Sergio Duarte Estrella

Expediente 178/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 23 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
178/2019
Año
2019
Actuaciones
23
Última actuación
28/08/2019

Partes del expediente

  • Sergio Duarte Estrella

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Incidental

    Mexicali, Baja California, a veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que quedó consentida la resolución en torno al cumplimiento del fallo protector dictado en el juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Garantía. No hay para la devolución. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración y destrucción. Al haberse concedido la suspensión en este expediente, el original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, al haberse otorgado la suspensión, lo que ocurrirá en el plazo de cinco años, en términos del numeral vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General 1/2009, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Consejo de la Judicatura Federal, mientras que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, al término de seis meses, conforme con el diverso vigésimo, fracción III, del acuerdo general de que se trata. Archivo. Finalmente, del propio estado que guardan los presentes autos, puede advertirse que no existe promoción alguna pendiente de acordar, ni diligencia que desahogar; por tanto, así como se ordenó en el juicio de amparo principal del que deriva el incidente de suspensión en que se actúa, envíese el presente expediente al archivo. Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. Inconformidad. Visto lo de cuenta, apreciándose que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución en la que se dilucidó en torno al cumplimiento del fallo protector, por lo cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado consentida para todos los efectos legales. Anotaciones. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes o todos los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Depuración o destrucción. Por carecer de relevancia documental, este expediente es susceptible de depuración, salvo la demanda y el fallo relativo, mismos que deberán conservarse en términos del numeral vigésimo primero del Acuerdo General 1/2009, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Consejo de la Judicatura Federal. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo conducente. Archivo. Finalmente, vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, puede advertirse que no existe promoción alguna pendiente de acordar, ni diligencia que desahogar; en tal virtud, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Notifíquese.

  3. Principal

    por este medio se notifica a la parte tercero interesado ********** el auto de treinta de julio de dos mil diecinueve. Estado procesal de autos. Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: En sentencia de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional determinó, por una parte, sobreseer en el juicio de amparo, y en otra parte, conceder el amparo y protección de la justicia a la parte quejosa contra el acto reclamado a la autoridad responsable -fojas 524 a la 543-. Los efectos de la concesión del amparo fueron los siguientes: [.] Se declara cumplido el fallo protector. A pesar de lo antes expuesto, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable en relación al cumplimiento, las que merecen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia; podemos colegir que en el caso fueron cumplidos los lineamientos precisados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable realizó lo siguiente: i) Dejó insubsistente la resolución reclamada de uno de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el toca civil *****de su índice, por medio de la cual resolvió la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por el quejoso; y, con plenitud de jurisdicción, emitió otra en la que analizó y resolvió la litis efectivamente planteada en la excepción de incompetencia de que se trata, esto es, dilucidó si el inmueble controvertido identificado como *****, con una superficie de 2,263.056 metros cuadrados, estaba o no delimitado dentro de uno de dominio público de la federación, como lo es la zona de ocupación del derecho del dren expropiado por la Comisión Nacional del Agua Organismo de Cuenca Península de Baja California, ubicada en Carretera a *********; concluyendo que a pesar que sí lo estaba, actualmente la parte actora *******, es la propietaria registral del predio de que se trata, razón por lo que a consideración de la sala responsable, la controversia debía dilucidarse conforme a las reglas del derecho común, además que a su parecer, no le correspondía pronunciarse si el bien debatido es o no propiedad de la nación, puesto que ello implicaría prejuzgar sobre el fondo del asunto, lo que toca resolver en su momento al Juez primigenio, al dictar sentencia definitiva ii) También valoró todas y cada una de las pruebas que obran en autos, mismas que fueron ofrecidas, admitidas y desahogadas por la propia sala, incluyendo el informe de autoridad y documentales emitidas por el Departamento de Catastro de la Dirección de Administración Urbana del XXII Ayuntamiento; además, motivó y resolvió lo conducente en torno a la prueba consistente en el procedimiento administrativo de solicitud de concesión registrado ante la Comisión Nacional del Agua, Organismo de Cuenca Península de Baja California, bajo expediente número *******. Sin que resulte óbice a lo antes determinado, las manifestaciones que formuló la parte quejosa mediante escrito presentado el veintidós de julio del dos mil diecinueve, en el sentido de que la autoridad responsable no dio cabal cumplimiento al fallo protector por las razones sintetizadas a continuación: 1. Que las pruebas desahogadas en el procedimiento no fueron valoradas de forma adecuada y ajustada a derecho, en específico las pruebas consistentes en los dictámenes periciales en grafoscopía, los informes de autoridades rendidos por la Comisión Nacional de Agua, Organismo de Cuenca Península de Baja California, y por el Departamento de Catastro de la Dirección de Administración Urbana Municipal; añadiendo que el tribunal responsable ponderó la documental aportada por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, sin considerar todas las demás pruebas, además de otorgarle de forma indebida valor probatorio pleno; y, 2. Que no resolvió efectivamente la litis planteada, ya que el razonamiento planteado en la excepción de incompetencia fue que la autoridad competente para los conflictos afectado un bien nacional, son los Tribunales Federales o Juzgados de Distrito y no así los Juzgados del Fuero Común, conforme a lo establecido en el artículo 53, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, razón por la cual la resolución emitirá por la autoridad responsable es contraria al sistema normativo vigente, al obligar a un órgano jurisdiccional a conocer y emitir sentencia respecto a un asunto que por materia no le compete. 3. Agrega que la autoridad responsable no tuvo razón o sustento legal respecto a que el bien en conflicto hubiera operado la prescripción positiva de la finca, puesto que los medio probatorios acreditaron que dicho bien se encuentra invadiendo zona de derecho de vía del dren, considerada como zona de protección. 4. También manifiesta que fue incorrecta la motivación y fundamentación realizada para determinar la excepción de incompetencia por razón de la materia, al perder de vista el principio de jerarquía normativa, pues aun cuando el Código Civil establezca que regirá sobre los bienes inmuebles situados en el Estado de Baja California, existe bienes exentos de su aplicación, como los bienes nacionales, que se encuentra establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes Federales aplicables. Por otra parte, por el diverso escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil diecinueve, la parte quejosa realizó diversas manifestaciones relacionadas con el incumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector, las cuales solicitó se tuvieran por reproducidas, mediante el ocurso señalado en los párrafos que antecedes -presentado el veintidós de julio del dos mil diecinueve-; las cuales, este órgano jurisdiccional en acuerdo de veinticuatro de junio del año en curso, no abordó, hasta en tanto la autoridad responsable, en cumplimiento al fallo protector, se pronunciara respecto a todas las pruebas de las partes que fueron ofrecidas, admitidas y desahogadas; mismas que son sintetizadas a continuación: A. Que no resolvió efectivamente la litis planteada, pues debió determinar si el inmueble controvertido se encuentra o no dentro de dominio público de la federación, negándose a determinar si el bien corresponde o no a la Nación; B. Que no resolvió efectivamente la litis planteada, al determinar inoperante la excepción de incompetencia planteada por haberse realizado la prescripción positiva sobre el predio, ordenando que sea el Juez de lo Civil del Fuero Común, quien resuelva el conflicto planteado en el expediente de origen, ya que el razonamiento planteado en dicha excepción es que la autoridad competente para los conflictos afectado un bien nacional, son los Tribunales Federales o Juzgados de Distrito y no así los Juzgados del Fuero Común, conforme a lo establecido en el artículo 53, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, razón por la cual la resolución emitirá por la autoridad responsable es contraria al sistema normativo vigente; C. Que el razonamiento y la motivación realizados por la autoridad responsable, es contrario al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues, como en el caso, el predio en conflicto al encontrarse enclavado en una zona de dren, es considerado un bien nacional de servicio público, que se encuentran bajo la titularidad de la Federación y no de los particulares; siendo la única forma en que un particular pueda poseerlo, utilizarlo y explotarlo, a través de la concesión, permiso o autorización de la Comisión Nacional del Agua y/o el Organismo de Cenca Península de Baja California. D. Afirma que la resolución emitida por la autoridad responsable vulnera los derechos humanos del quejoso, al actuar fuera del derecho, atentando contra la seguridad, integridad, debido proceso, derecho de defensa y audiencia, certeza jurídica, así como los derechos humanos reconocidos en el sistema normativo, al determinarse que a *******, fue transmitida la propiedad privada de un predio del que no puede generarse un derecho real; y, E. Que la autoridad justifica y motiva de forma indebida la resolución, pues dejó de observar la característica de imprescriptibilidad correspondiente de los bienes naciones, establecido en el artículo 13 de la Ley General de Bienes Nacionales, al haber referido que operó la prescripción positiva del predio en favor de la propietaria registral del inmueble. Son inoperantes las manifestaciones de la parte quejosa sintetizadas en párrafos superiores, identificadas en los arábigos uno, tres y cuatro, e incisos, C, D y E, básicamente porque si bien es verdad que al emitir el acto reclamado la sala incurrió en diversas violaciones de carácter formal -congruencia externa-, las cuales fueron destacadas en la sentencia dictada en el presente juicio constitucional ****** -omisión de pronunciarse respecto la litis efectivamente planteada y respecto la valoración de todas las pruebas ofrecidas-, razón por la cual fue concedido el amparo al quejoso para que la autoridad responsable subsanara dichas violaciones de carácter formal; no obstante, también es cierto que no se le dio un lineamiento que fuese a regir su determinación, sino que específicamente se le constriñó a pronunciarse respecto las omisiones apuntadas. Es decir, al dictar la nueva determinación en la excepción de incompetencia que le fue planteada, debía dilucidar si el inmueble controvertido estaba o no delimitado dentro de uno de dominio público de la federación, como lo es la zona de ocupación del derecho del dren expropiado por la Comisión Nacional del Agua Organismo de Cuenca Península de Baja California, ubicada donde precisó el gestor del amparo, así como, también debía valorar todas y cada una de las pruebas que obran en autos, mismas que fueron ofrecidas, admitidas y desahogadas por la propia sala, en la substanciación de la excepción de mérito; y, particularmente, debía de motivar y resolver lo conducente en torno a la prueba consistente en el procedimiento administrativo de solicitud de concesión registrado ante la Comisión Nacional del Agua, Organismo de Cuenca Península de Baja California, bajo expediente número *******; todo respecto lo cual, cumplió a cabalidad. Dicho de otro modo, se le otorgó libertad de jurisdicción en cuanto a la determinación de fondo respecto la excepción de incompetencia, con la especificación que en el nuevo acto que emitiera debía valorar todo el caudal probatorio y, luego dilucidar si el inmueble en debate estaba o no delimitado dentro de uno de dominio público de la federación. Por consiguiente, si el impetrante ahora pretende atacar los fundamentos y motivos de fondo vertidos en la determinación dictada en acatamiento del fallo protector, así como la valoración vertidas respecto algunos de los medios de convicción tomados en consideración; es inconcuso que no pueden tomarse en cuenta sus manifestaciones vertidas al efecto precisadas en los puntos aludidos, toda vez que el análisis de aquellos fundamentos y motivos, no fue parte de los efectos de la sentencia concesoria del amparo, ya que como se dijo, respecto de ello se concedió a la responsable plenitud de jurisdicción. Por otro lado, en torno a las diversas manifestaciones sintetizadas en el arábigo dos, y los incisos A y B, este Juzgado de Distrito estima que son infundadas, según se explica a continuación. Básicamente, en tales apartados, el quejoso aduce que el tribunal responsable no resolvió la litis efectivamente planteada, por las razones ahí apuntadas; sin embargo, contrario a dicha afirmación, en la nueva resolución se declaró infundada la excepción de incompetencia por declinatoria, puesto que a pesar de que el inmueble objeto del asunto se encuentra invadiendo el derecho de vía de dren, actualmente la parte actora ******, es la propietaria registral del predio de que se trata, razón por lo que a consideración de la sala responsable, la controversia debe dilucidarse conforme a las reglas del derecho común, además que a decir de la sala, no le correspondía pronunciarse si el bien debatido es o no propiedad de la nación, puesto que ello implicaría prejuzgar sobre el fondo del asunto, lo que toca resolver en su momento al Juez primigenio, al dictar sentencia definitiva. Con lo cual, a juicio de quien ahora resuelve, sí se atendió al lineamiento respectivo -resolver la Litis que le fue planteada por el promovente-, en tanto la responsable claramente estableció que a quien correspondía conocer del asunto era a un Juez del orden común, a pesar de que el predio consabido estuviera invadiendo el dren referido por el excepcionante, ya que el bien había pasado al derecho privado, al ser actualmente propiedad registral de la parte actora, siendo que a consideración de la sala, lo atinente a si el mismo era o no propiedad de la nación, está relacionado con la materia del fondo del juicio, lo que se esclarecería al dictar sentencia en primera instancia. Además, conviene recordar que la sala resolvió todo lo anterior con plenitud de jurisdicción; razón por la que de ninguna manera es factible analizar ahora la constitucionalidad de la nueva resolución, ni estimar estos nuevos pronunciamientos como una reiteración a la violación a los derechos fundamentales que fueron trastocados y por los cuales se concedió el amparo; porque como se anticipó, el análisis de fondo de los fundamentos y motivos vertidos como sustento de la nueva resolución emitida en la excepción de incompetencia, desde luego no formaron parte de la sentencia de amparo; lo anterior, al margen que se haya arribado a la misma conclusión que en el acto reclamado. En apoyo a los razonamientos antes expuestos, en lo conducente y por analogía, se citan las siguientes tesis de contenido y datos de identificación siguientes: "INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE CUESTIONAN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA PROTECTORA, EN LA PARTE EN LA QUE SE DEJÓ LIBERTAD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Conforme al artículo 105 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad se circunscribe a examinar la determinación que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En ese sentido, si la protección constitucional se concedió contra una sentencia o laudo por irregularidades procesales o formales y para el efecto de que, con libertad de jurisdicción, la responsable dicte nuevo fallo en el que las subsane, los agravios de la inconforme encaminados a combatir la decisión emitida por aquélla son inoperantes por plantear aspectos ajenos a la determinación que tuvo por cumplida la sentencia de amparo, en razón de que la nueva resolución no es materia de la inconformidad. ("Época: Novena Época, Registro: 168905, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 115/2008, Página: 222) "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. NO SE CONFIGURA CUANDO EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO SE DICTA UN ACTO CON EFECTOS SIMILARES AL QUE SE DECLARÓ INCONSTITUCIONAL POR DEFICIENTE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. Cuando la protección de la Justicia Federal se otorgó por deficiente fundamentación y motivación del acto reclamado, conminándose a la autoridad responsable a dejarlo sin efectos y a dictar uno nuevo, el examen jurídico en relación con la denuncia de repetición del acto reclamado debe centrarse en analizar si el acto reclamado fue dejado sin efectos, y si entre éste y el nuevo existe o no identidad en cuanto a los aspectos de fundamentación y motivación que fueron materia de la determinación constitucional; luego, de actualizarse esa identidad, existirá la repetición, mientras que en el caso contrario, no puede hablarse de repetición, sino de un acto diverso, susceptible, en su caso, de reclamarse a través de un nuevo juicio de garantías, ya que la repetición del acto reclamado no se estableció por el artículo 108 de la Ley de Amparo para evitar que la autoridad realice cualquier acto con efectos parecidos a los que tuvo el acto declarado inconstitucional, ni tampoco para analizar si el nuevo es violatorio o no de garantías, sino sólo para impedir que la autoridad desconozca el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo." ("Novena Época, Registro: 196950, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 70/97, Página: 400) "REPETICION DE ACTO RECLAMADO. NO EXISTE CUANDO EL AMPARO SE OTORGO POR INDEBIDA FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, Y LA RESPONSABLE, CON LIBERTAD DE JURISDICCION, DICTA LA NUEVA RESOLUCION EN EL MISMO SENTIDO, PERO CON DIFERENTE FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. Si en la ejecutoria de garantías, que deja plena jurisdicción a la responsable, se concedió el amparo por indebida fundamentación y motivación, resulta infundada la inconformidad que se promueva dentro del incidente de repetición del acto reclamado, cuando la responsable dictó la nueva resolución en el mismo sentido, pero con diferentes fundamentos y motivaciones, puesto que éstos no fueron objeto de examen en la ejecutoria." (Novena Época, Registro: 200787, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 20/95, Página: 177) Resta mencionar que lo antes determinado no implica dejar a la parte quejosa en estado de indefensión, puesto que está en aptitud jurídica y fáctica de combatir la nueva determinación a través de diverso juicio de amparo. Vista con el presente auto. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de la Materia, por lo cual, dése vista a las partes, por el plazo de quince días, contado a partir de la legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés convenga. En atención que es del conocimiento oficial que las autoridades señaladas como responsables se encuentran gozando de su periodo vacacional, una vez que reanude sus labores, sin necesidad de nuevo acuerdo hágaseles la notificación del presente proveído. Apercibimiento. Apercibidas para el caso que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a treinta de julio de dos mil diecinueve. Estado procesal de autos. Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: En sentencia de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional determinó, por una parte, sobreseer en el juicio de amparo, y en otra parte, conceder el amparo y protección de la justicia a la parte quejosa contra el acto reclamado a la autoridad responsable -fojas 524 a la 543-. Los efectos de la concesión del amparo fueron los siguientes: [.] Se declara cumplido el fallo protector. A pesar de lo antes expuesto, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable en relación al cumplimiento, las que merecen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia; podemos colegir que en el caso fueron cumplidos los lineamientos precisados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable realizó lo siguiente: i) Dejó insubsistente la resolución reclamada de uno de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el toca civil *****de su índice, por medio de la cual resolvió la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por el quejoso; y, con plenitud de jurisdicción, emitió otra en la que analizó y resolvió la litis efectivamente planteada en la excepción de incompetencia de que se trata, esto es, dilucidó si el inmueble controvertido identificado como *****, con una superficie de 2,263.056 metros cuadrados, estaba o no delimitado dentro de uno de dominio público de la federación, como lo es la zona de ocupación del derecho del dren expropiado por la Comisión Nacional del Agua Organismo de Cuenca Península de Baja California, ubicada en Carretera a *********; concluyendo que a pesar que sí lo estaba, actualmente la parte actora *******, es la propietaria registral del predio de que se trata, razón por lo que a consideración de la sala responsable, la controversia debía dilucidarse conforme a las reglas del derecho común, además que a su parecer, no le correspondía pronunciarse si el bien debatido es o no propiedad de la nación, puesto que ello implicaría prejuzgar sobre el fondo del asunto, lo que toca resolver en su momento al Juez primigenio, al dictar sentencia definitiva ii) También valoró todas y cada una de las pruebas que obran en autos, mismas que fueron ofrecidas, admitidas y desahogadas por la propia sala, incluyendo el informe de autoridad y documentales emitidas por el Departamento de Catastro de la Dirección de Administración Urbana del XXII Ayuntamiento; además, motivó y resolvió lo conducente en torno a la prueba consistente en el procedimiento administrativo de solicitud de concesión registrado ante la Comisión Nacional del Agua, Organismo de Cuenca Península de Baja California, bajo expediente número *******. Sin que resulte óbice a lo antes determinado, las manifestaciones que formuló la parte quejosa mediante escrito presentado el veintidós de julio del dos mil diecinueve, en el sentido de que la autoridad responsable no dio cabal cumplimiento al fallo protector por las razones sintetizadas a continuación: 1. Que las pruebas desahogadas en el procedimiento no fueron valoradas de forma adecuada y ajustada a derecho, en específico las pruebas consistentes en los dictámenes periciales en grafoscopía, los informes de autoridades rendidos por la Comisión Nacional de Agua, Organismo de Cuenca Península de Baja California, y por el Departamento de Catastro de la Dirección de Administración Urbana Municipal; añadiendo que el tribunal responsable ponderó la documental aportada por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, sin considerar todas las demás pruebas, además de otorgarle de forma indebida valor probatorio pleno; y, 2. Que no resolvió efectivamente la litis planteada, ya que el razonamiento planteado en la excepción de incompetencia fue que la autoridad competente para los conflictos afectado un bien nacional, son los Tribunales Federales o Juzgados de Distrito y no así los Juzgados del Fuero Común, conforme a lo establecido en el artículo 53, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, razón por la cual la resolución emitirá por la autoridad responsable es contraria al sistema normativo vigente, al obligar a un órgano jurisdiccional a conocer y emitir sentencia respecto a un asunto que por materia no le compete. 3. Agrega que la autoridad responsable no tuvo razón o sustento legal respecto a que el bien en conflicto hubiera operado la prescripción positiva de la finca, puesto que los medio probatorios acreditaron que dicho bien se encuentra invadiendo zona de derecho de vía del dren, considerada como zona de protección. 4. También manifiesta que fue incorrecta la motivación y fundamentación realizada para determinar la excepción de incompetencia por razón de la materia, al perder de vista el principio de jerarquía normativa, pues aun cuando el Código Civil establezca que regirá sobre los bienes inmuebles situados en el Estado de Baja California, existe bienes exentos de su aplicación, como los bienes nacionales, que se encuentra establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes Federales aplicables. Por otra parte, por el diverso escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil diecinueve, la parte quejosa realizó diversas manifestaciones relacionadas con el incumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector, las cuales solicitó se tuvieran por reproducidas, mediante el ocurso señalado en los párrafos que antecedes -presentado el veintidós de julio del dos mil diecinueve-; las cuales, este órgano jurisdiccional en acuerdo de veinticuatro de junio del año en curso, no abordó, hasta en tanto la autoridad responsable, en cumplimiento al fallo protector, se pronunciara respecto a todas las pruebas de las partes que fueron ofrecidas, admitidas y desahogadas; mismas que son sintetizadas a continuación: A. Que no resolvió efectivamente la litis planteada, pues debió determinar si el inmueble controvertido se encuentra o no dentro de dominio público de la federación, negándose a determinar si el bien corresponde o no a la Nación; B. Que no resolvió efectivamente la litis planteada, al determinar inoperante la excepción de incompetencia planteada por haberse realizado la prescripción positiva sobre el predio, ordenando que sea el Juez de lo Civil del Fuero Común, quien resuelva el conflicto planteado en el expediente de origen, ya que el razonamiento planteado en dicha excepción es que la autoridad competente para los conflictos afectado un bien nacional, son los Tribunales Federales o Juzgados de Distrito y no así los Juzgados del Fuero Común, conforme a lo establecido en el artículo 53, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, razón por la cual la resolución emitirá por la autoridad responsable es contraria al sistema normativo vigente; C. Que el razonamiento y la motivación realizados por la autoridad responsable, es contrario al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues, como en el caso, el predio en conflicto al encontrarse enclavado en una zona de dren, es considerado un bien nacional de servicio público, que se encuentran bajo la titularidad de la Federación y no de los particulares; siendo la única forma en que un particular pueda poseerlo, utilizarlo y explotarlo, a través de la concesión, permiso o autorización de la Comisión Nacional del Agua y/o el Organismo de Cenca Península de Baja California. D. Afirma que la resolución emitida por la autoridad responsable vulnera los derechos humanos del quejoso, al actuar fuera del derecho, atentando contra la seguridad, integridad, debido proceso, derecho de defensa y audiencia, certeza jurídica, así como los derechos humanos reconocidos en el sistema normativo, al determinarse que a *******, fue transmitida la propiedad privada de un predio del que no puede generarse un derecho real; y, E. Que la autoridad justifica y motiva de forma indebida la resolución, pues dejó de observar la característica de imprescriptibilidad correspondiente de los bienes naciones, establecido en el artículo 13 de la Ley General de Bienes Nacionales, al haber referido que operó la prescripción positiva del predio en favor de la propietaria registral del inmueble. Son inoperantes las manifestaciones de la parte quejosa sintetizadas en párrafos superiores, identificadas en los arábigos uno, tres y cuatro, e incisos, C, D y E, básicamente porque si bien es verdad que al emitir el acto reclamado la sala incurrió en diversas violaciones de carácter formal -congruencia externa-, las cuales fueron destacadas en la sentencia dictada en el presente juicio constitucional ****** -omisión de pronunciarse respecto la litis efectivamente planteada y respecto la valoración de todas las pruebas ofrecidas-, razón por la cual fue concedido el amparo al quejoso para que la autoridad responsable subsanara dichas violaciones de carácter formal; no obstante, también es cierto que no se le dio un lineamiento que fuese a regir su determinación, sino que específicamente se le constriñó a pronunciarse respecto las omisiones apuntadas. Es decir, al dictar la nueva determinación en la excepción de incompetencia que le fue planteada, debía dilucidar si el inmueble controvertido estaba o no delimitado dentro de uno de dominio público de la federación, como lo es la zona de ocupación del derecho del dren expropiado por la Comisión Nacional del Agua Organismo de Cuenca Península de Baja California, ubicada donde precisó el gestor del amparo, así como, también debía valorar todas y cada una de las pruebas que obran en autos, mismas que fueron ofrecidas, admitidas y desahogadas por la propia sala, en la substanciación de la excepción de mérito; y, particularmente, debía de motivar y resolver lo conducente en torno a la prueba consistente en el procedimiento administrativo de solicitud de concesión registrado ante la Comisión Nacional del Agua, Organismo de Cuenca Península de Baja California, bajo expediente número *******; todo respecto lo cual, cumplió a cabalidad. Dicho de otro modo, se le otorgó libertad de jurisdicción en cuanto a la determinación de fondo respecto la excepción de incompetencia, con la especificación que en el nuevo acto que emitiera debía valorar todo el caudal probatorio y, luego dilucidar si el inmueble en debate estaba o no delimitado dentro de uno de dominio público de la federación. Por consiguiente, si el impetrante ahora pretende atacar los fundamentos y motivos de fondo vertidos en la determinación dictada en acatamiento del fallo protector, así como la valoración vertidas respecto algunos de los medios de convicción tomados en consideración; es inconcuso que no pueden tomarse en cuenta sus manifestaciones vertidas al efecto precisadas en los puntos aludidos, toda vez que el análisis de aquellos fundamentos y motivos, no fue parte de los efectos de la sentencia concesoria del amparo, ya que como se dijo, respecto de ello se concedió a la responsable plenitud de jurisdicción. Por otro lado, en torno a las diversas manifestaciones sintetizadas en el arábigo dos, y los incisos A y B, este Juzgado de Distrito estima que son infundadas, según se explica a continuación. Básicamente, en tales apartados, el quejoso aduce que el tribunal responsable no resolvió la litis efectivamente planteada, por las razones ahí apuntadas; sin embargo, contrario a dicha afirmación, en la nueva resolución se declaró infundada la excepción de incompetencia por declinatoria, puesto que a pesar de que el inmueble objeto del asunto se encuentra invadiendo el derecho de vía de dren, actualmente la parte actora ******, es la propietaria registral del predio de que se trata, razón por lo que a consideración de la sala responsable, la controversia debe dilucidarse conforme a las reglas del derecho común, además que a decir de la sala, no le correspondía pronunciarse si el bien debatido es o no propiedad de la nación, puesto que ello implicaría prejuzgar sobre el fondo del asunto, lo que toca resolver en su momento al Juez primigenio, al dictar sentencia definitiva. Con lo cual, a juicio de quien ahora resuelve, sí se atendió al lineamiento respectivo -resolver la Litis que le fue planteada por el promovente-, en tanto la responsable claramente estableció que a quien correspondía conocer del asunto era a un Juez del orden común, a pesar de que el predio consabido estuviera invadiendo el dren referido por el excepcionante, ya que el bien había pasado al derecho privado, al ser actualmente propiedad registral de la parte actora, siendo que a consideración de la sala, lo atinente a si el mismo era o no propiedad de la nación, está relacionado con la materia del fondo del juicio, lo que se esclarecería al dictar sentencia en primera instancia. Además, conviene recordar que la sala resolvió todo lo anterior con plenitud de jurisdicción; razón por la que de ninguna manera es factible analizar ahora la constitucionalidad de la nueva resolución, ni estimar estos nuevos pronunciamientos como una reiteración a la violación a los derechos fundamentales que fueron trastocados y por los cuales se concedió el amparo; porque como se anticipó, el análisis de fondo de los fundamentos y motivos vertidos como sustento de la nueva resolución emitida en la excepción de incompetencia, desde luego no formaron parte de la sentencia de amparo; lo anterior, al margen que se haya arribado a la misma conclusión que en el acto reclamado. En apoyo a los razonamientos antes expuestos, en lo conducente y por analogía, se citan las siguientes tesis de contenido y datos de identificación siguientes: "INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE CUESTIONAN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA PROTECTORA, EN LA PARTE EN LA QUE SE DEJÓ LIBERTAD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Conforme al artículo 105 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad se circunscribe a examinar la determinación que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En ese sentido, si la protección constitucional se concedió contra una sentencia o laudo por irregularidades procesales o formales y para el efecto de que, con libertad de jurisdicción, la responsable dicte nuevo fallo en el que las subsane, los agravios de la inconforme encaminados a combatir la decisión emitida por aquélla son inoperantes por plantear aspectos ajenos a la determinación que tuvo por cumplida la sentencia de amparo, en razón de que la nueva resolución no es materia de la inconformidad. ("Época: Novena Época, Registro: 168905, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 115/2008, Página: 222) "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. NO SE CONFIGURA CUANDO EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO SE DICTA UN ACTO CON EFECTOS SIMILARES AL QUE SE DECLARÓ INCONSTITUCIONAL POR DEFICIENTE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. Cuando la protección de la Justicia Federal se otorgó por deficiente fundamentación y motivación del acto reclamado, conminándose a la autoridad responsable a dejarlo sin efectos y a dictar uno nuevo, el examen jurídico en relación con la denuncia de repetición del acto reclamado debe centrarse en analizar si el acto reclamado fue dejado sin efectos, y si entre éste y el nuevo existe o no identidad en cuanto a los aspectos de fundamentación y motivación que fueron materia de la determinación constitucional; luego, de actualizarse esa identidad, existirá la repetición, mientras que en el caso contrario, no puede hablarse de repetición, sino de un acto diverso, susceptible, en su caso, de reclamarse a través de un nuevo juicio de garantías, ya que la repetición del acto reclamado no se estableció por el artículo 108 de la Ley de Amparo para evitar que la autoridad realice cualquier acto con efectos parecidos a los que tuvo el acto declarado inconstitucional, ni tampoco para analizar si el nuevo es violatorio o no de garantías, sino sólo para impedir que la autoridad desconozca el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo." ("Novena Época, Registro: 196950, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 70/97, Página: 400) "REPETICION DE ACTO RECLAMADO. NO EXISTE CUANDO EL AMPARO SE OTORGO POR INDEBIDA FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, Y LA RESPONSABLE, CON LIBERTAD DE JURISDICCION, DICTA LA NUEVA RESOLUCION EN EL MISMO SENTIDO, PERO CON DIFERENTE FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. Si en la ejecutoria de garantías, que deja plena jurisdicción a la responsable, se concedió el amparo por indebida fundamentación y motivación, resulta infundada la inconformidad que se promueva dentro del incidente de repetición del acto reclamado, cuando la responsable dictó la nueva resolución en el mismo sentido, pero con diferentes fundamentos y motivaciones, puesto que éstos no fueron objeto de examen en la ejecutoria." (Novena Época, Registro: 200787, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 20/95, Página: 177) Resta mencionar que lo antes determinado no implica dejar a la parte quejosa en estado de indefensión, puesto que está en aptitud jurídica y fáctica de combatir la nueva determinación a través de diverso juicio de amparo. Vista con el presente auto. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de la Materia, por lo cual, dése vista a las partes, por el plazo de quince días, contado a partir de la legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés convenga. En atención que es del conocimiento oficial que las autoridades señaladas como responsables se encuentran gozando de su periodo vacacional, una vez que reanude sus labores, sin necesidad de nuevo acuerdo hágaseles la notificación del presente proveído. Apercibimiento. Apercibidas para el caso que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente.

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