Sergio Enrique Lopez Cardeña
Expediente 286/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 286/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 03/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Sergio Enrique Lopez Cardeña
- Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
AL H. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL DECIMOCUARTO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD.********************PRESENTE.******************** ******************** Constante de (42) cuarenta y dos fojas útiles y de conformidad con lo acordado en proveído de veinticinco de abril de dos mil veintitrés dictado en autos del juicio de amparo al rubro citado, promovido por ********************, contra actos que reclama del Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, y de otras autoridades; me permito remitir a usted el expediente de referencia, con motivo de la interposición del recurso de revisión hecho valer por el citado quejoso, en contra de la sentencia de once de abril del dos mil veintitrés, dictado por este Juzgado, junto con el escrito electrónico de expresión de agravios, la copia que le corresponde al Ministerio Público de la Federación, de acuerdo al artículo 89 de la Ley de Amparo, con anexo.******************** Suplico a usted se sirva ordenar se acuse recibo a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán y aceptar las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.********************MÉRIDA, YUCATÁN, A TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS.********************A T E N T A M E N T E.****************************************KARLA ALEXANDRA DOMÍNGUEZ AGUILAR.********************JUEZA TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE********************YUCATÁN.
- Principal
En la ciudad de Mérida, Yucatán, a las diez horas con trece minutos del once de abril de dos mil veintitrés, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 286/2023-VI, promovido por Sergio Enrique López Cardeña, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. Por tanto, la Jueza declara abierta la audiencia. A continuación, la Jueza ordena al Secretario hacer una relación de las constancias de autos, por lo que se dio cuenta con las siguientes: a) Demanda de amparo; b) Auto de admisión de la demanda; c) Constancia de notificación a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; y, d) Informes justificados de las autoridades responsables. Por otra parte, se da cuenta con el registro de Oficialía de Partes con folio 5331, correspondiente al escrito signado por el tercero interesado José Antonio Arenas Trujillo. Acto seguido, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos en tiempo y forma los informes justificados de las autoridades responsables para ser tomados en consideración como corresponda. Asimismo, se ordena agregar a los autos el escrito recibido en esta audiencia y dar cuenta con su contenido en la etapa correspondiente de esta audiencia. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con la documental que la Jueza Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado remitió junto con su informe justificado; así como con la documental, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humano, ofrecidas por la parte tercera interesada. En tal virtud, la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas las pruebas de cuenta, en virtud a su propia naturaleza, las que serán tomadas en consideración al resolver. Abierto el período de alegatos, se da cuenta con los alegatos formulados por José Antonio Arenas Trujillo, tercero interesado en el presente juicio de amparo. A lo anterior, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogados los alegatos del tercero interesado, para los efectos legales a que haya lugar. Hecho lo anterior, se ordena el cierre de esta etapa. A continuación, no habiendo diligencias pendientes por desahogar, la Jueza declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 286/2023-VI; y, A N T E C E D E N T E S PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, turnado el mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito, Sergio Enrique López Cardeña demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos que atribuyó a la Jueza Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, Secretario de Acuerdos y Actuario de su adscripción. La parte quejosa señaló como violados, los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del caso y expuso los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO. Por acuerdo de fecha veintidós de febrero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó su informe justificado a las responsables; se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S Y F U N D A M E N T O S PRIMERO. COMPETENCIA LEGAL. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales, 107 de la Ley de Amparo, 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de una demanda de amparo en materia civil promovida contra actos de autoridades que residen dentro de la circunscripción territorial en que esta Juzgadora ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que derivan del análisis integral de constancias de autos, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En ese sentido, del examen integral de las constancias de autos, se obtienen el siguiente acto reclamado: El emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 1777/2017, así como todas las actuaciones dictadas con posteridad y como consecuencia de dicho acto. TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados de la Jueza Primero Mercantil, de la Secretaria de Acuerdos de su adscripción, así como de la Actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, pues así lo manifestaron en sus respectivos informes justificados. Circunstancia que se corrobora con la copia certificada del expediente 1777/2017, relativo al juicio ejecutivo mercantil del índice del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, documentales a las que se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. Atento a la técnica que rige el juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, antes de examinarse la materia de fondo de la litis constitucional, debe analizarse el tema de la procedencia del juicio de amparo, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la tesis jurisprudencial número 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que a la letra, título y pie, señala: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. A juicio de la suscrita, respecto del acto reclamado de la Actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares Primer Departamento Judicial del Estado, así como respecto de las consecuencias atribuidas a la Jueza Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y Secretaria de Acuerdos de su adscripción, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que el quejoso no promovió la demanda de amparo dentro del plazo a que se refiere el numeral 17 de la Ley de la materia, por las razones que a continuación se exponen. En efecto, cabe recordar que el quejoso Sergio Enrique López Cardeña reclamó de las autoridades responsables, la falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 1777/2017 promovido por José Antonio Arenas Trujillo contra él y otra persona. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la Jueza responsable como justificación a su informe, las que han sido valoradas previamente, se advierte lo siguiente: a) Escrito presentado el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, signado por Jeanette de los Ángeles Rosado Novelo y Luis Felipe Chablé Lara, como endosatarios en procuración de José Antonio Arenas Trujillo, mediante el cual demanda en la vía ejecutiva mercantil a Sergio Enrique López Cardeña y a otra persona. (Fojas 3 a 11 del tomo anexo). b) Acuerdo de veintidós de enero de dos mil dieciocho, que admitió la demanda en la vía propuesta, correspondiéndole como número de orden el 1777/2017 y ordenó el emplazamiento de la parte demandada. (Fojas 20 y 21 del tomo anexo). c) Diligencia de requerimiento de pago y emplazamiento de trece de diciembre de dos mil dieciocho, entendida por el Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado con el aquí quejoso. (Folio 85 del tomo anexo). d) Sentencia de nueve de abril de dos mil diecinueve, en la que se condenó a la parte demandada al pago de las prestaciones reclamadas y se ordenó el trance y remate del inmueble embargado en el juicio. (Fojas 99 a 103 del tomo anexo) e) Auto de catorce de junio de dos mil diecinueve en el que se declaró que la sentencia causó ejecutoria. f) Auto de veinte de abril de dos mil veintidós en el que se ordena dar vista a la parte emendada con el avalúo exhibido por la parte actora respecto del bien inmueble embargado en autos. g) Diligencia de notificación personal de veinticinco de abril de dos mil veintidós entendida con el quejoso Sergio Enrique López Cardeña, respecto del auto de veinte de abril de dos mil veintidós, reseñado en el punto anterior. h) Escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil veintidós, ante el Juzgado Primer Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, signado por Sergio Enrique López Cardeña, mediante el cual interpuso un recurso de revocación contra el aludido auto de veinte de abril de dos mil veintidós. (Fojas 151 a 153 del legajo de copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 1777/2017). En ese sentido, la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia, dispone, el juicio de amparo es improcedente: Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Por su parte, el artículo 17 y 18 de la ley de la materia, establecen: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. La interpretación armónica de los numerales transcritos, lleva al convencimiento de que el legislador quiso fijar diversas reglas para computar el término de los quince días dentro de los cuales ha de presentarse la demanda de garantías para tenerla como oportunamente recibida; así, se tiene que los dos medios que en el dispositivo de que se trata se señalan para presumir que el afectado con un acto de autoridad se ha enterado de su existencia, son a) Desde el día siguiente al en que haya surtido sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Desde el día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Partiendo de las anteriores premisas, se constata que un acto se entiende como consentido tácitamente, cuando siendo susceptible de ser recurrido por la vía del amparo no se impugna dentro del término señalado por la ley; argumento que encuentra sustento por analogía de razón en la tesis VI.2º. J/21, Novena Época, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, página 291, Tomo II, Agosto de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. "Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala. En ese sentido, del análisis de constancias reseñadas en esta resolución se reitera que en el presente caso, se actualiza la citada causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que fue promovida fuera del plazo establecido por el artículo 17 de la Ley de Amparo. Para arribar a lo anterior, conviene destacar que la quejosa reclamó básicamente la falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 1777/2017, promovido en su contra por José Antonio Arenas Trujillo, violentándose con ello su garantía de audiencia. Respecto de dicho acto, conforme a los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, transcritos en líneas precedentes, el plazo para presentar la demanda de amparo, es de quince días, que se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Ahora, en su demanda de amparo la quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, concretamente en el capítulo de antecedentes, que fue el tres de febrero de dos mil veintitrés, cuando se enteró de la existencia del juicio mercantil 1777/2017 promovido en su contra; sin embargo, contra lo que afirma, de las copias certificadas del referido juicio, consta que ésta tenía conocimiento del procedimiento iniciado en su contra, al menos, desde el veintisiete de abril de dos mil veintidós. En efecto, de las copias certificadas del juicio de origen, obra el escrito presentado en esa fecha suscrito por el propio demandado, aquí quejoso, Sergio Enrique López Cardeña, ante el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. De lo anterior, se tiene que la parte quejosa, contra lo que afirma en su demanda de amparo, cuando menos tenía conocimiento del acto reclamado desde el veintisiete de abril de dos mil veintidós, fecha en que se apersonó al procedimiento de origen a través del escrito antes reseñado. Circunstancia que se concatena además, con la diligencia de veinticinco de abril de dos mil veintidós, en la que se entendió con él la notificación del auto de veinte de abril del mismo año, que fue objeto del recurso de revocación instado de su parte. En estas condiciones, si el hoy quejoso tuvo conocimiento de los actos reclamados, cuando menos desde el veintisiete de abril de dos mil veintidós, y presentó la demanda de amparo el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, es inconcuso que ha transcurrido con exceso el término que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, para presentar dicha demanda, el cual comenzó a computarse el día siguiente a la fecha en que tuvo conocimiento del mismo, conforme a lo señalado por el citado numeral 18 de la ley de la materia. Cabe resaltar que el referido escrito de interposición del recurso de revocación y las diligencias de notificación a que se ha hecho referencia y que obran en el expediente de origen no fueron cuestionadas o impugnadas en modo alguno por la parte quejosa, pese a que dichas constancias remitidas por la responsable con su informe justificado le fueron puestas a la vista en proveído de siete de marzo de dos mil veintitrés, el cual le fue notificado de forma personal. Tiene aplicación la tesis jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 163172, aparece publicada en la página 5, del Tomo XXXIII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de enero de dos mil once, que dispone: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. Por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes, en la especie se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, debe sobreseerse el presente juicio de garantías, en términos de lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la citada ley de la materia. Bajo tales circunstancias, al operar la citada causal de improcedencia respecto al emplazamiento reclamado por la quejosa, la misma suerte deben correr los demás actos reclamados y autoridades responsables, consistentes en todo lo actuado en el procedimiento de origen con posterioridad a dicha diligencia al no haberse reclamado por vicios propios. Lo anterior encuentra sustento, en la jurisprudencia VI. 2o. J/7, visible en la página 690, Tomo: II Segunda Parte-2, del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, del tenor literal: SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. Lo anterior, impide analizar los conceptos de violación que formula la quejosa, en virtud de la causal de improcedencia que se actualiza. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 65, 73, 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Sergio Enrique López Cardeña contra el acto que reclamó de la Jueza Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, Secretaria de Acuerdos de su adscripción y Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del también Primer Departamento Judicial del Estado; lo anterior, en atención a los argumentos expuestos en la última consideración de esta sentencia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantil y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista con dicho documento a las partes en este juicio y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Incidental
MESA VI. Visto lo informado por el Secretario en la cuenta que antecede, en el sentido de que ha transcurrido el término de cinco días fijado a la parte quejosa ********************, para que exhibiera la garantía que le fue impuesta en resolución interlocutoria de uno de marzo de dos mil veintitrés, a fin de que continuara surtiendo sus efectos la suspensión definitiva que se le concedió, sin que lo hubiere hecho.********************Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley de Amparo, se declara que ha dejado de surtir efectos la suspensión definitiva concedida a la referida parte quejosa, quedando expedita la jurisdicción del Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, Actuaria y Secretaria de Acuerdos, ambas de dicho Juzgado, todas con sede en esta ciudad de Mérida, para la ejecución de las consecuencias derivadas del acto reclamado, precisadas en el quinto considerando de la resolución referida.********************NOTIFÍQUESE. ********************Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes
- Sergio Bogar Cuevas Gonzalez1941/2021
- Sergio David Zapata Lopez838/2018
- Sergio de Jesus Pat Briceño741/2022
- Sergio Eduardo Martin Alcocer466/2021
- Sergio Efrain Cruz Garrido1/2022
- Sergio Emilio Cutz Chalé626/2023
- Sergio Enrique Lopez Cardeña1213/2019
- Sergio Felipe Caamas Tzec1146/2017
- Sergio Gabriel Silveira Ramirez629/2018
- Sergio Gualberto Duran Guerrero1964/2022
- Sergio Guillermo Lozoya Perez890/2021
- Sergio Hernández López1726/2022