Sergio Echaniz Villamar

Expediente 744/2016 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
744/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
31/05/2018

Partes del expediente

  • Sergio Echaniz Villamar

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación hecha por la secretaria, en la que se hizo constar que transcurrió el plazo de quince días que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, a las partes para inconformarse contra la resolución en la que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, sin que hayan hecho manifestación alguna; consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena su archivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Finalmente, atendiendo a lo previsto en el punto cuarto del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la valoración de los expedientes judiciales y auxiliares, en relación con el Acuerdo General Conjunto 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, cabe señalar que este expediente no tiene relevancia documental y es depurable, lo que deberá anotarse en su carátula, así como la fecha del presente proveído.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Naucalpan de Juárez, estado de México, a cinco de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, procede determinar si se encuentra cumplida la ejecutoria constitucional dictada por este tribunal en sesión de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete . Con el objeto de establecer si se logró la finalidad restitutoria de la ejecutoria constitucional, debe señalarse que los efectos de la sentencia de referencia fueron para que:  Deje insubsistente la sentencia reclamada y,  Dicte una nueva, la que en derecho corresponda, pero en la que se pronuncie todo lo relativo a la incompetencia de la autoridad propuesto por la entonces recurrente." . Ahora bien, una vez que la responsable recibió el testimonio de dicha ejecutoria constitucional procedió en los siguientes términos:  Mediante oficio TCA/SS/III/03286/2017 de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete (foja 104 de estos autos), el Actuario de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, informó que mediante auto de veintisiete del mes y año citados, el Magistrado Presidente de ese órgano jurisdiccional realizó lo siguiente: a) De conformidad con la ejecutoria dictada el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, ordenó turnar los autos al Magistrado Miguel Ángel Vázquez del Pozo a fin de que formulara la resolución correspondiente .  Mediante oficio TCA/SS/III/03727/2017 de diecinueve de abril de dos mil diecisiete (foja 108 de estos autos), el Secretario General de Acuerdos de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, remitió copia certificada de la sentencia de esa misma fecha, en la cual resolvió lo siguiente: En el considerando tercero, en estricto cumplimiento a la ejecutoria dictada el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, dejó insubsistente la sentencia reclamada de tres de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en los autos del recurso de revisión 1132/2016 . En el considerando cuarto, determinó que la materia a tratar, versaría sobre la omisión de la Sala Regional de resolver sobre los argumentos de Sergio Echaniz Villamar, vertidos dentro de su escrito de demanda, relativos a la incompetencia de la Directora de Responsabilidades de la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México para instaurar y tramitar el procedimiento administrativo IGISPEM/DR/143/2015 . Argumentos que, medularmente, consideró infundados, pues de las constancias del juicio natural, dijo se desprendió que no se requirió de una evaluación técnico-jurídica por parte de la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador, para la adecuada tramitación, conocimiento y comprobación de los datos sobre los que basó su resolución administrativa sancionadora, en virtud de que la sanción que se le impuso al hoy quejoso, es propio de un Agente de la referida institución en el marco del régimen disciplinario como servidor público, es decir, la conducta que se le atribuyó fue la de no cumplir con su obligación de comparecer a la audiencia intermedia, conforme lo previsto en el artículo 100, apartado B, fracción II, inciso e, de la Ley de Seguridad del Estado de México; y no así de una omisión o acto derivado de una evaluación que tuviera relación con el desarrollo técnico jurídico de su actuar como Agente del Ministerio Público, por lo que no era indispensable que el órgano técnico realizara una investigación especializada. Ahora bien, por escrito recibido el doce de mayo de dos mil dieciséis (foja 141 del cuaderno del juicio de amparo), ante la Oficialía de Partes de este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Sergio Echaniz Villamar, realizó manifestaciones en relación con el cumplimiento. En dicho escrito, la parte quejosa en resumen argumentó lo siguiente: Que no puede considerarse que la ejecutoria de amparo se encuentra debidamente cumplida, ya que insiste en que la conducta, materia de la litis, lo fue la inasistencia a la audiencia de continuación intermedia dentro de la carpeta administrativa 560/13, misma que tuvo verificativo el veintiséis de septiembre de dos mil catorce, en la sala Cuatro del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México, misma que fue atribuida por la Directora de Responsabilidades de la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México, sin considerar que la norma señala evaluaciones técnico-jurídicas para evaluar el desarrollo de los agentes del ministerio público son facultades delegadas por imperativo de norma a la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador . Aduce que la conducta que se le atribuyó no deviene de la requerida evaluación técnico-jurídica que determine el desarrollo indebido del ahora quejoso, como Agente del Ministerio Público pues debió emanar dicha evaluación realizada por otro servidor público facultado para ello. De igual forma señala que la facultad de identificar omisiones en el desarrollo técnico-jurídico de los Agentes del Ministerio Público corresponde exclusivamente a la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador, lo anterior de conformidad con el "Decreto del Ejecutivo del Estado por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México", publicada en la Gaceta de Gobierno el once de octubre de dos mil trece. Añade que la Dirección General de Visitaduría, a la fecha se encuentra extinta y las atribuciones que tenía, mediante decreto que reformó algunos preceptos del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, (publicado en "Gaceta de Gobierno" el día 11 de octubre del 2013), le fueron conferidas a la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador, siendo que esa autoridad está facultada para poder precisar que un Agente del Ministerio Público infringió un dispositivo jurídico tendiente a regular la debida secuela en el ámbito penal o procesal penal y en su caso dar vista a la autoridad que corresponda para que ésta, en apego a su competencia instaure los procedimientos a que su naturaleza jurídica competan y que ante ello la autoridad responsable si bien es cierto hizo pronunciamiento, no menos es cierto que lo hizo dejando a la normatividad vigente como "letra muerta". Argumentos que son ineficaces. Así es, porque este tribunal colegiado concedió a la responsable libertad de jurisdicción para resolver el asunto, por tanto, los argumentos encaminados a controvertir las consideraciones de fondo, no son susceptibles de analizarse, pues en todo caso, éstas serían materia de otro amparo. Es así, ya que, el que se haya señalado como efecto en la ejecutoria de amparo que se resuelva lo que en derecho corresponda, dota a la responsable de libertad de jurisdicción, esto es, no se encuentra sujeta a resolver en algún sentido, lo que se traduce en que tampoco está obligada a resolver de manera favorable las pretensiones de la parte quejosa. Por tanto, este tribunal, con fundamento en los artículos 192, 196, último párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria, puesto que la autoridad responsable actuó conforme a los lineamientos vertidos en la sentencia de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, dictada por este tribunal, pues dejó insubsistente la resolución reclamada y dictó una nueva en la que, se pronunció sobre los argumentos vertidos por el recurrente sobre la incompetencia de la autoridad, en el sentido que estimó procedente. Por otra parte, respecto del oficio de la parte tercero interesada, recibido en este órgano colegiado el diez de mayo de dos mil diecisiete, mediante el cual realiza manifestaciones en relación a la vista otorgada por auto de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, mediante las cuales solicita se tenga por cumplida la ejecutoria dictada en autos; en consecuencia dígasele que deberá estarse a lo determinado en párrafos precedentes. Finalmente, hágase saber a la parte quejosa y al tercero interesado que cuentan con un plazo de quince días para interponer inconformidad en contra de esta resolución, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia número P./J.16/2013 (10), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, es el siguiente: "INCONFORMIDAD EN EL AMPARO DIRECTO. PARA RESOLVERLA DEBE REALIZARSE UN EXAMEN COMPARATIVO GENERAL O BÁSICO ENTRE LAS CONDUCTAS SEÑALADAS POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL COMO EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Y LAS ADOPTADAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La inconformidad prevista en el artículo 105, párrafo tercero, de la Ley de Amparo (vigente hasta el 2 de abril de 2013) constituye un medio de impugnación contra la resolución que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, cuyo estudio atiende a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal; así, cualquiera de las partes que considere incorrecta la determinación en el sentido de que se ha cumplido la sentencia de amparo, puede interponer la inconformidad dentro de los 5 días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución correspondiente. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver la inconformidad contra la resolución de un Tribunal Colegiado de Circuito que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, debe realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable para determinar si la decisión de cumplimiento del Tribunal Colegiado de Circuito se ajustó o no a derecho y así calificarla de infundada o fundada. Lo anterior, sin que en las consideraciones efectuadas al realizar dicho examen comparativo se prejuzgue sobre la legalidad de las consideraciones de la autoridad responsable, conservando las partes su derecho a interponer otros medios de impugnación, como el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción IX, de la referida Ley de Amparo o, en su caso, un nuevo juicio de amparo." De igual manera, hágase de su conocimiento que el aludido recurso, de interponerse, se sustanciará ante este tribunal colegiado, ya que derivado de la reforma de siete de septiembre de dos mil diecisiete, se adicionó la fracción IV del punto Octavo y se modificó el párrafo segundo y la fracción IV del punto Noveno del Acuerdo General número 5/2013, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservara para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados, dicho medio de impugnación procede contra las resoluciones de cumplimiento dictadas por los presidentes de los tribunales colegiados, y se resolverá por el Pleno del Tribunal Colegiado.

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