Sergio Guadalupe Morales Rangel

Expediente 86/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 32 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
86/2022
Año
2022
Actuaciones
32
Última actuación
10/02/2023

Partes del expediente

  • Sergio Guadalupe Morales Rangel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer, contra la sentencia en la que se negó la protección constitucional; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. ARCHÍVESE COMO JUICIO CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se trata de un asunto en el que se negó la protección constitucional. No obra en autos documento original, en los términos que establece el numeral 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, el secretario certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: ejusticia.cjf.gob.mx/BuscadorSISE/#/BusqExp, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. Finalmente, agréguese el ocurso de la parte quejosa; en atención a su contenido, dígase que debe estarse al presente proveído. Sin que pase desapercibido para el suscrito, el hecho de que en el rubro de su escrito enuncie "incidente de cuantificación y liquidación de ejecución de sentencia", pues del contenido de dicho ocurso, no se advierte que interponga incidente alguno. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguese la razón de cuenta, a través de la cual la fedataria adscrita a este Juzgado manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar en forma personal a la parte tercera interesada la sentencia definitiva dictada en el asunto en que se actúa; en consecuencia, notifíquese por medio de lista la determinación citada, este auto y los subsecuentes. NOTIFÍQUESE. LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN AUTOS, SEÑALA: " V I S T O S para resolver el juicio de amparo 86/2022, promovido por ..., por propio derecho, contra actos del Juez Sexto Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. El quejoso demando´ el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la citada autoridad, que considero´ violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1º, 4, 14, 16, 17, 103, 104, 107 y 133 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión. Este Juzgado admitio´ la demanda, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, requirió´ el informe justificado, ordeno´ emplazar a la parte tercera interesada; y, fijo´ hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se advierte que la autoridad responsable rindió su informe justificado, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; la parte tercera interesada fue emplazada mediante edictos; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este órgano jurisdiccional es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción IV, de la ley de la materia, en atención a que se trata de un amparo indirecto promovido contra un acto derivado de un procedimiento de naturaleza mercantil, radicado en un tribunal del orden común con jurisdicción dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. Además, siendo una sentencia cuya audiencia celebró el Secretario Encargado del Despacho, es posible que se resuelva para mantener la actividad ordinaria del órgano jurisdiccional. Es aplicable la Jurisprudencia P./J. 26/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 183700, Novena Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, Julio de 2003, página 25, que señala: "SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DURANTE EL PERIODO VACACIONAL DEL JUEZ DE DISTRITO. NO REQUIERE AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA RESOLVER LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS CASOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 161 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, PUES LA PROPIA LEY LO FACULTA EXPRESAMENTE PARA HACERLO. El artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación regula el caso específico del funcionamiento de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito en los periodos de vacaciones de los Magistrados y Jueces, y si bien prevé el nombramiento por parte del Consejo de la Judicatura Federal de las personas que deban sustituir a éstos, también establece que entretanto esto ocurre o en caso de que no se hiciese el nombramiento, queden a cargo los secretarios respectivos. Tratándose de los juzgados faculta expresamente al secretario para resolver los juicios de amparo cuyas audiencias constitucionales estén señaladas para los días que los Jueces de Distrito disfruten de vacaciones, a no ser que deban diferirse o suspenderse con arreglo a la ley, lo que obedece a la garantía de justicia pronta y expedita consagrada por el artículo 17 constitucional, de manera que en tal caso el secretario no requiere de autorización del consejo para dictar sentencia y, por tanto, no hay motivo alguno para hacer mención de esta circunstancia." SEGUNDO. Precisión del acto reclamado conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de la materia. El acto reclamado es la sentencia interlocutoria dictada el veintiuno de enero de dos mil veintidós, en el incidente de cuantificación y liquidación de ejecución de sentencia tramitado en el juicio oral mercantil ..., del índice del Juez Sexto Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por medio de la cual se declaró infundada e improcedente dicha incidencia. TERCERO. Existencia de los actos. La autoridad responsable Juez Sexto Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado; lo cual se corrobora con las constancias que remitió, las cuales gozan de valor probatorio pleno, en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2º. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. 1. El veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, ..., demandó en la vía oral mercantil a ..., la terminación del contrato de participación en asociación de veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, dicho juicio fue registrado con el expediente ..., del índice del Juez Sexto Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 2. Seguido el juicio en sus etapas, el uno de septiembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva para resolver el juicio de origen antes referido, en la que se determinó: "PRIMERO.- Resultó procedente la Vía Oral Mercantil intentada, por lo que se tramitó el presente juicio, al término del cual, la parte actora acreditó su acción y parcialmente sus prestaciones y, la parte demandada se constituyó en rebeldía, en consecuencia: SEGUNDO.- Se declara la terminación del contrato de participación en asociación de fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, y como consecuencia de ello: TERCERO.- Se condena al enjuiciado ..., a la devolución y pago en favor del accionante ..., de la cantidad de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), por concepto de suerte principal, para lo cual se le concede un término de CINCO DIAS contado a partir de que la presente resolución cause ejecutoria y sea legalmente ejecutable, con el apercibimiento al deudor que en caso de no realizar el pago de lo sentenciado dentro del término señalado, en forma voluntaria, se procederá conforme a derecho, atento lo dispuesto por el artículo 1347 del Código de Comercio. CUARTO.- Se condena a la parte demandada a pagar en favor de la parte actora, el porcentaje del 40% (cuarenta por ciento) de las ganancias totales y finales, por el periodo de vigencia del contrato, es decir, de 12 (doce) meses, a partir de la fecha de su celebración; previo su comprobación, cuantificación y liquidación, mediante la tramitación del incidente respectivo en ejecución de sentencia. QUINTO.- Se condena al demandado, a pagar en favor del accionante, los intereses legales a razón del (6%) seis por ciento anual, respecto de la cantidad que acredite en la etapa de ejecución de sentencia debe pagarse por concepto de ganancias totales y finales, durante el periodo de vigencia del contrato base de la acción y, hasta la total solución del adeudo, previa su liquidación mediante el incidente respectivo en ejecución de sentencia, de conformidad con lo previsto por el artículo 362 del Código de Comercio. SEXTO.- Se absuelve al enjuiciado del pago de la cantidad reclamada en la prestación marcada con el numeral 4 de la demanda, por concepto de daños y perjuicios, atento a los argumentos vertidos en la parte conducente del considerando VII de la presente resolución. SÉPTIMO.- No ha lugar a realizar especial condena en costas, por no encontrarse el presente asunto en ninguna de las hipótesis previstas por el artículo 1084 del Código de Comercio, y en virtud de que el presente juicio se siguió en rebeldía del demandado." 3. Con motivo de lo resuelto en dicha determinación, el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, la parte quejosa, promovió incidente de cuantificación y liquidación de ejecución de sentencia, por la cantidad total de $963,500.00 (novecientos sesenta y tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de porcentaje del 40% (cuarenta por ciento) de las ganancias totales y finales, por el periodo de vigencia del contrato base de la acción, así como por concepto de intereses legales a razón del 6% (seis por ciento anual) de dichas ganancias totales y finales durante el periodo de vigencia de dicho consenso. 4. El veintiuno de enero de dos mil veintidós, se dictó sentencia interlocutoria para resolver el incidente antes referido, en la que, en esencia, la autoridad responsable declaró infundado e improcedente el incidente planteado, debido a que el aquí quejoso no ofreció prueba alguna para comprobar la procedencia de los conceptos que reclamó. Dicha determinación constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. QUINTO. Análisis de fondo. Toda vez que las partes en este asunto no invocaron alguna causal de improcedencia y el suscrito no advierte oficiosamente la actualización de alguna, procede estudiar el fondo de los planteamientos que se traen al juicio constitucional. En esencia, el quejoso, como actor en el proceso de origen, sostiene que la interlocutoria mediante la que se resolvió promovió incidente de cuantificación y liquidación de ejecución de sentencia, vulnera en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el juez responsable trastocó en su perjuicio el debido proceso, así como el principio de legalidad, porque el acto reclamado no está debidamente fundado y motivado; y, señala que si ofreció pruebas, como la sentencia definitiva. Los conceptos de violación son infundados. El principio de legalidad se encuentra reconocido en el artículo 16 de la Constitución Federal, y debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica, exponiendo las razones atinentes al caso. Particularmente en materia jurisdiccional el cumplimiento al principio de legalidad se encuentra en el estudio de la cuestión planteada, apoyada en el derecho aplicable y la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo indispensable que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso, para justificar el sentido de la decisión. Al respecto se cita el criterio jurisprudencial 1a./J. 139/2005, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, diciembre de 2005, en Materia(s): Común, Página: 162, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." En el caso, no se advierte que se materialice una violación formal en la resolución combatida en esta instancia constitucional, debido a que, de la lectura integral de la sentencia emitida el veintiuno de enero de dos mil veintidós, para resolver el incidente de cuantificación y liquidación de ejecución de sentencia derivado del juicio oral mercantil 760/2019, se observa que la autoridad directa y frontalmente abordó la cuestión planteada y expuso una serie de razones y fundamentos para sustentar el sentido de su determinación, a saber: 1) La juez responsable citó, como fundamentos en su decisión, los artículos 1277, 1292 y 1294 del Código de Comercio, específicamente en lo relativo al valor probatorio de los medios de convicción ofrecidos por el incidentista. 2) La responsable señaló que el incidentista no ofreció prueba para comprobar la procedencia de los conceptos que reclamó; ello, al considerar que el caudal probatorio ofrecido no favoreció la acreditación de los extremos planteados para la procedencia del incidente, particularmente, en lo relativo, al porcentaje del 40% (cuarenta por ciento) de las ganancias totales y finales, por el periodo de vigencia del contrato base de la acción, así como por concepto de intereses legales a razón del 6% (seis por ciento anual) de dichas ganancias totales y finales durante el periodo de vigencia de dicho consenso, ya que debió allegar las pruebas necesarias para acreditar la cuantificación y liquidación de dichos montos. 3) Asimismo, refirió que de conformidad con lo determinado en los considerandos VI y VII, así como en los resolutivos cuarto y quinto, de la resolución emitida el uno de septiembre de dos mil veintiuno, en el juicio oral mercantil ..., se determinó que quedaría a cargo del actor la cuantificación, comprobación y liquidación de los porcentajes que no se establecieron en cantidad líquida, por lo que las pruebas instrumental de actuaciones y presuncional, en su doble aspecto, legal y humano, no son idóneas ni suficientes para tal efecto. De ello, la juez sostuvo que no contaba con medio de convicción alguno para comprobar que a la fecha de su cuantificación el negocio del que se demandó la terminación del contrato de participación en asociación, efectivamente haya generado las ganancias anuales que el aquí quejoso afirmó, esto es, $240,000.00 (doscientos cuarenta mil pesos 00/100 m.n.); por lo que no se pudo comprobar que a la fecha de su cuantificación se generó por concepto de ganancias totales y finales, por el periodo de vigencia del contrato base de la acción, la cantidad total de $900,000.00 (novecientos mil pesos 00/100 M.N). Por tanto, los motivos expuestos por la responsable son suficientes para justificar que, al momento de promoverse el incidente referido, la parte incidentista ?aquí quejoso? no ofreció los medios de convicción idóneos y suficientes a fin de que la juzgadora estuviera en posibilidades de realizar una comprobación de las cantidades respecto de las cuales realizó el cálculo de los porcentajes ya referidos, de modo que la autoridad operó correctamente y apegada al principio de legalidad pues su postura apunta a la observancia de un principio probatorio que consiste en que el que afirma está obligado a probar, el cual se recoge en el artículo 1194 del Código de Comercio, que establece: "Artículo 1194.- El que afirma está obligado a probar. En consecuencia, el actor debe probar su acción y el reo sus excepciones." Esto es, en los considerandos VI y VII, así como en los resolutivos cuarto y quinto, de la sentencia emitida el uno de septiembre de dos mil veintiuno, en el juicio oral mercantil ... se determinó que quedaría a cargo del actor la cuantificación, comprobación y liquidación de los porcentajes que no se establecieron en cantidad líquida, por lo que, la finalidad de la promoción del incidente de cuantificación y liquidación de ejecución de sentencia, evidentemente, es que compruebe, a través de medios de convicción idóneos y suficientes, las cantidades respecto de las cuales se proponen los cálculos sometidos a consideración del juzgador, lo cual requiere como elemento o herramienta fundamental la planilla de liquidación. Lo que en el caso no aconteció, pues como lo sostuvo la juez responsable, la parte quejosa únicamente se limitó a ofrecer las pruebas instrumental de actuaciones y presuncional, en su doble aspecto, legal y humano, de las que no se advierte las ganancias del negocio respecto de las cuales se habría de realizar la cuantificación; por lo que a criterio del suscrito la autoridad responsable si vertió motivos y fundamentos a partir de los cuales emitió la determinación combatida. Para robustecer lo anterior, se debe acudir al criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 81/96 , en la que sostuvo que los incidentes de liquidación tienen como objetivo primordial determinar con precisión la cuantía de ciertas prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio, para perfeccionar la sentencia en detalles relativos a esas prestaciones que no se pudieron dilucidar en el fallo y que son indispensables para exigir su cumplimiento y efectuar su ejecución. Al respecto, el artículo 1348 del Código de Comercio, señala que: "Artículo 1348.- Si la sentencia no contiene cantidad líquida la parte a cuyo favor se pronunció al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada y sea que la haya o no desahogado, el juez fallará dentro de igual plazo lo que en derecho corresponda. Esta resolución será apelable en el efecto devolutivo, de tramitación inmediata." De la transcripción del artículo en cita, se advierte la obligación de la parte que obtuvo sentencia favorable para presentar la planilla de liquidación que permita la cuantificación de las cantidades respecto de las cuales se realiza la cuantificación, es decir, impone al interesado en liquidar dicha carga procesal a fin de que el juzgador esté en condiciones de realizar los cálculos correspondientes respecto de las prestaciones que no se establecieron en cantidad líquida en la sentencia definitiva, para en su caso acogerse o no de acuerdo al caudal probatorio que la soporte. Sin embargo, en el caso el quejoso no exhibió la planilla ni pruebas para demostrar el porqué de la procedencia de las cantidades que demandó, sino que únicamente ofreció como prueba la sentencia definitiva del juicio referido, lo que, en efecto, resulta ineficaz para acreditar su pretensión, máxime que en dicha resolución precisamente se le impuso la carga de acreditar las cantidades correspondientes respecto de las prestaciones que no se establecieron de forma líquida; lo cual basta para considerar que, contrario a lo que percibe, la decisión del resolutor de primer grado se encuentra ajustada a derecho. Por otro lado, cabe señalar que su concepto de violación en cuanto a fundamentación también es infundado, pues al margen de que el suscrito advierte que sí hay numerales invocados, debe precisarse que una omisión de tal naturaleza, por sí misma, no genera detrimento en la esfera de derechos del justiciable. Y es así, dado que en materia civil, el derecho a la legalidad, en su fase de fundamentación, se satisface con el hecho de que la resolución encuentre su fundamento en la ley, aunque no se invoquen expresamente los preceptos que la sustenten. Al respecto se invoca la tesis de jurisprudencia I.5o.C. J/18, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de la Octava Época, con registro 220978; visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, diciembre de 1991, en Materia(s): Civil, Página: 136, que establece: "SENTENCIAS EN MATERIA CIVIL. GARANTIA DE FUNDAMENTACIÓN, SE SATISFACE AUN CUANDO SE OMITA LA CITA DE PRECEPTOS LEGALES. La sentencia se encuentra debidamente fundada y motivada, aun cuando el tribunal de segundo grado no haya citado todos los preceptos legales que le sirvieron de apoyo, pues esta omisión no obsta para que se estime cumplida la garantía de debida fundamentación legal, dado que, en asuntos del orden civil, dicha garantía se satisface con el hecho de que la resolución encuentre su fundamento en la ley, aunque no se invoquen expresamente los preceptos que la sustenten. Lo anterior tiene su explicación porque en materia civil, las leyes gozan de unidad en sus ordenamientos, de sistematización en su materia, y de una mayor permanencia en sus instituciones, que permite a los afectados defenderse apropiadamente, aunque el acto respectivo no contenga la cita de los preceptos aplicables, a diferencia de los actos emitidos por las autoridades administrativas, en los cuales tiene aplicación más estricta la garantía de fundamentación legal, debido a que en esta materia son múltiples y variadas las disposiciones que se afirman, las cuales además por su propia naturaleza, se encuentran en constante renovación y, por ello, deben invocarse expresamente." También se invoca el criterio jurisprudencial 1222, de la Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Apéndice de 2011. Tomo V. Civil Segunda Parte - TCC Primera Sección - Civil Subsección 2 - Adjetivo. Materia(s): Civil, página: 1363, que dispone: "SENTENCIAS CIVILES. LA OMISIÓN DE CITAR EL FUNDAMENTO LEGAL EN QUE SE SUSTENTEN, NO PRIVA DE DEFENSA AL QUEJOSO. El agraviado no queda sin defensa, por la sola circunstancia de que el órgano jurisdiccional omita señalar expresamente la fuente del derecho de la que emanan las determinaciones dictadas dentro de un procedimiento, en virtud de que en esta materia, la fundamentación puede ser tácita, es decir, no es necesario que se invoque el fundamento legal en que se sustentan con la condición de que éstas se ajusten a la ley, a la jurisprudencia o a los principios generales de derecho, porque en estos procedimientos se tiene la certeza de cuales de los señalados son los aplicables al caso concreto, pues las leyes y su interpretación gozan de unidad en sus ordenamientos, de sistematización en su materia y de una mayor permanencia en sus instituciones que permiten a los afectados defenderse apropiadamente." Por estas consideraciones, se concluye que los conceptos de violación deben desestimarse, siendo lo procedente negar el amparo y protección de la justicia federal; pues en el presente caso opera el principio de estricto derecho al derivar de un negocio en materia mercantil. Al respecto se cita la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/50, de la Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, junio de 2006, en Materia(s): Civil. Página: 1045, intitulada: "PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. OPERA CON MAYOR RIGOR EN LA MATERIA MERCANTIL, QUE EN LA CIVIL." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., contra actos del Juez Sexto Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por las razones expuestas en el último considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA L o resolvió electrónicamente ..., en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, como Secretario Encargado del Despacho en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; conforme al artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, durante las vacaciones del Juez; asistido de Alejandra Viera Maldonado, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, hoy doce de enero de dos mil veintitrés, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 86/2022; el licenciado ..., en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, como encargado del despacho en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; con fundamento en el numeral 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, durante las vacaciones del Juez; asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación la Secretaria hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: a) demanda de amparo; b) informe justificado; c) emplazamiento de la parte tercera interesada. Es este acto, se hace constar que el tercero interesado ..., no compareció al juicio, no obstante que se le emplazó por edictos, ni señalo domicilio procesal. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes; por otro lado, toda vez que el referido tercero interesado no señaló domicilio procesal, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, en consecuencia, notifíquensele las determinaciones subsecuentes por medio de lista. El Secretario encargado del despacho procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que el quejoso ofreció la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana. Pronunciamiento: se admiten y desahogan por su propia naturaleza, y al no haber elementos de convicción por desahogar, el Secretario encargado procede a cerrar el presente periodo y abre el de alegatos, donde la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia, procediendo a dictar la resolución. Doy fe.

  4. Principal

    V I S T O S para resolver el juicio de amparo 86/2022, promovido por ..., por propio derecho, contra actos del Juez Sexto Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. El quejoso demando´ el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la citada autoridad, que considero´ violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1º, 4, 14, 16, 17, 103, 104, 107 y 133 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión. Este Juzgado admitio´ la demanda, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, requirió´ el informe justificado, ordeno´ emplazar a la parte tercera interesada; y, fijo´ hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se advierte que la autoridad responsable rindió su informe justificado, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; la parte tercera interesada fue emplazada mediante edictos; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este órgano jurisdiccional es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción IV, de la ley de la materia, en atención a que se trata de un amparo indirecto promovido contra un acto derivado de un procedimiento de naturaleza mercantil, radicado en un tribunal del orden común con jurisdicción dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. Además, siendo una sentencia cuya audiencia celebró el Secretario Encargado del Despacho, es posible que se resuelva para mantener la actividad ordinaria del órgano jurisdiccional. Es aplicable la Jurisprudencia P./J. 26/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 183700, Novena Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, Julio de 2003, página 25, que señala: "SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DURANTE EL PERIODO VACACIONAL DEL JUEZ DE DISTRITO. NO REQUIERE AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA RESOLVER LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS CASOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 161 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, PUES LA PROPIA LEY LO FACULTA EXPRESAMENTE PARA HACERLO. El artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación regula el caso específico del funcionamiento de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito en los periodos de vacaciones de los Magistrados y Jueces, y si bien prevé el nombramiento por parte del Consejo de la Judicatura Federal de las personas que deban sustituir a éstos, también establece que entretanto esto ocurre o en caso de que no se hiciese el nombramiento, queden a cargo los secretarios respectivos. Tratándose de los juzgados faculta expresamente al secretario para resolver los juicios de amparo cuyas audiencias constitucionales estén señaladas para los días que los Jueces de Distrito disfruten de vacaciones, a no ser que deban diferirse o suspenderse con arreglo a la ley, lo que obedece a la garantía de justicia pronta y expedita consagrada por el artículo 17 constitucional, de manera que en tal caso el secretario no requiere de autorización del consejo para dictar sentencia y, por tanto, no hay motivo alguno para hacer mención de esta circunstancia." SEGUNDO. Precisión del acto reclamado conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de la materia. El acto reclamado es la sentencia interlocutoria dictada el veintiuno de enero de dos mil veintidós, en el incidente de cuantificación y liquidación de ejecución de sentencia tramitado en el juicio oral mercantil ..., del índice del Juez Sexto Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por medio de la cual se declaró infundada e improcedente dicha incidencia. TERCERO. Existencia de los actos. La autoridad responsable Juez Sexto Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado; lo cual se corrobora con las constancias que remitió, las cuales gozan de valor probatorio pleno, en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2º. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. 1. El veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, ..., demandó en la vía oral mercantil a ..., la terminación del contrato de participación en asociación de veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, dicho juicio fue registrado con el expediente ..., del índice del Juez Sexto Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 2. Seguido el juicio en sus etapas, el uno de septiembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva para resolver el juicio de origen antes referido, en la que se determinó: "PRIMERO.- Resultó procedente la Vía Oral Mercantil intentada, por lo que se tramitó el presente juicio, al término del cual, la parte actora acreditó su acción y parcialmente sus prestaciones y, la parte demandada se constituyó en rebeldía, en consecuencia: SEGUNDO.- Se declara la terminación del contrato de participación en asociación de fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, y como consecuencia de ello: TERCERO.- Se condena al enjuiciado ..., a la devolución y pago en favor del accionante ..., de la cantidad de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), por concepto de suerte principal, para lo cual se le concede un término de CINCO DIAS contado a partir de que la presente resolución cause ejecutoria y sea legalmente ejecutable, con el apercibimiento al deudor que en caso de no realizar el pago de lo sentenciado dentro del término señalado, en forma voluntaria, se procederá conforme a derecho, atento lo dispuesto por el artículo 1347 del Código de Comercio. CUARTO.- Se condena a la parte demandada a pagar en favor de la parte actora, el porcentaje del 40% (cuarenta por ciento) de las ganancias totales y finales, por el periodo de vigencia del contrato, es decir, de 12 (doce) meses, a partir de la fecha de su celebración; previo su comprobación, cuantificación y liquidación, mediante la tramitación del incidente respectivo en ejecución de sentencia. QUINTO.- Se condena al demandado, a pagar en favor del accionante, los intereses legales a razón del (6%) seis por ciento anual, respecto de la cantidad que acredite en la etapa de ejecución de sentencia debe pagarse por concepto de ganancias totales y finales, durante el periodo de vigencia del contrato base de la acción y, hasta la total solución del adeudo, previa su liquidación mediante el incidente respectivo en ejecución de sentencia, de conformidad con lo previsto por el artículo 362 del Código de Comercio. SEXTO.- Se absuelve al enjuiciado del pago de la cantidad reclamada en la prestación marcada con el numeral 4 de la demanda, por concepto de daños y perjuicios, atento a los argumentos vertidos en la parte conducente del considerando VII de la presente resolución. SÉPTIMO.- No ha lugar a realizar especial condena en costas, por no encontrarse el presente asunto en ninguna de las hipótesis previstas por el artículo 1084 del Código de Comercio, y en virtud de que el presente juicio se siguió en rebeldía del demandado." 3. Con motivo de lo resuelto en dicha determinación, el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, la parte quejosa, promovió incidente de cuantificación y liquidación de ejecución de sentencia, por la cantidad total de $963,500.00 (novecientos sesenta y tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de porcentaje del 40% (cuarenta por ciento) de las ganancias totales y finales, por el periodo de vigencia del contrato base de la acción, así como por concepto de intereses legales a razón del 6% (seis por ciento anual) de dichas ganancias totales y finales durante el periodo de vigencia de dicho consenso. 4. El veintiuno de enero de dos mil veintidós, se dictó sentencia interlocutoria para resolver el incidente antes referido, en la que, en esencia, la autoridad responsable declaró infundado e improcedente el incidente planteado, debido a que el aquí quejoso no ofreció prueba alguna para comprobar la procedencia de los conceptos que reclamó. Dicha determinación constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. QUINTO. Análisis de fondo. Toda vez que las partes en este asunto no invocaron alguna causal de improcedencia y el suscrito no advierte oficiosamente la actualización de alguna, procede estudiar el fondo de los planteamientos que se traen al juicio constitucional. En esencia, el quejoso, como actor en el proceso de origen, sostiene que la interlocutoria mediante la que se resolvió promovió incidente de cuantificación y liquidación de ejecución de sentencia, vulnera en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el juez responsable trastocó en su perjuicio el debido proceso, así como el principio de legalidad, porque el acto reclamado no está debidamente fundado y motivado; y, señala que si ofreció pruebas, como la sentencia definitiva. Los conceptos de violación son infundados. El principio de legalidad se encuentra reconocido en el artículo 16 de la Constitución Federal, y debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica, exponiendo las razones atinentes al caso. Particularmente en materia jurisdiccional el cumplimiento al principio de legalidad se encuentra en el estudio de la cuestión planteada, apoyada en el derecho aplicable y la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo indispensable que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso, para justificar el sentido de la decisión. Al respecto se cita el criterio jurisprudencial 1a./J. 139/2005, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, diciembre de 2005, en Materia(s): Común, Página: 162, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." En el caso, no se advierte que se materialice una violación formal en la resolución combatida en esta instancia constitucional, debido a que, de la lectura integral de la sentencia emitida el veintiuno de enero de dos mil veintidós, para resolver el incidente de cuantificación y liquidación de ejecución de sentencia derivado del juicio oral mercantil 760/2019, se observa que la autoridad directa y frontalmente abordó la cuestión planteada y expuso una serie de razones y fundamentos para sustentar el sentido de su determinación, a saber: 1) La juez responsable citó, como fundamentos en su decisión, los artículos 1277, 1292 y 1294 del Código de Comercio, específicamente en lo relativo al valor probatorio de los medios de convicción ofrecidos por el incidentista. 2) La responsable señaló que el incidentista no ofreció prueba para comprobar la procedencia de los conceptos que reclamó; ello, al considerar que el caudal probatorio ofrecido no favoreció la acreditación de los extremos planteados para la procedencia del incidente, particularmente, en lo relativo, al porcentaje del 40% (cuarenta por ciento) de las ganancias totales y finales, por el periodo de vigencia del contrato base de la acción, así como por concepto de intereses legales a razón del 6% (seis por ciento anual) de dichas ganancias totales y finales durante el periodo de vigencia de dicho consenso, ya que debió allegar las pruebas necesarias para acreditar la cuantificación y liquidación de dichos montos. 3) Asimismo, refirió que de conformidad con lo determinado en los considerandos VI y VII, así como en los resolutivos cuarto y quinto, de la resolución emitida el uno de septiembre de dos mil veintiuno, en el juicio oral mercantil ..., se determinó que quedaría a cargo del actor la cuantificación, comprobación y liquidación de los porcentajes que no se establecieron en cantidad líquida, por lo que las pruebas instrumental de actuaciones y presuncional, en su doble aspecto, legal y humano, no son idóneas ni suficientes para tal efecto. De ello, la juez sostuvo que no contaba con medio de convicción alguno para comprobar que a la fecha de su cuantificación el negocio del que se demandó la terminación del contrato de participación en asociación, efectivamente haya generado las ganancias anuales que el aquí quejoso afirmó, esto es, $240,000.00 (doscientos cuarenta mil pesos 00/100 m.n.); por lo que no se pudo comprobar que a la fecha de su cuantificación se generó por concepto de ganancias totales y finales, por el periodo de vigencia del contrato base de la acción, la cantidad total de $900,000.00 (novecientos mil pesos 00/100 M.N). Por tanto, los motivos expuestos por la responsable son suficientes para justificar que, al momento de promoverse el incidente referido, la parte incidentista ?aquí quejoso? no ofreció los medios de convicción idóneos y suficientes a fin de que la juzgadora estuviera en posibilidades de realizar una comprobación de las cantidades respecto de las cuales realizó el cálculo de los porcentajes ya referidos, de modo que la autoridad operó correctamente y apegada al principio de legalidad pues su postura apunta a la observancia de un principio probatorio que consiste en que el que afirma está obligado a probar, el cual se recoge en el artículo 1194 del Código de Comercio, que establece: "Artículo 1194.- El que afirma está obligado a probar. En consecuencia, el actor debe probar su acción y el reo sus excepciones." Esto es, en los considerandos VI y VII, así como en los resolutivos cuarto y quinto, de la sentencia emitida el uno de septiembre de dos mil veintiuno, en el juicio oral mercantil ... se determinó que quedaría a cargo del actor la cuantificación, comprobación y liquidación de los porcentajes que no se establecieron en cantidad líquida, por lo que, la finalidad de la promoción del incidente de cuantificación y liquidación de ejecución de sentencia, evidentemente, es que compruebe, a través de medios de convicción idóneos y suficientes, las cantidades respecto de las cuales se proponen los cálculos sometidos a consideración del juzgador, lo cual requiere como elemento o herramienta fundamental la planilla de liquidación. Lo que en el caso no aconteció, pues como lo sostuvo la juez responsable, la parte quejosa únicamente se limitó a ofrecer las pruebas instrumental de actuaciones y presuncional, en su doble aspecto, legal y humano, de las que no se advierte las ganancias del negocio respecto de las cuales se habría de realizar la cuantificación; por lo que a criterio del suscrito la autoridad responsable si vertió motivos y fundamentos a partir de los cuales emitió la determinación combatida. Para robustecer lo anterior, se debe acudir al criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 81/96 , en la que sostuvo que los incidentes de liquidación tienen como objetivo primordial determinar con precisión la cuantía de ciertas prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio, para perfeccionar la sentencia en detalles relativos a esas prestaciones que no se pudieron dilucidar en el fallo y que son indispensables para exigir su cumplimiento y efectuar su ejecución. Al respecto, el artículo 1348 del Código de Comercio, señala que: "Artículo 1348.- Si la sentencia no contiene cantidad líquida la parte a cuyo favor se pronunció al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada y sea que la haya o no desahogado, el juez fallará dentro de igual plazo lo que en derecho corresponda. Esta resolución será apelable en el efecto devolutivo, de tramitación inmediata." De la transcripción del artículo en cita, se advierte la obligación de la parte que obtuvo sentencia favorable para presentar la planilla de liquidación que permita la cuantificación de las cantidades respecto de las cuales se realiza la cuantificación, es decir, impone al interesado en liquidar dicha carga procesal a fin de que el juzgador esté en condiciones de realizar los cálculos correspondientes respecto de las prestaciones que no se establecieron en cantidad líquida en la sentencia definitiva, para en su caso acogerse o no de acuerdo al caudal probatorio que la soporte. Sin embargo, en el caso el quejoso no exhibió la planilla ni pruebas para demostrar el porqué de la procedencia de las cantidades que demandó, sino que únicamente ofreció como prueba la sentencia definitiva del juicio referido, lo que, en efecto, resulta ineficaz para acreditar su pretensión, máxime que en dicha resolución precisamente se le impuso la carga de acreditar las cantidades correspondientes respecto de las prestaciones que no se establecieron de forma líquida; lo cual basta para considerar que, contrario a lo que percibe, la decisión del resolutor de primer grado se encuentra ajustada a derecho. Por otro lado, cabe señalar que su concepto de violación en cuanto a fundamentación también es infundado, pues al margen de que el suscrito advierte que sí hay numerales invocados, debe precisarse que una omisión de tal naturaleza, por sí misma, no genera detrimento en la esfera de derechos del justiciable. Y es así, dado que en materia civil, el derecho a la legalidad, en su fase de fundamentación, se satisface con el hecho de que la resolución encuentre su fundamento en la ley, aunque no se invoquen expresamente los preceptos que la sustenten. Al respecto se invoca la tesis de jurisprudencia I.5o.C. J/18, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de la Octava Época, con registro 220978; visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, diciembre de 1991, en Materia(s): Civil, Página: 136, que establece: "SENTENCIAS EN MATERIA CIVIL. GARANTIA DE FUNDAMENTACIÓN, SE SATISFACE AUN CUANDO SE OMITA LA CITA DE PRECEPTOS LEGALES. La sentencia se encuentra debidamente fundada y motivada, aun cuando el tribunal de segundo grado no haya citado todos los preceptos legales que le sirvieron de apoyo, pues esta omisión no obsta para que se estime cumplida la garantía de debida fundamentación legal, dado que, en asuntos del orden civil, dicha garantía se satisface con el hecho de que la resolución encuentre su fundamento en la ley, aunque no se invoquen expresamente los preceptos que la sustenten. Lo anterior tiene su explicación porque en materia civil, las leyes gozan de unidad en sus ordenamientos, de sistematización en su materia, y de una mayor permanencia en sus instituciones, que permite a los afectados defenderse apropiadamente, aunque el acto respectivo no contenga la cita de los preceptos aplicables, a diferencia de los actos emitidos por las autoridades administrativas, en los cuales tiene aplicación más estricta la garantía de fundamentación legal, debido a que en esta materia son múltiples y variadas las disposiciones que se afirman, las cuales además por su propia naturaleza, se encuentran en constante renovación y, por ello, deben invocarse expresamente." También se invoca el criterio jurisprudencial 1222, de la Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Apéndice de 2011. Tomo V. Civil Segunda Parte - TCC Primera Sección - Civil Subsección 2 - Adjetivo. Materia(s): Civil, página: 1363, que dispone: "SENTENCIAS CIVILES. LA OMISIÓN DE CITAR EL FUNDAMENTO LEGAL EN QUE SE SUSTENTEN, NO PRIVA DE DEFENSA AL QUEJOSO. El agraviado no queda sin defensa, por la sola circunstancia de que el órgano jurisdiccional omita señalar expresamente la fuente del derecho de la que emanan las determinaciones dictadas dentro de un procedimiento, en virtud de que en esta materia, la fundamentación puede ser tácita, es decir, no es necesario que se invoque el fundamento legal en que se sustentan con la condición de que éstas se ajusten a la ley, a la jurisprudencia o a los principios generales de derecho, porque en estos procedimientos se tiene la certeza de cuales de los señalados son los aplicables al caso concreto, pues las leyes y su interpretación gozan de unidad en sus ordenamientos, de sistematización en su materia y de una mayor permanencia en sus instituciones que permiten a los afectados defenderse apropiadamente." Por estas consideraciones, se concluye que los conceptos de violación deben desestimarse, siendo lo procedente negar el amparo y protección de la justicia federal; pues en el presente caso opera el principio de estricto derecho al derivar de un negocio en materia mercantil. Al respecto se cita la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/50, de la Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, junio de 2006, en Materia(s): Civil. Página: 1045, intitulada: "PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. OPERA CON MAYOR RIGOR EN LA MATERIA MERCANTIL, QUE EN LA CIVIL." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., contra actos del Juez Sexto Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por las razones expuestas en el último considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA L o resolvió electrónicamente ..., en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, como Secretario Encargado del Despacho en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; conforme al artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, durante las vacaciones del Juez; asistido de Alejandra Viera Maldonado, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, hoy doce de enero de dos mil veintitrés, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

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