Sergio Gómez Cruz

Expediente 615/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
615/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
03/12/2020

Partes del expediente

  • Sergio Gómez Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de amparo, por lo que, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que se sobreseyó en el presente juicio, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 615/2020, promovido por **, en nombre y representación de Sergio Gómez Cruz, en contra del acto de la autoridad que se menciona más adelante. I. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de Sergio Gómez Cruz, el once de octubre de este año, fue detenido e incomunicado por elementos de la Policía Municipal del Municipio de San Jacinto Amilpas, Oaxaca. Por ello, considera que se violan en su perjuicio los artículos 1°, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Christian Noemí Ramírez Cruz, en nombre y representación de Sergio Gómez Cruz, presentó un escrito el once de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, por medio del cual promovió juicio de amparo indirecto en contra del Juez Calificador en turno y Director de Seguridad Pública y Vialidad, ambos del Municipio de San Jacinto Amilpas, Oaxaca. La demanda fue turnada a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, donde fue registrada bajo el expediente 615/2020 y admitida el cinco de noviembre de dos mil diecinueve. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y la autoridad de quien reclama una omisión tiene su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que el quejoso reclama del Juez Calificador en turno y Director de Seguridad Pública y Vialidad, ambos del Municipio de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, lo siguiente: La detención e incomunicación de la que fue objeto el directo agraviado el once de octubre de dos mil veinte. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Al rendir su informe justificado el Director General de la Policía Municipal y Vialidad de la Policía del Municipio de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, y el Juez calificador de ese municipio, de manera conjunta y categórica negaron el acto que se les atribuye, bajo el argumento que a las veintiuna horas con treinta minutos del once de octubre de este año, se dejó en inmediata libertad al aquí quejoso. Así, la existencia de la detención administrativa, se corrobora con las documentales anexadas por la autoridad responsable, consistentes en diversas copias certificadas entre las que destaca el oficio de liberación suscrito por el juez Calificador y firmado de conformidad por el infractor aquí quejoso, en la misma data de los hechos. Medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyos epígrafe y texto son: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Por otro lado, las autoridades negaron la existencia de la incomunicación alegada pero no acreditaron haber concedido al quejoso la oportunidad de llamar o entrevistarse con algún defensor o persona de confianza, lo que en el caso debieron demostrar, dada la naturaleza del acto reclamado; consecuentemente, se tiene por cierto dicho acto reclamado. VI. CAUSA DE IMPROCEDENCIA En la especie, con apoyo en el artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio se advierte que los actos atribuidos al Juez Calificador en turno y Director de Seguridad Pública y Vialidad, ambos del Municipio de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, consistentes en la detención e incomunicación, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque de las constancias que obran en autos se advierte que cesaron en sus efectos. A fin de evidenciar lo anterior, es conveniente precisar el normativo que contiene la hipótesis materia de estudio en este asunto, la cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". Respecto a dicha inejercitabilidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de texto y rubro siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Del precepto legal y criterio invocado se obtiene que los efectos de un acto reclamado no cesan sino hasta cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca; cuestión que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto impugnado; o, también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica con la cual destruye en forma definitiva la que dio motivo al amparo. En otras palabras, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación; lo cual implica no solo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos de éste, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto; de ahí que, la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior da pauta para estimar que en la especie se actualiza la causa de improcedencia en estudio, toda vez que los actos que le atribuidos a las responsables cesaron en sus efectos al haberse dejado en completa libertad al aquí quejoso, quedando en posibilidad de comunicarse con quien deseara una vez que fue puesto en libertad, además que no se le impuso otra restricción en el ejercicio de ninguno de sus derechos fundamentales. En ese sentido, resulta notorio que durante el trámite del juicio de amparo, cesaron los efectos del acto reclamado, quedando destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación que reclamó el quejoso; es decir, los efectos de los actos reprochados desaparecieron, como si se hubiera otorgado el amparo y sin que haya dejado huella alguna, en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Es aplicable al caso la tesis P.CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 71, Tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Resulta importante destacar, que el suscrito, no realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, pues atento a lo dispuesto por los artículos 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional y los aducidos en el informe con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional. Ello, en virtud de que dada la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, motivo por el cual no constituye una obligación para el juzgador pronunciarse sobre los referidos razonamientos expresados en esos alegatos. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia. VII. DECISIÓN En esas condiciones, ante la inexistencia y constatación de un impedimento jurídico, lo que procede en este asunto es sobreseer en el juicio, de conformidad con lo dispuesto por el dispositivo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo, promovido por **, respecto del acto reclamado y las autoridades precisados en el apartado IV de esta resolución, en los términos de los diversos V y VI. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de noviembre de dos mil veinte. Agréguese el pedimento señalado en la cuenta y téngase al agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado, formulando sus alegatos en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente de conformidad con el precepto 2° de la ley de la materia, expídase, en su oportunidad, copia certificada de la resolución que se dicte en este juicio. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado rendido por el Director General de la Policía Municipal y Vialidad de la Policía del Municipio de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, y dese vista a las partes. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas por parte de la citada autoridad responsable, la documental, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. En otro aspecto, toda vez que en la razón actuarial de catorce de octubre del año en curso, la actuaria adscrita hace constar que no fue posible la notificación personal del diverso acuerdo de trece del actual, con fundamento en los artículos 27, fracción III, a) de la Ley de Amparo y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se ordena notificar por lista a la parte quejosa el citado auto admisorio, así como los subsecuentes que se emitan en este asunto, hasta en tanto señale un domicilio preciso o el usuario electrónico del Sistema de Juicio en Línea del Poder Judicial de la Federación, para tal fin. NOTIFÍQUESE. -INSERCIÓN- "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de octubre de dos mil veinte. Vista la diligencia de once de este mes y año, de la que se advierte que Sergio Gómez Cruz, manifestó entre otras cosas que sí la ratificaba la demanda promovida a su favor por Christian Noemí Ramírez Cruz. En consecuencia, con fundamento en los normativos 1, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 6, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo se admite la demanda de amparo promovida por Sergio Gómez Cruz. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables que rindan su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días. Asimismo, para el caso de que el acto reclamado sea cierto, la autoridad responsable ordenadora deberá remitir copias autorizadas, legibles y completas de las constancias y actuaciones que tomó en consideración para emitirlo. También, hágase del conocimiento de las responsables que para el caso de rendir su informe fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero del referido numeral, podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos y de no rendirlo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. En el entendido que deberán exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañarán, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; apercibidas de que de no hacerlo así, se le impondrá a la omisa una multa de cien unidades de medida y actualización, al momento de incurrir en la conducta prevista por el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, sanción económica que también les serán aplicadas en caso de que no rindan su informe justificado Apercibida(s) que de no rendir el(los) informe(s) justificado(s) y remitir copia certificada, completa y legible de las constancias necesarias para resolver este juicio, en términos del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le(s) impondrá, multa de cien unidades de medida y de actualización (UMA), que asciende a un monto de ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos, cero centavos, moneda nacional ($ 8,688. 00 M. N.). Igualmente deberán informar si la parte quejosa ha tramitado otro juicio de amparo contra el mismo acto o alguno diverso relacionado con la causa penal de origen. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrán remitir sus informes o dirigir sus oficios, respectivamente a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Comunicación de causas de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento en el presente juicio, lo comunicarán de inmediato a este juzgado y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en caso de no cumplir con esta obligación, se les impondrá la multa a que se refiere el artículo 251 de la ley de la materia. Fecha de la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, para la celebración de la audiencia constitucional, se fijan las catorce horas con quince minutos del doce de noviembre de dos mil veinte. Asimismo, en virtud que mediante Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se establece un mecanismo de citas para que las partes acudan presencialmente a las audiencias constitucionales, para efecto de salvaguardar la salud física de los justiciables así como del personal adscrito, este órgano jurisdiccional considera necesario conocer si es deseo de las partes estar presentes en la celebración de la audiencia constitucional, de modo que con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiéraseles para que dentro del plazo de tres días, indiquen expresamente si es su deseo estar presentes en la citada audiencia. Apercibidas, que en caso de no realizar manifestación alguna dentro de dicho término, se entenderá que no es su deseo asistir a la audiencia en cuestión y este órgano jurisdiccional no generará el código QR a que se refiere el artículo 6 del propio Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Circunstancia que no afecta sus derechos procesales en virtud que las partes están en posibilidad de presentar sus promociones y formular alegatos vía electrónica o de forma física hasta la hora programada para dicha audiencia; sin perjuicio de que este Juzgado requiera su asistencia en un caso concreto, por estimarla necesaria. Emplazamiento del representante social de la Federación. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5o, fracción IV, 26, fracción I, inciso K), y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, por esta ocasión, notifíquese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, este auto en forma personal, corriéndole traslado con copia simple de la demanda, entregándole copia íntegra del mismo. Juicio en línea. No obstante que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes o apoderados legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3º y 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Notificación prioritaria por otros medios electrónicos. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4o y 17 de la Constitución Federal, 3o, 15, 27, fracción II y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente correo oficial 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a la actuaria judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Herramientas a disposición de las partes, para la consulta del expediente. Se hace del conocimiento de las partes que con base en el referido acuerdo general 21/2020, pueden comunicarse a este órgano jurisdiccional vía telefónica y por correo electrónico a fin de conocer el estado procesal de su asunto, para tal fin pueden acceder al sitio de internet serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea en donde encontrarán el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" a través del cual pueden consultar las listas de acuerdos y de sesión de Juzgados y Tribunales de Circuito, el directorio de órganos jurisdiccionales, así como agendar una cita para acudir a este Juzgado a consultar este expediente. En el entendido de que deberán ajustarse al procedimiento indicado en los artículos 3 a 7 del multicitado acuerdo 21/2020, para generar un código QR individualizado, a fin de que asista un máximo de dos personas por cita, quienes deberán identificarse debidamente, someterse al control sanitario de ingreso y respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Exhortación para el señalamiento de correo electrónico y de teléfono celular. Con fundamento en el artículo 2°, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, requiérase a las partes para que proporcionen un número de teléfono celular y un correo electrónico, para mantener contacto con este órgano jurisdiccional. En la inteligencia que dichos datos serán únicamente para contacto y no un medio para practicar notificaciones, por no estar previsto en la Ley de Amparo ni en los acuerdos generales que actualmente rigen la actuación de este órgano jurisdiccional. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las persona que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previa coordinación con la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a las reglas de la consulta física, a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran este expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. En otro orden, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales el oficio del Director General de la Policía Municipal y Validad de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, por el que con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, téngaseles informando sobre el acatamiento a la suspensión de plano concedida al quejoso en este juicio de amparo. Además, se tienen como delegados de la responsable a las personas que menciona para tal efecto, en términos de lo previsto por el ordinal 9 de la ley reglamentaria. Por otra parte, en términos del numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene por exhibida la documental que acompaña a su informe del Director General de la Policía Municipal y Validad de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional, con su contenido, dése vista a las partes para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE."

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