Sergio Fernández Saucedo
Expediente 2315/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 2315/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 15/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Sergio Fernández Saucedo
Actuaciones
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- Principal
En quince de febrero de dos mil dieciséis, la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, transcurrió del veintiocho de enero al doce de febrero del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinticinco de enero de dos mil dieciséis, en el juicio de amparo 2315/2015.- DOY FE. En la misma fecha, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez con la certificación que antecede, así como con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a quince de febrero de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, y la certificación asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que se interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinticinco de enero del año en curso, en la que se sobreseyó el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente principal como el cuaderno original del incidente de suspensión SÍ SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, en razón de que en relación al primero se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y en el segundo se negó la suspensión definitiva; además de que este Juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico que amerite su conservación; en atención a ello, glósese al principal el original del incidente. Asimismo, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Ajc.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 2315/2015, estando en audiencia pública la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Secretario en funciones de Juez de Distrito designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha Comisión, asistida de la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia de las partes ni de persona alguna que legalmente las represente. Acto seguido, la Secretaria da cuenta con el escrito registrado bajo el número 1375, signado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación Mixta del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, por el cual rinde su informe justificado; así como con el pedimento registrado bajo el número 1452, signado por el Agente del Ministerio Público de la adscripción, por el cual formula alegatos. Asimismo, se da cuenta con el proveído de trece de enero de dos mil dieciséis, del cual se advierte que se tuvo por inexistente a la autoridad señalada como responsable y que nombrara la parte quejosa como Subdelegado de la Procuraduría General de Justicia, con sede en Fresnillo, Zacatecas. A lo que la Secretaria encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, acuerda: provéase lo procedente en la etapa respectiva. Enseguida, la Secretaria da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, en aplicación a la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, la Secretaria encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por rendido el informe justificado de las autoridades responsables Procuradora General de Justicia del Estado y Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación Mixta del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas; en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor. En el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, se da cuenta con las documentales que la parte quejosa ofreció en su escrito inicial. Al respecto, la Secretaria encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria en consulta, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia y especial naturaleza, las pruebas ya relacionadas. En el período de alegatos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, se da cuenta con los formulados por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en su pedimento de cuenta, el cual se tiene por reproducido en obvio de repeticiones innecesarias; y, al no existir más alegatos para ser tomados en cuenta, se cierra este período. No existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente Acta en términos del artículo 124, de la Ley de Amparo vigente y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 2315/2015; y, RESULTANDO 1°. Sergio Fernández Saucedo, por su propio derecho, el veintitrés de diciembre de dos mil quince, presentaron en la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, demanda de amparo indirecto contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación Mixta del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas y otra autoridad; que hizo consistir en lo siguiente: "Orden ilegal de desposesión y retención ilegal de un vehículo de mi legítima propiedad, respecto de un vehículo marca Ford modelo 1997 pick up extranjera y del cual he sido víctima de desposesión y retención, sin media juicio alguno como lo indica nuestra constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes civiles aplicadas al caso concreto derivadas de las garantías constitucionales que invoco, siendo éste un acto ilegal a todas luces, ya que alegan que es robado sin serlo ya que lo compré de buena fe y a personas honorables dedicadas a su trabajo". 2°. La demanda de garantías se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; y en proveído de veinticuatro de diciembre de dos mil quince, se admitió a trámite; se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y, se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en términos de la presente Acta, que forma parte integral de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O I. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo en vigor y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia para conocer de este asunto, se sustenta en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004 . En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: a). La orden de desposesión y retención de un vehículo tipo camioneta, marca Ford, modelo 1997, pick up extranjera, con placas ZE34436. II.2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción de los mismos, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LOGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II. 2. 1. Inexistencia: La autoridad señalada como responsable Procuradora General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó expresamente la existencia del acto que se le atribuye; sin que el quejoso hubiera aportado prueba alguna para desvirtuar su negativa. En ese contexto, al no haberse demostrado la existencia de los actos reclamados en el presente juicio de garantías, lo procedente es decretar el sobreseimiento, con apoyo en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Al respecto es aplicable la tesis del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". De la misma manera sirve de apoyo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". II. 2. 2. Certeza: El Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación Mixta del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas al rendir su informe justificado, no reconoció la existencia del acto que se le atribuye, Sin embargo, ante tal manifestación se tiene como cierto el acto que se le reclama a la citada autoridad, toda vez que de las constancias que anexó a su informe justificado, manifiesta que el doce de octubre de dos mil quince fue puesto a su disposición para investigación el vehículo tipo camioneta, marca Ford, modelo 1997, pick up extranjera, con número de serie 1FTDX1769VKB54652, con placas ZE34436 por los elementos de la Policía Federal, en virtud de que dicho vehículo cuenta con reporte de robo vigente en el Estado de Durango bajo el número de averiguación previa 04305/2012 de fecha trece de noviembre de dos mil doce, y que por esa razón dicho vehículo continua asegurado, hasta en tanto se pueda determinar su destino legal. Además, la citada autoridad responsable acompañó constancias certificadas relativas al acto reclamado por el quejoso consistente en el Informe Policial de Puesta a disposición número 421/2015, así como constancia impresa del Sistema Nacional de Seguridad Pública del que se advierte que el vehículo NIV 1FTCR14A1RTA13752 cuenta con reporte de robo, así como el dictamen en materia de identificación vehículos, emitido por el licenciado José Antonio Ortega Muñoz, perito en Identificación de Vehículos Automotores de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Nueva Ley de Amparo, según lo dispone el artículo 2° de esta última legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226 del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del Juicio de Amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, este Juzgado de Distrito de manera oficiosa considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII en relación con el 5°, fracción I, párrafo primero IV, ambos de la Ley de Amparo vigente. En efecto, los artículos 61, fracción XII y 5°, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." y "Artículo Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Conforme a tales preceptos, debe precisarse que por interés jurídico debe entenderse el derecho que le asiste a un particular para reclamar en un juicio de amparo algún acto que es violatorio de garantías individuales que afecta sus derechos sustantivos protegidos por las normas legales. Por ello, quien resiente esa lesión, es el único legitimado para ejercer tal derecho ante los Tribunales Federales. Sobre el tema, es de invocarse la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO.- De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." Así como la diversa jurisprudencia siguiente del texto literal: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE.- El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Así pues, el interés jurídico para promover el juicio debe derivar directamente de los efectos que produce, en la esfera jurídica del gobernado, la emisión del acto reclamado, pues sólo la existencia de una afectación directa e inmediata en los derechos del quejoso, la faculta a impugnar las violaciones que a su criterio genera el mencionado acto así como, en su caso, el proceso que le dio origen; de manera tal que no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa cuestión se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad, para que realice determinada conducta o se abstenga de la misma; por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, que por el solo hecho de serlo, pretenda que las leyes se cumplan. Por consiguiente, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación, por parte de la autoridad responsable. Ahora bien, procede evidenciar, por qué el acto reclamado, a saber, la retención de un vehículo tipo camioneta, marca Ford, modelo 1997, pick up extranjera, con placas ZE34436, no afectan la esfera de interés jurídico de la parte quejosa. En principio, el Agente del Ministerio Público Especializado en la Investigación de Robo de Vehículo del distrito judicial de la capital al rendir su informe justificado anexó copia certificada del Informe Policial de Puesta a disposición número 421/2015, suscrito por elementos de la Policía Federal, en el que describen los hechos suscitados el doce de octubre de dos mil quince, aproximadamente a las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos, y en el que tuvo participación el vehículo tipo camioneta, marca Ford, modelo 1997, pick up extranjera, con placas ZE34436, conducido por Sergio Fernández Saucedo, quien se identificó con licencia para conducir. Asimismo, los citados elementos federales expresaron en el citado informe policial: ".al realizar una inspección en los números de identificación vehicular (VIN), en el tablero, así como el de la calcomanía ubicada en el marco derecho de la cabina siendo el número 1FTDX1769VKB54652 y al verificar el código de barras que presenta la calcomanía, el lector VIN SCANNEER arrojó el número de serie 1FTCR14A1RTA13752, el cual corresponde a un vehículo tipo pick up, marca Ford, modelo 1994, de igual forma al realizar la inspección en el número de serie confidencial el cual se encuentra en la parte superior del chasis a la altura del asiento del acompañante nos percatamos de que se encuentra alterado con esmeril y borrado en su totalidad. Solicitando al centro de comunicaciones de la subestación Río Grande, investigara si existe Reporte de Robo de ambos números de serie y el estatus del conductor, en la base de datos de vehículos robados en el Sistema REPUVE (Registro Público vehicular), informando el Analista 3 de Base CAI (Centro de Acopio de Información) en Zacatecas que el número de serie 1FTCR14A1RTA13752 SÍ CUENTA CON REPORTE DE ROBO en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua de fecha 09 de Septiembre del 2009 y el conductor sin ninguna orden judicial por cumplimentarse". Se realizó lectura de derechos de la persona detenida; datos personales del detenido; descripción de indicio o evidencia; y, manifestación de que el detenido es entregado físicamente al Ministerio Público, así como el vehículo ya descrito. Constancia impresa del Sistema Nacional de Seguridad Pública del que se advierte que el vehículo NIV 1FTCR14A1RTA13752 cuenta con reporte de robo. Dictamen en materia de identificación vehículos, emitido por el licenciado José Antonio Ortega Muñoz, perito en Identificación de Vehículos Automotores de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Por otro lado, con la finalidad de acreditar su interés jurídico, el quejoso al momento de interponer la presente demanda de amparo exhibió una constancia impresa del Sistema Nacional de Seguridad Pública y un manuscrito de diez de noviembre de dos mil trece, en el que aparece una firma a nombre de José Ángel Ibarra. Ahora bien, este Tribunal Federal estima que el peticionario de garantías no demostró que el acto reclamado le afecte su interés jurídico, ya que para acreditar la propiedad del vehículo en mención, lo pretendió hacer con las documentales antes relatadas, sin embargo, tales elementos de prueba resultan insuficientes para acreditar la propiedad del citado vehículo automotor, acorde a las siguientes consideraciones: En lo relativo a la constancia que exhibe el quejoso, en el que se advierte que el vehículo reclamado no cuenta con reporte de robo, pues es de indicarse que no es el documento idóneo para justificar la propiedad del vehículo motivo del aseguramiento. En el mismo sentido, es de pronunciarse respecto del manuscrito fechado el diez de noviembre de dos mil trece, pues si bien se refiere a una posible transmisión de un vehículo, también lo es, que tal elemento de prueba no constituye el título de propiedad como lo pudiera ser la factura o carta factura. Además, en el caso no se justifica con diverso elemento de prueba que el bien mueble en mención, esté registrado a nombre del aquí quejoso Sergio Fernández Saucedo ante las autoridades administrativas respectivas, como lo es la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado; por tanto, resulta insuficiente para acreditar su interés jurídico. En ese orden de ideas, debe decirse que contrario a lo manifestado por el quejoso, la propiedad del vehículo tipo camioneta, marca Ford, modelo 1997, pick up extranjera, con placas ZE34436, no quedó legalmente demostrada con algún medio probatorio, existente en el sumario, del que se desprendiera que efectivamente SERGIO FERNÁNDEZ SAUCEDO, sea el propietario del vehículo en conflicto. Bajo este marco jurídico, deviene lógica, natural, jurídica y consecuentemente palpable la actualización de la causal de improcedencia que se encuentra contemplada por el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo vigente, por falta de interés jurídico del quejoso para promover el juicio de amparo en que se actúa, motivo por el cual con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, del cuerpo de leyes en consulta, se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por J. SERGIO FERNÁNDEZ SAUCEDO. Lo anterior en virtud de que los documentos exhibidos por la parte quejosa para acreditar su interés jurídico no resultaron idóneos para ello. Resulta aplicable la tesis de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. Es obligación del promovente del amparo acreditar plenamente que el acto que reclama afecta su interés jurídico, pues éste no debe inferirse ni tenerse por cierto a base de presunciones, ya que ningún precepto de la Ley de Amparo establece que la sola presentación de la demanda de garantías y la relación de hechos afirmados en ella, traiga aparejada esa presunción." Finalmente, al haberse decretado el sobreseimiento en el presente juicio, ello impide analizar lo relativo al acta de aseguramiento de la camioneta, marca Ford, modelo 1997, pick up extranjera, con placas ZE34436. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia de rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". Y la diversa Jurisprudencia, cuyo robro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". Con motivo de lo anterior, resulta innecesario ocuparse del estudio de la diversa causal de improcedencia que hizo valer el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, ya que al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y debe sobreseerse por las consideraciones vertidas en este fallo y además con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere o no, alguna otra causa de improcedencia es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución, al ser aplicable al caso la jurisprudencia 54/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 414 del Tomo VIII, Agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto indican: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. AL quedar demostrado que en el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por SERGIO FERNÁNDEZ SAUCEDO, por su propio derecho, contra las autoridades responsables y en cuanto al acto precisado en el considerando segundo, inciso 2, de este fallo. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo resolvió y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Secretario en funciones de Juez de Distrito designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha Comisión, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe.
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL. Zacatecas, Zacatecas, a las DIEZ HORAS DEL VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, día y hora señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia en este incidente de suspensión, la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Secretario en funciones de Juez de Distrito designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha Comisión, ante la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, que da fe, encontrándose en audiencia pública, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin contar con la asistencia de las partes. Enseguida, la Secretaria hace relación de las constancias que integran el presente expediente, entre las que destacan: copia de la demanda de garantías, auto en el que se dio trámite al presente incidente de suspensión de veinticuatro de diciembre de dos mil quince y constancias de notificación a las partes Por otra parte, se hace constar que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad Especializada en Investigación Mixta del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, no rindió su informe previo, no obstante de haber quedado debidamente notificada del oficio 38496/2015, por el que se le solicitó, según se advierte del acuse de recibo que obra en autos. A lo anterior, la Secretaria encargada del despacho acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que precede. Acto continuo, se abre el periodo probatorio, a lo que el Secretario hace constar que no fueron ofrecidas por ninguna de las partes, por lo que al no haber pruebas que relacionar se cierra este periodo. En el período de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon; asimismo, que no obra en el presente expediente ninguna manifestación o pedimento emitido por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal, por tanto, al no existir actuaciones pendientes por desahogar, lo procedente es dictar la siguiente resolución: V I S T O S, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 2315/2015; y, R E S U L T A N D O 1. SERGIO FERNÁNDEZ SAUCEDO, promovió juicio de amparo y solicitó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados al Procurador General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades. 2. Por auto de veinticuatro de diciembre de dos mil quince, se dio trámite al presente incidente, en el que se negó la suspensión provisional del acto reclamado; se requirió a las autoridades responsables su informe previo; se notificó al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito; y se citó a las partes a la audiencia incidental; la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. 3. Mediante Interlocutoria de cuatro de enero del año en curso, se resolvió el presente incidente de suspensión en lo que respecta a diversas autoridades, y en proveído de trece de enero del año en curso, se tuvo por inexistente a la autoridad responsable que el quejoso denominó Subdelegado de la Procuraduría General de Justicia, con sede en Fresnillo, Zacatecas; por lo que en la presente interlocutoria únicamente procede resolver o acordar lo jurídicamente conducente respecto a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación Mixta del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas. C O N S I D E R A N D O I. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es legalmente competente para resolver el presente incidente de suspensión, por tener competencia legal para conocer del juicio de garantías del cual deriva esta incidencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 37, 2125, 144 de la Ley de Amparo vigente; y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. II. Por razón de técnica jurídica y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, el cual señala que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados que se obtengan del estudio y análisis conjunto de la demanda de garantías, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". Bajo esa tesitura, debe acotarse que el acto que reclama el impetrante de garantías consiste en la orden de desposesión y retención de un vehículo tipo camioneta, marca Ford, modelo 1997, pick up extranjera, con placas ZE34436. III. La autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación Mixta del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, fue omisa en rendir su informe previo, no obstante de haber sido legalmente notificada del oficio número 38496/2015, por el que se le solicitó, como se advierte del acuse de recibo que obra en autos; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 142, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, debe presumirse cierto el acto reclamado a dicha autoridad. IV. No obstante la presunción de certeza antes decretada en el caso resulta improcedente conceder la suspensión definitiva del acto reclamado consistente en la orden de desposesión y retención de un vehículo tipo camioneta, marca Ford, modelo 1997, pick up extranjera, con placas ZE34436, toda vez que constituye un acto consumado y en esas condiciones, no procede otorgar la suspensión que solicita, pues ello equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales en su caso, son propios de la sentencia que se pronuncie en el expediente principal del que deriva esta incidencia. Lo anterior encuentra apoyo en la Jurisprudencia número 12, consultable en la página 13, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación de 1917 a 2000, del contenido siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE.- Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darse efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie.". Sin que sea el caso de conceder la suspensión definitiva respecto de los efectos y consecuencias que se deriven de la ejecución del acto reclamado consistente en la orden de desposesión y retención de un vehículo tipo camioneta, marca Ford, modelo 1997, pick up extranjera, con placas ZE34436, pues si bien es cierto que el quejoso aduce tener la posesión de dicho mueble, el quejoso no demuestra con algún elemento de convicción la misma, ni mucho menos acreditó presuntivamente su interés jurídico, es decir, no acreditó que es titular de los derechos que se le pretenden afectar con la ejecución del acto reclamado y con ello su interés jurídico. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en la página 377, Tomo X, Diciembre de 1992, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SUSPENSIÓN. INTERÉS JURÍDICO PARA OBTENER LA, CUANDO SE RECLAMA DESPOSESIÓN. No basta que los quejosos afirmen en su demanda de garantías, bajo protesta de decir verdad, que todavía tienen la posesión del inmueble en cuestión, para que el juzgador de amparo deba considerarlo así, pues lo cierto es que deben demostrar, así sea presuntivamente, el interés jurídico que pueda resultar lesionado con daños y perjuicios de difícil reparación, como lo exige la fracción III del artículo 124 de la Ley de Amparo, para que proceda la concesión de la suspensión de los actos reclamados." Asimismo, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 491, Tomo V, Segunda Parte- 1, Enero a Junio de 1990, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente contenido literal: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR SU INTERÉS JURÍDICO. Para solicitar la suspensión de los actos reclamados con el fin de evitar que las consecuencias o resultado del mismo se realicen en tanto dure el juicio de amparo, debe el quejoso demostrar que es titular de los derechos que se le pretenden afectar con la ejecución del acto reclamado y con ello su interés jurídico." Sin que sea obstáculo a lo anterior, que el quejoso para acreditar la propiedad del vehículo en mención, lo pretendió hacer con una constancia impresa del Sistema Nacional de Seguridad Pública y un manuscrito de diez de noviembre de dos mil trece, en el que aparece una firma a nombre de José Ángel Ibarra; sin embargo, tales elementos de prueba resultan insuficientes para acreditar la propiedad del citado vehículo automotor, acorde a las siguientes consideraciones: En lo relativo a la constancia que exhibe el quejoso, en el que se advierte que el vehículo reclamado no cuenta con reporte de robo, pues es de indicarse que no es el documento idóneo para justificar la propiedad del vehículo motivo del aseguramiento. En el mismo sentido, es de pronunciarse respecto del manuscrito fechado el diez de noviembre de dos mil trece, pues si bien se refiere a una posible transmisión de un vehículo, también lo es, que tal elemento de prueba no constituye el título de propiedad como lo pudiera ser la factura o carta factura. Además, en el caso no se justifica con diverso elemento de prueba que el bien mueble en mención, esté registrado a nombre del aquí quejoso Sergio Fernández Saucedo ante las autoridades administrativas respectivas, como lo es la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado; por tanto, resulta insuficiente para acreditar el interés jurídico suspensional. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 138, fracción III, 140 y 217 de la Ley de Amparo vigente, se RESUELVE: ÚNICO. Se NIEGA a SERGIO FERNÁNDEZ SAUCEDO la suspensión definitiva solicitada respecto al acto reclamado a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad Especializada en Investigación Mixta del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, por los motivos precisados en el considerando IV de esta interlocutoria. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo acordó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Secretario en funciones de Juez de Distrito designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha Comisión, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, a trece de enero de dos mil dieciséis. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta para que obre como corresponda y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS; con su contenido, y con el diverso informe rendido por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación Mixta del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo vigente ténganse como delegados de la citada autoridad, a los profesionistas que menciona en su informe y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que también se refiere. Por otra parte, téngase por recibido el sobre que devuelve el Servicio Postal Mexicano, que contiene el oficio 38492, dirigido al Subdelegado de la Procuraduría General de Justicia, con sede en Fresnillo, Zacatecas, con la leyenda de "REHUSADA PORQUE NO EXISTE DICHA CORPORACIÓN". En consecuencia, se tiene por inexistente a la autoridad responsable en comento, debiendo continuarse el trámite del presente asunto únicamente por las diversas autoridades que el quejoso señaló como responsables; suspendiéndose el envío de comunicados a la responsable declarada inexistente en líneas precedentes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/71209/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe.aksa
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