Sergio de la Cruz Torres

Expediente 109/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
109/2015
Año
2015
Actuaciones
13
Última actuación
20/07/2015

Partes del expediente

  • Sergio de la Cruz Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    ... Xalapa de Enríquez, Veracruz, a veinte de julio de dos mil quince. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, la certificación que antecede y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicable al presente asunto conforme lo dispuesto por el artículo tercero transitorio de la ley en cita, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, esta Potestad Federal procede a su análisis. Como apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, visible en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Ahora, de autos se advierte que por sentencia terminada de engrosar el ocho de mayo de dos mil quince (fojas 124 a 144), el titular del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, en auxilio de este órgano jurisdiccional concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Sergio de la Cruz Torres, por propio derecho, la cual concluyó en los siguientes términos: ".Luego, se concluye que la resolución controvertida no se dictó apegada los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídicas establecidas en los ordinales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que da pauta a conceder el amparo y protección que de la Justicia Federal solicita para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución reclamada de catorce de enero de dos mil quince y dicte otra en la que debe: 1) Establecer con base en las pruebas aportadas por las partes cuáles eran las necesidades de las acreedoras, considerando su entorno social, costumbres y demás particularidades que se desprenden de las constancias que obran en autos; 2) Establecer cuáles eran las posibilidades económicas del deudor, es decir, cuál es el sueldo que realmente percibe el demandado (si se advierte de autos, o bien determinar si no fue probado), debiendo considerar aquí sus propios gastos o manutención. 3) Confrontarlas (necesidades-posibilidades), y determinar de manera fundada y motivada, si el deudor con el sueldo que percibe está en posibilidad de cubrir la pensión alimenticia decretada en el auto inicial, o bien si resultaba excesiva, debiendo explicar por qué una cosa o la otra. 4) De forma precisa debe explicar, por qué las necesidades de la acreedoras (2) se cubren con el sesenta por ciento de los ingresos del demandado, y no con un porcentaje menor, pero si llegara a una u otra conclusión necesariamente debe explicar por qué lo estima así. 5) De llegar a considerar que la madre obtiene ingresos, debe explicar por qué y en qué medida impacta el hecho de que la madre de los menores también obtenga un ingreso económico, pues resulta lógico pensar que las necesidades de los menores, por recibir apoyo de la madre, se ven disminuidas, sin embargo, ello se debe explicar y de forma más precisa indicar qué tanto o hasta donde trasciende dicha circunstancia, para finalmente concluir que aun con los ingresos de la madre se justificaba que el papá otorgará el sesenta por ciento de sus ingresos, todo ello es necesario que la juez de origen lo explique porque de esa forma tendrá elementos para fijar de acuerdo al ordinal 242 del Código Civil, una pensión provisional justa y equitativa.". Toda vez que las partes no se inconformaron contra el fallo protector emitido, por auto de quince de junio de dos mil quince, causó ejecutoria el mismo, y se ordenó requerir su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia Jalacingo, Veracruz, para que en el improrrogable término de tres días, contado a partir de que le fuera notificado dicho acuerdo, justificara el cumplimiento de la sentencia protectora (fojas 186 y 187). Mediante oficio 1894, la autoridad responsable informó el cumplimiento dado a la sentencia de amparo y allegó copia certificada de la resolución dictada el veinticuatro de junio del año en curso, dentro de los autos del Juicio Ordinario Civil 751/2014/I de su índice (fojas 194 a 202); así, por acuerdo de siete de julio siguiente, se dio vista a las partes quejosa y tercero interesada por el término de tres días para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con tal cumplimiento (foja 204) quienes fueron debidamente notificadas, sin que hicieran ninguna manifestación al respecto (fojas 204 vuelta y 205 a 207). Ahora, como ya quedó establecido, el amparo concedido Sergio de la Cruz Torres, por propio derecho, fue para el efecto de que el Juez Segundo de Primera Instancia, con domicilio en Jalacingo, Veracruz, a) dejara insubsistente la interlocutoria de catorce de enero de dos mil quince, dictada en los autos del Juicio Ordinario Civil 751/2014/I y, en su lugar emitiera una nueva en la que abordará b) las necesidades de las acreedoras alimentarias, considerando su entorno social, costumbres y demás particularidades; c) establecer las posibilidades económicas del deudor alimentario; d) confrontar lo anterior y determinar de manera fundada y motivada si el sueldo que percibía el deudor era suficiente para cubrir la pensión inicial, o resultaba ser excesiva; e) igualmente, precisara por qué las necesidades de las acreedoras se cubrían con el sesenta por ciento de los ingresos del demandado y no con un porcentaje menor; f) asimismo, explicara de manera detallada el por qué y en qué medida impactaba en su determinación el hecho que la madre de los menores también percibiera un ingreso monetario. En cumplimiento al fallo protector, la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia, residente en Jalacingo, Veracruz, mediante oficio 1894, remitió copia certificada de la resolución de veinticuatro de junio del año en curso, dictada en los autos del Juicio Ordinario Civil 751/2014/I, en la cual dejó insubsistente la diversa de catorce de enero del dos mil quince, desahogando lo señalado en el inciso a). Asimismo, respecto de los incisos b), c) y d), la responsable, con base en el material probatorio allegado por las partes, analizó la situación socioeconómica de la parte actora, así como las posibilidades económicas del deudor alimentario, y previa confrontación de las mismas, determinó que la pensión alimenticia fijada provisionalmente, consistente en el sesenta por ciento del sueldo y demás prestaciones del deudor, el cual equivale a $1,940.44 (un mil novecientos cuarenta pesos 44/100 M.N.), resultaba excesiva atendiendo al principio de proporcionalidad que rige la materia de alimentos, ya que al deudor le restaba para cubrir sus propias necesidades el cuarenta por ciento, esto es, $1,293.64 (un mil doscientos noventa y tres pesos 64/100 M.N.). Como consecuencia de lo anterior, la responsable determinó que las necesidades alimentarias de las acreedoras pueden cubrirse con el cuarenta y uno por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado quincenalmente, lo que equivale a $1,293.63 (un mil doscientos noventa y tres pesos 63/100 M.N.), en virtud de que la madre de los menores percibe ingresos propios con los cuales puede cubrir sus necesidades y contribuir a la manutención de sus menores hijos, los cuales tiene bajo su custodia; de ahí que, atendiendo al principio de igualdad, el juez responsable resolvió reducir la pensión alimenticia provisional del sesenta al cuarenta y uno por ciento del sueldo y demás prestaciones del deudor, cumpliendo así con lo dispuesto en los restantes incisos e) y f). En esas condiciones, se colige que la autoridad responsable acató en sus términos la sentencia de amparo, por lo que procede declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos, ya que se restituyó al solicitante del amparo en el goce de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vulnerados, en términos del artículo 77 fracción II, segundo párrafo de la Ley de Amparo vigente. Se resuelve lo anterior, sin que pase inadvertido para el suscrito el hecho de que en auto de veintidós de junio del año en curso, se recibió el diverso oficio con el cual el juez responsable remitió copia certificada del auto de cinco de junio pasado, dictado en el juicio ordinario civil 751/2014 de su índice, en el cual decretó como nueva pensión alimenticia provisional la cantidad de un salario y medio diario, equivalente a $99. 70 (noventa y nueve pesos con setenta centavos M.N.), en razón de que el demandado, aquí quejoso, dejó de laborar desde el veintiocho de febrero de esta anualidad; ello, toda vez que el porcentaje fijado en la resolución de veinticuatro de junio pasado, la cual se analiza en el presente auto, será el que se tome como base para determinar, en caso de ser procedente, el pago pensiones vencidas. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214 del mismo cuerpo normativo, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Gírese oficio a la responsable que estuvo encargada de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de Archivos Judiciales, vigente a partir del dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, teniendo en cuenta que en este asunto se concedió la protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de depuración. Asimismo, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el expediente principal a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda a la destrucción o depuración, según corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. Finalmente, hágase el presente acuerdo de conocimiento del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, residente en Acapulco de Juárez, Guerrero, ello para los efectos legales a que haya lugar, dentro del cuaderno auxiliar 205/2015 de su índice. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista de acuerdos a la tercero interesada...

  2. Principal

    ... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIERON A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTE DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL PROVEÍDO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa de Enríquez, Veracruz, a veinte de julio de dos mil quince. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, la certificación que antecede y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicable al presente asunto conforme lo dispuesto por el artículo tercero transitorio de la ley en cita, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, esta Potestad Federal procede a su análisis. Como apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, visible en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Ahora, de autos se advierte que por sentencia terminada de engrosar el ocho de mayo de dos mil quince (fojas 124 a 144), el titular del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, en auxilio de este órgano jurisdiccional concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Sergio de la Cruz Torres, por propio derecho, la cual concluyó en los siguientes términos: ".Luego, se concluye que la resolución controvertida no se dictó apegada los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídicas establecidas en los ordinales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que da pauta a conceder el amparo y protección que de la Justicia Federal solicita para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución reclamada de catorce de enero de dos mil quince y dicte otra en la que debe: 1) Establecer con base en las pruebas aportadas por las partes cuáles eran las necesidades de las acreedoras, considerando su entorno social, costumbres y demás particularidades que se desprenden de las constancias que obran en autos; 2) Establecer cuáles eran las posibilidades económicas del deudor, es decir, cuál es el sueldo que realmente percibe el demandado (si se advierte de autos, o bien determinar si no fue probado), debiendo considerar aquí sus propios gastos o manutención. 3) Confrontarlas (necesidades-posibilidades), y determinar de manera fundada y motivada, si el deudor con el sueldo que percibe está en posibilidad de cubrir la pensión alimenticia decretada en el auto inicial, o bien si resultaba excesiva, debiendo explicar por qué una cosa o la otra. 4) De forma precisa debe explicar, por qué las necesidades de la acreedoras (2) se cubren con el sesenta por ciento de los ingresos del demandado, y no con un porcentaje menor, pero si llegara a una u otra conclusión necesariamente debe explicar por qué lo estima así. 5) De llegar a considerar que la madre obtiene ingresos, debe explicar por qué y en qué medida impacta el hecho de que la madre de los menores también obtenga un ingreso económico, pues resulta lógico pensar que las necesidades de los menores, por recibir apoyo de la madre, se ven disminuidas, sin embargo, ello se debe explicar y de forma más precisa indicar qué tanto o hasta donde trasciende dicha circunstancia, para finalmente concluir que aun con los ingresos de la madre se justificaba que el papá otorgará el sesenta por ciento de sus ingresos, todo ello es necesario que la juez de origen lo explique porque de esa forma tendrá elementos para fijar de acuerdo al ordinal 242 del Código Civil, una pensión provisional justa y equitativa.". Toda vez que las partes no se inconformaron contra el fallo protector emitido, por auto de quince de junio de dos mil quince, causó ejecutoria el mismo, y se ordenó requerir su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia Jalacingo, Veracruz, para que en el improrrogable término de tres días, contado a partir de que le fuera notificado dicho acuerdo, justificara el cumplimiento de la sentencia protectora (fojas 186 y 187). Mediante oficio 1894, la autoridad responsable informó el cumplimiento dado a la sentencia de amparo y allegó copia certificada de la resolución dictada el veinticuatro de junio del año en curso, dentro de los autos del Juicio Ordinario Civil 751/2014/I de su índice (fojas 194 a 202); así, por acuerdo de siete de julio siguiente, se dio vista a las partes quejosa y tercero interesada por el término de tres días para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con tal cumplimiento (foja 204) quienes fueron debidamente notificadas, sin que hicieran ninguna manifestación al respecto (fojas 204 vuelta y 205 a 207). Ahora, como ya quedó establecido, el amparo concedido Sergio de la Cruz Torres, por propio derecho, fue para el efecto de que el Juez Segundo de Primera Instancia, con domicilio en Jalacingo, Veracruz, a) dejara insubsistente la interlocutoria de catorce de enero de dos mil quince, dictada en los autos del Juicio Ordinario Civil 751/2014/I y, en su lugar emitiera una nueva en la que abordará b) las necesidades de las acreedoras alimentarias, considerando su entorno social, costumbres y demás particularidades; c) establecer las posibilidades económicas del deudor alimentario; d) confrontar lo anterior y determinar de manera fundada y motivada si el sueldo que percibía el deudor era suficiente para cubrir la pensión inicial, o resultaba ser excesiva; e) igualmente, precisara por qué las necesidades de las acreedoras se cubrían con el sesenta por ciento de los ingresos del demandado y no con un porcentaje menor; f) asimismo, explicara de manera detallada el por qué y en qué medida impactaba en su determinación el hecho que la madre de los menores también percibiera un ingreso monetario. En cumplimiento al fallo protector, la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia, residente en Jalacingo, Veracruz, mediante oficio 1894, remitió copia certificada de la resolución de veinticuatro de junio del año en curso, dictada en los autos del Juicio Ordinario Civil 751/2014/I, en la cual dejó insubsistente la diversa de catorce de enero del dos mil quince, desahogando lo señalado en el inciso a). Asimismo, respecto de los incisos b), c) y d), la responsable, con base en el material probatorio allegado por las partes, analizó la situación socioeconómica de la parte actora, así como las posibilidades económicas del deudor alimentario, y previa confrontación de las mismas, determinó que la pensión alimenticia fijada provisionalmente, consistente en el sesenta por ciento del sueldo y demás prestaciones del deudor, el cual equivale a $1,940.44 (un mil novecientos cuarenta pesos 44/100 M.N.), resultaba excesiva atendiendo al principio de proporcionalidad que rige la materia de alimentos, ya que al deudor le restaba para cubrir sus propias necesidades el cuarenta por ciento, esto es, $1,293.64 (un mil doscientos noventa y tres pesos 64/100 M.N.). Como consecuencia de lo anterior, la responsable determinó que las necesidades alimentarias de las acreedoras pueden cubrirse con el cuarenta y uno por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado quincenalmente, lo que equivale a $1,293.63 (un mil doscientos noventa y tres pesos 63/100 M.N.), en virtud de que la madre de los menores percibe ingresos propios con los cuales puede cubrir sus necesidades y contribuir a la manutención de sus menores hijos, los cuales tiene bajo su custodia; de ahí que, atendiendo al principio de igualdad, el juez responsable resolvió reducir la pensión alimenticia provisional del sesenta al cuarenta y uno por ciento del sueldo y demás prestaciones del deudor, cumpliendo así con lo dispuesto en los restantes incisos e) y f). En esas condiciones, se colige que la autoridad responsable acató en sus términos la sentencia de amparo, por lo que procede declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos, ya que se restituyó al solicitante del amparo en el goce de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vulnerados, en términos del artículo 77 fracción II, segundo párrafo de la Ley de Amparo vigente. Se resuelve lo anterior, sin que pase inadvertido para el suscrito el hecho de que en auto de veintidós de junio del año en curso, se recibió el diverso oficio con el cual el juez responsable remitió copia certificada del auto de cinco de junio pasado, dictado en el juicio ordinario civil 751/2014 de su índice, en el cual decretó como nueva pensión alimenticia provisional la cantidad de un salario y medio diario, equivalente a $99. 70 (noventa y nueve pesos con setenta centavos M.N.), en razón de que el demandado, aquí quejoso, dejó de laborar desde el veintiocho de febrero de esta anualidad; ello, toda vez que el porcentaje fijado en la resolución de veinticuatro de junio pasado, la cual se analiza en el presente auto, será el que se tome como base para determinar, en caso de ser procedente, el pago pensiones vencidas. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214 del mismo cuerpo normativo, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Gírese oficio a la responsable que estuvo encargada de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de Archivos Judiciales, vigente a partir del dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, teniendo en cuenta que en este asunto se concedió la protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de depuración. Asimismo, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el expediente principal a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda a la destrucción o depuración, según corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. Finalmente, hágase el presente acuerdo de conocimiento del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, residente en Acapulco de Juárez, Guerrero, ello para los efectos legales a que haya lugar, dentro del cuaderno auxiliar 205/2015 de su índice. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista de acuerdos a la tercero interesada...

  3. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, siete de julio de dos mil quince. Visto; agréguese a los autos del juicio de amparo en que se actúa, el oficio signado por la Juez Interina adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en Jalacingo, Veracruz, mediante el cual exhibe las constancias relativas al cumplimiento dado al fallo protector. Ahora, con fundamento en el artículo 196, párrafos primero y segundo de la Nueva Ley de Amparo, quedan los autos a la vista de las partes por el término de tres días, contado a partir de que les sea notificado el presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Se hace de su conocimiento que si están de acuerdo con el referido cumplimiento, deberán manifestarlo por escrito y comparecer ante cualesquiera de los actuarios adscritos a este Juzgado a ratificarlo en el momento de su presentación. En el entendido que de no desahogar dicho requerimiento, este Juzgado Federal de oficio se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente asunto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista de acuerdos a la tercero interesada. Así lo proveyó y firma, el licenciado Arnulfo Moreno Flores, Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Odín Edgardo Bonastre Díaz, Secretario quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE SIETE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO DEJADO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, siete de julio de dos mil quince. Visto; agréguese a los autos del juicio de amparo en que se actúa, el oficio signado por la Juez Interina adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en Jalacingo, Veracruz, mediante el cual exhibe las constancias relativas al cumplimiento dado al fallo protector. Ahora, con fundamento en el artículo 196, párrafos primero y segundo de la Nueva Ley de Amparo, quedan los autos a la vista de las partes por el término de tres días, contado a partir de que les sea notificado el presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Se hace de su conocimiento que si están de acuerdo con el referido cumplimiento, deberán manifestarlo por escrito y comparecer ante cualesquiera de los actuarios adscritos a este Juzgado a ratificarlo en el momento de su presentación. En el entendido que de no desahogar dicho requerimiento, este Juzgado Federal de oficio se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente asunto. ..

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