Sergio García Alvarez

Expediente 1134/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1134/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
28/01/2022

Partes del expediente

  • Sergio García Alvarez

Actuaciones

  1. Principal

    En la misma fecha, se da cuenta al encargado del despacho dentro del juicio de amparo 1134/2021, con la certificación secretarial que antecede y con el estado procesal que guardan los autos. Conste.Morelia, Michoacán, veintiocho de enero de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización otorgada en oficio CCJ/ST/5333/2021, emitido por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de diciembre de dos mil veintiuno, con apoyo en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con treinta minutos del once de enero de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1134/2021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al juez con las documentales allegadas por tanto por el quejoso como por Juez Cuarto Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas por razón de su propia y especial naturaleza las documentales descritas. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria certifica que ninguna de las partes presentó alegatos. Con relación a lo anterior el juez acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el siete de diciembre de dos mil veintiuno en el Buzón Judicial del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad de Morelia, Michoacán, Sergio García Álvarez, por propio derecho, compareció a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, contra actos del Juez Cuarto Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Actos que estimó violatorios de los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, órgano jurisdiccional que la registró en el libro de gobierno con el número 1134/2021; la admitió en auto de diez de diciembre de dos mil veintiuno; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Juzgado Federal la intervención legal que le compete; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo con el resultado consignado en el acta que antecede; y, quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda, en términos de los siguientes CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por autoridad con sede en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y en atención además a los criterios transcritos, el acto reclamado por el quejoso al Juez Cuarto Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, es: La resolución de once de noviembre de dos mil veintiuno, relativo al recurso de revocación hecho valer por Sergio García Álvarez, en contra del proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 356/2021, que en ejercicio de la acción cambiaria directa promovió el aquí quejoso en contra de Sergio Alberto Couto Torres y Verónica Armenta Hernández. En dicha resolución determinó que eran infundados los agravios y confirmó el auto impugnado. Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Cuarto Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con la prueba documental que acompañó al referido informe, consistente en copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 356/2021, que sobre pago de pesos promovió Sergio García Álvarez en contra de Sergio Alberto Couto Torres y Verónica Armenta Hernández. Prueba con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte la resolución de once de noviembre de dos mil veintiuno; de ahí que se tenga debidamente probado el acto reclamado. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia ni este juzgador advierte de manera oficiosa la existencia de alguna de ellas; por lo que procede realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Ello, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J.58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, Materia Común, registro 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Antes de analizar la legalidad del acto reclamado, se estima necesario hacer una narración de lo actuado dentro del juicio de origen, en los términos siguientes: El seis de abril de dos mil veintiuno, Sergio García Álvarez, demandó en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa, a Sergio Alberto Couto Torres [en cuanto deudor directo] y a Verónica Armenta Hernández [en cuanto Aval Solidaria], de quienes reclamó diversas prestaciones. Por razón de turno, conoció del asunto el Juzgado Cuarto Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia. Órgano jurisdiccional que admitió la demanda el nueve de abril de dos mil veintiuno y ordenó emplazar a los demandados. Mediante escrito presentado el treinta de agosto de dos mil veintiuno, Sergio García Álvarez, manifestó bajo protesta de decir verdad que tenía conocimiento que los demandados cambiaron de domicilio y que desconocía el actual, por lo que solicitó se girara oficio a diversas dependencias para que informaran si en su base de datos tenían registrados a los demandados y en caso afirmativo, proporcionaran su domicilio actual. Dichas dependencias con las siguientes: Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral; Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS); Suministrador de Servicios Básicos de la C.F.E., Teléfonos de México (TELMEX); Instituto Mexicano del Seguro Social "IMSS", Delegación Regional; Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT); Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); Subdirección de Consulta de Plataformas, de la Fiscalía General de la Justicia del Estado de Michoacán; Servicio y Equipo en Telefonía, Internet y TV S.A. de C.V." (Megacable); Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Michoacán "1", con sede en Morelia, del Servicio de Administración Tributaria; Administrador de Rentas de Morelia, Michoacán; empresa Telecable, cable visión regional S.A. de C.V., en Morelia, Michoacán, Comisionado Municipal de Seguridad Pública de Morelia; y, Director de Tránsito y Movilidad en Morelia. En proveído de catorce de septiembre de dos mil veintiuno, el juez señalado como responsable determinó que para estar en condiciones de girar los oficios el actor debía proporcionar los datos personales de los demandados, como fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, clave única de registro de población, número de seguridad social, registro federal de contribuyente, identificación oficial, entre otros, para evitar homónimos y posibles afectaciones a terceros; por lo que, una vez que cumpliera con lo anterior, debía insistir en su petición. El veintidós de octubre de dos mil veintiuno, el actor, manifestó que no tenía datos de los demandados. En proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, el juez acordó lo siguiente: "Dígase al ocursante SERGIO GARCÍA ÁLVAREZ, con el carácter que tiene reconocido en autos, que no ha lugar a girar los oficios a las dependencias que refiere, toda vez que de conformidad con el numeral 1070 del Código de Comercio, para la procedencia de su pedimento, únicamente se requiere recabar informe de una autoridad o institución pública que cuente con registro oficial de personas; en consecuencia, gírense atentos oficios al Instituto Nacional Electoral, Instituto Mexicano del Seguro Social "IMSS" Delegación Regional, Suministrador de Servicios Básicos CFE, Teléfonos de México (TELMEX), Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado "ISSSTE" y Lic. Ignacio Zahaid Zamudio Méndez, Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Michoacán "1", a fin de que por su conducto informen a este órgano jurisdiccional si se encuentra inscrito en dicho organismo o existe registro alguno y/o algún cambio reciente de domicilio de los demandados SERGIO ALBERTO COUTO TORRES y VERÓNICA ARMENTA HERNÁNDEZ". Inconforme con tal determinación, Sergio García Álvarez, interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto el once de noviembre de dos mil veintiuno. En la determinación de dicho medio de impugnación, el juez determinó que los conceptos de violación eran infundados, por lo que confirmó el auto recurrido. Una vez precisado lo anterior, se analizarán los motivos de inconformidad hechos valer por el quejoso en contra de la resolución de once de noviembre de dos mil veintiuno. Es infundada la parte de sus conceptos de violación en la que aduce que aplicó en sentido limitado el artículo 1070 del Código de Comercio, ya que contrario a lo que señala, aun cuando el juez determinó que dicho numeral restringe la búsqueda del domicilio de los demandados al informe rendido por una sola autoridad o institución y como lo explicó en el acto reclamado, en el proveído recurrido no solo ordenó girar oficio para tal efecto a una sola autoridad, sino a seis [Instituto Nacional Electoral, Instituto Mexicano del Seguro Social "IMSS" Delegación Regional, Suministrador de Servicios Básicos CFE, Teléfonos de México (TELMEX), Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado "ISSSTE" y Lic. Ignacio Zahaid Zamudio Méndez, Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Michoacán "1"]. Por lo que no puede estimarse que aplicó dicho numeral en sentido estricto, ni se limitó únicamente a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 1070 del Código de Comercio, pues de haber sido así, únicamente hubiera solicitado información a una sola dependencia y no a seis. En otra parte de sus motivos de inconformidad argumenta el quejoso que el juez responsable debió girar tantos oficios como fuera necesario; sin estar restringido a un número de solicitudes de búsqueda, sino a los resultados que arrojen. Lo cual es inoperante, ya que en el acto reclamado el juez adujo que las dependencias a las que ordenó girar oficios para solicitar el domicilio de los demandados eran las más aptas para arrojar un resultado positivo en la búsqueda de tal información, tomando en consideración además, la ausencia de algún otro dato personal de dichas personas para facilitar su búsqueda. Razones que no fueron atacadas por el quejoso en su demanda de amparo, por lo que en ese sentido es inoperante su argumento. En diversa parte de sus motivos de disenso manifiesta el quejoso que de la interpretación del artículo 1070 del Código de Comercio, tanto anterior como posterior a la reforma, se advierte que el emplazamiento por edictos tendrá lugar cuando se ignore el domicilio del demandado, por lo que es necesario el cercioramiento de tal desconocimiento por los medios idóneos. Por lo que, en el supuesto de que se ignore el domicilio de Sergio Alberto Couto Torres y Verónica Armenta Hernández, deben agotarse los medios al alcance de la autoridad para localizar el lugar en donde habiten, pues de lo contrario se les dejaría indefensos, al bastar su sola manifestación de que desconoce su residencia, debiendo tener en cuenta que el emplazamiento constituye el acto procesal de mayor importancia. Lo cual es inoperante, ya que, como el propio quejoso lo señala, a quien afectaría en todo caso, que no se haga una investigación amplia de su domicilio antes de ordenar el emplazamiento por edictos, sería a los demandados. Del mismo modo, señala el quejoso que no comparte el criterio del juez consistente en que, de momento, es innecesario ordenar recabar a las catorce dependencias solicitadas por el actor, porque contrario a lo que señala el juez, existiría una mejor y mayor certeza jurídica, de localizar y poder emplazar a los demandados. Argumento que también es infundado e inoperante. Infundado porque como correctamente lo señala el juez, de momento¸ es innecesario recabar información de todas las dependencias señaladas por el quejoso, pues sólo en el caso de ser negativa la contestación de la información solicitada, se requeriría a unas diversas. Máxime, como ya se dijo, la legislación no constriñe al juez a girar oficios a todas las dependencias que le diga el actor. Es inoperante, porque como se determinó en líneas anteriores, el quejoso no controvirtió el razonamiento de la responsable en el sentido de que consideró que las dependencias a las que ordenó girar oficio para pedir información eran las más aptas para ello y porque el quejoso no proporcionó algún otro dato personal de los demandados para facilitar su búsqueda. Finalmente, no pasa inadvertido para este juzgador que el quejoso invoca los criterios de rubros siguientes: "NOTIFICACIÓN POR EDICTOS EN MATERIA MERCANTIL. LA BÚSQUEDA DEL DOMICILIO DE QUIEN DEBA SER EMPLAZADO A JUICIO POR ESA VÍA, NO DEBE LIMITARSE SÓLO A UN INFORME DE ALGUNA AUTORIDAD O INSTITUCIÓN PÚBLICA (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 1070, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO)". "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS EN MATERIA MERCANTIL. PARA SATISFACER LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIAMENTE A EMITIR EL MANDAMIENTO RESPECTIVO, DEBEN AGOTARSE LOS MEDIOS AL ALCANCE DEL JUEZ DE INSTANCIA TENDIENTES A LOCALIZAR EL LUGAR DONDE HABITE LA PERSONA CONTRA LA QUE SE INCOA LA DEMANDA". "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. EL JUZGADOR DEBE ATENDER TANTO A UN ASPECTO CUALITATIVO COMO CUANTITATIVO EN RELACIÓN CON LAS AUTORIDADES O INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO A LAS CUALES REQUIERE INFORMACIÓN CON EL OBJETO DE LOCALIZAR AL DEMANDADO, ELLO EN ATENCIÓN AL TIPO DE INFORMACIÓN CON LA QUE ÉSTAS CUENTEN PARA ESE EFECTO (ALCANCE DEL ARTÍCULO 117 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO)". Sin embargo, aun cuando dichos criterios tienen en común que determinan que antes de ordenar el emplazamiento por edictos el juez debe cerciorarse de que el domicilio de los demandados es incierto, también lo es que en ellos no se establece que el juez debe girar oficios a las dependencias señaladas por el actor, sino que le deja libertad de jurisdicción para hacerlo, con la única condición de que debe agotar los medios a su alcance para localizar a las personas contra quienes se incoa una demanda. Y, en el caso, el juez aún no ha ordenado hacer el emplazamiento de los demandados por edictos, sino que apenas giró oficios a varias dependencias para que informen si en su base de datos existe algún domicilio de los demandados del juicio de origen. En ese contexto, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por el quejoso. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Sergio García Álvarez, contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el quinto. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde el Juez Cuarto Menor en Materia Civil del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales que remite en apoyo a su informe justificado la autoridad responsable en cita, consistentes en copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 356/2021. Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, con fundamento en lo que disponen los artículos 1°, 5°, 6°, 33, 35, 107, 108, 110, 112 y 116 de la Ley de Amparo en vigor y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por Sergio García Álvarez, contra actos del Juez Cuarto Menor en Materia Civil, con residencia en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número II-1134//2021. Con copia de la demanda de amparo, dese al agente del Ministerio Público Federal la intervención correspondiente, quien deberá asentar el acuse de recepción respectivo, lo anterior con fundamento en los artículos 5°, fracción IV y 110 de la Ley de Amparo. Sin que resulte necesario tramitar incidente de suspensión de los actos reclamados, en virtud de que dicha medida cautelar no fue solicitada por la parte quejosa. Para la celebración de la audiencia constitucional con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL ONCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDOS. De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe con justificación, que deberán rendir dentro del plazo de quince días, contado a partir de que reciba el oficio de notificación del presente auto, en el entendido de que en dicho informe deberá exponer las razones y fundamentos que considere pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos, debiendo acompañar en su caso, copia debidamente certificada de las constancias que avalen la existencia de los mismos y que soporten su emisión. Con fundamento en los artículos 117 de la Ley de Amparo y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, se autoriza a la autoridad responsable para que rindan su informe por vía fax al número telefónico 01 443 3 21 54 41, sin perjuicio de lo realicen enseguida mediante oficio que remitan a este juzgado por una sola ocasión, independientemente de que reciban el oficio por el que se les requiere el mismo en dos vías (telegráfica y posteriormente postal), ya que basta con atender la primera comunicación recibida. Asimismo, deberá rendir el informe justificado requerido con copia certificada de las documentales que justifique la constitucionalidad de los actos reclamados, tomando en consideración las siguientes directrices: 1. Si algunas de las fojas del expediente de origen se encuentran ilegibles o pierden su continuidad, en virtud de que así se encuentran en el mismo, aclare dicha circunstancia y señale el número de folio que corresponde a cada una de ellas; 2. En el caso de que las constancias sean legibles, pero las reproducciones que se obtengan de éstas no, deberá efectuar su transcripción con la indicación y folio correspondientes al remitirlas a este juzgado; y, 3. Observe que las copias que remita se encuentren debidamente ordenadas, atendiendo a su legibilidad, continuidad, orden cronológico y totalidad, o bien, realice las aclaraciones respectivas si así obran en el expediente a que pertenecen. En el entendido de que en caso de no rendir el informe en el tiempo y forma requeridos, se presumirán ciertos los actos reclamados respectivos, salvo prueba en contrario, de acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de que remitan el expediente original del que derivan los actos reclamados, es su obligación conservar testimonio autorizado íntegro del mismo, ya que en el supuesto de necesitarlo para realizar alguna actuación, este juzgado no podrá devolverlo por ser imprescindible para resolver el juicio de amparo y en su caso el recurso de revisión, por lo que queda bajo su responsabilidad obtener las copias conducentes para su resguardo. Asimismo, se requiere a la autoridad responsables para el efecto de que en su informe hagan del conocimiento de este juzgado si la parte quejosa o alguna otra persona ha promovido juicio de amparo indirecto relacionado con los actos reclamados o derivado del expediente de origen, informando el número de juicio y el Juzgado de Distrito a que corresponde, apercibidas que en caso de no hacerlo, de acuerdo con el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá un multa de manera individual, por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA). De conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no rendir su informe justificado o lo haga sin acatar las directrices que fueron trazadas con anterioridad, se harán acreedoras a una multa individual por siete mil trescientos cuatro pesos moneda nacional, equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa reciben. En términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en el supuesto de cesación de efectos de los actos reclamados o en caso de que se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber a este juzgado de manera inmediata, apercibidas que en caso de no hacerlo, de conformidad con el artículo 238, en relación con el diverso 251, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de manera individual por el equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA). Por otra parte, se informa a la autoridad responsable que no es necesario que acusen recibo de los oficios derivados del presente juicio, salvo que les sea solicitado expresamente y se les proporcione plazo específico para ello. Con apoyo en los numerales 9 y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, téngase como delegados a las personas que, en su caso, designe la autoridad responsable y por señalados los domicilios para recibir notificaciones que lleguen a designar en autos. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del numeral 79 del ordenamiento legal invocado), desde ahora se le apercibe, en el sentido de que en caso de que alguna autoridad responsable no exista en la denominación señalada en la demanda, mediante auto se suspenderá toda comunicación con la misma quedando fuera de juicio y en la audiencia constitucional que se celebre no se hará referencia a ésta, o bien, en la propia audiencia se hará el pronunciamiento respectivo sobre su inexistencia, sin que sea necesario realizar señalamiento alguno en la sentencia respecto de los actos reclamados que se le atribuyan, de acuerdo con los artículos 5°, fracción II y 108, fracción III, de la ley de la materia, interpretados en sentido contrario. Lo anterior, salvo prueba en contrario o que se corrija la denominación de la autoridad responsable relativa, previa vista que en su caso otorgue este juzgado, tomando en consideración que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta, así como al principio de economía procesal ya referido en párrafos precedentes. Por otro lado, se reserva proveer sobre la existencia de parte tercera interesada, hasta que obren en autos las documentales relativas a los actos reclamados, de donde se advierta a quién, en su caso, le asiste dicho carácter de acuerdo con el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad; asimismo señalando WhatsApp 4433906751 y correo electrónico sergio_firma.legal@hotmail.com. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. De conformidad con los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la autoridad responsable, así como a las que tengan el carácter de terceras interesadas, mediante oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente en relación con aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa, en el entendido de que las determinaciones diversas serán notificadas mediante lista que se publica en lugar visible de este juzgado, así como en la sección de servicios de la página electrónica institucional www.cjf.gob.mx consultable vía Internet. En tal virtud, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista de autos, lo cual constituye un sistema de notificación que se publica en Internet con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, y con apoyo además en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 49/2011. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por último, se exhorta a las partes para que realicen lo siguiente: 1. Obtengan su firma electrónica FIREL; se registren como usuarios de los Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; soliciten a este órgano jurisdiccional el acceso a este expediente y la práctica de notificaciones de manera electrónica y, en la medida de lo posible, realicen todas sus promociones por esa vía. 2. En relación con la autoridad responsable, se exhorta a los funcionarios públicos a rendir sus informes o cumplir sus requerimientos a través de la plataforma referida en el párrafo que antecede, tomando en consideración que en ocasiones la logística de su trabajo no lo permite, por lo que se les requiere para que en su caso, proporcionen a este órgano una dirección de correo electrónico a través de la cual se puedan mantener las comunicaciones oficiales y dirijan sus informes y demás solicitudes al correo institucional 7jdo11cto@correo.cjf.gob.mx; sin que lo anterior implique que se sustituya la facultad de este juzgado de solicitar, cuando el caso lo amerite, que la comunicación se realice de manera ordinaria. 3. Asimismo, para que la autoridad proporcione el nombre, cargo, teléfono fijo o móvil del servidor público que pueda fungir como enlace a efecto de instituir un vínculo de comunicación para las gestiones derivadas de la tramitación del presente asunto. 4. Deberán tomar en cuenta que la revisión de expedientes o la práctica de diligencias presenciales se encuentran restringidas, por lo que su asistencia al local que ocupa este juzgado deberá realizarse previa cita y la obtención del código QR, en los términos establecidos en dicho acuerdo (apartado denominado "Agenda OJ" en los Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación). 5. Continúen con la permanencia de medidas para evitar el contagio del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad denominada coronavirus (COVID-19). Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano