Sergio García González
Expediente 108/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 108/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 03/07/2018
Partes del expediente
- Sergio García González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad de México, a tres de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito devolvió el juicio de amparo 108/2018 y tres anexos; asimismo, remitió testimonio de la resolución dictada en el recurso de revisión 119/2018. Al respecto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, intégrense únicamente las constancias originales del cuaderno de antecedentes, acúsese el recibo de estilo e infórmese a las partes que el órgano revisor confirmó la sentencia recurrida. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que se negó el amparo, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con lo que establecen los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse dentro de la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. En otro contexto, toda vez que no es necesaria la retención de los anexos enviados por la autoridad responsable, devuélvanse a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, pues es suficiente con el sello que avale su recepción. Finalmente, de las restantes constancias del cuaderno de antecedentes, previa certificación que se realice, procédase a su destrucción.
- Principal
Ciudad de México, a once de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual se acusa recibo del oficio 13105 de siete de los actuales, por medio del cual se remitió el juicio de amparo del que deriva este cuaderno, con el original del ocurso de interposición de recurso de revisión y expresión de agravios, así como copia de este para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho tribunal y tres anexos. Asimismo, informa que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto contra la resolución de once de abril del año en curso, quedando registrado bajo el orden R.P. 119/2018.
- Principal
Ciudad de México, a veintisiete de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada el once de abril del año en curso; en esas condiciones, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes copia del ocurso de expresión de agravios y dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al que se encuentre integrado el expediente remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en turno, el original del escrito de agravios, así como los presentes autos para la sustanciación del recurso de referencia. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en su oportunidad, fórmese cuaderno de antecedentes.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 108/2018, promovido por Sergio García González, contra un acto de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el dieciséis de febrero del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto de la autoridad que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló transgredidos en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Una vez desahogada la prevención formulada en autos, el veintiuno siguiente se admitió a trámite la demanda registrada bajo el orden 108/2018; se requirió a la responsable su informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se fijaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza de la resolución reclamada. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada bajo el orden 169 en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden de ideas, del estudio integral de la demanda y demás constancias de autos, se precisa que se reclama: - La resolución de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal 487/2017, que se atribuye a la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. TERCERO. Es cierto el acto reclamado, pues así lo admitió la autoridad responsable al rendir informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que adjuntó al mismo, entre las cuales se aprecia la determinación controvertida; documental que tiene valor probatorio pleno, al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. En atención a que no se advierte que se actualice alguna causal de improcedencia, ni que las partes la hicieran valer, procede el análisis de los conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Materia Común, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Son infundados los conceptos de violación, sin que se advierta materia para suplir la deficiencia de la queja, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que es procedente negar la protección de la Justicia Federal solicitada. A fin de evidenciar lo anterior, para mejor comprensión del asunto, es necesario establecer los antecedentes de la resolución reclamada, que son los siguientes: 1. El veintinueve de enero de dos mil quince, el Juez Sexagésimo Sexto Penal de esta ciudad, en la causa penal 203/2013, emitió sentencia condenatoria contra el quejoso, por su plena responsabilidad penal en la comisión del delito de violación agravada, por lo que le impuso la pena de diez años de prisión. 2. Contra dicha determinación el agente del Ministerio Público adscrito a ese juzgado, así como la defensora de oficio del sentenciado, interpusieron recurso de apelación, del cual conoció la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad (autoridad responsable), registrándolo con el toca 285/2015, en que el dieciocho de mayo de dos mil quince modificó la sentencia apelada respecto de los resolutivos primero, segundo, cuarto, quinto y sexto. 3. Inconforme con esa determinación, el justiciable promovió juicio de amparo directo, cuyo conocimiento correspondió al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en que determinó conceder el amparo, entre otras cuestiones, ordenó se reiterara el grado de culpabilidad fijado en la sentencia de primera instancia. 4. El dos de febrero del año próximo pasado, la Sala responsable en cumplimiento a dicha ejecutoria emitió la sentencia respectiva. 5. Por escrito recibido en la Sala responsable el catorce de diciembre de dos mil diecisiete, el quejoso planteó incidente de reconocimiento de inocencia, esencialmente con base en las siguientes consideraciones: - Con apoyo en el artículo 614, fracción II, del Código de Procedimientos Penales para esta ciudad, el justiciable solicitó el reconocimiento de inocencia respecto del ilícito mencionado, ofreciendo una prueba superveniente de ADN, misma que refiere es una prueba novedosa y logra desacreditar las pruebas que constan en la causa citada. 6. El dieciocho de enero de este año se celebró la audiencia respectiva y, el veinticinco posterior se dictó la resolución en que se determinó improcedente e infundada la solicitud de quejoso, que constituye el acto que se impugna, bajo los siguientes argumentos: - Que los razonamientos planteados por el sentenciado son infundados e improcedentes, en virtud de que no se ubican en ninguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 614 del código referido, pues pretende desacreditar el resto de las pruebas que motivaron la sentencia condenatoria dictada en su contra por el delito de violación agravada, con la prueba pericial en genética molecular, y para ello solicita se giren oficios a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, así como al Hospital General de Tláhuac, señalando que si su pretensión es que se desahogue una prueba pericial en genética molecular, resulta improcedente porque ese no es el objeto del recurso extraordinario. - Que la prueba que ofrece el sentenciado no lo coloca en las hipótesis II del numeral citado, pues no se está en presencia de documentos o declaraciones de testigos que invaliden la prueba en que descansa la sentencia condenatoria, mucho menos que los testimonios desahogados en los autos y los documentos que fundaron la sentencia condenatoria en su contra y después de dictada esta, hayan sido declarados falsos en juicio. - Finalmente, señaló que la prueba pericial no tiene carácter de novedosa, ya que en su momento se negó a proporcionar la muestra biológica correspondiente. Ese actuar de la Sala responsable se considera apegado a lo que ordena el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal que establece, en lo conducente, que todo acto de molestia debe ser emitido por escrito, procedente de autoridad competente que funde y motive su forma de proceder. Así, debe entenderse por fundamentación, la cita de las normas legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que se pretendan imponer con el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en la legalidad en su aspecto imperativo consistente en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Y como motivación, la exposición de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos, en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar, es decir, la autoridad responsable, para colmar tal extremo, debe realizar el correspondiente estudio y exponer con argumentos lógico jurídicos, las causas o razones que lo impulsaron a determinar en la forma en que lo hizo. En ese contexto, para que una autoridad cumpla los extremos del primer párrafo del artículo 16 constitucional, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales aplicables que le sirven de apoyo y, además, exprese los razonamientos jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, encuadra en los supuestos de la norma invocada. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia que bajo el número 266 aparece publicada en la página 1239, del multicitado apéndice, 1917-Septiembre 2011, Tomo I, Materia Constitucional 3, Derechos Fundamentales, Primera Parte, Décima Tercera Sección -Fundamentación y motivación-, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo título es: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". Por otro lado, es menester precisar la naturaleza y alcance del reconocimiento de inocencia. El artículo 614 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal establece: "Artículo 614.- El reconocimiento de la inocencia del sentenciado procede en los siguientes casos: I.- Cuando la sentencia se funde en documentos o declaraciones de testigos que después de dictada fueren declarados falsos en juicio; II.- Cuando después de la sentencia aparecieren documentos que invaliden la prueba en que descanse aquélla o las presentadas al jurado y que sirvieron de base a la acusación y al veredicto; III.- Cuando condenada alguna persona por homicidio de otro que hubiere desaparecido, se presentare éste o alguna prueba irrefutable de que vive, y (sic) IV.- Cuando el sentenciado hubiere sido condenado por los mismos hechos en juicios diversos. En este caso prevalecerá la sentencia más benigna; V.- Cuando en juicios diferentes hayan sido condenados los sentenciados por el mismo delito y se demuestre la imposibilidad de que lo hubieren cometido, y VI.- Cuando la sentencia se base de manera fundamental en una confesión obtenida mediante tortura". Del contenido del precepto transcrito se advierte que el reconocimiento de inocencia constituye un recurso extraordinario, cuya finalidad no consiste en revalorar los elementos de convicción que ya fueron apreciados, como legalmente estableció la sala responsable, en virtud de que la razón esencial de esa solicitud radica en que una vez dictada una sentencia que ha adquirido el carácter de irrevocable, aparecieren datos comprobables de que las pruebas que la fundaron quedaron desvirtuadas, surgiendo así la necesidad de cesar sus efectos, es decir, sólo con base en pruebas desconocidas en el proceso, pudiera quedar establecida de manera indubitable la inocencia del sentenciado. Así, el reconocimiento de inocencia es una institución de carácter extraordinario y excepcional, que reconociendo el principio de seguridad jurídica surgido con la sentencia definitiva, tiene por objeto corregir injusticias cometidas por el juzgador penal, cuando habiendo condenado a una persona, posteriormente se demuestra de manera fehaciente e indubitable que es inocente, precisamente porque se haya evidenciado la imposibilidad de que hubiere cometido el delito. De ahí que la obligación del reo radica en demostrar que es inocente, no sólo que no es culpable en la forma en que fue condenado, porque entonces se pretendería convertir a esta institución en un medio más para corregir una imprecisión o una deficiencia técnica de la sentencia, originada en ella misma o desde la acusación, pero donde subyace la inquebrantable demostración de que el enjuiciado es responsable del delito por el que se le juzgó, ya que para esto último están instituidos el recurso ordinario de apelación e inclusive el juicio de amparo directo, que pueden llevar a la absolución del justiciable, precisamente por deficiencias técnicas de la condena. En ese contexto, se estima que la resolución reclamada está adecuadamente fundada y motivada, pues la sala responsable citó los preceptos legales que consideró aplicables y expuso las razones o causas particulares por las que resolvió en el sentido en que lo hizo; además, indicó la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. Así se considera, porque la autoridad judicial responsable legalmente declaró infundado el incidente planteado por el quejoso, pues sustancialmente consideró que este último pretendió que se desahogara una prueba pericial en genética molecular y para ello solicitó se realizaran diversas acciones a efecto de que esta se llevara a cabo, situación que implicaría reabrir el proceso para revalorar las pruebas, pues como lo señaló la responsable, la prueba que ofrece el quejoso no es una prueba novedosa, porque el amparista en el momento procesal correspondiente se negó a realizarla; de ahí que no existía justificación para dar entrada a la petición de que se trata si a la presentación del impreso relativo no se aportaron los medios de convicción novedosos que permitieran a la responsable entrar al análisis del fondo de lo pedido. En ese orden, fue correcto que el tribunal responsable declarara infundado el reconocimiento de inocencia que promovió el justiciable, por carecer de sustento los argumentos hechos valer al respecto, porque como se dijo, no se ofreció prueba novedosa alguna, requisito indispensable para la procedencia de ese medio de defensa legal. Esto último tiene apoyo en la tesis 1a.XXXVI/2013(10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 836 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1, que dispone: "RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA. ES INFUNDADA LA SOLICITUD SI EN ÉSTA SÓLO SE ARGUMENTA QUE EN LA SENTENCIA CONDENATORIA SE REALIZÓ UNA INCORRECTA VALORACIÓN DEL MATERIAL PROBATORIO, SIN OFRECER PRUEBAS NOVEDOSAS. Cuando el solicitante de dicho reconocimiento sólo hace depender sus argumentos de la incorrecta valoración de las pruebas realizadas en la sentencia condenatoria irrevocable, con la pretensión de utilizar el procedimiento de reconocimiento de inocencia como un recurso ordinario de legalidad y sin ofrecer pruebas novedosas, indudablemente debe resolverse como infundada tal solicitud, toda vez que este incidente no tiene por objeto abrir otra instancia para que se valoren nuevamente los elementos probatorios, sino la anulación de los que fundaron la sentencia condenatoria". En razón de lo expuesto y al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por Sergio García González, contra la resolución de veinticinco de enero del año en curso en que se declaró improcedente e infundado el reconocimiento de inocencia promovido por el quejoso. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Sergio García González, contra la resolución de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, emitida en el toca 487/2017 por la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, relativa a lo infundado e improcedente del reconocimiento de inocencia solicitado.
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