Sergio García Alcaraz
Expediente 730/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 730/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Sergio García Alcaraz
Actuaciones
- Principal
De la certificación que antecede así como del estado de autos, se advierte que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en que se desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. Por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado.
- Principal
Colima, Colima, quince de julio de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ******, contra actos del Titular de la Fiscalía General de Justicia en el Estado, y otras autoridades; por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16, 17 y 20 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro e Integración del expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, registrado con el número estadístico 730/2021-V. Por otra parte, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. Del análisis de la demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: El aseguramiento del vehículo *******, y su intención de entregarlo a la persona moral denominada ****** por conducto de su representante legal, ******, derivado de la carpeta de investigación ****** de la Mesa Única de Cuauhtémoc, Colima. La omisión de ejercer actos de investigación relacionados con la denuncia de robo radicada en la Mesa Cuarta de Detenidos en Colima, Colima, con el número de carpeta de investigación ******. Así, el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En este sentido, la regla contenida en dicho numeral, leída en sentido negativo, consiste en que cuando dos o más juicios no tienen una relación jurídica derivada en todo o en parte del mismo hecho, no existe justificación para tramitarlos conjuntamente, en consecuencia, debe decretarse su separación, porque, aun cuando en la ley de la materia, no se encuentre expresamente prevista la figura de la acumulación de juicios, ello no puede llevar a concluir que dos juicios constitucionales derivados de actos reclamados atribuidos a juicios diferentes deban sustanciarse en un mismo procedimiento, cuando no guardan relación entre sí. De lo que se colige que, para que sea procedente la separación de juicios, es requisito indispensable que en una misma demanda se reclamen actos desvinculados entre sí, de lo contrario habrán de resolverse en una misma sentencia evitando posibles contradicciones. Ahora bien, en el caso, se trata de dos actos reclamados originados de distintas carpetas de investigación, radicadas ante distintas autoridades, pues la primera se refiere a un acto relativo a la carpeta de investigación ****** mientras que el diverso corresponde a la ******; por lo que se trata de actos desvinculados entre sí, pues no se trata de asuntos relacionados; toda vez que en el primero se reclama el aseguramiento del vehículo ******, y su intención de entregarlo a la persona moral denominada ****** por conducto de su representante legal, ******, derivado de la carpeta de investigación ******de la Mesa Única de Cuauhtémoc, Colima; mientras el segundo acto consiste en la omisión por parte del Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Cuarta de Detenidos de Colima, Colima, de ejercer actos de investigación relacionados con la denuncia de robo, en la carpeta de investigación ******; en esas circunstancias, se debe de dar trámite al juicio respecto de los actos reclamados de manera separada. Por lo que, con fundamento en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se procede a la separación de juicios, los cuales se harán en dos juicios, toda vez que el quejoso reclama: 1) El aseguramiento ordenado por el agente del Ministerio Público de la Mesa Única de Cuauhtémoc, Colima, en la carpeta de investigación ******, respecto al vehículo ******, serie ******, placas de circulación ******, y su intención de entregarlo a la persona moral denominada ****** por conducto de su representante legal, ******; y, 2) La omisión del Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Cuarta de Detenidos de Colima, Colima, de ejercer actos de investigación relacionados con la denuncia de robo, que dio origen a la carpeta de investigación ******; en esas circunstancias, se debe de dar trámite al juicio respecto de los actos reclamados de manera separada. Consecuentemente, se determina que en este juicio se analice el acto reclamado consistente en el aseguramiento del vehículo marca ******, serie ******, placas de circulación ******, y su intención de entregarlo a la persona moral denominada ****** por conducto de su representante legal, ******, derivado de la carpeta de investigación 449/2019 de la Mesa Única de Cuauhtémoc, Colima. Atento a lo anterior, remítase un juego de copias fotostáticas certificadas de todo lo actuado en el presente juicio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, a fin de que sea debidamente returnada la demanda contra los actos consistente en: La omisión por parte del Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Cuarta de Detenidos de Colima, Colima, de ejercer actos de investigación relacionados con la denuncia de robo, contenida en la segunda carpeta de investigación ******. Como se precisó con antelación, la parte quejosa señala en su demanda de amparo como acto reclamado: El aseguramiento del vehículo marca ******, serie ******, placas de circulación ******, y su intención de entregarlo a la persona moral denominada ****** por conducto de su representante legal, ******, derivado de la carpeta de investigación ****** de la Mesa Única de Cuauhtémoc, Colima. En el caso particular este órgano jurisdiccional considera que la demanda es improcedente al actualizarse en forma evidente, la causa de improcedencia prevista en la hipótesis normativa que señala la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los numerales 133, fracción I, 229, 231, fracción III, 241 y 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, si bien no dispone de manera específica un motivo manifiesto que vuelva improcedente el juicio de amparo, si estatuye el fundamento de las causas que bien pueden derivar de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo. Al respecto, es necesario precisar que el acto reclamado se rige por el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece en sus artículos 133, fracción I, 229, 231, fracción III, y 246, que tal acto es materia de conocimiento del Juez de Control, autoridad facultada para devolver a la persona que acredite o demuestre derechos sobre los bienes que no estén sometidos a decomiso, aseguramiento, restitución o embargo, inmediatamente después de realizar las diligencias conducentes. En principio, conviene establecer para el estudio de la causa de improcedencia, el contenido del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, El artículo constitucional antes citado establece que los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial. Por su parte, los artículos 133, fracción I, 229, 231, fracción III, y 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo 231. Notificación del aseguramiento y abandono El Ministerio Público deberá notificar al interesado o a su representante legal el aseguramiento del objeto, instrumento o producto del delito, dentro de los sesenta días naturales siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición, según sea el caso, una copia del registro de aseguramiento, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Las autoridades deberán devolver a la persona que acredite o demuestre derechos sobre los bienes que no estén sometidos a decomiso, aseguramiento, restitución o embargo, inmediatamente después de realizar las diligencias conducentes. En todo caso, se dejará constancia mediante fotografías u otros medios que resulten idóneos de estos bienes. Esta devolución podrá ordenarse en depósito provisional y al poseedor se le podrá imponer la obligación de exhibirlos cuando se le requiera. Dentro de los treinta días siguientes a la notificación del acuerdo de devolución, la autoridad judicial o el Ministerio Público notificarán su resolución al interesado o al representante legal, para que dentro de los diez días siguientes a dicha notificación se presente a recogerlos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, los bienes causarán abandono a favor de la Procuraduría o de las Entidades federativas, según corresponda y se procederá en los términos previstos en este Código. Cuando se haya hecho constar el aseguramiento de los bienes en los registros públicos, la autoridad que haya ordenado su devolución ordenará su cancelación". De los numerales transcritos se advierte que, el aseguramiento de los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, asegurados durante el desarrollo de la investigación, es susceptible de impugnarse ante el Juez de Control, ya que establece en forma clara, que es a esta autoridad jurisdiccional a quien le corresponde determinar si es correcta dicha medida -aseguramiento-, así como el instruir a la autoridad ministerial a su devolución, conforme a lo dispuesto por el artículo 16 constitucional. Por lo cual, con motivo de lo antes expuesto y al no advertirse que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, ocasione una afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa, se desecha de plano la demanda de amparo, al actualizarse en forma evidente la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los numerales 133, fracción I, 229, 231, fracción III, y 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin que el anterior pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Intervención de autorizados Sin que haya lugar a tener a la parte quejosa designando como sus autorizados en términos amplios que prevé el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******, toda vez que no señaló los datos correspondientes para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de dicho numeral; es decir, el número de su cédula profesional federal o del registro único a que se refiere el Título Octavo denominado "Registro Único de Profesionales del Derecho", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, el cual fue reformado por diverso publicado en ese medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce. Por lo anterior, se tiene a dichas personas únicamente como autorizados en términos restringidos del artículo 12, segundo párrafo, en relación con el diverso 24 ambos de la ley de la materia; esto es, para oír notificaciones e imponerse de autos. Notificación electrónica Con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones de carácter personal se hagan vía electrónica, en el entendido de que las partes que así lo solicitan quedaran sujetas a las reglas que establecen los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo; esto es, cuando la parte notificada no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos). Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), del rubro: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO". Asimismo, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta del expediente vía electrónica con el usuario que indicó en su misiva. Habilitación de días y horas inhábiles En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Exhorto a las partes Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo. Información pública Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Notifíquese en términos de ley.
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