Sergio Enrique Martínez López

Expediente 572/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 33 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
572/2019
Año
2019
Actuaciones
33
Última actuación
04/06/2021

Partes del expediente

  • Sergio Enrique Martínez López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    *& MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de junio de dos mil veintiuno. Ejecutoria. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia engrosada el treinta de marzo de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos a que haya lugar. II. Archivo, relevancia documental y destino del expediente. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme al artículo 21, inciso a), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. III. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes IV. Notificación. Por último, dada la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y a fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, el presente acuerdo, se ordena notificar por lista electrónica; máxime que el mismo no contiene alguna determinación que se califique como urgente. V. Firma y envío de oficios. Se comisiona al actuario adscrito a efecto de que firme los oficios que deriven de este acuerdo; asimismo, los remita por correo electrónico, fax, interconexión o estafeta. En la inteligencia que si la dependencia u órgano jurisdiccional a la cual se encuentra dirigido no se encuentra laborando atendiendo a la contingencia sanitaria, deberá realizar la razón respectiva y entregarlo hasta en tanto reanuden labores. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades correspondientes.

  2. Principal

    *& MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Del estado de los autos se advierte que en proveído de doce de mayo se instruyó al actuario adscrito llevador de este expediente para que remitiera al correo electrónico del autorizado de la parte quejosa dicho auto, debiendo asentar la razón correspondiente. Ahora, toda vez que a la fecha en que se actúa no obra dicha razón, se encomienda al actuario encargado de este expediente a fin de que inmediatamente realice la encomienda indicada e integre la razón correspondiente. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase.

  3. Principal

    *& MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de mayo de dos mil veintiuno. Vista la diligencia de notificación realizada por el actuario adscrito a este Juzgado que el quejoso ***, realizó las siguientes manifestaciones; "manifiesta que se da por notificado, recibiendo de conformidad la copia, y que está inconforme con dicha resolución, asimismo, solicita se le notifique también a su defensora la sentencia, en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones, ya que ella sabe más del asunto y no dejarlo en estado de indefensión, siendo todo lo que desea manifestar". Ahora, del estado de autos se advierte que mediante escrito con folio de recepción 7637, el quejoso solicitó lo siguiente: "Se me notifique de todo lo que se ordene y acuerde del presente asunto en el lugar de mi reclusión..."; el autorizado del quejoso no señaló domicilio en la jurisdicción de este órgano para oír y recibir notificaciones; y se autorizó al licenciado Alfredo Uribe Vitar el acceso a la consulta del expediente electrónico del presente juicio de amparo, con lo cual tiene la posibilidad de conocer todos los acuerdos que se provean en el mismo. Precisado lo anterior, atendiendo a lo expresado por el quejoso, dese vista al autorizado del quejoso, por el término de tres días, con las manifestaciones que realiza el directo quejoso, en el entendido que transcurrido el plazo señalado, se acordará lo conducente respecto de las manifestaciones realizadas. Al respecto, y con la finalidad de no dejar en estado de indefensión al quejoso se ordena al actuario adscrito que una vez que se publique en la lista de acuerdos el presente acuerdo, informe su emisión al correo electrónico proporcionado por los autorizados del quejoso; sin que ello, signifique la notificación legal respectiva. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase.

  4. Principal

    *& MESA 3 VISTOS; los autos para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 572/2019, promovido por ******; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ***** promovió juicio de amparo contra el 1) Director Ejecutivo de Reinserción Social, y el 2) Director Ejecutivo Jurídico, ambos dependiente de la Subsecretaria de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, los actos siguientes (fojas 10 a 20): "La orden de traslado ilegal de que fui objeto y que giraron en mi contra las autoridades señaladas como responsables; y de las autoridades señaladas como ejecutoras, reclamo la ejecución material de dicha orden de traslado de la Penitenciaría Santa Martha Acatitla al Centro Federal de Readaptación Social 13, el 3 de junio de 2019". Y como ejecutoras la 3) Directora de la Penitenciaria Ciudad de México -Santa Martha Acatitla- y 4) Director del Centro Federal de Readaptación Social #13 "CPS-Oaxaca" 2. Incompetencia por declinatoria. En proveído de catorce de junio de dos mil diecinueve, la Juez Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México registró la demanda con el número 538/2019 y determinó carecer de competencia para conocer del asunto, la que declinó en favor de un Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno (fojas 21 a 29). 3. Rechazo de la declinatoria. El diecinueve de junio de dos mil diecinueve, este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, previó registro de la demanda con el número 572/2019, no aceptó la competencia declinada (fojas 44 a 48). 4. Insistencia en la declinatoria. El veinticinco posterior, la Juez Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México -declinante- reiteró su incompetencia legal y ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal, en turno, del Primer Circuito, para la resolución del conflicto competencial (fojas 70 a 74) 5. Conflicto competencial. Por razón de turno, tocó conocer del conflicto competencial al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el cual se registró con el número 12/2019, y en sesión de once de julio de dos mil diecinueve se resolvió declarar competente a este órgano jurisdiccional. Segundo. Trámite de la demanda. 1. Recibidos nuevamente los autos, por auto de trece de agosto de dos mil diecinueve se desechó la demanda por considerarla notoriamente improcedente (fojas 104 a 116). 2. Inconforme con lo anterior, el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, el quejoso interpuso recurso de queja (foja 119), del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito bajo el número 205/2019, y resolvió el veintitrés de enero de dos mil veinte, en el sentido de declarar fundado el recurso de queja, y ordenó proveer lo conducente respecto de la admisión de la demanda de que se trata (fojas 128 a 138, folio 2463). 3. Por auto de siete de mayo de dos mil veinte, en cumplimiento al artículo 24, fracción II, del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se continuó el trámite del presente asunto, en virtud de que se trata de un juicio de amparo en materia penal. 4. En proveído de doce de febrero de dos mil veinte, se ordenó el reingreso de la demanda, y se admitió; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (fojas 139 a 141), y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. 5. Por escrito de cuatro de octubre de dos mil veinte, la parte quejosa amplio su demanda de amparo, y señaló como autoridades responsables al 5) Director General, 6) Consejo Técnico, 7) Autoridades Administrativas y 8) Jefe de Seguridad y Custodia, todos de la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla. 6. En auto de tres de diciembre de dos mil veinte se dejaron de tener como autoridades responsables en el presente juicio 6) Consejo Técnico, 7) Autoridades Administrativas y 8) Jefe de Seguridad y Custodia. Asimismo, se tuvo como autoridades responsables al 9) Subdirector Jurídico, 10) Subdirector de Seguridad, 11) Subdirector de Apoyo Técnico y, 12) Subdirector de Enlace Administrativo de la Penitenciara; todos de la Penitenciaria Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México. Así, previo diferimiento, se llevó a cabo la audiencia constitucional, en términos del acta que antecede y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 23/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el Acuerdo 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el acuerdo 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, toda vez que el acto reclamado es de naturaleza penal; además, el acto reclamado tiene ejecución en la circunscripción en la cual este órgano de control constitucional ejerce competencia; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados consisten en: La orden de traslado de la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México, al Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-OAXACA" ejecutada el tres de junio de dos mil diecinueve. TERCERO. Negativa de los actos reclamados. El 2) Director Ejecutivo de Reinserción Social dependiente de la Subsecretaria del Sistema Penitenciario, de la Ciudad de México; al rendir su informe justificado, negó categóricamente la existencia del acto reclamado (fojas 175 y 178, folio 3652). Por tanto, toda vez que la parte quejosa no ofreció prueba en contrario que desvirtuara dicha negativa, procede sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia 284, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES". CUARTO. Certeza y presunción de los actos reclamados. El 1) Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, y Derechos Humanos dependiente de la Subsecretaria del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, al rendir su informe con justificación negó el acto reclamado (foja 177, con folio 4031); sin embargo, al adminicular las razones que expuso, con las copias certificadas del expediente electrónico enviadas por el Director de Penitenciaria de la Ciudad de México como anexo a su informe justificado, se advierte que el dos de junio de dos mil diecinueve, se emitió el oficio SG/SSP/2070/2019, signado por el Director Ejecutivo mencionado, en ausencia del Subsecretario de la Subsecretaria del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, mediante el cual ordenó a la Directora de la Penitenciaria de la Ciudad de México el egreso definitivo del Centro de Reclusión del quejoso, para ser trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 13. Por tanto, se desvirtúa la negativa de la responsable y se tiene por cierto el acto reclamado que se le imputa. Similares consideraciones deben realizarse respecto del 4) Director del Centro Federal de Readaptación Social #13 "CPS-Oaxaca", quien al emitir su informe con justificación (folio 2975) negó el acto reclamado, sin embargo, se advierte que realizó manifestaciones de las que se desprende su aceptación; además, de que fue en el centro penitenciario que tiene a su cargo, donde se ejecutó la orden de traslado reclamada; por ende, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le reclama. Por otra parte, el 5) Director (denominación correcta de la autoridad señalada en el escrito inicial de demanda como 3) Directora de la Penitenciaria Ciudad de México -Santa Martha Acatitla-), 9) Subdirector Jurídico, 10) Subdirector de Seguridad, 11) Subdirector de Apoyo Técnico, y, 12) Subdirector de Enlace Administrativo, todos de la Penitenciaria de la Ciudad de México -Santa Martha Acatitla- al rendir sus informes justificados con folios 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, convinieron la existencia del acto reclamado. Al efecto, el Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México, remitió las constancias relativas al expediente administrativo del quejoso. QUINTO. Improcedencia. Previo al estudio del asunto, procede analizar las causales de improcedencia, sea que las partes las hagan valer o que de oficio advierta este órgano jurisdiccional, en virtud de ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la tesis jurisprudencial número 814, visible a fojas 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia 3/99, de la Primera Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, enero de 1999, Novena Época visible en la página trece, bajo el rubro: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO". En esas circunstancias a continuación se realiza el análisis respecto de la causa de improcedencia que este juzgador advierte se actualiza de oficio, respecto de la orden de traslado que reclama de las autoridades administrativas. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que opera cuando se trata de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los que proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante su interposición, con los mismos alcances que los que prevé esa Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la provisional. Lo anterior es así, porque el peticionario no agotó el principio de definitividad en forma previa a acudir a esta instancia constitucional, al no interponer el medio ordinario de defensa contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal. La ley mencionada, contempla los siguientes tipos de traslados: a) voluntarios; b) involuntarios; y, c) urgentes. Los primeros, se actualizan cuando existe el interés de la persona recluida -con la asistencia de un defensor- de ser trasladado a un centro de reclusión diverso, siempre que exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino, o en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación; en ese sentido, la petición la resolverá la autoridad jurisdiccional, quien verificara que se cumplan con los requisitos legales y constitucionales para su autorización. Los traslados involuntarios, son instaurados previamente por la autoridad penitenciaria ante un juez de ejecución o de control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre su legalidad. En contra de la determinación jurisdiccional que se emita, procede el recurso de apelación. Finalmente, el traslado urgente o excepcional, se emite por medio de resolución administrativa, cuando se trate de los casos específicamente señalados en la ley, sin autorización judicial previa. En el caso, la parte quejosa reclama una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, cuya emisión y ejecución atribuye a diversas autoridades administrativas y bajo protesta de decir verdad refiere que se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-OAXACA". Lo que, efectivamente, se corrobora con los informes justificados rendidos por el Director del Centro Federal de Readaptación Social #13 "CPS-Oaxaca y el Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México, asimismo, de ellos se advierte que el traslado del quejoso al Centro Federal de Readaptación Número Trece ordenado por el Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, y Derechos Humanos dependiente de la Subsecretaria del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, al haber obtenido la autorización de ingreso del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, por conducto del Coordinador General de Centros Federales, obedeció a la solicitud de la Directora de la Penitenciaria de la Ciudad de México, como se aprecia de la siguiente transcripción: ". En atención al oficio número SC/SSP/DP/1457/2019 firmado por la licenciada María del Carmen Serafín Pineda, Directora de la Penitenciaria de la Ciudad de México, mediante el cual solicita autorización para el traslado de las personas privadas de la libertad que a continuación se mencionan, debido a que se encuentran relacionados con el oficio P/SS/587/2019 en el que se detalla la conducta desplegada por los privados de la libertad, situación previamente valorada por el Comité Técnico en Sesión Tercera Extraordinaria del año en curso, lo anterior, en virtud de que, en la citada sesión extraordinaria se determinó que los privados de la libertad, tanto por su estructura de personalidad, como situación jurídica y su trayectoria institucional, son merecedores de medidas especiales de seguridad con el objetivo de que se les brinde un tratamiento técnico progresivo individualizado con una medida de seguridad mayor a la que puede brindarse en la Penitenciaria de la Ciudad de México, debido a que la estructura de dicho centro Penitenciario no cumple con las condiciones de seguridad tanto lo interior y exterior del mismo principalmente por la falta de personal de seguridad y custodia, que ante cualquier eventualidad que se pudiera generar, podría haber una falta grave de control efectivo en lo que traería aparejada como consecuencia, poner en riesgo la vida e integridad no sólo de las personas privadas en cita, también de aquellas que laboran en el mismo incluyendo las visitas. [...] Respetuosamente solicito a Usted, se autorice el ingreso y traslado de las personas privadas de la libertad referidas al Centro Federal de Readaptación Social que se tenga a bien designar, por MEDIDAS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL. [...] Por lo que ante dichas aseveraciones de la autoridad penitenciaria local resulta urgente el traslado de estos a diverso lugar de internamiento en los cuales se les busque inhibir y contrarrestar la fuerza o violencia física o psíquica que ejercen hacia las demás personas privadas de la libertad, a fin de obtener un beneficio para sí o para otros en su centro actual de reclusión, movimiento que busca prevenir que lo hagan en centros diversos, además de inhibir la capacidad de llamamiento y citación de la demás población penitenciaria, para la realización de conductas contrarias al orden y disciplina establecidas. [...] En atención a los argumentos antes expuestos y con base a la solicitud de la autoridad penitenciaria de la Ciudad de México, este Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social considera factible trasladar a las personas privadas de la libertad en mención a diverso Centro Federal que cuente con la infraestructura y la seguridad suficiente, a fin de garantizar los derechos humanos de los de mérito, principalmente el de la vida, coadyuvando a su vez a mantener la estabilidad, y gobernabilidad de los centros penitenciaros locales a fin de prevenir que se repitan sucesos como los ya mencionados con antelación. [...] Por tal motivo sírvase girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de RECIBIR por parte del personal designado para el cumplimiento de dicha comisión, a las personas privadas de la libertad en mención, así como la documentación que se tenga de ellas; por lo que queda bajo su más estricta responsabilidad que una vez materializado el ingreso de las personas privadas de la libertad en cita, deberá de notificar, en un término no mayor a 24 horas, a los Juzgados ante quienes se encuentren a disposición los de mérito, a fin de que se califique la legalidad del traslado, conforme al artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución penal". (fojas 164 a 171): Conforme lo transcrito, se aprecia que, para emitir la orden de traslado, se tomó en consideración que fue por razones de fuerza mayor, buscando inhibir y contrarrestar la fuerza o violencia física o psíquica que ejercen hacia las demás personas privadas de la libertad, a fin de obtener un beneficio para sí. Además de que también indica la responsable que los Centros Penitenciarios en la Ciudad de México no cuentan con medidas y sistemas de seguridad adecuados para su internamiento; ello aunado a la falta de personal de seguridad y custodia, lo que pone en riesgo la seguridad institucional, así como la integridad física de los demás internos y servidores públicos que laboran en el lugar en el que el ahora quejoso se encontraba privado de su libertad. En consecuencia, es dable inferir que se trata de un traslado de tipo urgente o excepcional, que es regulado en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que implica una determinación administrativa, cuando se trate de casos de delincuencia organizada, esté en riesgo la integridad y la salud de la persona privada de la libertad o esté en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario. Supuestos en que la autoridad penitenciaria deberá notificar a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que, en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida. Asimismo, se observa que, respecto de esa determinación administrativa, proceden dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida; el recurso de apelación y la controversia judicial; cuya procedencia, depende del actuar del Juez de Control o de Ejecución, ya que una vez que esa autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, y contra dicha resolución es procedente el recurso de apelación. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciase sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial. Así, cuando se presenten casos como el presente, en que la persona privada de su libertad reclama una orden de traslado de la cual no se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite el Juez de Ejecución, en tanto que la presumible determinación administrativa se comunicó al quejoso de forma verbal, lo procedente será que el afectado promueva una "controversia judicial", a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. Ello, porque conforme a lo dispuesto por el artículo 117, fracción III, último párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad podrán accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. Y en su último párrafo, prescribe que los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida, y en su caso, confirmada o revocada, a través de los medios legales de defensa antes referidos. En ese orden de ideas, queda de manifiesto que, contra la orden de traslado urgente o excepcional, que se reclama a una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, es procedente la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque ese medio de defensa legal, tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden de traslado. Por otra parte, debe decirse que, en el caso se considera que el quejoso sí estaba obligado a agotar la controversia judicial, prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal, toda vez que través del aludido medio de defensa, la persona privada de su libertad en un centro de reclusión, puede acceder a la suspensión de la orden de traslado emitida por una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa; sin que para ello se le exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni se establezca un plazo mayor que el previsto para el otorgamiento de la suspensión provisional, como lo requiere la fracción XX del artículo 61 del ordenamiento legal de referencia. En efecto, el artículo 122 la Ley Nacional de Ejecución Penal, señala que la controversia judicial, deberá formularse por escrito y presentarse ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, así como la solicitud de suspensión del acto, cuando se considere que se trata de caso urgente, y la firma o huella digital. De igual forma, prescribe que el Juez de Control o de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. Y el segundo párrafo del artículo 124 de la propia ley de ejecución, que regula su sustanciación, precisa que en caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Control o de Ejecución, de oficio o a solicitud de parte, decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. De manera que lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, cumple con las previsiones establecidas en el citado artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues tiene el alcance de conceder la suspensión de la determinación administrativa que ordena el traslado urgente o excepcional; medida que puede solicitarse por la persona privada de la libertad, o bien, decretarla de oficio el Juez de Control o de Ejecución. Incluso, establece que cuando se trate de violación a derechos fundamentales que constituyan un caso urgente, como ocurre cuando se trata de una restricción adicional a la libertad de los internos de algún centro penitenciario, la autoridad jurisdiccional, tiene el deber de atender de inmediato esa afectación y decretar la suspensión de la determinación administrativa impugnada, pues de no hacerlo así, podría dejar sin materia el medio de defensa legal intentado. Además, la controversia judicial que puede promoverse contra la orden de traslado urgente o excepcional, se trata de un mecanismo de defensa que se realiza bajo el esquema del sistema acusatorio, mediante audiencia a la que acuden todos los interesados y su sustanciación concluye con una resolución en la que el Juez de Ejecución debe pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos fundamentales de los sentenciados internos en los centros penitenciarios. Derivado de lo anterior, se concluye que la controversia judicial, prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal, es un medio de defensa legal que en su tramitación prevé la posibilidad de que el Juez de Ejecución ordene de inmediato la suspensión de la orden de traslado atribuida a la autoridad administrativa, sin que para ello se advierta la exigencia de mayores requisitos que los que la Ley de Amparo establece para la concesión de esa medida cautelar, ya que únicamente requiere de que el interesado formule una petición en ese sentido en el escrito inicial; e incluso, de no hacerlo, la autoridad jurisdiccional puede pronunciarse de oficio respecto del otorgamiento de la aludida medida cautelar. Ello, porque según se explicó, la orden de traslado en los términos que lo reclamó el quejoso, configura un caso urgente que impone al Juez de Ejecución un pronunciamiento inmediato sobre el otorgamiento de la suspensión, en virtud de que ese acto, cuando proviene de una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, puede implicar una restricción adicional al derecho fundamental a la libertad de la persona privada de su libertad en un centro penitenciario, y por ello, requiere de ser sometida al escrutinio judicial, a fin de verificar que la emisión de esa determinación encuentra fundamento en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes referidas. De igual forma, la suspensión que se otorga en la tramitación de la controversia judicial, se ajusta a lo prescrito en la Ley de Amparo, porque actualiza un deber para la autoridad jurisdiccional, consistente en evitar que el medio de defensa legal quede sin materia, en detrimento del anunciado derecho fundamental, objetivo que la propia Ley Nacional de Ejecución Penal busca cumplir, al prescribir que la suspensión decretada en estos casos, tendrá efecto hasta que se resuelva en definitiva. En esa tesitura, fundadamente se colige que la controversia judicial prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal, es un medio de defensa legal susceptible de suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional, presumiblemente emitida por la autoridad administrativa penitenciaria, sin autorización judicial previa, sin que exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, ya que para ello, sólo se requiere que la persona privada de la libertad, realice una petición simple en ese sentido en el escrito en que formula la controversia; o bien, el Juez de Control o de Ejecución, debe pronunciarse de oficio, con el deber de actuar de manera inmediata. Finalmente, debe decirse que en el caso, no se configura alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad -que la orden de traslado urgente o excepcional, carezca de fundamentación, que esta implique una violación directa a la Constitución y que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que lo contemple la Ley Nacional de Ejecución Penal-, lo anterior, porque las hipótesis para su procedencia están previstas en dicha ley especial y, por tanto, se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Esto es, el traslado urgente o excepcional, no es un acto que carezca de fundamentación, porque está previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, concretamente en su artículo 52, que faculta a la autoridad administrativa penitenciaria, para ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de su libertad, sin autorización judicial previa, cuando se actualice alguna de las hipótesis específicas que se prevén en las diversas fracciones de dicho numeral: tratándose de casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; cuando exista riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. Así, la fundamentación de la resolución administrativa penitenciaria que ordena un traslado urgente o excepcional se encuentra prevista en dicha disposición normativa; y la legalidad de su aplicación, se corroborará una vez que la determinación se somete al control de la autoridad jurisdiccional, luego de ejecutada la medida; en especial, a los jueces de ejecución, quienes controlan las diversas situaciones que acontecen dentro del centro de reinserción social en el cumplimiento de las penas, así como de las decisiones que sobre esa ejecución adopte la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos humanos se garanticen y efectivicen. En ese orden de ideas, si bien es cierto que la orden de traslado urgente o excepcional, se emite y ejecuta por una autoridad administrativa sin autorización judicial previo; ello no pugna con la judicialización del régimen penitenciario, porque la legalidad de esa determinación, finalmente la califica un Juez de Control o un Juez de Ejecución, según sea el caso, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que, en los supuestos específicos de la excepción al traslado voluntario, la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar esa medida, con el único requisito de notificar a las citadas autoridades judiciales, dentro de las veinticuatro horas de haber realizado el traslado, para el efecto de que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, se califique la legalidad de la determinación administrativa del traslado; acción que realiza la autoridad administrativa en la facultad legal que se advierte del numeral señalado, por lo cual se trata de una actuación realizada por autoridad competente para tales efectos. Así, el traslado urgente o excepcional, ordenado y ejecutado en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no constituye una violación directa a la Constitución Federal, porque conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisa las especificas hipótesis en las que de manera excepcional, se faculta a la autoridad administrativa para que emita y ejecute el traslado de personas privadas de su libertad de un centro penitenciario a otro, bajo requisitos específicos, pues se establecen plazos precisos (notificación del traslado a la autoridad jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución y cuarenta y ocho horas para calificar la legalidad de la determinación administrativa), con el fin de que la correspondiente autoridad judicial realice con posterioridad a la materialización del traslado, su control de legalidad, respecto del cual, de conformidad con el artículo 117, fracción III, y último párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuenta con un medio ordinario de defensa denominado controversia judicial, a través del cual, la actuación de la autoridad administrativa puede ser confrontada con el objeto de corroborar que no exista afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de su libertad en un centro de reclusión, sin perjuicio de que también se realice un ejercicio de verificación sobre la actualización de las hipótesis legales que autorizan el dictado de una orden de traslado urgente o excepcional. De ahí que, la orden de traslado urgente o excepcional por parte de autoridad administrativa, no constituye una violación directa a la Constitución Federal, pues se erige en un acto dentro del procedimiento, y al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el cual la determinación judicial que al efecto se dicte puede ser combatida. Por tanto, al corroborarse que en torno a la orden de traslado urgente o excepcional, existe un procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual culmina con una resolución impugnable a través del recurso de apelación regulado en la propia ley, se llega a la conclusión de que en el caso a estudio, tampoco se actualiza la excepción al principio de definitividad, relativa a que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Consecuentemente, no se actualiza alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad; y por tanto, en el caso de la reclamada orden de traslado, urgente o excepcional, emitida por autoridad administrativa en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previamente a la promoción del amparo indirecto, el aquí quejoso debía agotar la controversia judicial, prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Al no hacerlo así, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Sin que la anterior determinación contravenga la jurisprudencia 1a./J. 83/2015 (10a.), que se identifica con el rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA"; toda vez que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia al resolver el recurso de queja 36/2020, derivado de la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 837/2019, y el diverso recurso de queja 46/2020, se apartó de ese criterio en virtud de que el mismo derivó de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni con algún recurso para su impugnación, por lo que únicamente se tenía como parámetro, verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, de manera que si ahora se cuenta con la legislación especial -Ley Nacional de Ejecución Penal-, que es que regula las condiciones de internamiento y de ejecución de sanciones penales de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión, y en ella se faculta a la autoridad administrativa para que, en específicos supuestos ordene y ejecute una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, sin control judicial previo; porque previene que en ese caso, el referido control se realizará con posterioridad. En esas condiciones, ya no es válido concebir a la orden de traslado que se ejecuta sin control judicial previo, como un acto que afecte la libertad personal dictado fuera de procedimiento, aunque la calificación en cuanto a su legalidad se haya prescrito para un momento posterior y esto no se realice, ya que la persona afectada con el traslado, podrá promover la controversia judicial, que es el recurso previsto en la ley, a través del cual, la determinación de traslado puede ser revocada. Respecto de la conveniencia de invocar los precedentes señalados es ilustrativa la jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 3a./J. 22/91 de rubro y textos siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. NO SOLO ES POSIBLE SINO CONVENIENTE QUE SE ACUDA A PRECEDENTES DE LA SUPREMA CORTE PARA FUNDAR LAS. La cita de precedentes de la Suprema Corte de Justicia no sólo es posible hacerla para fortalecer el fundamento de las sentencias, sino conveniente, pues gracias a ellas es posible adecuar las normas jurídicas a las variadas situaciones concretas que se encuentran regidas por ellas". De lo expuesto, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo, promovido por **** al actualizarse la causa de sobreseimiento prevista en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables enunciadas en el considerando cuarto de esta resolución. Sexto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, de conformidad con los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la anterior Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; dese cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. En consecuencia, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo respectivo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, hecho lo anterior, glósese el acuse de envío correspondiente Séptimo. Notificación personal al quejoso recluido. En virtud que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, se comisiona al actuario judicial adscrito, para que de acuerdo al calendario de fechas programadas se haga presente en el mismo, en busca del citado quejoso y le notifique esta sentencia. Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 103, 107 de la constitución federal; 73, 74, 75 y 77, fracción II, de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE el juicio de amparo respecto a los actos y autoridades en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento a lo determinado en el considerando séptimo de esta determinación. Notifíquese personalmente, y al quejoso en su lugar de internamiento de conformidad con los protocolos establecidos por el Consejo de la Judicatura Federal.

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