Sergio de la Torre Lievanos
Expediente 190/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 190/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 08/04/2019
Partes del expediente
- Sergio de la Torre Lievanos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Toluca, Estado de México, ocho de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el mismo ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que únicamente a ésta afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Intégrese el escrito del quejoso; por medio del cual exhibe diversas documentales originales como pruebas al presente asunto; sin embargo, se agregan sin mayor pronunciamiento dado que el diecinueve de marzo del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa. Finalmente, devuélvasele los documentos que exhibe, previa compulsa que obre en autos para debida constancia legal, así también, razón de su recepción.
- Principal
Toluca, Estado de México, diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Intégrese el informe justificado rendido por la autoridad que lo suscribe; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días para que manifiesten lo que a su interés convenga. Con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados a las personas mencionadas. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos, el suscrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia, prevista en los artículos 61, fracción XII, en relación con el 1, fracción I, y 5, fracción I de la ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El Juicio de Amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; "Articulo 1. El Juicio de Amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte:" "Articulo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo lo de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De la interpretación de tales preceptos, se sostiene que el juicio de amparo procede contra normas generales, actos y omisiones de autoridad que violen los derechos humanos y garantías que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con ello se produzca una afectación real, actual e inminente a la esfera jurídica del quejoso, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por otro lado, si bien es cierto que, el decreto número dieciocho (18), fue publicado el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, entrando en vigor el primero de enero del dos mil diecinueve. Transitorio segundo-, también lo es que, el decreto tildado de inconstitucional, tendrá su primer acto de aplicación en el mes de julio del año curso, tal y como refiere el citado decreto en su transitorio tercero, que a la letra dice: "SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2019". "TERCERO.- Los contribuyentes propietarios de vehículos de servicio particular que porten placas de circulación expedidas en el ejercicio fiscal 2013 y anteriores, deberán realizar la renovación de placas en los meses de julio a diciembre de2019, conforme a las reglas que para tal efecto publique la Secretaría de Finanzas, informando a la Legislatura por conducto de las comisiones de planeación y gasto público y de finanzas públicas. Las reglas de operación se publicarán a más tardar el 30 de junio de 2019, en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", con la finalidad de ser sujetos a los beneficios fiscales que determinen a su favor en caso de regularización de adeudos pudiendo ser de hasta el cien por ciento de condonación, de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal de 2019." De lo anterior, se colige que la norma -autoaplicativa- reclamada en esta vía constitucional, no transgrede la esfera jurídica del quejoso Sergio de la Torre Lievanos, con el inicio de su vigencia, sino a partir de que se genera el primer acto de aplicación, esto es, en el segundo semestre del año en curso. Sirve de apoyo la Tesis Aislada, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, que refiere: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A LA REGLA RELATIVA AL PLAZO PARA SU IMPUGNACIÓN EN EL AMPARO. De acuerdo con los artículos 17, fracción I, 18 y 61, fracción XIV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para impugnar la constitucionalidad de una norma general, el afectado cuenta con una doble oportunidad para hacerlo: dentro de los treinta días siguientes a su entrada en vigor o dentro de los quince subsecuentes al en que tenga conocimiento del acto de aplicación de aquélla. Sin embargo, es necesario distinguir que, tratándose de disposiciones jurídicas autoaplicativas, hay casos en los cuales la afectación que se produce en la esfera jurídica de los justiciables no surge por el solo inicio de su vigencia, como ocurre cuando: i) la eficacia de la ley se supedita a la posterior expedición de un acto normativo que desdoble o pormenorice su contenido; ii) la disposición posterior modifique el inicio de su vigencia; o, iii) el gobernado se coloque en el supuesto previsto por la norma con posterioridad al momento en que entre en vigor. En estos casos, la afectación en la esfera de derechos de los justiciables no se produce al comenzar su vigencia la ley y, por tanto, este evento no determina el inicio del plazo de treinta días para promover el juicio de amparo en su contra. En efecto, en las hipótesis señaladas no se actualiza la causa de improcedencia consistente en presumir el consentimiento de la norma por no impugnarla dentro de los treinta días siguientes al inicio de su vigencia ya que, en los dos primeros, la afectación a la esfera jurídica de los destinatarios se sujeta a una condición que, al comenzar a regir, no puede considerarse cumplida y, en el tercero, esa afectación no surge con ese motivo, sino hasta que se coloca en la situación que en aquélla se regula. En esos casos, debe considerarse que el momento en que empieza a correr el plazo para su impugnación, en su carácter de disposición autoaplicativa, es el del inicio de la afectación. De no aceptarse esta interpretación, se haría nugatorio el derecho de tutela judicial efectiva, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no otorgarse la oportunidad defensiva prevista en la Ley de Amparo respecto de las normas generales autoaplicativas, a las que, teniendo ese carácter, generen la afectación en un momento diverso, como ocurre en los mencionados supuestos de excepción a la regla general, en los cuales, antes de que la norma reclamada entre en vigor, el quejoso carecería de interés para su impugnación." De ahí que, el quejoso no tenga hasta este momento interés jurídico para acudir al juicio de amparo y reclamar el decreto número dieciocho, publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, virtud a que no le asiste afectación alguna; en consecuencia, tampoco existe afectación real, actual y directa a su esfera jurídica de derechos, lo que acontecerá, en su caso, una vez que el citado decreto tenga su primer acto de aplicación. En este sentido, si la norma que se pretende combatir en esta vía, no ha causado afectación alguna en sus derechos subjetivos, es un hecho notorio que aún no existe trasgresión y, por tanto, es indudable que la causa de improcedencia de que se trata se actualiza, pues no causa perjuicio alguno a la parte quejosa; cuestión que si puede dilucidarse con pleno conocimiento, por ser una causa indudable y manifiesta de improcedencia. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 1,fracción I, y 5, fracción I, así como el diverso ordinal 63, fracción V todos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo en contra de actos atribuidos a la LIX Legislatura del Estado de México y otras autoridades, determinación que se toma en cumplimiento a la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues los motivos de improcedencia advertidos no podrán desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda." Consecuentemente, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las nueve horas del quince de abril de dos mil diecinueve; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno.
- Principal
Toluca, Estado de México, siete de marzo de dos mil diecinueve. Intégrese el informe justificado rendido por la autoridad que lo suscribe; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días para que manifiesten lo que a su interés convenga. Con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados a las personas mencionadas. Respecto a la solicitud del promovente, hágase la devolución de la gaceta que adjunta, previo cotejo y certificación que se deje en autos, para debida constancia legal; asimismo, se autoriza la toma de fotografías a los autos y el uso de medios electrónicos para su consulta.
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