Sergio González Jaramillo

Expediente 979/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
979/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
28/10/2021

Partes del expediente

  • Sergio González Jaramillo
  • Sergio González Jaramillo y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio y anexo, de la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por el cual devuelve el expediente en que se actúa y remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el quince de octubre del año en curso, en el recurso de queja ***/2021, de la estadística del citado Tribunal, en la que se determinó declarar infundado dicho medio de impugnación planteado por la parte quejosa y confirmar el auto de veintinueve de junio del año en curso, que desechó de plano la demanda de amparo origen de este juicio. Por tanto, acúsese recibo del expediente y testimonio adjuntos al oficio de cuenta, glósense al juicio que se recibe las constancias originales del expedientillo de antecedentes que obra en el juzgado, anótese lo procedente en el libro de gobierno y en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención a que fue desechado y carece de relevancia documental e histórica.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de la Actuaria Judicial adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto contra el auto que desechó la demanda, medio de impugnación que se registró bajo el número Q-****/2021 de su estadística, de lo cual este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente Municipal Constitucional, Director de Recursos Humanos y Secretaria del Ayuntamiento, todos del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, por el cual informan que se han iniciado los trámites correspondientes a efecto de dar cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, lo que acredita con el oficio **** de uno de julio de dos mil veintiuno, emitido por el Director de Recursos Humanos de ese ayuntamiento, mediante el cual informa el cálculo correspondiente por concepto de indemnización constitucional que deberá pagarse a la parte quejosa; asimismo remiten copia certificada del acuse del oficio número **** de la misma data, signado por el Director de Asuntos Jurídicos de la Sindicatura, por el que solicita autorización de suficiencia presupuestal a fin de pagar la indemnización constitucional al quejoso; También, manifiestan que dichos trámites deben ser validados por diversas áreas, por lo que solicitan por única ocasión prórroga de cinco días hábiles a efecto de estar en posibilidades de dar cabal cumplimiento a la multicitada ejecutoria; que durante la duración de la relación laboral entre ese ayuntamiento con la parte quejosa, en ningún momento se realizó deducción alguna al salario del quejoso por concepto de aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que aduce se comprueba con la copia certificada de los últimos tres recibos de nómina expedidos en favor de la parte quejosa, mismos que se encuentran adjuntos al citado oficio ****, por lo que, de requerir atención médica, la misma será proporcionada sin mayor dilación por la Coordinación de Salud de ese ayuntamiento; gestiones realizadas a fin de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este asunto, mismas que se consideran como vías de cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, dígase a las citadas autoridades, que por única ocasión se concede una prórroga de cinco días los cuales comenzarán a partir del día siguiente al en que se le notifique el presente proveído; para que estén en aptitud de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En la inteligencia, que de ser omisos a lo ordenado en este auto o no hacerlo en el plazo concedido, se les hará efectivo el apercibimiento con que se les previno en auto de diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Aunado a lo anterior, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado que corresponda para que continúe con el trámite correspondiente a la inejecución de sentencia, el cual puede culminar con la separación de su puesto y consignación.

  4. Principal

    Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, es preciso mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que ésta se examine y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Así, del análisis de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente. Resolución que en el presente asunto es el acto reclamado. De lo anterior, se puede advertir que el juicio de origen, actualmente se encuentra en etapa de ejecución de sentencia. Acto respecto del cual se considera que la demanda de amparo origen de este juicio, es notoriamente improcedente, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, tercer párrafo a contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia que se deseche de plano. En efecto, los mencionados numerales disponen. Del precepto anterior se observa que el legislador dispuso que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos realizados fuera de juicio o después de concluido éste, en tanto se reconoce la posibilidad del control constitucional de los actos emitidos fuera del procedimiento judicial que también pueden vulnerar derechos fundamentales de las personas; no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias a la ejecución de sentencias y no obstaculizar el flujo secuencial de los actos de autoridad judicial realizados fuera de juicio, se dispuso que el juicio de amparo indirecto únicamente procederá en contra de la resolución definitiva dictada en el procedimiento de remate respectivo, esto es, la última resolución que se dicta. Luego, a fin de otorgar claridad y certeza en el requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, se debe entenderse por última resolución emitida en la etapa de ejecución de sentencia, tratándose de actos emitidos fuera de juicio o después de concluido, éste debe ser entendida como aquella que: i. Aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o ii. Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, iii. Las que ordenan el archivo definitivo del expediente. En el caso de interponer juicio de amparo indirecto en contra de esas resoluciones, la parte quejosa podrá hacer valer conceptos de violación en contra de vicios en el procedimiento del cual haya emanado la última resolución emitida fuera de juicio, siempre que éstos trasciendan su resultado. Ahora bien, tratándose de actos de remate, el legislador fue incluso más específico, precisando que la última resolución del procedimiento de remate, es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pues una vez que el bien inmueble sujeto a remate, fue adjudicado y entregado materialmente a quien resultó vencedor del remate, no hay posibilidad de emitir acto posterior que retrotraiga o modifique los efectos del remate, luego entonces, el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto permanecerá como definitivo, lo que a la par asegura que el procedimiento de ejecución de sentencia del juicio de instancia que en el caso se materializa en el remate del bien inmueble, se haya agotado en su totalidad. Lo anterior refleja dos objetivos, el primero consiste en asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, emitida fuera del juicio -remate-, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo, pues al limitar la procedencia del amparo a la última resolución emitida en la etapa de ejecución, se garantiza la efectividad del juicio de amparo indirecto, evitando que el juicio constitucional quede sin materia; y de forma más destacada, como un segundo objetivo, el requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, consistente en asegurar que la interposición del juicio de amparo sí es en contra de la última resolución del remate, a fin de evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales, esto es, evitar que se interpongan innumerables juicios de amparo que suspendan la continuidad del procedimiento de ejecución, así que, al establecer como requisito de procedibilidad del amparo, el que únicamente procede en contra de la última resolución dictada fuera de juicio, se facilita la culminación del proceso de ejecución de sentencia, pues únicamente procede el amparo en contra del acto que en definitiva ponga fin al remate. Como se dijo, la finalidad de establecer el requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, únicamente en contra de la última resolución emitida contra actos fuera de juicio, estriba en impedir que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, mediante la interposición sucesiva de juicios de amparo que impidan lograr la ejecución de una sentencia judicial. Asimismo, la intención del legislador en la Ley de Amparo en vigor, fue ser específico para efectos de dotar de claridad al requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que reguló la procedencia de la acción constitucional contra los actos dictados fuera de juicio o después de concluido, distinguiendo como supuestos de actos susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, a aquellos que actualicen el supuesto general de procedencia, referido a los actos realizados fuera de juicio o después de concluido, y un supuesto de procedencia de actos específicos, referidos a: i) actos emitidos en ejecución de sentencia; y, ii) actos emanados de procedimiento de remate. Así, en el caso de actos emitidos en ejecución de sentencia, el juicio de amparo biinstancial, únicamente procede contra la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, la que ordena el archivo definitivo del expediente, actos y resoluciones que sin duda ponen fin a la fase de ejecución de sentencia, por tanto, no es óbice que previamente a dichos actos, las responsables emitan algún otro intermedio, pues a través del amparo indirecto interpuesto en contra de la última resolución de ejecución, se permite al quejoso que en los conceptos de violación, pueda reclamar las violaciones cometidas durante la fase del procedimiento de ejecución. Luego, tratándose de actos de remate, la acción constitucional, sólo podrá reclamarse contra la resolución que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y se ordene la entrega de los bienes rematados, donde también podrán combatirse las violaciones que se hubieran cometido durante este procedimiento. Cabe resaltar, que la actuación judicial autónoma, denominada como adjudicación es una etapa del remate, mediante la cual se adjudica el bien embargado a favor del acreedor o ejecutante, pues constituye una determinación que establece un derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario (conforme con la mecánica y regulación propia del procedimiento de remate y con el pago o satisfacción del valor del bien objeto del mismo), en la medida que jurídicamente con ese acto se actualiza la incorporación de la cosa embargada al patrimonio del ejecutante adjudicatario. Además, éste por sí mismo no culmina el procedimiento del remate, pues claramente en contra del acto de adjudicación, los interesados pueden hacer valer medios de defensa, cuyas consecuencias pueden, incluso, provocar la reposición del procedimiento de remate, así una vez que el bien ha sido adjudicado, y cuando la adjudicación ya es firme, se continúa con el procedimiento de remate, mediante los efectos del acto firma de adjudicación, esto es, con la posibilidad de formalizar la transmisión de propiedad por medio de la escrituración y con la entrega material del bien, actos que de forma indistinta culminan el proceso de remate. Lo expuesto, explica que el juicio de amparo indirecto, solo procede en contra de actos fuera de juicio derivados de procedimientos de remate, cuando se promueve en contra de la última resolución, lo que debe de ser entendido como aquella que ordena la escrituración del inmueble y su entrega material al adjudicatario. Ahora bien, como se señaló al inicio de este proveído, de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, se desprende que la resolución hoy reclamada se dictó en etapa de ejecución de sentencia, en el juicio ordinario mercantil ****/2011, del índice del Juzgado Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros de la ciudad de Puebla. Por lo que en el particular, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, puesto que el acto reclamado consistente en la resolución interlocutoria de ocho de junio de dos mil veintiuno, que resolvió el Recurso de Revocación interpuesto por la parte demandada -aquí quejoso- en contra del auto de veinte de abril de dos mil veintiuno, que negó la adjudicación directa a la parte actora del inmueble embargado en autos del juicio de origen, no constituye la última resolución dentro de la etapa de ejecución. Ello, porque la resolución de ocho de junio de dos mil veintiuno, no es de aquellas que culminen con el procedimiento de ejecución, ya que no formaliza la transmisión de propiedad por medio de la escrituración y la entrega de los bienes rematados, en contra de la cual procedería el juicio de amparo y en cuyo caso se harían valer las violaciones cometidas durante todo procedimiento. En ese orden de ideas, la resolución de ocho de junio de dos mil veintiuno, en este momento, no es un acto de imposible reparación ya que no afecta ningún derecho sustantivo de propiedad o posesión, máxime si se toma en consideración que todas las violaciones que pudieran surgir en el procedimiento de remate, son susceptibles de ser impugnadas en la vía de amparo indirecto, contra la última resolución dictada en la fase correspondiente, pudiendo ser reparada la infracción, y ello evidencia que dicho acto no transgrede algún derecho sustantivo. En esas condiciones, al no ser el acto reclamado la última resolución en la etapa de ejecución de sentencia en un procedimiento de remate; se debe desechar el presente juicio al actualizarse las hipótesis de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, y 113 de la misma Ley, se desecha de plano. Sostener un criterio contrario, propiciaría la promoción de diversos juicios de amparo, haciendo nugatorio las reglas de procedencia que consagra el artículo 107 de la Ley de Amparo, pues bastaría aducir que el acto reclamado es de imposible reparación para hacer procedente la acción constitucional. Además, esta determinación obedece a la prontitud y expeditez que impone el artículo 17 Constitucional, pues aun cuando se llegara a admitir la demanda y se tramitara el presente juicio, no podría dejarse de observar las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto. IV. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señaló en la demanda. Asimismo, se tiene por autorizados en términos del artículo 12, segundo párrafo de la Ley de Amparo, a **** y ****, pues de la certificación secretarial que antecede, se advierte que no cuentan con registro de cédula profesional ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. Ahora ya que la quejosa solicita el acceso y consulta del expediente electrónico del presente asunto, ello se acuerda de conformidad, dado que previa consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en el apartado de autorizado, se advierte que **** y ****, se encuentran registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con los usuarios "****" y "****", respectivamente. En esas condiciones, con apoyo en lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza el acceso y consulta del presente asunto mediante el esquema del "juicio en línea", con las facultades a que alude el Acuerdo General citado. Por otra parte, la parte quejosa proporcionan dos correos electrónicos y teléfonos de contacto; en consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen como formas especiales y expeditas de contacto, los datos que proporciona, a través de los cuales se podrán entablar comunicaciones no procesales. V. Habilitación de días y horas. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los Actuarios Judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. VI. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3, quinto y séptimo párrafos, de la Ley de Amparo, así como 3 fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se comisiona al Secretario que integre la presente en el expediente electrónico. En el entendido que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las cuáles son: Copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan; copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Sin embargo, es criterio de esta juzgadora que se digitalicen las pruebas, poderes, valores, garantías diversas, así como las constancias que sirvan de justificación al acto reclamado remitidas por las autoridades responsables, para el efecto de una debida integración del expediente electrónico. VII. Protección de datos personales. En último lugar, conforme a lo dispuesto en los artículos 9°, 11, fracción VI, 113, fracciones I y III, y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; indíquese a las partes que los datos considerados como confidenciales habrán de salvaguardarse en cualquier caso, a efecto de evitar su publicidad.

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