Sergio Evaristo Ramírez Torres
Expediente 1263/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1263/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Sergio Evaristo Ramírez Torres
Actuaciones
- Principal
MESA VII-B "... Visto los autos y la certificación que antecede, ... se declara que dicho auto ha causado estado; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción..."
- Principal
MESA VII-B "... Vista la demanda de amparo promovida*****, contra actos de la Administración Desconcentrada de Recaudación Oaxaca "1", con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1263/2018. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo; la cual dispone: ... Los artículos y jurisprudencias transcritos revelan que, el ejercicio de la acción constitucional está reservada únicamente a quien resiente una afectación real y actual en su esfera jurídica, siempre que la norma, acto u omisión reclamados violen derechos humanos. La noción de afectación jurídica para que proceda la acción constitucional, presupone: 1) La existencia de un derecho legítimamente tutelado; y, 2) La afectación de ese derecho, por el acto de autoridad. De modo que al ser transgredido ese derecho por la actuación de una autoridad o por la Ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando el cese de esa transgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo; destacando que, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal cuestión acontezca, es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos, a través de una o varias de sus normas. Es decir, la génesis de la acción constitucional, en el caso concreto, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado por el ordenamiento legal objetivo, cuyo derecho constituye el interés jurídico que, entre los intereses que pueden concurrir en un gobernado, para que sea jurídico, y por consiguiente, legalmente protegido, precisa estar reconocido y amparado por la norma legal (derecho positivo vigente), de tal manera que cuando con los actos de autoridad se afecte ese derecho, irrogue agravio real, personal, directo y actual en su esfera jurídica. Por su parte, el interés legítimo es la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso, derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Este presupuesto procesal permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo -noción asociada clásicamente al interés jurídico-. Así pues, para que exista un interés legítimo, se insiste, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. El concepto de interés legítimo es más amplio que el de interés jurídico, pero no se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple; no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Aquí, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que el juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. En síntesis, para el interés legítimo se requiere que se demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Se requiere como mínimo, aunque no exclusivamente, la demostración de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. En el caso, de la lectura integral de la demanda de cuenta, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable: Administración Desconcentrada de Recaudación Oaxaca "1", con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca: La orden de inmovilización de diversas cuentas bancarias de la empresa en la que labora. Sin embargo, de los antecedentes narrados por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, manifiesta lo siguiente: "(.) Sin embargo, el día de ayer, el representante legal de la persona moral antes citada me hizo del conocimiento de manera verbal, que no recibiría tanto mi sueldo, como el aguinaldo que debe de entregarse antes del 20 de diciembre del presente año, conforme lo dispone el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (.)" "(.) en virtud de que me manifestó que la autoridad responsable procedió a embargar o inmovilizar las cuentas bancarias (.)" Como se denota, la parte quejosa, esencialmente hace consistir el acto reclamado en la manifestación verbal efectuada por el representante legal de la empresa de la cual es empleado, en la que hizo de su conocimiento que no recibiría su sueldo y aguinaldo que le corresponde antes del veinte diciembre de dos mil dieciocho, en virtud de que la autoridad responsable procedió a embargar o inmovilizar las cuentas bancarias de la aludida persona moral para la que trabaja. Por lo tanto, este órgano de control constitucional llega a la plena convicción de que el quejoso no acude a este juicio con interés jurídico o legítimo para solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la autoridad que refiere en su demanda. Lo anterior, toda vez que no se advierte que el impetrante del amparo pudiera obtener algún beneficio concreto y real con una eventual concesión del amparo; luego, se concluye que el aquí quejoso no demuestra ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo para promover el presente juicio, pues, se determina, que el acto reclamado consistente en la orden de paralización de las cuentas bancarias de la empresa para la que trabaja, no afecta su esfera jurídica, ya que ello no impide el pago de las prestaciones que por ley le corresponden; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia invocada. Máxime, que para el caso de existir una retención de su sueldo y aguinaldo, por parte de la empresa en que trabaja, se considera que dicho acto deriva de una relación de trabajo, mas no del aseguramiento de las cuentas bancarias; por lo tanto, la falta de pago de su salario y aguinaldo debe reclamarse ante los tribunales ordinarios, toda vez que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso es trabajador de la empresa ..... De ahí que el juicio de amparo no es la vía para impugnar los actos consistentes en la falta de pago de su sueldo y aguinaldo, porque no derivan de una relación jurídica entre gobernante y gobernado, cuya transgresión pueda ser reclamada mediante el juicio de amparo; sino que se trata de un asunto de carácter laboral, por ser un trabajador de la empresa **** En ese contexto, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, con apoyo en el diverso 113, de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, DE PLANO, SE DESECHA la demanda de garantías. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica, y por autorizados para tal efecto, a las personas que menciona. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de sus publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY...." (SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO CITATORIO. CONSTE.)
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