Sergio Gerardo Ramírez de Aguilar Vázquez del Mercado

Expediente 618/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
618/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
22/09/2023

Partes del expediente

  • Sergio Gerardo Ramírez de Aguilar Vázquez del Mercado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Certificación. La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 81, fracción I, inciso d), de la misma ley, no recurrió el auto de treinta y uno de agosto del año en curso (fojas 148 a 156), mediante el cual se sobreseyó en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. Ahora bien, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Valoración documental. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: ...

  2. Incidental

    VISTOS, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 618/2023-I, promovido por ********************, contra actos del Coordinador de Catastro Municipal de Valle de Bravo; y, R E S U L T A N D O ... RESUELVE PRIMERO. Se niega a ********************, la suspensión definitiva solicitada respecto del acto y la autoridad mencionados en los considerandos segundo, tercero y cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Se concede a ********************, la suspensión definitiva solicitada respecto del acto y la autoridad mencionados en los considerandos segundo, tercero y quinto de esta resolución. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México a treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es pertinente mencionar que de la interpretación al contenido del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, y, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En ese sentido, la procedencia del juicio de amparo, es una cuestión de orden público y estudio preferente, la cual debe examinarse la aleguen o no las partes, previamente a cualquier otra cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Al respecto son aplicables los razonamientos que rigen la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 1995, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Así, del estudio de autos se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en: El oficio número ********************de fecha 06 de abril de 2022 emitido por la Coordinación de Catastro Municipal de Valle de Bravo (en adelante el "acto reclamado'), mediante el cual determinó que de acuerdo con la cartografía catastral se encuentra el ******************** con dos claves catastrales (se desconoce su número) que se encuentran inscritas a nombre de una persona (se desconoce el nombre de la persona, pero se infiere que se trata de ********************), las cuales no cuentan con documentación motivo de su asignación, señalando que el referido antiguo camino a la labor es un camino público, cuando lo cierto es que dicho predio se trata de propiedad privada." Precisado el acto reclamado, este órgano de control constitucional, estima que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, consistente en haberse consentido tácitamente el acto reclamado, debido a que el juicio de amparo no se promovió dentro de la oportunidad procesal prevista en el artículo 17 del invocado ordenamiento legal; causal cuyo estudio se realiza de manera preferente, al ser la oportunidad de la demanda un presupuesto procesal para efectos del juicio constitucional. Ello es así, pues el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Para poder determinar en qué supuestos se actualiza la causa prevista por dicho numeral, es necesario acudir al artículo 17 del mismo ordenamiento vigente, que precisa lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Del contenido de los preceptos legales transcritos, se aprecia que, por regla general, el juicio de amparo debe ser promovido dentro del término de quince días. Ahora, para determinar la forma en que debe computarse dicho plazo, debe acudirse al artículo 18 del mismo ordenamiento, que dispone: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." El numeral transcrito previene tres hipótesis a partir de las cuales da inicio el término para la promoción del juicio. La primera de ellas, relativa a que dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado. La segunda hipótesis consiste en que el término para la promoción de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. La tercera y última, estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a/J. 18/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, Marzo de 2003, página 243, con número de registro 184665, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PRESENTACIÓN, EL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO DEBE COMPUTARSE TOMANDO EN CUENTA COMO HÁBILES TODOS LOS DÍAS DEL AÑO, CON EXCEPCIÓN DE LOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 23 DE LA CITADA LEY Y 163 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA LABORADO. Del criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 5/95, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-II, febrero de 1995, página 40, se desprende que para determinar la oportunidad en la presentación de una demanda de amparo contra una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, dictada por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, no deben excluirse del cómputo respectivo, los días hábiles en que el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento haya suspendido labores, ya que sólo deben excluirse los días que los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señalan como inhábiles, aunque los haya laborado la autoridad responsable y los días en que no haya laborado la autoridad responsable. No es óbice a lo antes expuesto lo previsto en el artículo 26 de la ley de la materia, en el sentido de que no se computarán los días hábiles no laborados por "el juzgado o el tribunal en que deban hacerse las promociones", toda vez que tal disposición debe entenderse referida únicamente a los días hábiles en que la autoridad responsable haya suspendido sus labores, en tanto que es a ésta a la que le corresponde recibir la demanda de garantías por disposición expresa del artículo 163 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del precitado artículo 17 de la Ley de Amparo, establecen las excepciones a la regla general ya mencionada; a saber: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o bien, el procedimiento de extradición. b) Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria, en un proceso penal que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Con base en lo antes expuesto, resulta incuestionable que el acto de autoridad que se tilda de inconstitucional no se ubica en ninguna de las hipótesis de excepción establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; finalmente, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. En el caso concreto se está en la hipótesis consistente en que el término para la promoción de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que la parte quejosa haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. En efecto, por lo que hace al acto reclamado, consistente en: el oficio ********************, de seis de abril de dos mil veintidós, signado por el Coordinador de Catastro Municipal, del Ayuntamiento de Valle de Bravo, Estado de México, dirigido al Director de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento Municipal de Valle de Bravo, en el que le informa que de acuerdo con la cartografía catastral se encuentra el antiguo camino a la labor, en el que se encuentran asignadas dos claves catastrales ******************** y ********************, ambas inscritas a favor de ********************, las cuales no cuentan con documentación motivo de su asignación, encontrándose inmersas en el señalado "********************". Si bien, la parte quejosa manifestó "bajo protesta de decir verdad" que tuvo conocimiento del mismo el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés (foja 3 vuelta), dicha manifestación se desvirtúa; lo anterior porque resulta un hecho notorio, que en este órgano jurisdiccional se tramitó el juicio de amparo ******************** y sus acumulados ********************, entre otros, por ********************, en los que se tuvo como actos reclamados los siguientes: "a. La orden de retiro de la puerta que se encontraba colocada desde mil novecientos noventa y nueve, entre los lotes ******************** (la cual fue con motivo del procedimiento administrativo ******************** -aducen no haber sido oídos en procedimiento alguno-). b. La orden verbal y posible ejecución del retiro de la nueva puerta que colocó la quejosa el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, entre los lotes ********************, a cual fue con motivo del procedimiento administrativo ********************, en el cual no fueron llamados a dicho procedimiento." Así, substanciado dicho juicio constitucional, en auto de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, se dio vista con el oficio por medio del cual la Presidenta Municipal Constitucional de Valle de Bravo, Estado de México y el Director de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Valle de Bravo; rindió su informe justificado así como con las constancias anexas al mismo, consistentes en: ( Copia certificada del expediente ********************. ( Copia certificada del acuerdo ********************del Acta de la Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Valle de Bravo, Estado de México. Auto que fue notificado a la parte quejosa el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós por medio de lista. Posteriormente, el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, se dictó sentencia en los citados juicios de amparo, en cuya parte considerativa se expresó lo siguiente: "Del informe justificado, así como de las constancias que acompañaron al mismo se advierte que: Dicho procedimiento administrativo inició con motivo de una queja ciudadana, que se presentó en la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Valle de Bravo, en fecha cinco de abril de la presente anualidad, en la que, varios ciudadanos y vecinos del Barrio de la Peña, Valle de Bravo Estado de México, piden se les retire el portón que les impide el acceso a la ********************. En la queja mencionada solicitan se les retire el portón que les impide el acceso a la ********************, a los mismos pobladores, se emitió un acuerdo, en el que se tienen por hechas sus manifestaciones, así como iniciado el Procedimiento Administrativo, con número de expediente ********************. Asimismo, se ordenó girar oficio a Catastro Municipal, a fin de que informará si la calle ubicada entre Avenida ******************** y ********************, en la que está colocado el portón, es de dominio público o privado. Mediante oficio número ********************, signado por el Titular de Catastro Municipal de Valle de Bravo, informó que de acuerdo a la cartografía catastral, la calle referida es un camino público. El ocho de abril del año dos mil veintidós y como consecuencia del oficio mencionado, se emitió acuerdo dentro del procedimiento Administrativo ********************, en el que se ordenó a los inspectores adscritos a la Dirección de Desarrollo Urbano, que se realizará una inspección en la calle Camino a la Labor, ubicada entre la Avenida ******************** y ********************, a fin de que se constara de la existencia del portón en la calle referida, verificar si se trata de un camino público, que de acceso al lago, indagar con los vecinos, quien colocó ese portón sobre el camino y verificar si existe permiso para la colocación de ese portón sobre el camino. En este mismo acuerdo, se otorgó un plazo de tres días hábiles, a quien acredite tener derecho sobre la colocación de dicha puerta y/o portón sobre el camino referido, para que acudiera a la Oficina de la Dirección de Desarrollo Urbano de este Ayuntamiento, para que manifestarán lo que a su derecho convenga, respecto de la colocación del portón en la calle Sin Nombre, ubicada entre la Avenida ******************** y ********************, con el apercibimiento, que en el caso de no comparecer dentro del plazo otorgado, se ordenaría él retiró de dicho portón." (Páginas 18 a 20 de la resolución electrónica de la sentencia de amparo). Sentencia que se notificó a las partes, el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, conforme lo dispone el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, entre ellas, a la aquí quejosa. Lo anterior evidencia que la parte quejosa tuvo conocimiento del oficio que es materia del acto reclamado en esta instancia constitucional desde la tramitación del diverso juicio de amparo ******************** y sus acumulados ******************** del índice de este Juzgado, pues el mismo fue remitido como complemento al informe justificado rendido por la Presidenta Municipal Constitucional de Valle de Bravo, Estado de México y el Director de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Valle de Bravo, contenido en la copia certificada del expediente ******************** y relacionado en la parte considerativa de la sentencia de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, la cual fue notificada a la quejosa el veintiocho siguiente. En ese orden, contrario a lo señalado por la quejosa en su demanda de amparo, es incuestionable que, al menos desde el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, que se notificó a la parte quejosa el auto de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, con el que la Presidenta Municipal Constitucional de Valle de Bravo, Estado de México y el Director de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Valle de Bravo, rindió informe justificado en aquel juicio constitucional y remitió el procedimiento administrativo ********************, en el cual obraba el oficio materia de reclamo en este sumario, y de cuyo contenido se hizo relación expresa en el estudio de la sentencia de veintisiete de octubre siguiente, es decir se mencionó que en los autos del procedimiento ******************** se acordó el oficio número ********************, signado por el Titular de Catastro Municipal de Valle de Bravo, en el cual informó que de acuerdo a la cartografía catastral, la calle referida es un camino público; procedimiento administrativo al que la quejosa en aquel amparo solicitó se le otorgara garantía de audiencia y la sentencia . Lo anterior, permite advertir que desde aquella data la parte quejosa conocía de la existencia del contenido del oficio en cita, y a partir de esa fecha, contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en términos de lo previsto en el artículo 18 del ordenamiento legal en cita. No obstante, si la parte quejosa presentó la demanda de amparo en el presente juicio hasta el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (fojas 2 a 109), es evidente transcurrió en exceso el plazo de quince días que establece la regla general para la promoción de la demanda; pues si partimos de que la fecha en que tuvo conocimiento del oficio que se combate en este juicio fue desde el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, dicha notificación surtió sus efectos al día siguiente de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, el veinticinco de octubre siguiente; de ahí que, el plazo transcurrió del veintiséis de octubre al dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, previo descuento de los días inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo y del uno y dos de noviembre de ese año en atención a la CIRCULAR 5/2022 de treinta de marzo de dos mil veintidós, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En efecto, es indiscutible la extemporaneidad de la presentación de la demanda de amparo, al no hacerse dentro del término señalado en el artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo, pues, la parte quejosa estaba obligada a promoverla dentro de los quince días siguientes al en que tuvo conocimiento del acto reclamado; por tanto, si la demanda de amparo se presentó hasta el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, se encuentra fuera del plazo establecido. En consecuencia, si la parte solicitante del amparo ejerció la acción constitucional después de fenecido el plazo legal para su promoción, es inconcuso que no intentó la vía de amparo oportunamente; lo cual conduce a estimar consentido tácitamente dicho acto, pues no se ajustó a la temporalidad señalada en el numeral 17 de la Ley de Amparo, por tanto, el presente juicio de amparo resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 4, localizable en la página 8 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y contenido: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." Así como la tesis consultable en la página 235, Tomo XI, Junio de 1993, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del contenido siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Así como la jurisprudencia 1a ./J.30/2007 consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2007, Instancia Primera Sala, tomo XXV, Novena Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." Cabe precisar que la presente determinación no se emite en contravención con las hipótesis previstas en el artículo 17, fracciones II y IV de la Ley de Amparo, las cuales en la primera de ellas dispone que cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; situación que en el caso no acontece, toda vez que el acto reclamado no tiene el carácter de sentencia definitiva. Asimismo, en la segunda de las fracciones mencionadas se sostiene que la demanda de amparo podrá promoverse en cualquier tiempo cuando los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal "fuera de procedimiento", incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales. Por tanto, la parte quejosa no se encuentra en alguna de las causas de excepción descritas en la Ley de Amparo, para no haber promovido el juicio dentro los quince días establecidos para ello. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; procede sobreseer en el presente juicio constitucional con base en el numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia visible en la página 202, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Enero, de la Octava Época, que a la letra refiere: "DEMANDA DE GARANTÍAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." Por otra parte, se estima pertinente precisar que la admisión de la demanda de amparo, no constituye un impedimento para estudiar de oficio la causa de improcedencia analizada en esta determinación, pues este órgano de control constitucional está obligado a ello, de acuerdo a la propia ley y la jurisprudencia. En lo conducente es aplicable la tesis publicada en la página 544, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, Julio de 1994, Materia Común, Octava Época, registro 211352 de contenido: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de realizarlo en la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, de Marzo de 2003, Novena Época, con número de registro 184572, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para celebrarse a las diez horas con diez minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas. Notifíquese electrónicamente.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; treinta de agosto de dos mil veintitrés. Recepción. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por medio del cual hace del conocimiento la resolución de diez de agosto de dos mil veintitrés, emitida en el recurso de queja 202/2023, cuyo punto resolutivo es: "ÚNICO: Es fundado el recurso de queja." Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y acúsese el recibo de estilo correspondiente. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto a las copias que aduce remitir, pues no fueron adjuntadas al oficio que se provee. Admisión de la demanda. Consecuentemente, en estricto acatamiento a la ejecutoria de la superioridad, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción II, 108, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite, la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Coordinador de Catastro Municipal de Valle de Bravo. Incidente de suspensión. De conformidad con el artículo 125 y 128, último párrafo de la Ley de Amparo, por separado fórmese el incidente de suspensión por así haberse solicitado. En el entendido que se substituye la formación del duplicado físico de dicho cuaderno, con el electrónico que se forme a partir de las constancias digitalizadas que obren en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de conformidad con los artículos 264 y 265 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo. Intervención al agente del ministerio público adscrito. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde y, en atención a la fracción III, del artículo 26 de la ley de la materia, notifíquese por medio de lista de publicación que se fija, para los fines legales a que haya lugar. Señalamiento de la audiencia. Se fijan las diez horas con diez minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Informe justificado. ... Notifíquese.

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