Sergio Enrique García Baorreta

Expediente 1194/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1194/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
14/03/2022

Partes del expediente

  • Sergio Enrique García Baorreta
  • Sergio Enrique García Baorreta y Otros.
  • Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, catorce de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el mismo ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento fuera de audiencia. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como, el diverso numeral 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ambos ordenamientos establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de ser depurable, pues no obstante que se sobreseyó el juicio, se concedió la suspensión de plano y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que no obra constancia que acredite que haya sido notificada la parte quejosa del proveído de veinticuatro de enero del año en curso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, comisiónese al actuario correspondiente para que realice la notificación de la citada determinación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    EN ATENCION AL AVISO DE DIECIOCHO DE FEBRERO ULTIMO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE DIECISEIS DE FEBRERO Y VEINTICUATRO DE ENERO ULTIMOS A LA PARTE QUEJOSA; DETERMINACIONES QUE MENCIONAN LO SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que no obra constancia que acredite que haya sido notificada la parte quejosa del proveído de veinticuatro de enero del año en curso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, comisiónese al actuario correspondiente para que realice la notificación de la citada determinación. Y EL SIGUIENTE ACUERDO: Toluca, Estado de México, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Agréguese el escrito signado por Sergio Enrique García Barroeta, progenitor de la menor de iniciales P.G.R., por el cual, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de diecisiete del mes y año en curso, informa que ya le fue aplicada a la menor la segunda dosis de vacuna contra el virus SARS CoV-2, por lo que ya cuenta con el esquema de vacunación completo. Atento a ello, téngase por satisfecho el requerimiento formulado y déjese sin efectos el apercibimiento con que se le conminó. Por otra parte, visto el estado de autos, se advierte que el promovente de amparo Sergio Enrique García Barroeta, en representación de la menor de iniciales P.G.R., reclamó en la presente instancia constitucional, del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, en esencia: La negativa de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 en favor de la menor quejosa, para prevenir la enfermedad COVID-19. CESACIÓN DE EFECTOS Ahora bien, es importante indicar que el artículo 4° de la Constitución General de la República, establece que toda persona tiene derecho a la salud, del cual derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. Por ello, el Estado Mexicano ha suscrito convenios que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel de ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho. La realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Si bien para la justiciabilidad del derecho a la salud en el juicio de amparo, es menester constatar que se invoque la violación de un derecho fundamental que incorpora pretensiones jurídicas subjetivas y que la invasión al derecho que se denuncia represente un tipo de vulneración remediable por dicha vía, ello no permite descartar que, en ciertas ocasiones, dar efectividad al amparo implique adoptar medidas que colateral y fácticamente tengan efectos para más personas que las que actuaron como partes en el caso, siempre y cuando tales efectos tengan una relación fáctica o funcional con los de las partes. Argumentos que encuentran sustento en las siguientes tesis y jurisprudencias, de rubros siguientes: "DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL". "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN". "DERECHO A LA SALUD. SU TUTELA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO" Expuestas las pautas que deben regir el derecho fundamental a la salud, en relación con el diverso a la seguridad jurídica, deben tenerse presentes los antecedentes más relevantes del caso, a saber: El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo coronavirus que emergió recientemente (SARS-CoV-2). La pandemia de COVID-19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el once de marzo de dos mil veinte, la primera pandemia no debida a influenza que afecta a más de doscientos países, y con más de sesenta millones de casos hasta diciembre de dos mil veinte. Debe considerarse a la vacuna contra esta enfermedad como una de las medidas más costo- efectivas para controlar la pandemia, y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad. Entre los principales desafíos que se anticipan para la vacunación contra la enfermedad COVID-19, se encuentran el acceso oportuno, equitativo y suficiente a las vacunas; aspectos técnicos y logísticos, tales como el desarrollo de vacunas con nuevas tecnologías; la definición de grupos prioritarios para la vacunación; el número de dosis a administrar para lograr una protección adecuada, así como la seguridad y la efectividad de las vacunas. Adicionalmente, pueden presentarse retos programáticos relacionados con las necesidades de la cadena de frío; y la creación de la demanda para la vacunación entre otros. En tal sentido, en aras de salvaguardar el interés superior de la niñez, mediante proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, este juzgado de Distrito ordenó a las autoridades responsables que dentro del ámbito de sus facultades legales y atribuciones, llevaran a cabo las acciones necesarias para que se aplicara en favor de la menor de identidad reservada de iniciales P.G.R. la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, situación que sucedió en dos momentos y bajo dos dosis. Para ello, el apoderado legal del Secretario de Salud del Estado de México, informó que la primera dosis se les aplicaría el catorce de diciembre de la anualidad próxima pasada, situación que así aconteció en esa data, lo cual se corrobora con la manifestación que el promovente efectuó en el escrito de cuenta. Posteriormente, este órgano jurisdiccional realizó las gestiones necesarias a fin de completar el esquema de vacunación a la menor quejosa; por lo que se obtuvo que la fecha para la aplicación de la segunda dosis de vacunación sería el diecinueve de enero de dos mil veintidós; lo cual así aconteció, y se corrobora con lo manifestado por el quejoso en el escrito que se recibió el veinticuatro del mes y año en curso, en el que, bajo protesta de decir verdad, refiere que la menor de identidad reservada de iniciales P.G.R., recibió la segunda dosis de la vacuna. Manifestaciones que, al realizarse ante esta autoridad judicial, constituyen una confesión espontánea, que se traduce en una prueba plena que con la aplicación de la segunda dosis, el esquema de vacunación de la menor quejosa fue completado con éxito y sin complicación alguna de acuerdo a los estándares de salud considerados para tal efecto; ello, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe.". Sin que se soslaye el hecho de que a la fecha en que se actúa, todavía no se cuentan con las constancias en las que el apoderado de la Secretaría de Salud del Estado de México, acredite haber aplicado la segunda dosis a la infante quejosa; sin embargo, como se dijo, con la manifestación del promovente del amparo, que al realizarse ante esta autoridad judicial, constituye una confesión espontánea que se traduce en una prueba plena que acredita la aplicación de la segunda dosis de la vacuna, obteniendo así que la menor quejosa cuenta con el esquema de vacunación completo y sin complicación alguna. Máxime que en términos del artículo 260, de la Ley de Amparo, cualquiera de las partes está obligada a informar alguna causa de improcedencia. En consecuencia, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Lo anterior es así, ya que como se dijo, con las constancias allegadas en autos, a las cuales, se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, legislación de aplicación supletoria, se advierte que el apoderado del Secretario de Salud del Estado de México, informó que la primera dosis les fue aplicada el catorce de diciembre de la anualidad próxima pasada; en tanto que la aplicación de la segunda dosis de vacunación se efectuó el diecinueve de enero de dos mil veintidós, como se vio en párrafos que preceden. De ahí que, resulta inconcuso que se encuentra plenamente demostrada la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado; toda vez que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél, y a su vez, este Juzgado Federal ha advertido que se actualizó la relativa a la fracción XXI del mismo. Así las cosas, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, visible en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a l demanda.". Consecuentemente, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Háganse las anotaciones respectivas. Sin que pase desapercibido que la parte quejosa señalé como acto reclamado "la omisión de aplicar de manera congruente la Política Nacional de Vacunación, la omisión de informar y/o notificar de manera urgente e inmediata a los menores respecto de los Programas Nacionales de Inmunización, el trato desigualitario, diferenciado y discriminatorio, respecto a los derechos a la vida y a la salud, entre otras"; empero, este órgano de control constitucional considera que, tales omisiones, no le irrogan perjuicio alguno a la menor quejosa; ya que la causa de pedir de ésta última o la finalidad del presente sumario, era que se aplicaran el esquema de vacunación completo, lo cual aconteció en las datas señaladas con anterioridad; de ahí que sea innecesario el estudio sobre esos temas, porque se encuentran implícitos en la cesación antes detallada. Notifíquese.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Agréguese el escrito signado por Sergio Enrique García Barroeta, progenitor de la menor de iniciales P.G.R., por el cual, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de diecisiete del mes y año en curso, informa que ya le fue aplicada a la menor la segunda dosis de vacuna contra el virus SARS CoV-2, por lo que ya cuenta con el esquema de vacunación completo. Atento a ello, téngase por satisfecho el requerimiento formulado y déjese sin efectos el apercibimiento con que se le conminó. Por otra parte, visto el estado de autos, se advierte que el promovente de amparo Sergio Enrique García Barroeta, en representación de la menor de iniciales P.G.R., reclamó en la presente instancia constitucional, del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, en esencia: La negativa de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 en favor de la menor quejosa, para prevenir la enfermedad COVID-19. CESACIÓN DE EFECTOS Ahora bien, es importante indicar que el artículo 4° de la Constitución General de la República, establece que toda persona tiene derecho a la salud, del cual derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. Por ello, el Estado Mexicano ha suscrito convenios que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel de ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho. La realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Si bien para la justiciabilidad del derecho a la salud en el juicio de amparo, es menester constatar que se invoque la violación de un derecho fundamental que incorpora pretensiones jurídicas subjetivas y que la invasión al derecho que se denuncia represente un tipo de vulneración remediable por dicha vía, ello no permite descartar que, en ciertas ocasiones, dar efectividad al amparo implique adoptar medidas que colateral y fácticamente tengan efectos para más personas que las que actuaron como partes en el caso, siempre y cuando tales efectos tengan una relación fáctica o funcional con los de las partes. Argumentos que encuentran sustento en las siguientes tesis y jurisprudencias, de rubros siguientes: "DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL". "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN". "DERECHO A LA SALUD. SU TUTELA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO" Expuestas las pautas que deben regir el derecho fundamental a la salud, en relación con el diverso a la seguridad jurídica, deben tenerse presentes los antecedentes más relevantes del caso, a saber: El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo coronavirus que emergió recientemente (SARS-CoV-2). La pandemia de COVID-19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el once de marzo de dos mil veinte, la primera pandemia no debida a influenza que afecta a más de doscientos países, y con más de sesenta millones de casos hasta diciembre de dos mil veinte. Debe considerarse a la vacuna contra esta enfermedad como una de las medidas más costo- efectivas para controlar la pandemia, y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad. Entre los principales desafíos que se anticipan para la vacunación contra la enfermedad COVID-19, se encuentran el acceso oportuno, equitativo y suficiente a las vacunas; aspectos técnicos y logísticos, tales como el desarrollo de vacunas con nuevas tecnologías; la definición de grupos prioritarios para la vacunación; el número de dosis a administrar para lograr una protección adecuada, así como la seguridad y la efectividad de las vacunas. Adicionalmente, pueden presentarse retos programáticos relacionados con las necesidades de la cadena de frío; y la creación de la demanda para la vacunación entre otros. En tal sentido, en aras de salvaguardar el interés superior de la niñez, mediante proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, este juzgado de Distrito ordenó a las autoridades responsables que dentro del ámbito de sus facultades legales y atribuciones, llevaran a cabo las acciones necesarias para que se aplicara en favor de la menor de identidad reservada de iniciales P.G.R. la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, situación que sucedió en dos momentos y bajo dos dosis. Para ello, el apoderado legal del Secretario de Salud del Estado de México, informó que la primera dosis se les aplicaría el catorce de diciembre de la anualidad próxima pasada, situación que así aconteció en esa data, lo cual se corrobora con la manifestación que el promovente efectuó en el escrito de cuenta. Posteriormente, este órgano jurisdiccional realizó las gestiones necesarias a fin de completar el esquema de vacunación a la menor quejosa; por lo que se obtuvo que la fecha para la aplicación de la segunda dosis de vacunación sería el diecinueve de enero de dos mil veintidós; lo cual así aconteció, y se corrobora con lo manifestado por el quejoso en el escrito que se recibió el veinticuatro del mes y año en curso, en el que, bajo protesta de decir verdad, refiere que la menor de identidad reservada de iniciales P.G.R., recibió la segunda dosis de la vacuna. Manifestaciones que, al realizarse ante esta autoridad judicial, constituyen una confesión espontánea, que se traduce en una prueba plena que con la aplicación de la segunda dosis, el esquema de vacunación de la menor quejosa fue completado con éxito y sin complicación alguna de acuerdo a los estándares de salud considerados para tal efecto; ello, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe.". Sin que se soslaye el hecho de que a la fecha en que se actúa, todavía no se cuentan con las constancias en las que el apoderado de la Secretaría de Salud del Estado de México, acredite haber aplicado la segunda dosis a la infante quejosa; sin embargo, como se dijo, con la manifestación del promovente del amparo, que al realizarse ante esta autoridad judicial, constituye una confesión espontánea que se traduce en una prueba plena que acredita la aplicación de la segunda dosis de la vacuna, obteniendo así que la menor quejosa cuenta con el esquema de vacunación completo y sin complicación alguna. Máxime que en términos del artículo 260, de la Ley de Amparo, cualquiera de las partes está obligada a informar alguna causa de improcedencia. En consecuencia, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Lo anterior es así, ya que como se dijo, con las constancias allegadas en autos, a las cuales, se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, legislación de aplicación supletoria, se advierte que el apoderado del Secretario de Salud del Estado de México, informó que la primera dosis les fue aplicada el catorce de diciembre de la anualidad próxima pasada; en tanto que la aplicación de la segunda dosis de vacunación se efectuó el diecinueve de enero de dos mil veintidós, como se vio en párrafos que preceden. De ahí que, resulta inconcuso que se encuentra plenamente demostrada la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado; toda vez que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél, y a su vez, este Juzgado Federal ha advertido que se actualizó la relativa a la fracción XXI del mismo. Así las cosas, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, visible en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a l demanda.". Consecuentemente, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Háganse las anotaciones respectivas. Sin que pase desapercibido que la parte quejosa señalé como acto reclamado "la omisión de aplicar de manera congruente la Política Nacional de Vacunación, la omisión de informar y/o notificar de manera urgente e inmediata a los menores respecto de los Programas Nacionales de Inmunización, el trato desigualitario, diferenciado y discriminatorio, respecto a los derechos a la vida y a la salud, entre otras"; empero, este órgano de control constitucional considera que, tales omisiones, no le irrogan perjuicio alguno a la menor quejosa; ya que la causa de pedir de ésta última o la finalidad del presente sumario, era que se aplicaran el esquema de vacunación completo, lo cual aconteció en las datas señaladas con anterioridad; de ahí que sea innecesario el estudio sobre esos temas, porque se encuentran implícitos en la cesación antes detallada. Notifíquese.

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