Sergio Denis Reyes Hernández
Expediente 507/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 507/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Neftali Ortiz Velazquez
- Sergio Denis Reyes Hernández
- Adán Morales Hernández
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiuno de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra los autos de uno y catorce de junio de dos mil veintidós, en los cuales, en el primero de ellos, se desechó parcialmente la demanda de amparo, esto es, por cuanto hace al quejoso Fernando Lagunes Alvario y en el segundo, se desechó la demanda de amparo por lo que hace a los quejosos Neftalí Ortiz Velázquez, Adán Morales Hernández, José Armando Jiménez Mendoza, Sergio Denis Reyes Hernández, Carlos Córdoba Carmona y Alfredo Morales Cobos. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que han causado estado dichos autos para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de garantías y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el veintiuno de julio de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese, y háganse las anotaciones correspondientes...
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 14-06-2022, POR NO ATENDER AL AVISO DE 07-07-2022: ... Boca del Río, Veracruz, catorce de junio de dos mil veintidós. Visto el escrito y anexos de cuenta, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales procedentes; en atención a su contenido, téngase a los promoventes cumpliendo con la prevención efectuada el uno de junio del año en curso. DESECHAMIENTO: Ahora, una vez atendida la prevención formulada, se está en condiciones de tener certeza de los actos reclamados y autoridades a los que se les atribuyen; de tal manera que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por advertirse de forma manifiesta e indudable una causa de improcedencia. Dicho numeral impone al juzgador de amparo la obligación de revisar, ante todo, el escrito de demanda y, en el caso particular, el aclaratorio, por lo que, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. En ese sentido, de la demanda de cuenta se advierte que los promoventes señalan como actos reclamados, lo siguiente: "Del Congreso de la Unión, conformado por la Cámara de Diputados y La Cámara de Senadores, La inconstitucionalidad del artículo 127 fracciones (sic) VIII de la Ley Federal del Trabajo y La aplicación de la disposición legal antes indicada, en cuanto hace a la aprobación y expedición del citado Precepto. Del C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se reclama la inconstitucionalidad del artículo 127 fracción VIII de la Ley Federal del Trabajo, en cuanto hace a la aprobación, promulgación y publicación del citado dispositivo. Del Titular del Diario Oficial de la Federación, se reclama la inconstitucionalidad del artículo 127 fracción VIII de la Ley Federal del Trabajo, en cuanto hace a la Publicación en el Diario Oficial de la Federación. De la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, se reclama la Inconstitucionalidad de su pronunciamiento en afirmar que los Trabajadores no perderían con la reforma laboral al artículo 127 fracción octava, pues afirmó, sin temor a equivocarme, que la reforma no les perjudicaría a los Trabajadores. De la empresa Tubos de Acero de México, se reclama la Inconstitucionalidad del comunicado dirigido a todos sus Trabajadores, por el que informo que, para el efecto del reparto de utilidades, aplicaría la fracción VIII del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo. Actuando como Autoridad en base a lo ordenado en dicho precepto." Mediante proveído de uno de junio del año en curso, se previno a la parte promovente del amparo, para que, bajo protesta de decir verdad, con copia para cada una de las partes, cumpliera con lo siguiente: "1. Exhibieran documento original o copia certificada, con el que acrediten su personalidad, por lo que, atendiendo a lo establecido en el artículo 692, fracción IV, de la ley laboral en aplicación, dicho requisito deberá cubrirse con la certificación emitida por la autoridad registradora correspondiente, de haber quedado inscrita la directiva del sindicato, o, en su caso, con documento que permitan a este juzgador llegar al convencimiento de que efectivamente representan a los sindicatos de mérito. 2. Atendiendo a que reclaman la inconstitucionalidad del artículo 127, fracción VIII de la Ley Federal del Trabajo, así como el comunicado emitido por la empresa señalada como responsable, precisen cuál es el acto de aplicación de la norma que reclaman; esto es, si lo es el comunicado aludido, o algún otro; esto, dado que refirieron que los trabajadores recibieron el pago por reparto de utilidades el veinte de mayo del año en curso; y, 3. De ser el acto de aplicación distinto del citado comunicado, señalar la fecha en que tuvieron conocimiento del mismo y, de manera ordenada y detallada, los antecedentes del mismo. En tal virtud, la parte quejosa cumplió la prevención en los siguientes términos: ".Que, por medio del presente escrito, venimos a desahogar la prevención que se nos hiciera por acuerdo de fecha primero de junio de dos mil veintidós, para dar cumplimiento al mismo, por lo cual primeramente, como se nos requirió, acreditamos la personalidad con que comparecemos a este juicio de garantías, mediante las siguientes: DOCUMENTALES I.- Exhibimos copia certificada de la Resolución 211.2.2.-1213, de fecha 28 de febrero de 2020, emitida por la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, correspondiente al Sindical (sic) Sindicato Nacional de la Industria de la Transformación del Acero, Metalúrgica, Siderúrgica y Metal Mecánica. II.- Exhibimos copia certificada de la Resolución 211.1.1.-1480 de fecha 02 de junio de 2021, emitida por la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, correspondiente al Sindicato Nacional Unidad y Progreso de la Industria de la Transformación del Acero para productos tubulares y sus derivados de los Trabajadores en General de las Fábricas de Tubos de Acero de México, S. A. y subsidiarias (Siderúrgica y Metalúrgica). BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFESTAMOS LOS ANTECEDES DE LOS ACTOS RECLAMADOS Que, con fecha 6 de mayo de año en curso, corrió una circular en redes sociales en la que se nos comunicaba a todos los trabajadores de la empresa Tubos de Acero de México, S. A., lo siguiente: ''Participación de los trabajadores en las utilidades ( PTU ) 2021. A todo el personal de Tubos de Acero de México S .A.: Informamos que continuando con el proceso de difusión de PTU estamos publicando el día de hoy, 06 de mayo de 2022, dos listados: * salario tabulado actualizado y * El importe de la PTU del ejercicio 2021 que te corresponde por Ley de acuerdo con el artículo 127 fracción VIII, de la Ley Federal del trabajo: el monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo 3 meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años; se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador...". Hasta ese momento, 6 de mayo solo fue una expectativa su aplicación, tanto del comunicado (mismo que no fue una comunicación personal), como de · la aplicación de la fracción VIII, del artículo 127, de la Ley Federal del Trabajo. La aplicación del comunicado, así como de la citada norma, se da en fecha 20 de mayo del año en curso, cuando se paga por concepto de reparto de utilidades, cantidad inferior al diez por ciento de lo que estableció la Resolución del Consejo de Representantes de la Sexta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, por lo cual en esa fecha se materializó la aplicación de la fracción VIII, del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, tal y como lo difundió la empresa en el comunicado del 6 de mayo del año en curso. EN CONSECUENCIA, EL ACTO RECLAMADO lo constituye la disminución del pago de reparto de utilidades, que realizó la empresa Tubos de Acero de México S.A., pues fue muy inferior al diez por ciento de lo que estableció la Resolución del Consejo de Representantes de la Sexta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, y por ende la aplicación de la fracción VIII, del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, que se tacha de inconstitucional, ya que la entidad facultada es en términos del artículo 123, apartado A, fracción IX , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. Razón por lo cual resulta inconstitucional la fracción VIII, del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, con independencia de que dicha norma resulta una aplicación retroactiva de la Ley, lo que violenta nuestro Derecho Humano consagrado en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Una vez precisado lo anterior, como se adelantó, debe desecharse la demanda de plano, al advertirse la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, cuya observancia es de oficio, dada su naturaleza de orden público. En este tenor, el que suscribe estima que en el presente asunto la que se actualiza es la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, puesto que dichos actos no provienen de una autoridad para efectos del juicio de derechos fundamentales, sino que derivan de una relación eminentemente laboral (empleador-trabajador). Los preceptos legales citados, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De las disposiciones trascritas, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos o normas generales que en el mismo se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, de su contenido se aprecia que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, en aquellos casos en que sus funciones estén determinadas por una norma general. En cuanto a este tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo el criterio de que quienes disponían de fuerza pública, en virtud de circunstancias legales o de hecho y que, por lo mismo, están en posibilidad material de obrar como individuos que ejercen actos públicos por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen, tenían el carácter de autoridad; lo que se interpretó con rigor en el sentido de que sólo tenían carácter de autoridad quienes dispusieran de fuerza pública, identificando la calidad de autoridad con la disposición de la fuerza pública. Dicho criterio se superó al sustentar con posterioridad el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la tesis P. XXVII/97, publicada en la página ciento dieciocho, tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.", de la que en síntesis debe destacarse, según las consideraciones que en ella se contienen, que se estima una autoridad para efectos del amparo la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. En otros términos, el calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas, en un plano de supra a subordinación, o sea entre sujetos colocados en diferentes planos, los particulares por un lado y el Estado por el otro, investido con su imperio. Ahora, dicho criterio se emitió en interpretación de la Ley de Amparo de mil novecientos treinta y seis, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, concretamente en torno al artículo 11, que establecía las notas distintivas de la autoridad; sin embargo, resulta útil e ilustrativo para detectar las notas distintivas de los actos de autoridad, así como los criterios que han orientado sus características, los cuales como se verá en seguida, fueron acogidos en gran medida, por el texto de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. En efecto, en términos del artículo 5 de la Ley de Amparo vigente, es autoridad responsable, la que independientemente de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, prevé una modalidad consistente en que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la propia fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Como se advierte, el concepto de autoridad responsable queda desvinculada de su naturaleza formal y atiende ahora, a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir en forma obligatoria, situaciones jurídicas y se señala que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Es decir, del proceso legislativo de la nueva Ley de Amparo se puso de manifiesto la necesidad de ampliar la procedencia del juicio en contra de actos provenientes de particulares a través de los cuales se afectara la esfera de derechos de los gobernados, sin que ello significara el abandono de los medios de defensa ordinarios y aunque se propuso que en la propia ley se especificaran los casos en que tales actos serían susceptibles de impugnación, se optó por dejar al Poder Judicial de la Federación la interpretación de esas hipótesis atendiendo a las particularidades de cada caso y a las notas del acto cuestionado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que por autoridad responsable debe considerarse a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Otro elemento para considerar, según lo estableció nuestro Máximo Tribunal, en diversas ejecutorias sobre el tema, es que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares. Esto, porque la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad, y contra de particulares en los casos especificados, por lo que es indispensable fijar las bases para distinguir un acto de autoridad, para lo cual se atiende a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destacan, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos fundamentales de los gobernados y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional. En esa tesitura, la procedencia del juicio de amparo está sujeta a la condición jurídica de que los actos reclamados provengan de una autoridad que tenga potestad para dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De esta manera, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, para los efectos del juicio de amparo, las notas que distinguen a una autoridad son las siguientes: a) La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, en donde se dota al órgano del Estado una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.164/2011, que sustenta la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 161133, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En el caso justiciable, del estudio de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa reclama la aplicación del artículo 127, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo, realizada el veinte de mayo del año en curso, cuando, a decir de los sindicatos promoventes, se realizó el pago a los trabajadores que representan, del concepto de reparto de utilidades, en una cantidad inferior al diez por ciento de lo que estableció la Resolución del Consejo de Representantes de la Sexta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, tal y como lo difundió en una circular en redes sociales la empresa Tubos de Acero de México, Sociedad Anónima, en el comunicado del seis de mayo pasado. De lo anterior, es dable sostener que el reparto de utilidades realizado por la empresa Tubos de Acero de México, Sociedad Anónima, conforme al artículo 127, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo, no se realiza en un plano de supra a subordinación, sino con base en derechos derivados de una relación laboral, que sostienen la moral de derecho privado en cita, con la parte promovente del amparo, por lo que su actividad no puede equipararse a una actividad de imperio. Es decir, el acto reclamado tiene consecuencias comprendidas dentro de la relación de trabajo; relación contractual regulada por el derecho del trabajo, en el que actúan en un plano de igualdad, y no como autoridad para efectos del juicio de amparo, de modo que sus actuaciones no implican actos de autoridad. En efecto, la relación que puede existir entre la parte quejosa y la empresa Tubos de Acero de México, Sociedad Anónima, es de coordinación, con motivo de la prestación de servicios que aduce los une; por lo que se concluye que sus actos no se traducen en el ejercicio de una auténtica potestad que tenga la calidad de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Sin que obste a lo anterior que la parte promovente reclame, además, la inconstitucionalidad del artículo 127, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo y su aplicación, ya que al señalar como autoridad a la empresa Tubos de Acero de México, Sociedad Anónima, en realidad tiene el carácter de empleador, aún y cuando reclame la inconstitucionalidad o aplicación de la norma, por lo que el juicio de amparo indirecto es improcedente. Se cita como apoyo a lo anterior, la tesis I.13o.T.207 L (10a.), sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, página 1096, Décima Época, registro digital 2018679, que señala: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA CUANDO SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A ENTES QUE EN REALIDAD TIENEN EL CARÁCTER DE PATRÓN, AUNQUE SE PLANTEE LA INCONSTITUCIONALIDAD O APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA, DESCONCENTRADA Y DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO). Uno de los requisitos indispensables para la procedencia del juicio de amparo es que se señalen a entes o funcionarios de los organismos públicos que actúen con las características de unilateralidad y coercitividad, de manera que si en el amparo indirecto se especifican a ciertos funcionarios como autoridades responsables, pero se deduce que en realidad tienen el carácter de patrón, es decir, que están vinculados con el quejoso por una relación de trabajo, el juicio de amparo indirecto es improcedente, y no es impedimento para considerarlo así, el hecho de que se reclame la inconstitucionalidad o aplicación de los Lineamientos de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada y Delegaciones del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), en atención a que son dos situaciones íntimamente relacionadas (autoridad responsable y acto reclamado), por lo que, al no ser autoridades para los efectos del juicio de amparo, no se actualiza el supuesto de admisión de la demanda, aun cuando se precise que se reclama la inconstitucionalidad de una ley u ordenamiento jurídico." Además, del análisis de los artículos 123, fracción IX, de la Constitución Federal y 117 al 127 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, se establece la obligación patronal de participar utilidades a los trabajadores y el procedimiento correspondiente, dentro del cual intervienen varias entidades, comisiones y personas, conforme a diversos trámites hacendarios y administrativos que culminan, dentro de cada empresa, con la integración de una comisión de representantes del empleador y de los trabajadores, que deben ponerse de acuerdo sobre el proyecto de reparto de utilidades, en el entendido de que si no se ponen de acuerdo decidirá el inspector del trabajo; dicho proyecto se fijará en lugar visible del establecimiento para que en el término de quince días los trabajadores puedan hacer observaciones que serán resueltas por la propia comisión, y pasado el término indicado o resueltas las objeciones, la determinación de la comisión o del inspector será definitiva y sólo hasta entonces nace para el patrón la obligación de pagar a cada trabajador el monto específico por concepto de participación de utilidades; por lo tanto, en el procedimiento aludido no todos los aspectos se rigen por disposiciones laborales y, asimismo, no en todos los trámites interviene el empleador con facultades autónomas y decisorias, puesto que lo que fundamentalmente queda bajo la responsabilidad directa del empleador frente a cada trabajador es el pago del monto fijado en definitiva por la Comisión Mixta o por el inspector del trabajo. Precisado lo anterior, se considera que el reparto de utilidades se trata de una prestación laboral que tienen los trabajadores de una fuente de empleo; por ende, es de competencia de la autoridad que ejerce función jurisdiccional en materia laboral respectiva, encargada de conocer y resolver la tramitación de un juicio en el que se reclame lo relacionado con el pago de reparto de utilidades. De ahí que, atendiendo a la materia de lo reclamado (pago de reparto de utilidades), corresponde a una autoridad laboral conocer del juicio laboral que en su caso se intentare; por tratarse de un eventual beneficio económico que puede fincarse por concepto de utilidades, constituye un aspecto propio del derecho laboral, previsto en el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que corresponde a la autoridad laboral, su conocimiento y resolución, por tratarse de un conflicto de trabajo que se suscita entre trabajadores y empleadores. De ahí que, al tratarse lo reclamado de una cuestión laboral, en la cual la relación es de coordinación, los actos que por esta vía se reclaman, no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo y, por ende, no puede ser objeto de estudio en esta vía constitucional. En virtud de lo expuesto, dado que se actualiza la causa de improcedencia respecto del acto combatido a Tubos de Acero de México, Sociedad Anónima, se impone decretar el desechamiento de la demanda también respecto del reclamo del artículo 127, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo, tildado de inconstitucional por la parte promovente; ello, porque no debe desvincularse el estudio de esa disposición impugnada del análisis relativo al acto de aplicación. Lo anterior, en razón de que si la norma calificada de inconstitucional se combate dado su primer acto concreto de aplicación, que en la especie se hace consistir en el pago de reparto de utilidades, respecto del cual resulta improcedente la acción de amparo, entonces, el juicio también es improcedente en relación con dicha norma. En este orden de ideas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.71/2000, estableció que cuando se promueve un juicio de amparo contra una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, no se debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. Por tanto, el juzgador de amparo debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del quejoso la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así (es decir, si el juicio es improcedente contra el acto de aplicación), resulta improcedente también respecto de la norma impugnada. Sirve apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, página 235, registro digital 191311, de rubro y texto siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". Finalmente, no pasa desapercibido para este juzgador, que en la demanda de amparo los promoventes indican también como acto reclamado, en contra de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, de manera genérica, "la Inconstitucionalidad de su pronunciamiento en afirmar que los Trabajadores no perderían con la reforma laboral al artículo 127 fracción octava, pues afirmó, sin temor a equivocarme, que la reforma no les perjudicaría a los Trabajadores"; esto, al manifestar que la titular de dicha Secretaría, en rueda de prensa a nivel nacional, informó que la reforma laboral no afectaría a los trabajadores, sino que por el contrario, los beneficiaria, lo cual estiman un mensaje engañoso; pero resulta evidente que dichos argumentos no pueden ser considerados como un acto reclamado destacado, sino que, en dado caso, constituyen conceptos de violación relacionados con los agravios que indican les genera la aplicación de la fracción VIII del multicitado numeral 127 de la legislación laboral. Máxime que en el escrito aclaratorio precisan que el acto de aplicación que combaten es el pago del concepto de reparto de utilidades, que señalan se reflejó en los recibos de nómina de veinte de mayo del presente año. Consecuentemente, al actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, con fundamento en el ordinal 113 del citado ordenamiento legal se desecha de plano la demanda. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Por otra parte, como lo solicitan los promoventes, hágase el cotejo de las copias certificadas de los documentos con los que acreditan su personalidad con las copias simples que exhiben, una vez efectuado, agréguense las segundas, y devuélvanseles las originales, previa identificación y firma que se otorgue en autos. Ahora, debido a las medidas preventivas en relación a la materia de salubridad general para combatir el virus SARS-CoV2 (COVID-19), determinadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en los Acuerdos Generales 4/2020 y 6/2020, 8/2020, 13/2020 y 18/2020 del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, se establecieron diversos lineamientos para las actuaciones judiciales, para así expedirse una impartición de justicia pronta y expedita en los juicios tramitados durante el periodo de suspensión de acuerdo al catálogo de tipo de asuntos a tramitarse que se fue ampliando, así como los juicios promovidos en línea. En el Acuerdo General 21/2020 del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, se determinó la reanudación de plazos y el regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia generada por dicho virus, abandonando las guardias para la atención de casos urgentes y, en consecuencia, reanuda los plazos y términos procesales, y reactiva la recepción, radicación y tramitación de promociones presentadas físicamente, así como el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como la fijación de porcentajes máximos de asistencia para el personal jurisdiccional y su escalonamiento en turnos y horarios; la recepción de promociones físicas mediante buzones judiciales; la habilitación de oficialías de partes comunes a varios órganos jurisdiccionales; el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas; el uso de herramientas tecnológicas para eficientar la labor jurisdiccional; y la continuidad del trabajo a distancia como eje rector en la prestación del servicio público de impartición de justicia. En ese orden, para efectos de recibir los documentos anexos, los promoventes o sus autorizados, deberán ajustarse a los lineamientos establecidos este último acuerdo general, por lo que para acudir a este Juzgado de Distrito, deberán entrar al micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas, disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. El Código QR podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, y dará derecho a que un máximo de dos personas accedan a este juzgado, sin que puedan utilizar ese pase para visitar órganos distintos. Notifíquese personalmente...
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Boca del Río, Veracruz, catorce de junio de dos mil veintidós.Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes la constancia de correo electrónico que contiene copia del oficio firmado por la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz y anexos. En atención a su contenido, téngase a dicha autoridad responsable remitiendo las constancias relativas a la notificación de las partes del acuerdo de cinco de mayo del año en curso, certificación de inexistencia de demanda de amparo promovida respecto de la resolución de once de marzo de dos mil veintidós; diversos oficios y acuerdo de ocho de junio de este año, emitidos en los autos del expediente laboral 588/2007-IV, de su índice, por lo que se advierten las actuaciones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y en ese tenor, se le tiene en vías de cumplir la misma. Notifíquese.
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Vista la demanda de amparo con seis firmas, ocho copias y cinco anexos; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno con el juicio 507/2022-I y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO PARCIAL Ahora, con fundamento en el artículo 113 en relación con el 61, fracción XXIII y 6 de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo, únicamente, por cuanto al promovente Fernando Lagunes Alvario. Dichos preceptos establecen: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." En ese contexto, si bien en el proemio de la demanda y al calce aparece el nombre de Fernando Lagunes Alvario; sin embargo, carece firma, por tanto, no se puede considerar a tal promovente ejerciendo la acción constitucional, pues conforme al referido numeral 6° de la Ley de Amparo, la firma es una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos para promover el juicio de amparo, mismo que se rige por el principio de instancia de parte agraviada establecido en el citado numeral, que preceptúa que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, y sólo podrá seguirse por el agraviado, o través de su representante legal o de su defensor. Por consiguiente, el juicio constitucional únicamente se sigue a instancia de parte y, por ende, todo escrito presentado en el procedimiento debe ser firmado en original por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda que da origen al juicio, constituyendo esto un requisito esencial, por ser la expresión de la voluntad del accionante; por tanto, cuando se considere que no se reúne ese requisito, la demanda deberá desecharse, tomando en consideración que la firma es un requisito insubsanable de la demanda, puesto que expresa la voluntad de quien la suscribe, avalando a través de ella su contenido. Ahora, si no obra la firma autógrafa de quien suscribe la demanda no existe la certeza de la voluntad para ejercitar el derecho que en ésta se consigna, pues de lo contrario se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara oportunamente escritos para que después, en cualquier tiempo, fuera subsanada la omisión de voluntad de promover correctamente cualquier juicio... En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el 6 de la Ley de Amparo, con apoyo en el diverso 113, se desecha parcialmente la demanda por cuanto a Fernando Lagunes Alvario. PREVENCIÓN: Ahora, antes de proveer lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda, con fundamento en los artículos 108, fracción V, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación que se le haga del presente proveído, por escrito, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo que se procede a exponer. En primer lugar, se destaca que para acreditar la personalidad con que se ostentan en este controvertido, acompañaron copia simple de la resolución 211.1.1.-1480 de dos de junio de dos mil veintiuno y resolución 211.2.2.-1213 de veintiocho de febrero de dos mil veinte, emitidas por la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Asimismo, en el apartado de actos reclamados, señala que reclama de la persona moral Tubos de Acero de México, "la inconstitucionalidad del comunicado dirigido a todos sus Trabajadores, por el que informo que, para el efecto del reparto de utilidades, aplicaría la fracción VIII del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo." Luego, en el apartado de antecedentes, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que "4. Lo cierto es que a partir del pasado 20 de mayo de 2022, los trabajadores de Tubos de Acero de México, S.A. recibieron su reparto de utilidades donde se reflejó en sus recibos de nómina, que ya no les proporcionaba el 10% por concepto de utilidades, sino una cantidad inferior, aplicando los topes de la Fracción Octava del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que la Secretaria del Trabajo Mintió o la Empresa está violando nuestro derecho constitucional del artículo 123 fracción IX de la Ley Suprema de la Nación". De lo expuesto se advierte una falta de claridad en el escrito de cuenta, en lo tocante al tema de la personalidad, actos reclamados y antecedentes, lo cual impone que se prevenga a la parte quejosa para que dichas cuestiones sean reparadas. Una vez precisado lo anterior, se itera que el artículo 114 de Ley de Amparo otorga la facultad de prevenir a los promoventes del amparo a efecto de que aclaren su demanda cuando incurran en deficiencias, irregularidades u omisiones. Por su parte, el artículo 108 de la Ley de Amparo, fracciones IV, V y VI estatuyen: "ARTÍCULO 108. La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; [.] IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; En ese tenor, a efecto de estar en aptitud legal de emitir pronunciamiento respecto de la admisión de la demanda de amparo que nos ocupa, resulta indispensable que la parte quejosa, por escrito, bajo protesta de decir verdad, con copia para cada una de las partes: Exhiba documento original o copia certificada, con el que acrediten su personalidad, por lo que, atendiendo a lo establecido en el artículo 692, fracción IV, de la ley laboral en aplicación, dicho requisito deberá cubrirse con la certificación emitida por la autoridad registradora correspondiente, de haber quedado inscrita la directiva del sindicato, o, en su caso, con documento que permitan a este juzgador llegar al convencimiento de que efectivamente representan a los sindicatos de mérito. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 124/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1449, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2012992, que dice: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa." Atendiendo a que reclaman la inconstitucionalidad del artículo 127, fracción VIII de la Ley Federal del Trabajo, así como el comunicado emitido por la empresa señalada como responsable, precisen cuál es el acto de aplicación de la norma que reclaman; esto es, si lo es el comunicado aludido, o algún otro; esto, dado que refirieron que los trabajadores recibieron el pago por reparto de utilidades el veinte de mayo del año en curso. De ser el acto de aplicación distinto del citado comunicado, señalar la fecha en que tuvieron conocimiento del mismo y, de manera ordenada y detallada, los antecedentes del mismo. La prevención en relación a este punto se justifica en la medida en que, en el juicio de amparo indirecto, la adecuada exposición de los antecedentes crea certeza en el juzgador constitucional para desplegar todas sus facultades relativas a al juicio, puesto que en esta etapa inicial es el único elemento con el que se cuenta para tomar las decisiones que conlleva la presentación de la demanda. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo indicado se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 de la citada ley. Se destaca a la parte quejosa que el objetivo de la prevención que ahora se formula no es obstaculizar la acción de amparo, sino fijar correctamente la Litis constitucional, requisito que a la postre representa un beneficio para los solicitantes de la protección federal al momento de realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos y una posible restitución en el goce del derecho humano violentado; además de que contribuye al adecuado trámite del juicio de amparo. Esto, ponderando a su vez la tutela judicial efectiva consagrada como derecho humano en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que implica la obligación de los órganos jurisdiccionales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias, que es lo que se pretende con la prevención que ahora se realiza. Lo anterior, en el contexto de lo estipulado por el mencionado artículo 17 de nuestra Carta Magna, cuyo párrafo segundo dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. De ese precepto fundamental se constata el derecho de acceso a la justicia, entendido como un valor social que debe ser realizado. Infórmese a los promoventes que deberán conducirse con verdad, pues afirmar hechos falsos y omitir los que le consten está tipificado como delito, en términos del artículo 261, fracción I de la ley de la materia, esto es, de advertirse la realización de alguna de las conductas ahí constitutivas de delito, este juzgador debe llevar a cabo la aplicación de una multa y ordenar dar vista al Ministerio Público Federal. El texto del artículo 261 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos". Ahora, el artículo 17, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Federal, consagra diversos principios que regulan la administración de justicia a favor de los gobernados, entre los que se encuentran los consistentes en que la justicia debe impartirse de manera pronta, completa e imparcial y que ha de garantizarse la plena ejecución de las resoluciones de los tribunales. Principios cuyo cumplimiento también es imperativo para el Poder Judicial de la Federación, por lo que es inconcuso que debe garantizarse en todo momento e instancia que la administración de justicia se ajuste a esas notas fundamentales, en salvaguarda de las cuales no puede permitirse que el juicio de amparo se promueva con el propósito de entorpecer la pronta solución de los juicios o la ejecución de las resoluciones respectivas. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 5 del Libro 45, Tomo I, agosto de dos mil diecisiete, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA." DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS Con fundamento en el artículo 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda.
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