Sergio Díaz Ibarra

Expediente 49/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
49/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
17/05/2022

Partes del expediente

  • Sergio Díaz Ibarra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada el cuatro de mayo de dos mil veintidós, en el recurso de queja 63/2022, que declaró infundado el medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa, en contra del proveído de veinticinco de febrero del año en curso; acúsese recibo. Por ende, háganse las anotaciones respectivas en el libro de registro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y archívese el expediente como asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinticinco de marzo de dos mil veintidós Agréguese a los autos el comunicado de cuenta procedente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por el cual se transcribe el proveído de dieciocho de marzo del año en curso, dictado en el recurso de queja 63/2022, de su estadística, por medio del cual se informa que se admitió a trámite el citado medio de impugnación hecho valer por ******, autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso *******, en contra del proveído de veinticinco de febrero pasado, dictado por este órgano de control constitucional, circunstancia de la cual se toma de conocimiento.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a nueve de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito a través del cual ******, autorizada de la parte quejosa ********, por propio derecho y ostentándose como accionista de la persona moral ********, Sociedad Anónima de Capital Variable, interpone recurso de queja en contra del auto de veinticinco de febrero del presente año, por el que se desechó la demanda promovida, por los motivos ahí expuestos; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, de la ley de la materia, dese trámite al recurso de referencia. En términos del numeral 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe en el sentido de que es cierto el acto que se impugna, el cual se encuentra ajustado a derecho, y al efecto remítase copia certificada de los autos que integran el presente juicio, así como el original del escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, para la substanciación del recurso hecho valer. De igual modo, se hace del conocimiento del tribunal colegiado en turno, que la queja interpuesta en el juicio de amparo número 41/2022-VI del índice de este juzgado, fue turnado al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, sumario constitucional con similitud de partes, las cuales son *****, como quejoso ostentándose como accionista de la persona moral Operadora Línea 7, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de la autoridad responsable señalada como Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez y expediente juicio ordinario mercantil 19/2021.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta firmado por el quejoso Sergio Díaz Ibarra, por propio derecho y ostentándose como accionista de la persona moral Operadora Línea 7, Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en auto de diecisiete de enero del año en curso; en consecuencia, provéase lo conducente. Desechamiento. El numeral 113 de la Ley de Amparo, establece que se deberá examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En el caso, el quejoso Sergio Díaz Ibarra reclama del Juez Segundo de Distrito del Estado de México, con residencia en esta ciudad, la falta de emplazamiento, todo lo actuado, así como la sentencia dictada en el juicio ordinario mercantil 19/2021, de su índice, promovido por Esther García Piña, contra Operadora Línea 7, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el cual se declaró la nulidad de la asamblea general ordinaria de accionistas de la Empresa Operadora Línea 7 (siete), Sociedad Anónima de Capital Variable, de veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Al respecto, resulta improcedente el juicio de amparo que se promueve al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que el quejoso no acredita que el acto reclamado afecte su interés jurídico, ya que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por aquel a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Así, para efectos del juicio de amparo, debe entenderse por parte agraviada todo aquel que sufra un perjuicio, entendido éste como un menoscabo, una ofensa o lesión en sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, por cualquier ley o acto de autoridad. De modo que el quejoso está obligado a demostrar la existencia de un acto concreto, que le cause un perjuicio o agravio a sus derechos o intereses, a efecto de evidenciar que se encuentra legitimado para promover el juicio, en el entendido de que tal perjuicio o agravio debe ser personal, directo y actual. Ahora, el artículo 107 constitucional, que establece los principios rectores del juicio de amparo, contiene el principio de que el juicio de amparo se sigue a instancia de parte agraviada, ante la existencia de un agravio personal y directo, que puede entenderse como una afectación que, pudiendo o no ser material, debe apreciarse y demostrarse objetivamente. Es decir, la persona que acude al amparo alegando violación a sus derechos debe demostrar que esta es real y no de carácter simplemente subjetivo, es decir, que cuenta con interés jurídico para reclamar los actos que, a su consideración, vulneran sus derechos en lo particular. Entonces, el interés jurídico se liga estrechamente con la existencia del agravio personal y directo, pues, para analizar si un acto de autoridad jurisdiccional vulnera los derechos de una persona, necesariamente debe demostrarse que el gobernado cuenta con interés jurídico para reclamarlo, esto es, que efectivamente es titular de un derecho subjetivo y que la conducta de la autoridad le genera una afectación real y actual a éste; de lo contrario, no es posible que exista aquél para ejercer válidamente la acción constitucional. Es orientadora, en tanto que no se opone a la normativa de amparo vigente, la jurisprudencia 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2008, tomo XXVII, página 225, de la Novena Época, de la síntesis siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." En ese sentido, de las constancias remitidas por la autoridad responsable en el expediente 35/2022-VII, lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del código adjetivo aplicable, de aplicación supletoria, se advierte que el juicio ordinario mercantil fue promovido por Esther García Piña, contra Operadora Línea 7, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el que, mediante escrito registrado con el folio 9338, Victoriano Herrera Álvarez, se apersonó a juicio como apoderado de la enjuiciada, personalidad que acreditó en términos de instrumento notarial tres mil seiscientos veintiuno del protocolo del Notario Público ciento ochenta y cinco del Estado de México, y reconocida por el juez de origen, por lo que, el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo por contestada la demanda incoada contra su poderdante, y una vez agotadas sus etapas, el veintiocho de septiembre de la citada anualidad, se declaró procedente la vía ordinaria mercantil y se declaró la nulidad de la asamblea general ordinaria de accionistas veinticinco de noviembre de dos mil veinte, así como los actos que de ella emanaron. Ahora, al respeto, el aquí quejoso aduce tener la legitimación respectiva para promover el juicio de amparo en su calidad de socio accionista de la moral Operadora Línea 7, Sociedad Anónima de Capital Variable; sin embargo, se debe puntualizar que Sergio Díaz Ibarra, no se encuentra legitimado para promover el presente juicio de garantías, ya que si bien es cierto se ostenta como socio de la empresa citada; de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo, solo puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponde a una causa criminal o por medio de un pariente o persona extraña en los casos en que la propia ley lo permita expresamente, y solo puede seguirse por el agraviado, su representante legal o su defensor. Esta previsión normativa, contenida en el capítulo II del título primero del libro primero de la propia ley denominado "capacidad y personalidad", atiende a un tema de legitimación en el proceso, precisando con detalle quién puede válidamente suscribir la demanda de garantías y quien, a su vez, puede proseguir el juicio relativo. Así, esta condición guarda estrecha vinculación con la fracción XII del artículo 61 de la mencionada legislación, inserta en el capítulo de improcedencia del juicio (con la cual incluso se le confunde frecuentemente), que exige la existencia de un interés jurídico del quejoso como objeto directo de protección constitucional, esto es, se trata del derecho subjetivo que asiste a un gobernado que resulta afectado con el acto reclamado; en otras palabras, el interés jurídico constituye la prerrogativa legal que el orden normativo confiere a sus destinatarios y que se traduce en un deber de respeto a cargo de la autoridad, la cual sólo puede afectarlo cumpliendo las condiciones que la Constitución Federal establece para tales efectos, de tal forma que ese poder de exigencia otorgado a los afectados se hace efectivo a través del juicio de amparo, instituido precisamente para salvaguardar las garantías individuales, pero siempre condicionado a que sea el orden normativo el que conceda dicha prerrogativa a su titular, porque de no existir ese respaldo legal, se carece entonces de interés jurídico y, por tanto, de derecho alguno que preservar con el fallo constitucional. Por tanto, aunque en la Ley de Amparo están estrecha y necesariamente vinculadas entre sí dichas figuras (legitimación e interés jurídico), gozan de individualidad y, por lo mismo, son perfectamente distinguibles una de otra, concretándose en la realidad jurídica en dos únicos supuestos posibles: el primero, que surge cuando la legitimación y el interés jurídico concurren en un mismo individuo, lo cual produce que el agraviado, titular de garantías, acuda al juicio suscribiendo el escrito de demanda por su propio derecho; el segundo se materializa en los restantes casos descritos en el indicado artículo 6, esto es, uno es el sujeto que suscribe la demanda por ser quien tiene la legitimación para hacerlo (apoderado, representante, defensor) y otro, es el titular del interés jurídico afectado con el acto de autoridad (persona moral, procesado, menor de edad, etcétera) Por lo anterior, no se atendió el principio de instancia de parte, pues el ejercicio de la acción constitucional únicamente puede ejercitarse por la parte agraviada o por quien legalmente lo represente y al no cumplirse con tal condición, deviene improcedente el juicio en que se actúa. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis número I.7o.A.129 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, (septiembre de 2009), Novena Época, página 3144, cuyo texto y rubro son: "INTERÉS JURÍDICO Y LEGITIMACIÓN EN EL AMPARO. SU DISTINCIÓN. En términos del artículo 4o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, el juicio de garantías sólo puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponde a una causa criminal o por medio de un pariente o persona extraña en los casos en que la propia ley lo permita expresamente, y sólo puede seguirse por el agraviado, su representante legal o su defensor. Esta previsión normativa, contenida en el capítulo II del título primero del libro primero de la propia ley denominado "De la capacidad y personalidad", atiende a un tema de legitimación en el proceso, precisando con detalle quién puede válidamente suscribir la demanda de garantías y quién, a su vez, puede proseguir el juicio relativo. Así, esta condición guarda estrecha vinculación con la fracción V del artículo 73 de la mencionada legislación, inserta en el capítulo de improcedencia del juicio (con la cual incluso se le confunde frecuentemente), que exige la existencia de un interés jurídico del quejoso como objeto directo de protección constitucional, esto es, se trata del derecho subjetivo que asiste a un gobernado que resulta afectado con el acto reclamado; en otras palabras, el interés jurídico constituye la prerrogativa legal que el orden normativo confiere a sus destinatarios y que se traduce en un deber de respeto a cargo de la autoridad, la cual sólo puede afectarlo cumpliendo las condiciones que la Constitución Federal establece para tales efectos, de tal forma que ese poder de exigencia otorgado a los afectados se hace efectivo a través del juicio de amparo, instituido precisamente para salvaguardar las garantías individuales, pero siempre condicionado a que sea el orden normativo el que conceda dicha prerrogativa a su titular, porque de no existir ese respaldo legal, se carece entonces de interés jurídico y, por tanto, de derecho alguno que preservar con el fallo constitucional. Por tanto, aunque en la Ley de Amparo están estrecha y necesariamente vinculadas entre sí dichas figuras (legitimación e interés jurídico), gozan de individualidad y, por lo mismo, son perfectamente distinguibles una de otra, concretándose en la realidad jurídica en dos únicos supuestos posibles: el primero, que surge cuando la legitimación y el interés jurídico concurren en un mismo individuo, lo cual produce que el agraviado, titular de garantías, acuda al juicio suscribiendo el escrito de demanda por su propio derecho; el segundo se materializa en los restantes casos descritos en el indicado artículo 4o., esto es, uno es el sujeto que suscribe la demanda por ser quien tiene la legitimación para hacerlo (apoderado, representante, defensor) y otro, es el titular del interés jurídico afectado con el acto de autoridad (persona moral, procesado, menor de edad, etcétera)." Así pues, debe entenderse que el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en su párrafo primero, establece en forma genérica que la representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su administrador o administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad. Asimismo, establece que el órgano de administración de las sociedades o la asamblea de socios, puede otorgar poderes a personas ajenas a dicho órgano sin restricción de las facultades de éste. La razón de que la ley admita que la administración tanto de una sociedad de responsabilidad limitada como de una sociedad anónima pueda confiarse a personas no socias de las personas morales, tiene la finalidad de dar elasticidad de organización y no cerrar el camino a necesidades distintas que pueden manifestarse en la imposibilidad de los socios de asumir directamente los cargos de administración, o en la conveniencia de acudir a especiales competencias y aptitudes de personas extrañas. El cometido de todo administrador es, naturalmente, el de administrar el patrimonio de la persona jurídica; es aquel a quien se confía la realización de los fines de la sociedad; comprende todos los medios que sirven para la consecución del objeto indicado en el acta constitutiva; por ello, se acumulan en él los poderes de la capacidad jurídica que son fundamentalmente de formación y de declaración de la voluntad del ente, dado que los deberes de los administradores pueden agruparse en dos grandes categorías: deberes que se reflejan en las relaciones internas, es decir, frente a los socios y a la sociedad, y deberes que se reflejen en el exterior, frente a los acreedores y frente al público en general. Lo que conlleva a que la legitimación pasiva en el proceso debe examinarse oficiosamente por el juzgador, por ser un requisito cuya falta impide el nacimiento del ejercicio del derecho de acción y que se pronuncie una sentencia válida, ya que en la especie, la defensa de los intereses de la moral demandada Operadora Línea 7, Sociedad Anónima de Capital Variable, así como de sus socios, quedaron representados en el juicio de origen por Victoriano Herrera Álvarez, en términos del instrumento notarial tres mil seiscientos veintiuno del protocolo del Notario Público ciento ochenta y cinco del Estado de México, de conformidad con los artículos 142, 145 y 146 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, lo que implica que, aunque lo actuado en un juicio pueda afectar a los socios de la empresa demandada, en forma más o menos directa en sus patrimonios, lo cierto es que la legalidad o ilegalidad del emplazamiento atañe en forma principal y directa a la sociedad como persona moral, si, además, en el juicio de origen no se ordenó emplazar a cada uno de los socios integrantes de la misma. Por tanto, el acto que reclama el quejoso, no le causa un agravio personal y directo porque, al ser ajeno a la relación procesal establecida en el juicio de origen y, por ende, para efectos de la acción constitucional, no tiene tanto el interés jurídico como la legitimación para combatirlo. De lo que se colige que el quejoso carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo en que se actúa, no obstante que el quejoso se ostente como accionista de la moral quejosa, toda vez que esta fue representada en el juicio ordinario mercantil 19/2021, por su apoderado Victoriano Herrera Álvarez. En esas condiciones, con fundamento en lo dispuesto en los 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda presentada por Sergio Díaz Ibarra, por propio derecho y ostentándose como accionista de la personal moral Operadora Línea 7, Sociedad Anónima de Capital Variable, por notoriamente improcedente.

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