Sergio Eduardo Olvera Magaña

Expediente 719/2016 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 42 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
719/2016
Año
2016
Actuaciones
42
Última actuación
15/06/2017

Partes del expediente

  • Sergio Eduardo Olvera Magaña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 42.

  1. Principal

    Ciudad de México, a quince de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la parte quejosa. En atención a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa la copia certificada que solicita, previa toma de razón que por su recibo conste en autos, en el entendido que el horario establecido para la entrega es de diez a doce horas.

  2. Principal

    Cúmplase

  3. Principal

    Ciudad de México, a siete de junio de dos mil diecisiete. Vista la cuenta que antecede se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, de conformidad con los artículos 192 y 196 de la ley de la materia, se estudiará con base en las constancias que integran el expediente si la sentencia protectora se encuentra o no cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 26 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, marzo de 2000, de rubro "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Así, por sentencia de uno de febrero de dos mil diecisiete, por una parte se sobreseyó en el juicio y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por Sergio Eduardo Olvera Magaña, contra el acto que atribuyó al Fiscal Desconcentrado de Investigación en Cuauhtémoc, de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, consistente en la resolución de catorce de septiembre pasado, en que se resolvió que es procedente la propuesta de no ejercicio de la acción penal dictada en la averiguación previa FCH/CUH8/T1/911/15-09, tal concesión fue para los siguientes efectos: 1. Dejara insubsistente la resolución reclamada. 2. Dictara otra en que conforme a los lineamientos precisados en la sentencia de amparo, estableciera que no es procedente confirmar la autorización del no ejercicio de la acción penal; consecuentemente, devuelva los autos de la indagatoria al agente del Ministerio Público del conocimiento, a fin de que se allegue de los elementos de prueba que considere pertinentes, para poder determinar si existe o no algún indicio de que las partes contendientes en el juicio hipotecario 1306/2011, declararon o confesaron falsamente algo que no pasó o no se convino entre ellas; o, en su caso, determine si se acredita alguna otra conducta delictiva. Inconforme con el sobreseimiento decretado, el quejoso interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, bajo el orden 57/2017, el que en sesión de nueve de mayo pasado, en lo que fue materia de la revisión, confirmó la sentencia impugnada, por lo que el once de mayo siguiente, una vez que se recibió copia certificada de tal determinación, se requirió al fiscal responsable para que en el plazo de tres días diera cumplimiento a la sentencia de amparo. Así, mediante oficio presentado en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el dieciocho de mayo pasado, dicho fiscal envió el informe relativo, adjunto al cual remitió copia certificada del auto y resolución emitidos el diecisiete anterior, de los que se advierte que en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se ha restituido al demandante del amparo en el pleno goce del derecho que se consideró transgredido en su perjuicio, pues una vez que dejó insubsistente la resolución reclamada, emitió una nueva determinación en la que determinó que no es procedente el no ejercicio de la acción penal, toda vez que faltan diligencias por desahogar por parte del agente investigador, por lo que le ordenó lo siguiente: "a).- Citar a la denunciante para que amplié su declaración ubicándose en circunstancias de lugar, tiempo modo y ocasión de los hechos, y que nos ofrezca pruebas de su dicho b).- El Ministerio Público Investigador deberá allegarse de todos los elementos de prueba que considere pertinentes para poder determinar si existe o no algún indicio de que las partes contendientes en el juicio hipotecario 1306/2011 declararon o confesaron falsamente algo que no paso o no se convino entre ellas o en su caso, determine si se acredita otra conducta delictiva Y una vez realizado lo anterior se entre nuevamente al estudio y se determine conforme a derecho corresponda fundando y motivando correctamente, la determinación correspondiente, Y deberá notificarle personalmente a la agraviada C. SERGIO EDUARDO OLVERA MAGANA, la determinación que realice el Ministerio Público dicha resolución para no violentar sus garantías individuales". Por tanto, este órgano de control constitucional tiene cumplida la ejecutoria que se analiza. Finalmente, resérvese el envío del expediente al archivo de este órgano de control constitucional, hasta en tanto transcurra el plazo de quince días que establece el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el último párrafo de dicho numeral.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista al tercero interesado José Agustín Acevedo Arrieta el auto de siete de junio de dos mil diecisiete, que en lo conducente dice: "Ciudad de México, a siete de junio de dos mil diecisiete. Vista la cuenta que antecede se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, de conformidad con los artículos 192 y 196 de la ley de la materia, se estudiará con base en las constancias que integran el expediente si la sentencia protectora se encuentra o no cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 26 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, marzo de 2000, de rubro "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Así, por sentencia de uno de febrero de dos mil diecisiete, por una parte se sobreseyó en el juicio y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por Sergio Eduardo Olvera Magaña, contra el acto que atribuyó al Fiscal Desconcentrado de Investigación en Cuauhtémoc, de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, consistente en la resolución de catorce de septiembre pasado, en que se resolvió que es procedente la propuesta de no ejercicio de la acción penal dictada en la averiguación previa FCH/CUH8/T1/911/15-09, tal concesión fue para los siguientes efectos: 1. Dejara insubsistente la resolución reclamada. 2. Dictara otra en que conforme a los lineamientos precisados en la sentencia de amparo, estableciera que no es procedente confirmar la autorización del no ejercicio de la acción penal; consecuentemente, devuelva los autos de la indagatoria al agente del Ministerio Público del conocimiento, a fin de que se allegue de los elementos de prueba que considere pertinentes, para poder determinar si existe o no algún indicio de que las partes contendientes en el juicio hipotecario 1306/2011, declararon o confesaron falsamente algo que no pasó o no se convino entre ellas; o, en su caso, determine si se acredita alguna otra conducta delictiva. Inconforme con el sobreseimiento decretado, el quejoso interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, bajo el orden 57/2017, el que en sesión de nueve de mayo pasado, en lo que fue materia de la revisión, confirmó la sentencia impugnada, por lo que el once de mayo siguiente, una vez que se recibió copia certificada de tal determinación, se requirió al fiscal responsable para que en el plazo de tres días diera cumplimiento a la sentencia de amparo. Así, mediante oficio presentado en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el dieciocho de mayo pasado, dicho fiscal envió el informe relativo, adjunto al cual remitió copia certificada del auto y resolución emitidos el diecisiete anterior, de los que se advierte que en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se ha restituido al demandante del amparo en el pleno goce del derecho que se consideró transgredido en su perjuicio, pues una vez que dejó insubsistente la resolución reclamada, emitió una nueva determinación en la que determinó que no es procedente el no ejercicio de la acción penal, toda vez que faltan diligencias por desahogar por parte del agente investigador, por lo que le ordenó lo siguiente: "a).- Citar a la denunciante para que amplié su declaración ubicándose en circunstancias de lugar, tiempo modo y ocasión de los hechos, y que nos ofrezca pruebas de su dicho b).- El Ministerio Público Investigador deberá allegarse de todos los elementos de prueba que considere pertinentes para poder determinar si existe o no algún indicio de que las partes contendientes en el juicio hipotecario 1306/2011 declararon o confesaron falsamente algo que no paso o no se convino entre ellas o en su caso, determine si se acredita otra conducta delictiva Y una vez realizado lo anterior se entre nuevamente al estudio y se determine conforme a derecho corresponda fundando y motivando correctamente, la determinación correspondiente, Y deberá notificarle personalmente a la agraviada C. SERGIO EDUARDO OLVERA MAGANA, la determinación que realice el Ministerio Público dicha resolución para no violentar sus garantías individuales". Por tanto, este órgano de control constitucional tiene cumplida la ejecutoria que se analiza. Finalmente, resérvese el envío del expediente al archivo de este órgano de control constitucional, hasta en tanto transcurra el plazo de quince días que establece el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el último párrafo de dicho numeral.

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