Sergio González Vega

Expediente 1550/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1550/2015
Año
2015
Actuaciones
6
Última actuación
14/10/2015

Partes del expediente

  • Sergio González Vega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que el quejoso Sergio González Vega, hubiese recurrido el auto de veintitrés de septiembre de dos mil quince, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio que signa el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; por medio del cual da cumplimiento al requerimiento formulado por auto de catorce de septiembre de dos mil quince, remitiendo copia certificada de lo ahí solicitado; por tanto, se tiene por satisfecho dicho requerimiento y se deja sin efectos el apercibimiento decretado en el acuerdo en cita. Ahora bien, de acuerdo a las constancias que obran en autos, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "". Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Tratándose de omisiones, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Aunado a lo anterior, es preciso aclarar que para actualizarse la causal de improcedencia en estudio, es requisito sine qua non que la Autoridad responsable destruya total e incondicionalmente todos los efectos del acto reclamado, de modo que las cosas vuelvan al estado que guardaban con anterioridad a la pretendida violación, de tal manera que el acto ya no pueda agraviar al quejoso. Ahora bien, en el caso concreto, se advierte que la parte quejosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama de la Junta de mérito, el cual hizo consistir en la omisión de emitir acuerdo de cierre de instrucción, en el expediente laboral de origen **. Al rendir su informe justificado, el Presidente de la Junta en cita, manifestó que es cierto el acto que se le reclama; sin embargo, hizo del conocimiento que en diez de septiembre del presente año, se dictó acuerdo donde se ordena el cierre de instrucción dentro del juicio laboral **, indicando que de ello se hizo sabedora la parte actora aquí quejosa, en razón de que con esa misma fecha, se ordenó notificar dicho acuerdo por medio de boletín laboral; remitiendo para tal efecto copia certificada del citado expediente, constancias a las cuales se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles , de aplicación supletoria a la ley de la materia. Razón por la cual, si el peticionario de amparo reclama la omisión por parte de la responsable en dictar acuerdo de cierre de instrucción en el juicio de origen, y ésta fue emitido, como se desprende de las constancias que obran en autos; es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. Por tanto, la pretendida violación cesó en sus efectos al desaparecer la omisión de mérito, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos procesales como si se hubiere otorgado la protección constitucional. No obsta a la anterior determinación, el hecho de que la parte quejosa hubiese solicitado la protección constitucional en el sentido de que se conminara a la responsable a continuar con el procedimiento dentro de los términos que marca la ley, e incluso al dictado del laudo, en virtud de que en caso de concederse el amparo, sólo sería en cuanto a la etapa procesal en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, lo que aconteció en la especie, pues la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas ya ocurrió (subsanó), razón por la cual cesó la conducta omisiva reclamada y con eso la denegación de justicia de que se duele la quejosa De ahí que si la etapa donde se conculcó el derecho fundamental fue la de ofrecimiento y admisión de pruebas, es evidente que los alcances de la protección constitucional no podrían ir más allá. Bajo esa tesitura, no sería dable sostener que tratándose de violaciones al segundo párrafo del artículo 17 del Pacto Federal (denegación de justicia), los efectos de la concesión abarquen necesariamente hasta el dictado del laudo o concluir con prontitud todo el procedimiento laboral, pues de acuerdo al criterio previamente citado, el Juez de Distrito debe acotar los efectos protectores a la etapa en que se llevó a cabo el acto tildado de inconstitucional. A mayor abundamiento, el hecho de que la parte quejosa sostenga que la responsable ha sido omisa en administrar justicia pronta, imparcial y expedita en el juicio laboral de origen no significa que se esté vulnerando el precepto constitucional antes mencionado, dado que estimar lo anterior implicaría prejuzgar sobre la conducta futura que llevaría a cabo la autoridad laboral, es decir, un acto futuro de realización incierta. A tal determinación se arriba, ya que en caso de que tales conductas se llegaren a dar, podrían dar lugar a la promoción de un nuevo juicio de derechos fundamentales, lo cual guarda congruencia con el precitado criterio; de ahí que si la concesión del amparo no tendría un alcance mayor al de la etapa en que nos encontramos, a nada práctico llevaría la continuación de un juicio de protección constitucional. Por tanto, si el citado criterio fue superado por la jurisprudencia 2a. /J. 44/2007, que esencialmente contiene los mismos argumentos y directrices, es evidente que la intención de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, es que los temas relacionados con la violación a la garantía de pronta impartición de justicia, fueran a la luz del nuevo criterio adoptado. Máxime que el cambio de criterio se llevó a cabo al resolver el citado recurso de inconformidad 282/2013; medio de impugnación que está reservado a la etapa de ejecución de una sentencia de amparo, es decir, jurídicamente no era viable que, si la litis se centró en determinar si un juicio de amparo estaba cumplido o no, se pudiera abarcar el tema de sobreseimiento en tratándose de asuntos que se reclame la denegación de justicia por parte de autoridades laborales. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Cabe señalar, que el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuatro minutos del veintinueve de septiembre de dos mil quince. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Agréguese a los autos los oficios ** signados por el delegado del Tesorero Municipal de Xochitepec y el Subprocurador de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, en suplencia por ausencia de la Secretaria de Hacienda y del Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, todos del Estado de Morelos, por medio de los cuales, remiten copias certificadas de los cheques **, expedidos a nombre de **. Por tanto, de conformidad con el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, manifieste lo que a su derecho corresponda; con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, este Juzgado de Distrito con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, en el momento procesal oportuno acordará lo que legalmente proceda. Asimismo, requiérase al quejoso para que dentro del término de setenta y dos horas contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, acuda a recoger los títulos de crédito, debidamente identificado, ante las oficinas de dichas autoridades hacendarias. En ese contexto, se requiere al Tesorero Municipal de Xochitepec, Morelos, para que, en cuanto la parte quejosa comparezca a recoger el pago correspondiente, remita copia certificada de las constancias con las que lo acredite; ello, a fin de estar en condiciones de pronunciarse respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por último, glósese a los autos para que obre como corresponda, la copia del oficio signado por el Director General de Asuntos Constitucionales y Amparo de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Morelos, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, por medio del cual requiere a la Procuradora Fiscal a efecto de que realice las gestiones conducentes a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En atención a su contenido, y toda vez que, de la copia del oficio de cuenta se desprende el acuse de recibo por parte de la Procuraduría Fiscal del Estado, se tiene a la autoridad oficiante dando cumplimiento a lo ordenado en autos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS, ESTE JUZGADO DE DISTRITO TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO... NOTIF.

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