Sergio Fabián Bernal Aguilar
Expediente 839/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 839/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 12/08/2022
Partes del expediente
- Sergio Fabián Bernal Aguilar
Actuaciones
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...VISTO EL ESTADO PROCESAL DE AUTOS...SE DECLARA QUE EL AUTO POR EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO HA CAUSADO ESTADO...ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO...
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...CÚMPLASE...
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*CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 25/07/2022, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "...Agréguese a sus autos el escrito de cuenta suscrito por.Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por. contra actos del Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial de Querétaro y Actuario de su Adscripción, así como el contenido de los escritos aclaratorios, este órgano jurisdiccional debe analizar si existe o no, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda.Luego, en el asunto que nos ocupa, específicamente del contenido del escrito registrado con el número 8583, signado por el quejoso y que se ordenó agregar al sumario el veintidós de julio de dos mil veintidós, se obtiene que el quejoso fue claro en preciar que acude a esta instancia constitucional únicamente a combatir: La diligencia de dieciséis de junio de dos mil veintidós, en la cual se puso a la actora y ejecutante en posesión material y jurídica del inmueble rematado y adjudicado dentro del juicio 2158/1995 del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial de Querétaro, ubicado en Avenida Constituyentes Oriente, número 183, interior 79, Conjunto Comercial plaza de las Americas, Querétaro. En tal virtud, en la especie se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 217, ambos de la Ley de Amparo en vigor, por las razones que enseguida se exponen. Como complemento de lo anterior, también es necesario precisar que, la funcionalidad de la causa de improcedencia que se viene comentado lo es en la medida en que la acción de amparo se enderece contra actos que sean consecuencia inmediata y directa de otro que habiendo afectado los intereses del particular no hubiera sido impugnado oportunamente, por lo que entonces se consideran derivados o consecuentes de aquél que se consintió; en este sentido, a efecto de que se actualice tal hipótesis es necesario que se reúnan los siguientes elementos, a saber: a). La existencia de un acto anterior que sea fuente u origen del perjuicio y que hubiese sido consentido (primario); b). La existencia de un acto posterior que cuyo perjuicio irrogue esté fundado o encuentre sustento en el acto primario, esto es, que esté vinculado al precedente de tal forma que la materialidad del agravio que en él se consigne no pueda entenderse de forma autónoma o aislada, sino vinculada con el acto anterior o primario; esto es, que el acto derivado sea en estricto sentido una mera consecuencia del primero, es decir, que entre el acto reclamado derivado y el anterior que fue consentido, exista una relación de causa a efecto que íntimamente los vincule; y, c). Que aun concurriendo las exigencias anteriores, el acto reclamado (secundario o derivado) no se impugne por vicios propios, pues en tal caso el amparo sí procederá sólo contra esos vicios. En armonía con lo anterior debe decirse que la característica esencial para apreciar si un acto es derivado de otro consentido es la precisión o fijación del acto o resolución en que se originó el perjuicio o agravio que afecta al particular, pues la funcionalidad de la causa de improcedencia que se comenta tiene como presupuesto lógico que exista un acto de autoridad anterior consentido -entendiendo por consentido que debió haberse impugnado porque agraviaba o perjudicaba al gobernado- de donde se sigue que si el particular no se defendió del acto anterior o precedente, se considera que las consecuencias que del mismo se generen también deben aceptarse de modo conforme, esto es, que ya no se puede considerar expedito el derecho de defensa contra los actos derivados o consecuentes al encontrar su fundamento en el acto primario o anterior que se consintió. La lógica en que se basa la causa de improcedencia de mérito no es más que un paralelismo del principio jurídico que reza: "lo accesorio sigue la suerte de lo principal", de donde lo accesorio es el acto derivado y lo principal el acto primario consentido; principio que se explica en la medida de la existencia de un vínculo medular entre el acto consecuente y el primario, esto es, que el acto derivado no tiene vida propia, sino que su existencia depende del primero, siendo el "perjuicio" -en el paralelismo mencionado- para el supuesto de la causa de improcedencia que se comenta, el hilo conductor que debe ponderarse como vínculo entre ambos actos, esto es, que lo importante para considerar a un acto como derivación de otro que fue consentido es la precisión de la génesis del agravio que el gobernado aduzca se ocasiona en su contra; así, el perjuicio, esto es, la causa generadora del agravio que el gobernado aduzca sufrir en su esfera jurídica es la característica que permite identificar qué acto de autoridad es el primario y cuál su consecuente o derivado. El argumento que precede encuentra sustento en la propia mecánica constitucional y legal de procedencia del juicio de garantías que exige forzosamente la existencia de un perjuicio existente cometido contra el gobernado a fin de considerar que su interés jurídico se lastimó -o cuando menos que se consideró lastimado-, esto es, la materialidad de una afectación a alguno de sus derechos para que deba ser corregida mediante el medio de control constitucional denominado juicio de amparo, porque la naturaleza misma de la acción de amparo es la de ser un control constitucional de carácter reparador, lo que implica que para el ejercicio de dicha acción es necesaria e ineludiblemente la existencia de un perjuicio que deba ser reparado, tal y como así lo prevé la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal y 6, de la Ley de Amparo. Presupuesto el que se viene comentando que en la teoría se ha dado en conocer como principio de agravio personal y directo al que ya en párrafos anteriores se explicó con más amplitud y que se encuentra en armonía con la propia lógica que hace posible la existencia de la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, de donde precisamente se exige como requisito la existencia de un acto de autoridad que haya sido consentido por el particular -sea de forma tácita o expresa-, pero aun más, la condición lógica que se requiere para actualizar la improcedencia de mérito es que el acto que se estime consentido efectivamente haya sido el productor de perjuicio, afectación o agravio contra el particular, pues de otra forma no se podría entender la figura del consentimiento porque no sería posible considerar que se 0consintió algo que no existía, no siendo la nada materia de consentimiento. Para comprender de mejor forma lo que se viene explicando conviene precisar el significado de los vocablos "consentido" y "derivado", así como sus modalidades verbales; así, el Diccionario de la Lengua Española, editorial Espasa Calpe, define al primer vocablo como "Del verbo consentir. Permitir o dejar que se haga una cosa: verbigracia: no consientas que te falten al respeto", además precisa que es sinónimo de conformidad, entendiendo por tal "La tolerancia y resignación ante las circunstancias desgraciadas o difíciles: verbigracia: el equipo aceptó la derrota con conformidad"; en cuanto al vocablo "derivado", dicho diccionario indica que significa: "Tener origen o proceder de algo: verbigracia: su maestría deriva de una larga práctica. Producto que se obtiene de otro a través de una o varias transformaciones"; en ese sentido debe entenderse que por consentido implica la aceptación, conformidad o admisión de algún hecho o acto - beneficioso o perjudicial-, pero finalmente el consentimiento de algo, esto es, de un acto o hecho de la materialidad del ser humano, porque sostener lo contrario implicaría que se puede consentir lo que no existe. Con lo anterior se puede concluir de forma categórica que para la debida actualización de la causa de improcedencia que se viene comentado el factor "perjuicio" -al constituir presupuesto y característica necesaria que se exige para el ejercicio de la acción de amparo- se torna imprescindible que su origen o génesis deba radicar precisamente en el acto perjudicial que el gobernado hubiera consentido en un momento anterior, esto es, en el acto primario, para de ahí estimar que el agravio mismo reproducido en otro acto que emita la autoridad en razón de la ejecución del anterior (derivado), ya no pueda ser analizado en virtud de que el derecho de defensa contra el contenido medular en que se basa el acto secundario quedó consentido al no haberse controvertido el acto génesis del perjuicio (primario). Ahora bien, en la especie se analiza el acto reclamado consistente en: La diligencia de dieciséis de junio de dos mil veintidós, en la cual se puso a la actora y ejecutante en posesión material y jurídica del inmueble rematado y adjudicado dentro del juicio 2158/1995 del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial de Querétaro, ubicado en Avenida Constituyentes Oriente, número 183, interior 79, Conjunto Comercial plaza de las Americas, Querétaro. A su vez, de los anexos que acompañó el quejoso al escrito de cuenta, específicamente del auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente 2158/1995 del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial de Querétaro, se aprecia que el juez de origen, en atención a un escrito presentado por la parte actora declaró aprobado el remate del inmueble, previno al demandado para que en el plazo de tres días otorgara la escritura correspondiente al bien inmueble adjudicado a favor del actor, bajo apercibimiento que de no hacerlo se otorgaría en su rebeldía y en relación a la petición de ponerlo en posesión material y jurídica del inmueble subastado ordenó al Actuario de su adscripción llevar a cabo la diligencia correspondiente en los términos que para ello precisó. Lo que así se hizo como se desprende de la propia diligencia de dieciséis de junio de dos mil veintidós, en la cual la Actuaria adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil con sede en esta ciudad, asienta que se lleva a cabo en cumplimiento al auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. En ese contexto, de lo anterior se desprende que el acto reclamado que se analiza en el presente juicio (diligencia de dieciséis de junio de dos mil veintidós), no es más que una consecuencia del proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente 2158/1995 del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial de Querétaro, en el que se declaró aprobado el remate adjudicado a favor del actor y se ordenó ponerlo en posesión material y jurídica, el cual el quejoso fue claro en indicar que no lo combate en esta instancia constitucional y en su escrito de demanda señaló que fue notificado por listas el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, surtiendo efectos el tres de enero de dos mil veintidós. Por tanto, la diligencia de dieciséis de junio de dos mil veintidós, no es más que una consecuencia directa e inmediata del proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, en el que declaró aprobado el remate del inmueble y se ordenó poner al actor ejecutante en posesión material y jurídica del mismo. En ese sentido, si la parte quejosa consintió el auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, al no promover diverso juicio de amparo contra tal determinación, que inclusive a la fecha de presentación de la demanda de amparo origen de este asunto, ya sería extemporánea su presentación, debe considerarse también como consentida su ejecución, materializada en la diligencia reclamada de dieciséis de junio de dos mil veintidós; al ser una consecuencia directa del proveído referido. En esas condiciones, si la parte quejosa consintió el auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del expdeinte 2158/1995 del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial de Querétaro, mediante el cual se aprobó el remate y se ordenó poner a la parte actora en posesión material y jurídica del inmueble adjudicado a su favor, al no haber sido combatido en su oportunidad, mediante diverso juicio de amparo, y al ser el acto reclamado materia de análisis del presente juicio, una consecuencia de aquél, pues es en la diligencia en la que se materializa la entrega del inmueble, es inconcuso que opera la causal de improcedencia invocada, que da lugar a desechar la demanda de garantías respecto del acto reclamado. Ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos la Ley de Amparo y las tesis con números de registro 202345, 230859 y 232011 antes trascritas. Lo anterior, máxime que de una lectura íntegra de la demanda de amparo, no se aprecia que el quejoso combata por vicios propios la diligencia de dieciséis de junio de dos mil veintidós, en la cual se puso a la actora en posesión material y jurídica del inmueble subastado dentro del juicio 2158/1995 del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial de Querétaro, ubicado en Avenida Constituyentes Oriente, número 183, interior 79, Conjunto Comercial plaza de las Americas, Querétaro, esto es, que combata la forma en que se llevó a cabo la misma, como un acto autónomo, pues de una lectura íntegra de la demanda, específicamente del capítulo de conceptos de violación, se aprecia que el quejoso combate la forma en que se ordenó ejecutar el convenio elevado a cosa juzgada en el juicio de origen y no propiamente la diligencia de entrega de inmueble combatida. Luego entonces, como ya se indicó, la diligencia reclamada es una consecuencia de lo ordenado por el juez de origen, en el auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, pues la quejosa no combate directamente la legalidad de la misma (respecto a la forma que se realizó), siendo que los argumentos que vierte son tendentes a combatir como ya se dijo, propiamente la forma en que se ordenó ejecutar el convenio elevado a cosa juzgada con el que concluyó el juicio de origen. Circunstancia esta última que en todo caso la parte quejosa debió combatir la forma de cómo se ejecutó el convenio elevado a cosa juzgada, en el juicio natural fuente del acto reclamado, al momento en que se aprobó la diligencia de remate del bien raíz controvertido; pues si el quejoso en la demanda de amparo combate el procedimiento de ejecución coactivo, que es precisamente el remate del inmueble y sus consecuencias legales, es inconcuso que lo alegado por el quejoso debió de haber sido controvertido contra la resolución de aprobó el remate, previo agotamiento de los recursos ordinarios. En esas condiciones al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, y las tesis con los números de registros 202345, 230859 y 232011, con apoyo en el diverso precepto 113 del propio ordenamiento, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías promovida por."
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