Sergio Fernando Bueno Gamez

Expediente 544/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
544/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
13/09/2021

Partes del expediente

  • Sergio Fernando Bueno Gamez
  • Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicho auto ha causado estado. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Vistas las constancias que integran el juicio en que se actúa, de las que se aprecia el informe justificado rendido por la autoridad responsable, Junta Especial Número Tres, de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, del cual se desprende que dicha autoridad hace de conocimiento de este juzgado, que el cinco de agosto del dos mil veintiuno, el actor Sergio Fernando Bueno Gámez, aquí quejoso, compareció ante dicho tribunal a desistirse de la demanda interpuesta en contra de la parte demandada, en el juicio laboral 3/20/0277, motivo por el cual en la misma fecha se ordenó el archivo del referido expediente. Como apoyo a su informe, la autoridad responsable remitió copias certificadas de algunas actuaciones que integran el juicio laboral 3/20/0277; documentales públicas a las que se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo el párrafo segundo del artículo 2º de este último ordenamiento legal, toda vez que de que de las mismas se aprecia el auto de cinco de agosto del dos mil veintiuno, en el cual se tuvo al directo quejoso por desistido del juicio laboral y se ordenó el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido. Sirven de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora bien, del escrito inicial de demanda de amparo, se advierte que el directo quejoso por conducto de su apoderado legal, reclamó de la autoridad señalada como responsable lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- De la autoridad señalada como responsable se reclama la omisión de la sustanciación del juicio en los términos previstos por los artículos 685, 873, 874, 875, 878, 879 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo y 17 Constitucional." En esa tesitura, es inconcuso que para el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". Cabe puntualizar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que han cesado los efectos del acto reclamado cuando todas sus consecuencias han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, es decir, que el acto que hubiere invadido la esfera jurídica del particular no deje huella alguna. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De igual manera apoya a lo anterior por identidad de razón, la jurisprudencia III.2o.C. J/22, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 1579, del tomo XXIII, Febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de tenor literal: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Asimismo, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que se sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace la misma. Bajo esta óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad del acto que ya que no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, al haberse restituido al impetrante de amparo en el goce de la garantía individual violada. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicha causa de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la actuación de la autoridad responsable y de las constancias exhibidas relativas al juicio laboral 3/20/0277, de las que se advierte que el cinco de agosto de dos mil veintiuno, compareció la parte actora aquí quejosa, ante la autoridad laboral, y manifiesto que en ese acto y por convenir a sus intereses, se desistía lisa y llanamente de la demanda y acciones entabladas en contra de todos y cada uno de los demandados en el referido juicio laboral o quien resulte responsable de la fuente de trabajo; por lo que, la junta responsable tuvo a dicha parte actora desistiéndose del aludido juicio laboral y ordenó archivar como asunto total y definitivamente concluido el expediente laboral 3/20/0277. De lo anterior se colige que han cesado los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión de la responsable de sustanciar el juicio laboral en los términos previstos en la Ley Federal del Trabajo. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, a foja doscientos diez, novena época, cuyo contenido es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En razón de lo antes expuesto, resultaría ocioso y retardatario en la impartición de la justicia, contrario al espíritu que anima al artículo 17 Constitucional, esperar hasta el día de la audiencia constitucional para sobreseer en el presente juicio; por lo que, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de derechos fundamentales. Tiene aplicación al particular la Contradicción de tesis aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como consecuencia de lo antes determinado, se deja sin efectos la audiencia constitucional que habría de tener verificativo a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de agosto del dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Vistas las constancias que integran el juicio en que se actúa, de las que se aprecia el informe justificado rendido por la autoridad responsable, Junta Especial Número Tres, de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, del cual se desprende que dicha autoridad hace de conocimiento de este juzgado, que el cinco de agosto del dos mil veintiuno, el actor Sergio Fernando Bueno Gámez, aquí quejoso, compareció ante dicho tribunal a desistirse de la demanda interpuesta en contra de la parte demandada, en el juicio laboral 3/20/0277, motivo por el cual en la misma fecha se ordenó el archivo del referido expediente. Como apoyo a su informe, la autoridad responsable remitió copias certificadas de algunas actuaciones que integran el juicio laboral 3/20/0277; documentales públicas a las que se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo el párrafo segundo del artículo 2º de este último ordenamiento legal, toda vez que de que de las mismas se aprecia el auto de cinco de agosto del dos mil veintiuno, en el cual se tuvo al directo quejoso por desistido del juicio laboral y se ordenó el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido. Sirven de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora bien, del escrito inicial de demanda de amparo, se advierte que el directo quejoso por conducto de su apoderado legal, reclamó de la autoridad señalada como responsable lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- De la autoridad señalada como responsable se reclama la omisión de la sustanciación del juicio en los términos previstos por los artículos 685, 873, 874, 875, 878, 879 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo y 17 Constitucional." En esa tesitura, es inconcuso que para el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". Cabe puntualizar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que han cesado los efectos del acto reclamado cuando todas sus consecuencias han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, es decir, que el acto que hubiere invadido la esfera jurídica del particular no deje huella alguna. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De igual manera apoya a lo anterior por identidad de razón, la jurisprudencia III.2o.C. J/22, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 1579, del tomo XXIII, Febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de tenor literal: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Asimismo, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que se sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace la misma. Bajo esta óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad del acto que ya que no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, al haberse restituido al impetrante de amparo en el goce de la garantía individual violada. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicha causa de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la actuación de la autoridad responsable y de las constancias exhibidas relativas al juicio laboral 3/20/0277, de las que se advierte que el cinco de agosto de dos mil veintiuno, compareció la parte actora aquí quejosa, ante la autoridad laboral, y manifiesto que en ese acto y por convenir a sus intereses, se desistía lisa y llanamente de la demanda y acciones entabladas en contra de todos y cada uno de los demandados en el referido juicio laboral o quien resulte responsable de la fuente de trabajo; por lo que, la junta responsable tuvo a dicha parte actora desistiéndose del aludido juicio laboral y ordenó archivar como asunto total y definitivamente concluido el expediente laboral 3/20/0277. De lo anterior se colige que han cesado los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión de la responsable de sustanciar el juicio laboral en los términos previstos en la Ley Federal del Trabajo. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, a foja doscientos diez, novena época, cuyo contenido es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En razón de lo antes expuesto, resultaría ocioso y retardatario en la impartición de la justicia, contrario al espíritu que anima al artículo 17 Constitucional, esperar hasta el día de la audiencia constitucional para sobreseer en el presente juicio; por lo que, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de derechos fundamentales. Tiene aplicación al particular la Contradicción de tesis aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como consecuencia de lo antes determinado, se deja sin efectos la audiencia constitucional que habría de tener verificativo a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de agosto del dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, trece de agosto de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguense a sus autos para que obren como legalmente corresponda. Así, atento al contenido del oficio que signa la autoridad, Presidente de la Junta Especial Número Tres, de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, téngasele rindiendo su informe justificado, mismo que se pone a la vista de las partes a fin de que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación del mismo como de la documental que anexa al momento de celebrar la audiencia constitucional; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo. N o t i f í q u e s e. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado quien autoriza y da fe. Doy fe.

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