Sergio Deveze Álvarez

Expediente 50/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
50/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
19/05/2021

Partes del expediente

  • Sergio Deveze Álvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Por recibido el oficio de cuenta que suscribe el Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, mediante el que envía testimonio de la resolución emitida en el recurso de queja 19/2021 de su índice, que en su punto resolutivo determinó: ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja.". Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y acúsese recibo a la superioridad. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21 inciso d) del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Atendiendo al artículo 20, fracción I, del Acuerdo General citado, el legajo de copias certificadas formado con motivo del recurso de queja interpuesto, deberá ser destruido en el plazo a que alude dicho punto. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.

  2. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Actuario Judicial Adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Capital, por medio del cual comunica que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto en contra del auto de cinco de los actuales dictado en el presente juicio; el cual quedó registrado bajo el número 19/2021.

  3. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por el quejoso ********; en atención a su contenido y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 -fracción I, inciso a- 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se acuerda: I. Se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de queja contra el proveído de cinco de marzo de la presente anualidad, por el que se desechó la demanda de amparo por notoriamente improcedente. II. En razón de lo anterior, y dada la naturaleza de la resolución recurrida, esto es, que no existe parte alguna a la cual se haya emplazado a este juicio de amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito en turno, con sede en Guanajuato, capital, el original del escrito del recurso, copias certificadas de las constancias que obran en el expediente y de la resolución recurrida, con su respectiva notificación, todo ello para la substanciación del recurso interpuesto. III. Ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de ser cierto el acto reclamado, toda vez que efectivamente este juzgado dictó el cinco de marzo del año en curso, un acuerdo en el que determinó desechar la demanda de amparo promovida.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por *********, por su propio derecho contra actos del Juez Segundo Civil de Partido, con sede en esta ciudad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el número 50/2021-IV. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo antes citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; A manera de preámbulo, conviene prevenir que la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de la propia Ley de Amparo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o incluso, de la jurisprudencia. Por ello, el contenido de este numeral se debe interpretar en el sentido de que en sus veintidós primeras fracciones sólo se prevén algunos de los múltiples supuestos de improcedencia que operan en el juicio de amparo, de tal forma, que la actualización de estas hipótesis no se deben entender bajo un criterio limitativo, es decir, que los supuestos expresamente contenidos en las veintidós fracciones del aludido numeral 61 de la Ley de Amparo, no son los únicos casos en que este juicio debe estimarse improcedente. Más bien, la hipótesis normativa de la fracción XXIII del aludido precepto evidencia que la intención del legislador estribó en que las causas de improcedencia del amparo, se pueden actualizar por motivos diversos a los establecidos taxativamente en el citado artículo 61. Supuestos que pueden tener su génesis tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la ley o, incluso, en la jurisprudencia. Por identidad jurídica sustancial, resulta aplicable al caso la tesis 2a. LXXXVI/99, publicada en la página 373, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Junio de 1999, tomo IX, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción." Por su parte, el último párrafo de la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, prevé la procedencia del juicio de amparo tratándose de remates en el sentido que dicha hipótesis sólo se actualiza cuando se controvierte la última resolución dictada en dicho procedimiento, que es aquélla que en forma indistinta ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o bien la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. De ahí que procede el amparo indirecto hasta cuando ello se actualice, esto es, una vez que se haya emitido la orden de escrituración o la entrega del bien inmueble, pues de cualquier manera, será hasta entonces que el afectado podrá acudir al juicio biinstancial. Lo anterior, aplicado contrario sensu, evidencia que cuando el acto reclamado no se trate de la última resolución dictada en el procedimiento de remate, el juicio de amparo será improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Décima Época, consultable en la página 1066, bajo el texto y rubro siguientes: REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Y es que la finalidad de esta disposición, es permitir el respeto del derecho a la seguridad jurídica, y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada con el propósito de efectuar la venta judicial, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del remate. Ahora bien, de los hechos narrados en la demanda y en el escrito aclaratorio, se desprenden los siguientes antecedentes: Ante el Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad, se demandó a ****** en la vía especial hipotecaria, asunto que quedó radicado en el Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad con el número C-130/2019. Transcurrido que fue el juicio en sus fases procesales, se dictó sentencia definitiva, en la que se condenó a la parte demandada. En ejecución de la sentencia, el siete de septiembre del año próximo pasado, el demandado presentó una promoción haciendo suyo el avalúo que previamente presentó el perito ********. Con fecha de nueve del mismo mes y año, el Juez requirió al demandado para que adjuntara la documental idónea que acreditara el carácter del perito de quien realizó el avalúo de su intención; por lo que el día once siguiente se cumplió con lo solicitado; en dicha data el aquí quejoso en su calidad de cesionario de la parte actora, presentó un certificado de libertad de gravámenes respecto del inmueble a rematarse. El tres de noviembre de dos mil veinte, se ordenó sacar a remate en primera almoneda del bien inmueble consistente en casa habitación ubicada en calle **********, de esta ciudad. Inconforme con dicha determinación, el quejoso interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto el veinticinco de noviembre siguiente confirmando el proveído impugnado. (acto reclamado) De lo antes narrado, se advierte que el juicio de origen se encuentra en procedimiento de remate. Por tanto, es inconcuso, que la determinación reclamada no constituye la última resolución a que se ha hecho referencia, puesto que no es la que indistintamente, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura o la entrega del bien rematado, con lo que se demuestra plenamente que el acto reclamado no es la última resolución en el procedimiento de remate. Con base en lo puntualizado, si el último párrafo de la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, prevé la procedencia del juicio de amparo tratándose de remates en el sentido que, dicha hipótesis sólo se actualiza cuando se controvierte la última resolución dictada en dicho procedimiento, que es aquélla que en forma definitiva: 1. Ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación; y 2. La entrega de los bienes rematados; y si a la fecha aún no se ha emitido cualquiera de tales resoluciones en dicho procedimiento; es inconcuso que al no surtirse la hipótesis que prevé la fracción IV del numeral 107 de la ley de la materia, el juicio de amparo resulta improcedente. Y es que para considerarse que en el procedimiento de remate se emitió la última resolución, es menester, que en forma indistinta se emitan dichos mandamientos -los cuales quedaron puntualizados bajo los números 1 y 2 del párrafo que antecede-, habida cuenta que el último párrafo de la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, es puntual en establecer: Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; De modo que, si el amparo indirecto procede hasta cuando ello se actualice, esto es, una vez que se haya emitido la orden de escrituración o bien la entrega del bien inmueble, pues de cualquier manera, será hasta entonces que el afectado podrá acudir al juicio biinstancial- resulta indudable que el juicio de amparo que nos ocupa se torna improcedente, al no haberse emitido aún cualquiera de tales determinaciones en el procedimiento de remate tramitado en el juicio especial hipotecario C-130/2019 de la estadística del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta localidad. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En otro contexto, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo, y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a *******, al contar respectivamente con cédulas profesionales ********, inscritas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal; y en términos limitados del numeral en cita a las demás personas que menciona por así haberlo solicitado. De conformidad con el artículo 22, fracción II, del acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de la contingencia sanitaria que actualmente impera en el país, se le tiene otorgando el correo electrónico personal ********. y el número telefónico*******, a fin de establecer el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. En términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea: y, II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.

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