Sergio González Nava
Expediente 604/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 604/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Sergio González Nava
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y en virtud de que ha trascurrido el plazo de cinco días para la interposición del recurso de queja que establece el artículo 97 de la Ley de Amparo, contra el auto de once de noviembre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL MISMO. Por lo tanto, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Asimismo, se hace la observación de que el presente expediente es susceptible de destrucción. Por otra parte, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental.
- Principal
Agréguese el escrito firmado por el quejoso, mediante el cual desahoga el requerimiento ordenado en auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte; en consecuencia se provee: Vista la demanda de amparo, promovida, por las razones que quedarán plasmadas a lo largo del cuerpo de la presente resolución, no ha lugar admitir a trámite la demanda presentada. El acto reclamado consiste en la resolución de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, dictada en los autos del toca 353/2020, que modificó la sentencia interlocutoria de cuatro de febrero de dos mil veinte, dictada en el expediente 1295/2018 del índice del Juzgado Trigésimo Noveno de lo Civil del Tribunal Superior los autos del Juicio Especial Hipotecario, misma que la Sala responsable declaró infundado el incidente de liquidación de intereses ordinarios y moratorios, promovido por la actora (aquí tercero interesado). Es importante resaltar que el motivo de sentencia que dio origen a la apelación fue porque el Juez, en los puntos resolutivos, por un lado declaraba procedente el incidente de liquidación de intereses y por otra parte declaraba infundado el mismo, motivo por el cual la sentencia era incongruente entre sí misma en sus considerandos resolutivos. Y la materia de la apelación, y la modificación de la resolución apelada sólo fue relativo a decretar que no existía congruencia en los considerandos y resolutivo, estableciendo que el resolutivo debía decir: "PRIMERO. Se declara infundado el incidente de liquidación de intereses ordinarios y moratorios promovido por la parte actora." Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causal de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5º fracción II, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Bajo ese contexto, quien ahora suscribe considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 107, fracción III, inciso b), constitucional y 107, fracción V, contrario sensu del primer ordenamiento legal citado, por lo que procede desechar la demanda de cuenta. Ciertamente, el precepto legal aludido en primer término, en la fracción invocada, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De la disposición legal transcrita, se sigue que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando la improcedencia resulte de alguna disposición legal. Por su parte, el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: "(.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: " a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c).- Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio. (...)" Asimismo, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". De conformidad con la disposición constitucional transcrita, cuando se impugnan actos dentro de un proceso, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación. Lo anterior es repetido por la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 107, fracción V, cuando establece que el amparo ante el Juez de Distrito se pide "Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Así, de acuerdo con el principio estatuido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto procede contra actos procesales de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte a través de los derechos fundamentales, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien las sufre, obtenga sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado. El concepto de irreparabilidad expuesto, ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 189, visible en la página 154 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.". Por su parte, la Tercera Sala del Máximo Tribunal del País, ha definido los actos procesales cuya ejecución es de imposible reparación, en la jurisprudencia 175, publicada en la página 144 del tomo y epítome precitados, cuyo tenor es: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo.". Sobre la base expuesta, debe puntualizarse, que el acto reclamado no cumple con el requisito de procedibilidad de la acción constitucional a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Carta Magna, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, contrario sensu, de la Ley de Amparo, ello, porque la resolución no le causa una afectación directa al aquí promovente, toda vez que no se le condenó, por el contrario se declaró infundado el incidente de liquidación de intereses ordinarios y moratorios promovidos en su contra. Sin que en el recurso de apelación se hubiere entrado al estudio de la legalidad de dicha determinación (no fue objeto de agravio, como lo asentó la Ad quem), por lo que quedó firme. Se reitera, el motivo de sentencia que dio origen a la apelación fue porque el Juez, en los puntos resolutivos, por un lado declaraba procedente el incidente de liquidación de intereses y por otra parte declaraba infundado el mismo, motivo por el cual la sentencia era incongruente entre sí misma en sus considerandos resolutivos. Y la materia de la apelación, y la modificación de la resolución apelada sólo fue relativo a decretar que no existía congruencia en los considerandos y resolutivo, estableciendo que el resolutivo debía decir: "PRIMERO. Se declara infundado el incidente de liquidación de intereses ordinarios y moratorios promovido por la parte actora." De ahí que no afecta directa e inmediatamente las prerrogativas fundamentales del gobernado (libertad, vida, propiedades, posesiones vida, libertad, intimidad, etc.) y las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a sus derechos fundamentales. Por su parte, el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, establece: "Artículo sexto. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley.". El numeral transcrito es claro al establecer que, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley. Por tanto, si los criterios que interpretaban los actos que debían ser considerados como de imposible reparación (definiéndolos como aquellos que transgredían derechos adjetivos en grado superior y predominante), se emitieron a la luz del artículo 114 fracción IV de la Ley de Amparo anterior a las reformas publicadas el dos de abril de dos mil trece; y actualmente el artículo 107, fracción V de la propia normatividad legal, en vigor, los define en forma limitativa como aquéllos que transgreden derechos sustantivos, es claro que todas las tesis y criterios jurisprudenciales que van en contra de dicha disposición normativa; debe estimarse que éstos no son aplicables, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada el dos de mayo de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, cuyo rubro y texto son: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013).El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera.". En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 107, fracción V contrario sensu, de la Ley de Amparo, así como 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contrario sensu, se desecha de plano la demanda en estudio, respecto del acto reclamado de la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Agréguese la razón de la Actuaria adscrita a este juzgado de tres de noviembre del año en curso, por la cual manifiesta su imposibilidad material de notificar a la parte quejosa ********************, el auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte, toda vez que en el domicilio señalado se encuentra vacío; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquesele por medio de lista el auto de referencia EN EL QUE requiérase al quejoso mediante notificación personal, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, y con fundamento en los artículos 112, 114, en relación con el 108 de la Ley de Amparo, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD en lo que así proceda; 1. Informe lo resuelto en fecha veintinueve de septiembre de dos mil veinte, en los autos del toca 353/2020 dictado por al Octava Sala Civil de la Ciudad de México, que modificó la sentencia interlocutoria de cuatro de febrero de dos mil veinte, en la sentencia de liquidación de intereses y de ser posible allegue copia simple de dicha resolución., CON APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones, lo anterior para los efectos legales conducentes.
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