reclamados en comento, sin afectar la nueva situación que impera. No se soslaya que el quejoso se ostenta como tercero extraño por equiparación, empero al hacerse sabedor de los datos de identificación del juicio laboral promovida en su contra, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el emplazamiento que se le practicó al juicio laboral, le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que al promover el juicio de garantías que nos ocupa en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Luego entonces, debe precisarse que en el presente asunto la parte quejosa contrario a lo que refiere en su escrito inicial de demanda no tiene el carácter de tercero extraño al juicio natural; pues no debe perderse de vista que la persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte procesal"; pues incluso, jurisprudencialmente sólo se ha considerado como tercero extraño por equiparación, al demandado que no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, que por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo; aunado a que, basta que el promovente del amparo tenga conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia, como en el caso acontece; ya que el quejoso es parte demandada y referir bajo protesta de decir verdad que, el ocho de enero de dos mil dieciséis, Ma. Dolores del Pueblito Espinosa Ugalde y otros señalados en la carta poder correspondiente, presentaron escrito ante la responsable a fin de renunciar al poder otorgado por él, así como para revocar el domicilio procesal que señalaron en el expediente de marras; es inconcuso que el peticionario de garantías fue llamado a juicio y dio contestación a la demanda instaurada en su contra a través de sus entonces apoderados legales, y por ende, se enteró de la existencia del juicio subyacente, perdiendo así el carácter de tercero extraño a juicio. Sin que en el caso se advierta suplencia de la queja por cubrir, a virtud que si bien es cierto, los actos reclamados derivan de un asunto en materia laboral; empero, el artículo 79 fracción V de la Ley de Amparo, establece que en materia laboral la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador; lo cual no ocurre en el caso que nos ocupado, pues como se estableció, al quejoso le reviste el carácter de parte patronal en el multicitado controvertido burocrático. En esas condiciones, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la misma legislación, se DESECHA DE PLANO la demanda de garantías que promueve SERGIO GUDIÑO HERNÁNDEZ, por propio derecho, por notoriamente improcedente." POR LOS MOTIVOS QUE SE EXPONEN EN DICHO PROVEÍDO, ANTE SU OMISIÓN DE COMPARECER A NOTIFICARSE PREVIO CITATORIO QUE SE LE DEJÓ.
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