Sergio Gerardo Ruisánchez Hernández
Expediente 146/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 146/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Sergio Gerardo Ruisánchez Hernández
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede y como de ella se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo de tres de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo, por el que se desechó la demanda de amparo con que se formó este expediente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así mismo, de autos se advierte que, las partes no exhibieron documentos que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte.
- Principal
Agréguense los oficios que remite la apoderada de la Secretaría de Salud del Estado de San Luis Potosí y, la Titular de la Unidad Jurídica del Fuero Común en suplencia del Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de San Luis Potosí, mediante los cuales envía el informe relativo a las acciones tomadas para atender la contingencia sanitaria por Covid-19 en los Centros Penitenciarios del Estado, en atención a sus contenidos se provee: La citada Apoderada informa que durante la quincena de noviembre y en el mes de diciembre de dos mil veintidós, se mantuvo comunicación abierta entre el personal médico de los Centros Penitenciarios y las Coordinaciones de Epidemiologia de las Jurisdicciones Sanitarias, acudieron a toma de muestra de casos sospechosos que cumplieron con definición operacional de enfermedad respiratoria viral, dando seguimiento a los mismos y a sus contactos. Asimismo se da capacitación a personal médico del Centro Penitenciario Estatal de Tancanhuitz por parte de la Jurisdicción Sanitaria VII sobre el procedimiento para la realización de prueba rápida de antígenos de COVID-19 para casos sospechosos. En cuanto a la primera quincena del mes de enero del año actual, se informa que se mantuvo la comunicación abierta entre el personal médico de los Centros Penitenciarios y las Coordinaciones de Epidemiología de las Jurisdicciones Sanitarias, sin haberse solicitado la atención para casos sospechosos de Covid-19; sin embargo, se reiteran las medidas preventivas para evitar riesgo de contagio. Por último, señala que por parte de la Jurisdicción Sanitaria VII se realizan las actividades de orientación al personal administrativo y custodios sobre medidas preventivas implementadas para la prevención de contagios Covid- 19. Con lo informado por la autoridad, se da vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés convenga. Por su parte la Titular de la Unidad Jurídica del Fuero Común en suplencia del Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de San Luis Potosí manifiesta lo siguiente. Con lo informado y remitido por las autoridades responsables, dése vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés convenga.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE TRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Expediente físico y electrónico Atento a lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que el expediente físico del juicio de amparo en que se actúa, se integrará únicamente con el escrito inicial de demanda, los documentos que se reciban físicamente y las constancias de notificación que se realicen. En la inteligencia de que el expediente electrónico se integrará con la totalidad de las constancias que se reciban de forma física y/o electrónica, además de las actuaciones que se lleven a cabo en el presente juicio, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Marco legal del desechamiento. Precisado lo anterior, este juzgado procede a analizar la demanda de amparo de que se trata, pues tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez de Distrito para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Precisión del acto. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. Del estudio integral que se efectúa a la demanda se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación 718-2022, en la que confirmó el desechamiento del incidente de excepción de falta de personalidad de dieciséis de noviembre de ese mismo año dictada en el juicio ejecutivo mercantil 1495/2019, del índice del Juzgado Cuarto Mercantil. Una vez establecido lo anterior, esta autoridad estima que la demanda de amparo es improcedente, al actualizarse de una manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a sentido contrario, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". De conformidad con lo anterior, el amparo indirecto procede, entre otros supuestos, contra actos en juicio que tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación; entendiéndose por éstos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho de que se trate. Sobre el particular, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que con base en la redacción del artículo 107, fracciones III, inciso b), y V, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres abril de dos mil trece, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, en razón de que en tales disposiciones normativas precisó que ese tipo de actos adquieren la calidad de irreparables, cuando producen una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias son de tal magnitud que impiden en forma actual el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Esa postura la dedujo al interpretar que el legislador secundario dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o procedimiento, las cuales consisten: a) La exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que semeja a situar el asunto en aquellas hipótesis en los que el acto desplegado por el poder público impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. b) Los derechos afectados materialmente sean de carácter sustantivo; expresión opuesta a los de naturaleza formal o adjetiva, cuya afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender a la conclusión del juicio o procedimiento, instante en el que sus secuelas se consuman de manera efectiva. Así pues, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" no pueden seguir siendo aplicables los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior. Lo anterior, debido a que tales criterios se generaron al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dichos criterios para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor; puesto que hacer extensivo el concepto de "actos de imposible reparación" o "de ejecución irreparable" "a violaciones procesales o adjetivas, que no afecten en forma directa derechos sustantivos, resulta incompatible con el nuevo texto legal", porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica "es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva". Consecuentemente, si el legislador federal, en uso de su facultad configurativa, decidió "acotar" la noción de los actos de imposible reparación, a fin de que sólo en casos verdaderamente excepcionales los gobernados puedan combatir mediante el juicio de amparo indirecto actos intraprocesales, resulta inconcuso que, por regla general, la sola afectación a la celeridad o prontitud de los procedimientos jurisdiccionales es insuficiente para actualizar la hipótesis contenida en el precepto 107, fracción V, de la ley de la materia. Máxime si, abundó el tribunal pleno, estimar lo contrario, conllevaría a aceptar que, prácticamente, cualquier actuación dilatoria en la administración de justicia o abstención de admitir y dar trámite a una promoción o solicitud de las partes -y cuya ilegalidad tendría como efecto que se mande a reponer el procedimiento-, podría ser combatida mediante el juicio de amparo indirecto, por estimarse que resulta lesiva al derecho a la justicia pronta. Con lo cual, indefectiblemente, se vaciaría de contenido la finalidad que tuvo el legislador federal, consistente en dotar de verdadera excepcionalidad a la hipótesis de procedencia de la acción constitucional prevista en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, ya que facilitaría la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios, pretextándose la violación al acceso a la justicia pronta. Caso concreto. Como se indicó, la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional la resolución de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, mediante la cual la sala responsable confirmó la calificativa de improcedente e infundado del incidente de excepción de falta de personalidad dictado en el juicio ejecutivo mercantil 1495/2019; resolución que tiene como efecto inmediato y directo dejar firme la interlocutoria de dieciséis de noviembre de ese mismo año, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 1495/2019, del índice del Juzgado Cuarto Mercantil, la cual no afecta de manera directa e inmediata derecho sustantivo alguno de la parte quejosa. De lo expuesto en la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado fue dictado dentro de un procedimiento judicial, específicamente en el juicio ejecutivo mercantil 1495/2019, del índice del Juzgado Cuarto Mercantil de esta ciudad, y dicha determinación reclamada fue emitida durante la etapa de trámite dado que en dicho juicio no se ha dictado sentencia definitiva; esto es, previo a la conclusión del procedimiento, pues el acto reclamado consistente en la resolución de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, mediante la cual la sala responsable confirmó la calificativa de improcedente e infundado del incidente de excepción de falta de personalidad tiene como efecto inmediato y directo dejar firme la interlocutoria de dieciséis de noviembre de ese mismo año, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 1495/2019, del índice del Juzgado Cuarto Mercantil, resolución que no afecta de manera directa e inmediata derecho sustantivo alguno de la parte quejosa, esto es, no genera perjuicio a derecho sustantivo alguno de la parte quejosa. Esto es, el tema íntimamente relacionado con el acto reclamado es esencialmente adjetivo, es decir, procesal, ya que la resolución de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, mediante la cual la sala responsable confirmó la calificativa de improcedente e infundado del incidente de excepción de falta de personalidad tiene como efecto inmediato y directo dejar firme la interlocutoria de dieciséis de noviembre de ese mismo año, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 1495/2019, del índice del Juzgado Cuarto Mercantil, sin que el mismo afecte derecho sustantivo alguno de la parte quejosa; pues será hasta la emisión de la sentencia en ese juicio, momento en el que se tendrá certeza si la falta de personalidad que en su caso tenga la parte actora n el juicio de origen, generará perjuicio o no a la parte quejosa. De ahí que, se considere que la resolución reclamada no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, pues con tal decisión no depende la suerte de todo el juicio natural, ni conlleva la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, ya que, en su caso, el acto reclamado podría constituir una violación procesal que no es de imposible reparación, pues por ésta debe entenderse aquella cuyas consecuencias son susceptibles de afectar en forma inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque la afectación o sus efectos no se destruyen por el sólo hecho de que quien las sufre, obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Así, la determinación dictada por la autoridad responsable, no constituye un acto de imposible reparación, pues el mismo no incide sobre derechos sustantivos de la parte quejosa, sino que sus efectos recaen en el procedimiento de origen, por lo que sus consecuencias son meramente procesales; por tanto, sus efectos se extinguen en el caso de obtener una sentencia favorable, es decir, el perjuicio formal que se pudiera originar desaparecerá de obtener una sentencia favorable, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse ningún derecho sustantivo con tales actos de autoridad. Además, en el caso de que la sentencia dictada en el juicio de origen no sea favorable a la parte quejosa, podrá hacer valer el medio de impugnación procedente contra la misma, en la que evidencie las violaciones procesales que en su caso considere actualizadas con la emisión del acto que en esta instancia constitucional se reclama. Desechamiento En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia en análisis, con fundamento en lo dispuesto por el diverso 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo planteada. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Control respectivo.
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