Sergio Eduardo López Vázquez
Expediente 373/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 373/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/07/2021
Partes del expediente
- Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México
- Sergio Eduardo López Vázquez
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio 1183-VI signado por el Secretario de acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria dictada en sesión de treinta de junio del año en cita, en la queja 100/2021 de su índice, en la cual se declaró infundado el recurso de queja interpuesto por el quejoso Sergio Eduardo López Vázquez, contra el acuerdo emitido por este órgano judicial el once de mayo de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. Se ordena expedir el acuse de recibo correspondiente. Archivo del expediente Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el expediente como concluido. Destino del expediente principal En otro orden de ideas, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación que el expediente es susceptible de destrucción; ya que se desechó la demanda de amparo, ello con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, por lo que una vez que trascurra el termino de cinco años de archivado el expediente procederá a su destrucción Asentar datos en carátula del expediente De conformidad, con el punto décimo primero, párrafo segundo, del citado acuerdo general se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Archivo físico Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
Se agrega el oficio 8868, procedente del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, con el cual remite el diverso 1158, remitido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, con el que informa que admitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso Sergio Eduardo López Vázquez, contra el acuerdo emitido por este órgano judicial el once de mayo de dos mil veintiuno, mismo que quedó registrado con el número de recurso de queja 100/2021, de su estadística; asimismo acusa recibo de las constancias remitidas para tal efecto.
- Principal
Visto lo de cuenta, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena agregar el escrito -recibido vía electrónica- del quejoso Sergio Eduardo López Vázquez, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del acuerdo emitido por este órgano judicial el once de mayo de dos mil veintiuno -en el que se desechó la demanda de amparo-. Interposición de recurso Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer la parte quejosa. Innecesaria vista para señalar constancias Dado que en el presente asunto se desechó la demanda de amparo, y por ende no existen más contendientes procesales, resulta innecesario otorgar a las partes el plazo de tres días para que señalen las constancias que deberán remitirse al tribunal colegiado para la sustanciación del recurso en comento, de conformidad con lo previsto en el párrafo segundo del artículo 101 de la Ley de Amparo, debido a que este órgano jurisdiccional remitirá copia certificada de la totalidad de las actuaciones. Rendición de informe En ese tenor, ríndase el informe respectivo, en el sentido que ES CIERTO el acto reclamado por la parte quejosa, dado que mediante proveído dictado el once de mayo de dos mil veintiuno -en el que se desechó la demanda de amparo-, por las razones ahí expuestas. Estimando que a su vez fue dictado conforme a derecho, al que se anexará el original y copia del escrito de cuenta; asimismo, copia certificada de las constancias respectivas en relación a lo actuado en el presente juicio y remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno. Háganse las anotaciones respectivas. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, once de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho, contra el acto y autoridad responsable, que enseguida se precisan: Acto reclamado 1) La sentencia interlocutoria dictada el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, dentro del expediente 1293/2019, a través de la cual la autoridad responsable declaró infundados los agravios planteados dentro del recurso de revocación formulados contra el auto de veintiséis de marzo pasado -Acuerdo en el que la autoridad responsable tuvo por desahogada la vista del actor incidentista con la contestación de la demanda incidental de los demandados Nadia Torres Montes de Oca y Luis Eduardo López Torres, sin embargo, el quejoso alude que la responsable no se pronunció sobre el requerimiento que se realizara a la demandada Nadia Torres Montes de Oca, consistente en que rindiera un informe pormenorizado y detallado de los actos administración con relación a la pensión alimenticia-. Autoridad responsable. 1) Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, México. Radicación del asunto Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo se registra este asunto en el libro de gobierno correspondiente con el número de juicio de amparo 373/2021 y constriñe formar los expedientes físicos y electrónicos, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. Desechamiento Previo a acordar lo conducente, es necesario examinar el escrito inicial a fin de determinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se actualiza algún motivo manifiesto e indudable para estimar lo contrario, en términos del artículo 113 de la ley de la materia, del tenor siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Octava Época, con número de registro 221353, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, dentro del tomo VIII, noviembre de 1991, la cual es visible a página 198, y establece lo que a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional." Expuesto lo anterior, cabe mencionar que, de oficio, este órgano de control constitucional advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley. . Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que es Estado Mexicano sea parte; . El dispositivo 61, fracción XXIII de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, establece que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto enunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Por su parte, el diverso 107, fracción V, del ordenamiento jurídico antes invocado señala que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Es criterio reiterado de los tribunales federales que los actos de imposible reparación son aquéllos que afectan derechos sustantivos, como la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, etcétera, tutelados por los derechos humanos, imposible de restituir incluso ni en el caso de que el agraviado obtenga sentencia favorable en el procedimiento jurisdiccional de que se trate. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia ciento setenta y cinco, visible en la página ciento cuarenta y cuatro, Tomo VI, Materia Común, Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, cuyo contenido es: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto 'Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación ...'. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". También es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número II.2o.P. J/29, sostenida por este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de 2009, Novena Época, página 1721, del rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. PARA SU PROCEDENCIA DEBE ATENDERSE A LOS EFECTOS QUE PRODUCEN OBJETIVA Y JURÍDICAMENTE, Y NO A LAS ARGUMENTACIONES QUE CONSTITUYAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es equivocada la pretensión de confundir la identidad y naturaleza de los actos reclamados con los conceptos de violación que se enderezan a tratar de explicar y, en su caso, justificar por qué el acto reclamado se estima inconstitucional, pues independientemente del número o variedad de dichos conceptos, ello no produce una segmentación o multiplicación del acto o actos reclamados cuando la identidad y precisión de ellos aparece debidamente delimitada. Por tanto, para determinar la procedencia del juicio en el supuesto previsto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto es, tratándose de actos dentro de juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, deben considerarse los efectos que producen de manera objetiva y jurídica, y no las argumentaciones que constituyan los conceptos de violación, pues éstos, en todo caso, constituyen el fondo del amparo que pudiera llegar a resolverse de estimarse procedente la demanda de garantías. Ello es así, porque la consideración de los efectos del acto constituyen el presupuesto de su procedibilidad, previo al análisis de los conceptos de violación o motivos de inconformidad, ya que de lo contrario no sólo se desconocería la técnica del juicio de amparo, sino que se atentaría contra la lógica elemental y la estructura de este medio de control constitucional, haciendo nugatoria la procedencia de la aludida fracción IV del artículo 114 de la propia ley". Aunado a lo anterior, conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció un criterio orientador, a fin de definir cuándo se estaba en presencia de actos dentro de juicio de imposible reparación. Sobre el tema, se determinó que debían considerarse como actos de imposible reparación aquéllos, que sin afectar derechos sustantivos tutelados por derechos fundamentales, constituyeran violaciones procesales, que afectaran en grado predominante o superior a las partes. Conforme a los criterios que llevaron al Máximo Tribunal a determinar la existencia de violaciones en grado predominante o superior, se estableció que esa afectación exorbitante sólo podía determinarse objetivamente al tomar en cuenta la institución procesal que estuviera en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica en el procedimiento; así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo. Así, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó a admitir ciertos supuestos adicionales de procedencia del amparo indirecto dentro del juicio, siempre y cuando las consecuencias de los actos procesales afectaran a las partes en grado predominante o superior Ilustra el criterio fijado en la tesis aislada P. LVIII/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 10, intitulada: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio." Bajo esa premisa, el acto que reclama la parte quejosa, a saber, la sentencia interlocutoria dictada el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, dentro del expediente 1293/2019, a través de la cual la autoridad responsable declaró infundados los agravios planteados dentro del recurso de revocación formulados contra el auto de veintiséis de marzo pasado -Acuerdo en el que la autoridad responsable tuvo por desahogada la vista del actor incidentista con la contestación de la demanda incidental de los demandados Nadia Torres Montes de Oca y Luis Eduardo López Torres, sin embargo, el quejoso alude que la responsable no se pronunció sobre el requerimiento que se realizara a la demandada Nadia Torres Montes de Oca, consistente en que rindiera un informe pormenorizado y detallado de los actos administración con relación a la pensión alimenticia-, es un acto de naturaleza formal o adjetiva que puede o no trascender al resultado del fallo -es decir, al momento de que la autoridad responsable resuelva sobre el incidente de rendición de cuentas y declaración de cambio de cuenta bancaria instado por la parte quejosa, en el expediente 1293/2012-; por tanto, no puede considerarse como un acto que produzca una afectación presente y material a derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales condiciones, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en concordancia con el diverso numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Sergio Eduardo López Vázquez, por notoriamente improcedente. Consulta de medios electrónicos Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Domicilio Por así solicitarlo la quejosa, con fundamento en en el artículo 27, fracción III, inciso a), y el diverso 29, de la Ley de Amparo, se tienen las listas que se publican en los estrados de este juzgado para que la parte quejosa oiga y reciba todo tipo de notificaciones, aun las que ameriten ser personales. Autorización de consulta de expediente electrónico Con fundamento en los artículo 77 y 78 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Consejo de la Judicatura Federal que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y el 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autorizan los permisos correspondientes al usuario "rubilizethcardenasjardon", a efecto de que pueda ser consultado el expediente electrónico. Autorizada Con relación a la autorizada Rubí Lizeth Cárdenas Jardón, se advierte que cuenta con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por lo que con apoyo en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se le tiene por autorizada en términos amplios. Digitalización En términos de lo establecido por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la firma electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE); y en el Acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE), procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Gratuidad del servicio Se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 constitucional, todos los servicios que presta este juzgado de distrito son gratuitos. Transparencia Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma Oscar Antonio Madero González, Titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistido de Mario Iván Soriano Esparza, secretario que autoriza y da fe. Cotejó: Mario Iván Soriano Esparza jmmc
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