Sergio Enrique Torres Torres
Expediente 840/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 840/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/11/2022
Partes del expediente
- Sergio Enrique Torres Torres
Actuaciones
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para 26/08/23 13:47:16 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.65.88 MA. LETICIA MORONES ROMO que la parte quejosa, interpusiera recurso de queja contra el auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, fue desechada de plano la demanda de amparo, transcurrió del veintisiete de octubre al siete de noviembre de dos mil veintidós, con exclusión de los días veintinueve y treinta de octubre del presente año, por ser inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, así como los días treinta y uno de octubre y uno y dos de noviembre de dos mil veintidós, por así haberse declarado mediante circular 5/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, que tuvo por desechada de plano la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso d), y 24 del referido Acuerdo General. En consecuencia, hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal la leyenda "destruible", de 26/08/23 13:47:16 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.65.88 MA. LETICIA MORONES ROMO Juicio de amparo indirecto 840/2022-IV conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Por consiguiente, efectúense las anotaciones correspondientes en el libro uno: de juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. RADICACIÓN Y ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA. Se tiene por recibido el oficio 31714 firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche, mediante el cual, transcribe el auto de seis de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo directo 1137/2022, de cuya lectura se advierte que ese órgano jurisdiccional declinó competencia a este Juzgado Federal, para conocer de la demanda de amparo promovida por Sergio Enrique Torres Torres, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen y de otra autoridad. En consiguiente, acúsese recibo y radíquese la demanda de amparo con el número de expediente 840/2022-IV, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Por otra parte, este órgano jurisdiccional acepta la competencia declinada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche, pues comparte el argumento de que el acto reclamado tendrá ejecución material en Ciudad del Carmen, Campeche. DESECHAMIENTO. Por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, en primer lugar, se analizará si se actualiza alguna de las causales de improcedencia del juicio de amparo, previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: 26/08/23 13:47:16 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.65.88 MA. LETICIA MORONES ROMO Juicio de amparo 840/2022-IV 3 "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito se advierte que si examinada la demanda de amparo, se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, es decir, el juzgador tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, porque se encuentra debidamente probada y no a base a presunciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio 26/08/23 13:47:16 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.65.88 MA. LETICIA MORONES ROMO 4 indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Así las cosas, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando la demanda se promueva contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En el caso que nos ocupa, el análisis integral de la demanda se advierte que el acto reclamado es el auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio 26/08/23 13:47:16 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.65.88 MA. LETICIA MORONES ROMO Juicio de amparo 840/2022-IV 5 reivindicatorio 8/19/2020/1C-II, por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, que decretó la orden de desalojo y/o entrega física y material del predio ubicado en calle 72, número exterior 7, de la colonia Morelos en Ciudad del Carmen, Campeche. Ahora bien, el acto reclamado es materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, por los motivos siguientes: Con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, junio de 2007, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", se invoca como hecho notorio que en el juicio de amparo 829/2022, de este órgano jurisdiccional, Sergio Enrique Torres Torres, promovió demanda de amparo contra el auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio reivindicatorio 8/19/2020/1C-II, por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, que decretó la orden de desalojo y/o entrega física y material del predio ubicado en calle 72, número exterior 7, de la colonia Morelos en Ciudad del Carmen, Campeche. Y, como autoridad responsable ejecutora se señaló al Actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 26/08/23 13:47:16 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.65.88 MA. LETICIA MORONES ROMO 6 Demanda de amparo que en proveído de veintiuno de octubre dos mil veintidós, con fundamento en los artículos 61, fracción XVIII y 113, de la Ley de Amparo, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechó de plano, en razón de que en acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, previo al ejercicio de la acción constitucional, el quejoso debió agotar el recurso de apelación previsto en el artículo 806 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Campeche, contra el auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio reivindicatorio 8/19/2020/1C-II, por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, que decretó la orden de desalojo y/o entrega física y material del predio ubicado en calle 72, número exterior 7, de la colonia Morelos en Ciudad del Carmen, Campeche. Asimismo, se determinó que contra el acuerdo reclamado también se actualizan otras dos causales de improcedencia, a saber: 1. La causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido; y 2. La causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Acuerdo de desechamiento que no ha causado estado en razón de que se encuentra transcurriendo el plazo de cinco días previsto en el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para que el quejoso Sergio Enrique Torres Torres, interponer recurso de queja contra el auto de desechamiento. Por consiguiente, se ordena agregar a este juicio de amparo copia certificada de la demanda de amparo promovida por Sergio Enrique Torres Torres y del acuerdo de desechamiento de veintiuno de octubre dos mil veintidós. 26/08/23 13:47:16 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.65.88 MA. LETICIA MORONES ROMO Juicio de amparo 840/2022-IV 7 En ese contexto, al existir identidad de quejoso, autoridades responsables y acto reclamado entre este juicio de amparo y el diverso juicio de amparo 829/2022, de este Juzgado, donde se desechó la demanda de amparo, por existir causa manifiesta e indudable de improcedencia, determinación que no ha causado estado en razón de que se encuentra transcurriendo el plazo de cinco días previsto en el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para que el quejoso Sergio Enrique Torres Torres, interponer recurso de queja contra el auto de desechamiento. Esa eventualidad, esto es, la falta de firmeza del acuerdo de desechamiento, implica que se está en presencia de un juicio de amparo pendiente de resolución. Se afirma lo anterior, porque la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 4/89, estableció el criterio de que el juicio de amparo se inicia con la presentación de la demanda. Ejecutoria que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 4/90, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera Parte, julio a diciembre de 1990, página 125, Octava Época, que dice: "JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INICIA. El juicio de garantías se inicia con la presentación de la demanda ante el órgano judicial, y por ello, los proveídos como el de incompetencia y los relativos a la medida cautelar, anteriores a la admisión son de carácter netamente procesal y se dan durante la tramitación del juicio mismo, atento a lo cual, resulta desafortunado señalar que se trata de acuerdos prejudiciales, pues la decisión sobre la incompetencia y el acuerdo de suspensión se dan dentro del procedimiento que se inicia con la presentación de la demanda." Bajo ese contexto, es válido concluir el juicio de amparo se tendrá por concluido cuando cause estado el auto por el que se desechó de plano la demanda de amparo, por ende, si el quejoso antes de que cause estado el acuerdo que desechó de plano su demanda de amparo, promueve de nueva cuenta demanda de 26/08/23 13:47:16 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.65.88 MA. LETICIA MORONES ROMO 8 amparo contra el mismo acto reclamado y autoridad responsable, resulta evidente que la acción de amparo promovida en esa hipótesis resulta improcedente en términos de la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada VI.2o.121 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, junio de 1998, página 655, Novena Época, que dice: "IMPROCEDENCIA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO, SE ACTUALIZA CUANDO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO HA CAUSADO EJECUTORIA Y EN UN JUICIO DIVERSO SE RECLAMA EL MISMO ACTO DE AUTORIDAD. El juicio de amparo en el que se reclama el mismo acto de autoridad que fue combatido en un diverso juicio de garantías anterior, en el cual el auto que desechó la demanda aún no ha causado ejecutoria por estar transcurriendo el término legal establecido para interponer el recurso de revisión, es improcedente de conformidad con lo previsto por el artículo 73, fracción III de la ley de la materia, en virtud de que en tal hipótesis el acto reclamado debe entenderse que es materia del juicio de amparo no concluido; máxime que la conducta procesal del quejoso implica un evidente abuso en el ejercicio de la acción constitucional." Por consiguiente, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción X, de la Ley de Amparo, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Sergio Enrique Torres Torres. NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. No ha lugar a tener como domicilio del quejoso para recibir notificaciones los estrados de este juzgado, por no satisfacer los requisitos del artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el numeral 26 de ordenamiento citado en último término, toda vez que las listas de publicación de acuerdos de este juzgado no constituye propiamente una "casa" para que se le hagan las notificaciones personales, como lo requieren los dispositivos 26/08/23 13:47:16 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.65.88 MA. LETICIA MORONES ROMO Juicio de amparo 840/2022-IV 9 citados, porque por tal debe entenderse un inmueble diverso al que ocupan las instalaciones físicas del órgano jurisdiccional, que bien pudiera ser un anexo, como sucede en el caso de algunos órganos en los que anexas a sus instalaciones se encuentran las oficinas de la Defensoría Pública Federal, que por ser instalaciones que no ocupa el órgano jurisdiccional, sí pueden ser señaladas como "casas" o "domicilios" para oír y recibir notificaciones personales por parte de los representados por los Defensores o Asesores Público Federales. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción I y III de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se ordena notificar el presente y los subsecuentes por lista que se fije en el local de este Juzgado, aun las de carácter personal que se ordenen en este asunto. Es aplicable al caso, por analogía la tesis aislada XXII.1o.22 K, del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1067, Tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época que dice: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, 26/08/23 13:47:16 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.65.88 MA. LETICIA MORONES ROMO 10 es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene por autorizado con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado en derecho Lucas Colorado Vázquez, pues de la certificación de cuenta, se advierte que después de una búsqueda en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, se encontró que el autorizado de la parte quejosa cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, Décima Época, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." 26/08/23 13:47:16 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.65.88 MA. LETICIA MORONES ROMO Juicio de amparo 840/2022-IV 11 EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022, 9/2022, 16/2022 y 22/2022, de dicho órgano colegiado, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es, mediante el esquema de "juicio en línea". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán 26/08/23 13:47:16 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.65.88 MA. LETICIA MORONES ROMO 12 manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
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