Sergio Galicia Romero y Otros.
Expediente 1609/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1609/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/10/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Sergio Galicia Romero y Otros.
Actuaciones
- Principal
De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo en el cual se desechó la demanda de amparo, sin que el promovente lo haya hecho valer; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS AL QUEJOSO INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, A TRAVÉS DE SU APODERADO LEGAL DAVID URIEL RIVERA JIMÉNEZ, EL ACUERDO QUE DICE: Con la demanda de amparo que promueve el Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz, a través de su apoderado legal David Uriel Rivera Jiménez, contra actos de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 1609/2015 que le corresponde. PROPUESTA DEMOSTRATIVA Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte la actualización manifiesta e indudable de una causa de improcedencia, que conlleva al desechamiento de plano de la demanda de amparo, como se explica a continuación. HIPÓTESIS NORMATIVAS. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. En el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, como a continuación se expone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)." "Artículo 107. El amparo indirecto procede (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)." El primero de los artículos, refiere que el juicio de amparo es improcedente, en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley; por su parte, el segundo artículo dispone, en su fracción relativa, que procederá el juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio, limitativamente cuando exista una afectación a los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales de los que sea parte el Estado Mexicano. Así, una interpretación a contrario sensu del artículo indicado en segundo término, permite establecer que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro del juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución imposible reparación. Cabe destacar que esta última disposición establece que por dichos actos de imposible reparación se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.", con lo cual el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas; es decir, el legislador secundario dispuso diversas condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva; por lo que la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados dentro de juicio solamente opera cuando se afecten materialmente derechos sustantivos. Tienen aplicación al caso, las tesis siguientes: Registro No. 2006589 Localización: Décima Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación 06 de junio de 2014. Tesis: P. /J. 37/2014 Jurisprudencia Materia(s): Común "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Época: Octava Época Registro: 205810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, Mayo de 1991 Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/91 Página: 25 "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICION, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACION. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo." Época: Décima Época Registro: 2003222 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3 Materia(s): Común Tesis: XVI.P.1 K (10a.) Página: 2040 "AMPARO INDIRECTO. EL HECHO DE QUE EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYA UNA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO DE PRIMERA INSTANCIA NO ES MOTIVO PARA QUE, A PRIORI, SE DESECHE DE PLANO LA DEMANDA RELATIVA POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA, PUES DEBE ATENDERSE A SI LOS EFECTOS DE AQUÉLLA SON O NO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la jurisprudencia P./J. 17/91 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, mayo de 1991, página 25, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.", se colige que no en todos los casos donde se reclame una resolución que ordena reponer el procedimiento de primera instancia, el juicio de amparo es improcedente, pues habrá ocasiones en donde esa determinación sí afecte derechos sustantivos consagrados en la Constitución, no reparables en sentencia definitiva. Ahora, para que el juzgador de amparo esté en posibilidades de estimar si la sentencia de segunda instancia que ordena la reposición afecta o no de forma irreparable derechos sustantivos del quejoso, y así determinar su procedencia, debe examinar, en cada caso concreto, las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada. En ese sentido, el hecho de que el acto reclamado lo constituya dicha resolución no es motivo para que, a priori, se deseche de plano la demanda de amparo indirecto por causa notoria y manifiesta de improcedencia, con base en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, pues la proposición relativa debe establecerse como resultado del estudio que se haga en vista de los informes de la autoridad responsable y de las pruebas que rindan las partes, pues es obvio que sólo en presencia de tales elementos podrá saberse si realmente es o no improcedente el amparo, es decir, debe atenderse a si los efectos de esa determinación son o no de ejecución irreparable. HECHOS En el caso, del análisis de la demanda, se deduce que el acto reclamado consiste en la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil quince, dictada en el toca 147/2015 del índice de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante la cual revocó el auto de sobreseimiento dictado en el juicio administrativo 54/2015//II de la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, ordenando la reposición del procedimiento, para el efecto de llevar a cabo la secuela procesal en el juicio de origen. CONCLUSIÓN De lo anterior se concluye respetuosamente que los actos aquí reclamados, por su naturaleza y carácter procesal, no constituyen actos de imposible reparación, pues la cuestión de formalidad con que están relacionados no afecta directamente algún derecho sustantivo del quejoso reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en tratado internacional signado por el Estado Mexicano. Lo anterior, porque la determinación de revocar la resolución de primera instancia, para el efecto de reponer el procedimiento para el efecto de que se lleve a cabo la secuela procesal, no traería como consecuencia necesaria que obtendrá una resolución desfavorable a sus intereses, aunado a que, en su caso, el perjuicio que haya sufrido pudiera ser reparado en la sentencia que se dicte en el juicio de origen. En consecuencia, procede declarar actualizada de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada y DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se faculta como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica al promovente, con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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