Sergio González Talavera
Expediente 9/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 9/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Todas las Partes
- Sergio González Talavera
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el plazo que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el auto de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo promovida por --------, HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, háganse las anotaciones y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que aducen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURIA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; ." En atención a lo anterior, se estima que este expediente es susceptible de destrucción, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar en que se encuentra recluido.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la notificación personal de cuenta de Sergio González Talavera, donde se advierte su deseo de ratificar su escrito inicial de demanda de amparo promovida a su favor. En consecuencia, en el caso se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. En virtud de lo anterior, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" La fracción transcrita, pone de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser revocadas o modificadas, que deben ser satisfechos antes de la promoción del juicio de amparo, deviniendo éste improcedente y precisamente dicha hipótesis se actualiza en el presente asunto, por las siguientes consideraciones: De lo anterior, se advierte que para que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado provenga de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser revocada o modificada. Al respecto, se debe tener presente el contenido de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dicen: "CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. . Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. .C . De los derechos de la víctima o del ofendido: . VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: . XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; . Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, permite considerar que en contra de las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, la víctima u ofendido cuentan con un medio de defensa para impugnarlas ante el Juez de Control, dentro de los diez días posteriores a que sean notificados de las mismas; en cuyo caso, el Juez de Control citará a las partes a una audiencia en la que escuchará y resolverá en definitiva. En ese sentido, la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por tanto, previamente a promover la acción de amparo, deben agotar ese medio de impugnación. En efecto, el artículo 258 de la codificación en comento, prevé un medio de defensa idóneo para que la víctima u ofendido puedan impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien, de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. De esta manera, contra la resolución que emita la autoridad judicial rectora, la víctima u ofendido podrá promover juicio de amparo biinstancial, en virtud de que la decisión del Juez de Control no admite recurso ordinario alguno. En ese orden, las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien revise la legalidad de las mismas. Por lo que las determinaciones emitidas por el órgano investigador no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral, esto es, abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Además, la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. Por otro lado, debe destacarse que el artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional, establece que el derecho de la víctima u ofendido a impugnar las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, debe hacerse valer en los términos previstos en el mismo código y en las demás disposiciones legales aplicables. De ahí que el medio de defensa previsto en el citado artículo 258 sea el idóneo para impugnar las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación. Sirve de apoyo al caso, la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el libro 57, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 943, publicada el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, que al rubro dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO." De lo antes expuesto, se pude advertir que en la fase de investigación el encargado de la misma debe investigar y practicar todas aquellas diligencias y actos necesarios para lograr el esclarecimiento de los hechos denunciados, respetando en todo momento los derechos de las partes y el debido proceso; sin que la investigación que realice pueda suspenderse o interrumpirse, salvo los casos previstos legalmente. Establecido lo anterior, de la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que los actos reclamados en esencia consisten en las siguientes omisiones atribuidas al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción: a) La omisión de llevar a cabo la investigación en la carpeta de investigación número NUC:TLA/FST/104/241470/19/08, relativa al delito de tortura cometido en agravio del quejoso. por parte de los Policías de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México adscritos a los Grupos de Recuperación de Vehículos de Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal y Ecatepec. b) La omisión de comunicar a la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Tortura, los hechos relacionados con la carpeta de investigación NUC:TLA/FST/104/241470/19/08. c) La omisión de analizar la resolución dictada en el toca 484/2019 emitida por el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Ecatepec, misma que confirmó el auto de no vinculación a proceso dictado a su favor en la carpeta administrativa 2068/2019 por el Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, por el hecho delictuoso de robo con modificativa agravante de haberse cometido con violencia moral. En ese sentido, se desprende que los actos reclamados de la parte quejosa, se encuentran íntimamente ligadas con la omisión por parte del Ministerio Publico de realizar la investigación e integración de la carpeta, puesto que esencialmente reclama la paralización de la que ha sido objeto la misma, razón por la que previo a promover el juicio de amparo por las omisiones y abstenciones reclamadas, debe agotar el recurso antes analizado, al tratarse de omisiones cometidas por el agente del ministerio público, durante la integración de la carpeta de investigación. En consecuencia, con apoyo en lo establecido en el 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta procedente DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO promovida por --------, por los motivos expuestos. En diverso aspecto, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Doctor Sergio García Ramírez" ubicado en Chiconautla en el Municipio de Ecatepec de Morelos Estado de México, toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el citado centro penitenciario. También, se faculta al Actuario Judicial adscrito para que de ser necesario, en días y horas inhábiles se lleven a cabo todas las diligencias que deriven del presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el ordinal 21 de la ley de la materia. En ese mismo sentido, se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente asunto deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Igualmente, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Así también, se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado de Distrito, para signar los oficios que con motivo del presente trámite se originen. Notifíquese personalmente al quejoso Sergio González Talavera, en el lugar en que se encuentra recluido.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a quince de febrero de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito presentado por -------, quien se ostentó como defensor privado del quejoso -------, por medio del cual, pretende desahogar la prevención formulada en auto de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, refiriendo bajo protesta de decir verdad que no tiene reconocida la personalidad de defensor jurídico del quejoso dentro de de la carpeta de investigación NUC:TLA/FST/FST/104/241470/19/08. En atención a su contenido, no se tiene por reconocida la personalidad de defensor privado con la que se ostentó en el escrito inicial de demanda, pues solicitó que lo fuera en términos del artículo 14 de la Ley de Amparo, sin embargo, para que ello fuera así, debía tener reconocido ese carácter ante la autoridad que conoce del acto reclamado, lo que en el caso no acontece, pues por la propia manifestación del promovente, la que formuló bajo protesta de decir de verdad, se desprende que a la fecha de presentación de la demanda no contaba con ese carácter. En ese sentido, de conformidad con el artículo 14 de la Ley de Amparo, resulta procedente ordenar la ratificación de la demanda de amparo directamente con el agraviado ------, por ello, tomando en consideración que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, Estado de México, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a efecto de que notifique a ----------, el presente proveído, acto seguido, le ponga a la vista la demanda de amparo promovida por ----------, a su favor, y lo requiera para que en ese momento de la diligencia o dentro del plazo de tres días manifieste si ratifica dicha demanda de amparo; apercibido que en caso de ser omiso al respecto, se tendrá por no interpuesta la demanda de amparo, en términos del precepto legal citado. Notifíquese personalmente al promovente ------, autorizando al actuario judicial a efecto de que entable comunicación a través de los medios electrónicos proporcionados y al quejoso Sergio González Talavera, en el lugar en que se encuentra recluido.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ----------, por conducto de --------, quien se ostenta como su defensor particular, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ----------. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 9/2021-V. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora bien, el numeral 114 de la Ley de Amparo establece: "El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo se dará lugar a la postergación de su apertura". De lo transcrito se desprende que dicho artículo no limita las facultades del Juzgador Federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al tramitarse en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los que son proporcionados por la parte que promueve, razón por la cual se considera prevenir a la parte quejosa cuando se estime que: 1.- El escrito inicial de demanda contiene irregularidades. 2.- Si se hubiere omitido en él alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la Ley de Amparo, consistentes en: "ARTICULO 108.- La demanda de amparo de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que expresara: I. El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlos así bajo protesta de decir verdad. III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la Ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o su publicación, el quejoso deberá señalaras con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1º de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VI. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalara el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; Los conceptos de violación." 3.- Si no se hubiese expresado con precisión el acto reclamado. 4.- Si no se hubieren exhibido las copias que señala el artículo 110 de la Ley de Amparo. 5.- Si el escrito de demanda contiene tales requisitos pero éstos fueren deficientes. Después de estudiar en forma íntegra la demanda de amparo, con apoyo en lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se considera necesario requerir a -------, quien se ostentó como defensor particular de -------, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente: 1) Manifieste bajo protesta de decir verdad que es defensor particular del quejoso dentro de la carpeta de investigación NUC:TLA/FST/FST/104/241470/19/08. Lo anterior, pues si bien pretende que se le reconozca dicho carácter en términos del artículo 14 de la Ley de Amparo, también lo es que no cumple con los requisitos que al efecto establece dicho numeral. En efecto, el artículo 14 de la ley de la materia señala lo siguiente: "Artículo 14. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribual que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente. Si el promovente del juicio posteriormente carece del carácter con el que se ostentó, el órgano jurisdiccional de amparo le impondrá una multa de cincuenta a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada y ordenará la ratificación de la demanda al agraviado dentro de un término de tres días. Al ratificarse la demanda se tramitará el juicio, entendiéndose las diligencias directamente con el agraviado siempre en presencia de su defensor, ya sea de oficio o designado por él, mientras no constituya representante dentro del juicio de amparo. De lo contrario, la demanda se tendrá por no interpuesta y quedarán sin efecto las providencias dictadas en el expediente principal y en el incidente de suspensión." De lo anterior, se desprende que no es necesario acreditar fehacientemente con algún documento la personalidad del promoverte, sin embargo, deben cumplirse dos elementos para reconocer la personalidad del representante en materia penal, a saber: Que el defensor manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con ese carácter; y, La autoridad que conozca del amparo, en el caso, el juez de Distrito, pedirá a la autoridad que conozca del asunto, que temita la certificación correspondiente. En el caso, ---------- omitió manifestar bajo protesta de decir verdad que tiene acreditado el carácter de defensor particular del directo quejoso ante la autoridad que conoce del asunto, pues del escrito inicial no se desprende manifestación expresa en ese sentido. En adición a lo anterior, en el penúltimo párrafo de la narrativa de sus antecedentes, se advierte que el promovente señala que el quejoso ---------, se encuentra privado de su libertad con motivo de la causa penal 279/2019, en la que es su defensor particular; sin embargo, el acto reclamado en el este asunto lo constituye la omisión por parte del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción David Felipe Arcos Carmona, de investigar los actos que dieron inicio a la carpeta de investigación NUC:TLA/FST/FST/104/241470/19/08, esto es, se trata de un expediente e instancias diferentes. En atención a lo anterior, este órgano jurisdiccional no podría requerir al Juzgado de Control que conoce del asunto la certificación correspondiente, porque como quedo evidenciado, son expedientes diversos, instruidos por autoridades diferentes, máxime que el quejoso únicamente señaló como responsable al agente investigador en cita. Consecuentemente, no se tiene la certeza de que Marco Antonio Negrete Alegría, tenga reconocido el carácter de defensor particular dentro del expediente del que deriva el acto reclamado, por tanto, no resulta procedente tenerlo con ese carácter en la presente instancia constitucional, hasta en tanto no desahogue la prevención referida. Lo antes señalado tiene especial relevancia, ya que analizar la personalidad del promovente del amparo, implica que el estudio oficioso de esta cuestión no debe realizarse en cualquier momento del juicio, ni tampoco dejarse a la oportunidad con que el conductor del proceso advierta una irregularidad en su acreditamiento, porque este criterio conduce a un resultado que abiertamente se opone a los fines del artículo 17 constitucional, en cuanto favorece la tramitación ociosa de un juicio, en una o dos instancias, que no culmina con la solución del conflicto y sí en cambio distrae la atención de los tribunales federales y causa perjuicios a las partes litigantes, ya que de estimarse lo contrario acarrearía un empleo estéril de recursos materiales y humanos dispuestos para su tramitación y decisión, con la que ocasionaría perjuicios a las partes del proceso, que ven regida su situación por los proveídos dictados desde la admisión de la demanda hasta el momento en que se advierte la falta de personalidad del promoverte, que podría ocurrir inclusive en la segunda instancia con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidas a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, algunas de ellas altamente gravosas; además de que lesiona el sistema integral de administración de justicia en perjuicio de quienes no son partes en ese juicio. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia número 336, visible a fojas 284 y 285, tomo VI, materia común, novena época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO." Deberá aclarar el acto que reclama en la presente instancia. En efecto, la parte quejosa deberá aclarar el acto a que hace referencia en el inciso c de su demanda, pues refiere que la autoridad responsable ha sido omisa en analizar la resolución emitida en la carpeta de administrativa 2068/2019, instruida por el Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en la que se decretó la no vinculación a proceso del ahora quejoso y se estableció el delito de falso testimonio, por parte de los policías aprehensores, sin embargo, dicho acto no guarda relación con los señalados en los diversos incisos, pues en los diversos apartados señalada como reclamo la omisión de investigar el delito de tortura dentro de la carpeta de investigación NUC:TLA/FST/FST/104/241470/19/08, cometida en agravio del quejoso. Aunado a que no se desprende en qué consiste efectivamente la afectación de dicho acto, pues la resolución a que hace referencia incluso le fue favorable al haberse dictado un auto de no vinculación a proceso; además, de que se trata de asuntos diversos, pues uno deriva de una carpeta administrativa ante el Juez de Control, y el otro deriva de una carpeta de investigación ante el Ministerio Público, circunstancia que incluso podría ser materia de un diverso juicio de amparo, al no encontrarse directamente vinculados. De ahí que, resulte procedente que la parte quejosa aclare su reclamo a efecto de estar en posibilidad de acordar congruentemente lo procedente. Tiene aplicación la tesis número 227,883, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-1, enero a junio 1989, página 54, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO. Hecho lo anterior, esto es, una vez que sea delimitado el acto reclamado, deberá narrar de manera cronológica y concisa los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del propio acto reclamado, pues precisamente dichos antecedentes son la base para analizar la acción constitucional en cuestión; entendiéndose por estos, la relación sucinta de las actuaciones previas al acto reclamado; así como las condiciones de hecho que generaron la actividad judicial; ello a fin de fijar correctamente la litis y requerir los informes respectivos a las autoridades correspondientes. Es necesario lo anterior, pues en la demanda de amparo no se desprende antecedente alguno relacionado con la omisión que reclama del Agente del Ministerio Público responsable, ya que se limita a referencia diversos hechos relacionado con la investigación del delito de robo. Por su aplicación en lo conducente, es de citar la Tesis Jurisprudencial VI.1o.19 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo: XV-II, Febrero de 1995, Octava Época, página: 301, titulada "DEMANDA DE AMPARO. LA CARENCIA DEL REQUISITO DE FORMA CONSISTENTE EN LA NARRACIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE CONSTAN AL QUEJOSO Y QUE CONSTITUYAN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, NO ES CAUSA DE SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO." Finalmente, deberá aclarar si por error involuntario omitió digitalizar la hoja correspondiente a los conceptos de violación, pues del análisis del escrito de demanda se desprende que en la parte final de la foja 3, señala "VI. Conceptos de Violacion", pero la siguiente foja, inicia con el conector "Así también", sin que efectivamente se desprenda que hubiese realizado argumento alguno tendente a combatir el acto reclamado. En ese sentido, lo antes señalado permite presumir que no se digitalizó el contenido de los conceptos de violación. En términos de lo anterior, para el caso de que hubiese sido omiso en digitalizar correctamente la demanda de amparo, deberá exhibir el contenido faltante a efecto de acordar lo que en derecho corresponda. Se apercibe al promovente que de no dar cumplimiento a los requerimientos formulados, en los puntos 1, 2 y 3 se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Ahora, para el caso de no atender el último requerimiento se proveerá respecto de la demanda de amparo, en la forma en que fue presentada. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso, el lugar donde se encuentra recluido, esto es, el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Asimismo, en términos del último párrafo del numeral 21 de la ley de la materia, se faculta al fedatario judicial adscrito para que de ser necesario, practique las notificaciones que deriven del presente juicio, en días y horas inhábiles. También, se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. En el entendido de que el actuario no se encuentra autorizado para recibir ningún escrito de la parte quejosa, conforme a la consulta de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, con número de oficio CJF/VJ/3439/2017, signada por el Visitador General de la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Por tratarse de un juicio de naturaleza sumaria y dados los objetos que se persiguen, con apoyo en lo previsto en el artículo 21 de la ley en comento, se faculta al actuario judicial para que realice las diligencias encomendadas que deriven de este juicio, aún en días y horas inhábiles. Por otra parte, con relación al correo electrónico y número telefónico que proporciona la parte quejosa, se tienen por señalados para así estar en mayor posibilidad de dar la expeditez y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17 constitucional, sin que esto implique que tales medios se tengan para oír y recibir notificaciones personales, toda vez que la Ley de Amparo no los contempla. Ahora bien, tomando en consideración la situación actual derivado del contagio de la enfermedad denominada Covid-19, se autoriza a la actuario adscrito a este juzgado, para que a través de los medios electrónicos proporcionados por la parte quejosa, se ponga en contacto a efecto de hacerse saber el contenido de la presente determinación, para lo cual deberá asentar la constancias correspondiente. Se hace del conocimiento el número telefónico oficial del Secretario encargado del asunto Germán Jaén León, siendo el número 5553870500, extensión 1384, para la atención del presente asunto. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Asimismo, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente al promovente, autorizando al actuario judicial a efecto de que entable comunicación a través de los medios electrónicos proporcionados.
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