Sergio Figueroa Velázquez y Otros.

Expediente 123/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
123/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
06/10/2023

Partes del expediente

  • Sergio Figueroa Velázquez
  • Ramses Alejandro González Lugo y Otros.
  • Sergio Figueroa Velázquez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, seis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de tres de febrero de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda que dio origen al presente expediente; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otro lado, visto lo actuado dentro del presente sumario, del que se advierte que a la fecha se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto: No es de relevancia documental, conforme a lo establecido en el artículo 15 del citado acuerdo. Es destruible, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20, fracción IV del citado Acuerdo General, razón por la que, trascurrido el plazo de tres años ahí establecido, deberá destruirse y remitirse el acta de baja documental que acredite dicha circunstancia a la Dirección General de Archivo y Documentación. Lo anterior, hágase constar en la carátula del presente expediente, en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del numeral 34 del citado acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro electrónico de Gobierno, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    En razón de que La parte quejosa Licenciado JUVENTINO ROSAS ACEVES en cuanto Defensor Público de los quejosos SERGIO FIGUEROA VÁZQUEZ y otros, no comparecieron ante este juzgado, dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se le dejó en el domicilio señalado en autos, el siete de febrero del año en curso; ni tampoco agotó el procedimiento para ingresar al juzgado a notificarse o bien a ponerse de acuerdo con el Actuario para que le notificara, por lo que se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de tres de febrero del presente año, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado. PROVEIDO QUE DICE: Uruapan, Michoacán, tres de febrero de dos mil veintitrés. Agréguense a sus autos para que obre como legalmente corresponde, los oficios 770/2023 signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, mediante el cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada el diecinueve de enero del presente año, dentro del recurso de queja 251/2022 interpuesto por el quejoso Eddy Alberto Rodríguez Arévalo; acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, la Superioridad en lo conducente resolvió: "...ÚNICO. Es fundado el recurso de queja...". Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales correspondientes. Respecto del cuaderno de copias relativas al presente expediente, por ser una reproducción de éste destrúyanse. En tales condiciones, en acatamiento a lo resuelto por la superioridad en ejecutoria dictada el diecinueve de enero del presente año, del recurso de queja 251/2022, se deja sin efectos el acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintiuno y se provee lo siguiente: RECEPCIÓN DE INCOMPETENCIA. Se tiene por recibido el oficio 32930/2020 signado por el Juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, mediante el cual remite la demanda promovida por María Griselda Estrada López en favor de Sergio Figuera Velázquez y otros; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, del contenido del auto de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, dentro del juicio de amparo indirecto 582/2020-III, se advierte que dicho órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por María Griselda Estrada López en favor de Sergio Figuera Velázquez y otros, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado que deriva de la presente demanda de amparo tendrá una ejecución material dentro del territorio donde este juzgado tiene su jurisdicción. ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA. En términos de señalado por el órgano jurisdiccional, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, se avoca al conocimiento del escrito inicial que se toma como demanda de amparo, instada por María Griselda Estrada López en favor de Sergio Figuera Velázquez y otros, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán y otra autoridad. Ahora, vista la demanda de amparo presentada por María Griselda Estrada López en favor de Sergio Figuera Velázquez y otros, contra actos que atribuye al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", ubicado en Buenavista Tomatlán, Michoacán y otra autoridad; toda vez que la demanda de amparo fue turnada a este Juzgado de Distrito. Asimismo, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa a Sergio Figuera Velázquez, como representante común de los promoventes del amparo. DESECHAMIENTO. Ahora, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. En este juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Así, en ese supuesto normativo se prevé el principio de definitividad del juicio de amparo, que consistente en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, el juicio, los recursos o medios de defensa legales y que puedan conducir a la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada, acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. Principio de definitividad que el quejoso debió observar frente a los actos reclamados consistentes en la omisión y negación sistémica de atención médica a los quejosos, ya que contra ello procede el instrumento legal establecido en los artículos 24, 107 al 117, 122, 124, 125, 138 y 139 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, vigentes a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Lo anterior, se estima así pues dicho sistema normativo en su artículo 109, tiene por objeto subsanar la afectación a las condiciones de vida diga y segura en reclusión, lo que se traduce en modificar, revocar o nulificar el acto u omisión de la autoridad penitenciara, que como en el caso trascienda a las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad, sea en prisión preventiva o en la ejecución de la sanción de prisión, pues así se desprende del ámbito de aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, contenido en su artículo 1. En efecto, del contenido del artículo 24 de la referida ley de ejecución, en lo que interesa se desprende que el legislador habilitó al Poder Judicial de la Federación y Poderes Judiciales de las Entidades Federativas, para resolver las controversias con motivo de su aplicación, con los límites territoriales y jurisdicción expresamente ahí señalados. Además, de los diversos 107 al 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se colige lo siguiente: 1. Que las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciara contra los hechos, actos u omisiones relacionados con las condiciones de internamiento. 2. Las peticiones tendrán como finalidad que la autoridad penitenciara resuelva si existió o no una afectación a las condiciones de vida digna y en su caso subsanarla. 3. Si la determinación administrativa es contraria a los intereses del peticionario, éste podrá controvertirla ante el Juez de Ejecución o de Control (en caso de que se encuentre sujeto al nuevo sistema de justicia penal), el Juez de su causa (si está siendo procesado) o el Juez de Ejecución a cuya disposición se encuentre interno (si ya está sentenciado). 4. Si la petición no es resuelta en el término de cinco días, el promovente podrá demandar dicha omisión ante el Juez de Ejecución. 5. En casos urgentes, el afectado podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución a plantear la petición, caso en el que el órgano jurisdiccional suspenderá el hecho que motivó la petición hasta en tanto resuelva en definitiva, ordenando incluso que las autoridades administrativas realicen las acciones necesarias a fin de los actos cesen o dejen de existir, con lo cual quedan tutelados los derechos de la persona privada de la libertad, aún en los casos de mayor gravedad, en que incidan en su esfera jurídica las condiciones de internamiento. 6. Que los Jueces de Ejecución conocerán de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y las relacionadas con ellas. 7. Que para la controversia ante el Juez de Ejecución, constituye un requisito indispensable que se haya agotado la petición administrativa. De lo anterior, se advierte que con la entrada en vigor del Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad (como el agraviado) ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones ágil y eficaz, en el cual pueden hacer valer los derechos atinentes a las condiciones de su internamiento, como lo es la omisión y negación sistémica de atención médica a los quejosos; adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional. Por tanto, si el quejoso acude en demanda de la protección constitucional a efecto de controvertir actos atribuidos a las autoridades directivas del centro de reclusión donde esta interno, mismos que se vinculan con las condiciones de su estancia en él (la omisión y negación sistémica de atención médica a los quejosos), es claro que resulta aplicable el medio defensa establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces, es preciso concluir que la parte quejosa no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, pues previo a su interposición, de ser un caso urgente, debió acudir ante el juez de la causa o ejecución para plantear su petición; y de tratarse de condiciones de internamiento no urgentes, debió acudir ante la autoridad penitenciaria a formular su petición y en caso de no serle favorable o no se le responda, plantear la controversia ante el Juez de la causa o ejecución, lo que le permitiría acceder a una serie de medidas de protección y mecanismos legales de corrección en el ámbito de la justicia ordinaria; de modo que al no hacerlo así, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y ello, a su vez de conformidad con la fracción V, del diverso 63 del mismo ordenamiento, provoca desechar el presente juicio de amparo; máxime que no existe la posibilidad de que el ofrecimiento y recepción de pruebas, pueda cambiar la presentación que antecede, pues la causal de improcedencia invocado no se apoya en aspectos fácticos, sino que deriva de la propia ley que regula el medio de impugnación ordinario. No se soslaya que en el caso pudiera estimarse que se actualiza alguna de la excepción al principio rector en estudio, sin embargo, de los artículos 115 a 117, 122 y 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se estima que no es así, como enseguida se expondrá. Esto es, porque de la lectura de dichos preceptos se desprende que las personas privadas de su libertad, podrán acudir directamente al Juez de la causa o ejecución, cuando se trate de peticiones urgentes, quien oficiosamente suspenderá el hecho o acto de se trate, junto con sus efectos, hasta en tanto resuelva en definitiva el planteamiento formulado, además, si se trata de omisiones será la autoridad jurisdiccional quien estará facultada para conocer de las cuestiones relacionadas con las condiciones de internamiento, para lo cual determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciara; asimismo, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte ordenara la suspensión del acto motivo de la controversia si lo considera pertinente; previsiones que se estiman en términos similares a los fija la Ley de Amparo para la suspensión. Luego, si el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal establece una previsión para suspender los actos controvertidos, con los mismos alcances y sin mayores requisitos que la Ley de Amparo, es evidente no opera la excepción al principio de definitividad, por lo que no existe impedimento para desechar en este juicio, en los términos anotados. Asimismo, se destaca que lo expuesto tiene sustento, además, en la ejecutoria dictada el seis septiembre de dos mil dieciocho, por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, al resolver el amparo en revisión 146/2018. Bajo ese cúmulo de ideas, es inconcuso que se está en presencia de una causal de improcedencia del juicio de garantías que se actualiza de modo manifiesto e indudable, como lo es la prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo; y, por ende, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS, de conformidad con lo dispuesto por el diverso numeral 113, de dicho ordenamiento legal. NOTIFICACIÓN A LOS QUEJOSOS. En ese sentido, tomando en consideración que el quejoso directo Sergio Figuera Velázquez por sí y en cuanto representante de los quejosos directos, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social, numero Diecisiete "CPS" Michoacán, se comisiona a la actuaria o actuario de la adscripción para que realice lo siguiente: Se constituya en el Centro Federal de Readaptación Social, número 17 "CPS" Michoacán y notifique al quejoso Sergio Figuera Velázquez, por sí y en cuanto representante de los quejosos directos el presente proveído. Se exhorta a las partes. Se exhorta a las partes, a que de ser posible continúen la tramitación del caso, mediante el esquema de juicio en línea, conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde éste momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. De conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a la parte quejosa en el lugar de su reclusión y al licenciado Juventino Rosas Aceves, Defensor Público Federal del Quejoso.

  3. Principal

    Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde el oficio 8022/2022, firmado por el Actuario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, a través del cual transcribe el acuerdo de catorce de diciembre del año en curso, dictado por el Magistrado Presidente de ese Tribunal, dentro del recurso de queja 251/2022; por el que acusa recibo del comunicado 19025 del índice de este órgano jurisdiccional; y hace del conocimiento de este juzgado que se admitió el recurso de queja hecho valer por el quejoso en contra del acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, se solicita a este juzgado que ponga disponible el expediente relativo al juicio de amparo subyacente para efecto de que ese tribunal vincularlo al expediente en que actúa; o de lo contrario, informe el impedimento que tenga para ello. En relación con dicha petición, se ordena a la funcionaria encargada del SISE que otorgue los permisos correspondientes en el sistema. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma la Jueza Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, Licenciada ESTHELA PEDROZA DÍAZ, quien actúa con la licenciada Sindy Yasmín Morales Clemente, Secretaria que autoriza y da fe, quien, además, certifica que este auto se autorizó vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con las FIREL del personal actuante. Doy fe.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio 7938/2022 que remite el Actuario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, mediante el cual, por las razones que asienta, informa que el recurso de revisión 351/2022 ha quedado sin materia, toda vez que al tenor de lo señalado por Eddy Alberto Rodríguez Arévalo, inexiste su voluntad para la promoción de ese medio de impugnación, asimismo, ordena dar curso al medio de impugnación efectivamente interpuesto por el quejoso recurrente, que en la especie, es la queja. Información de la que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

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