Sergio de Jesús Ruteaga Torres

Expediente 712/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
712/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
30/09/2020

Partes del expediente

  • Sergio de Jesús Ruteaga Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por la Titular del Área de Responsabilidades de Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Pediatría mediante el cual remite las constancias con la que afirma dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento, en el entendido que deberá estarse a lo acordado en auto del veinticuatro de septiembre del año en curso. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Visto el oficio de cuenta suscrito por el Actuario del Vigésimo Tercero Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual remite el toca D.C. 433/2020 de su índice, los autos originales del juicio de nulidad 27095/19-17-05-8 en un tomo, e informa que el órgano de su adscripción se declaró legalmente incompetente por razón de vía para conocer de la demanda de amparo promovida por Sergio de Jesús Ruteaga Torres, por su propio derecho, en contra de actos de la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Al respecto, este juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto, por lo que se ordena acusar el recibo de estilo. En ese tenor, vista la demanda promovida por Sergio de Jesús Ruteaga Torres, por su propio derecho, en contra de actos de la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el expediente 712/2020. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece la necesidad por parte del juzgador de examinar ante todo el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia, desecharla de plano, sin suspender el acto reclamado; motivos que, en principio, se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, por lo que se procede a analizar tales aspectos. En efecto, con el propósito de decidir si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia, debe señalarse que de un estudio integral efectuado al escrito inicial de amparo, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: ? La resolución del cinco de febrero de dos mil veinte, dictada en los autos del juicio administrativo 27095/19-17-05-8 del índice de la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por la que se desechó el recurso de reclamación que se interpuso en contra la diversa resolución del siete de enero de dos mil veinte, mediante la cual se admitió parcialmente la demanda de nulidad presentada por el quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, correspondiente a abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro a la letra dice "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En esas condiciones, este órgano jurisdiccional estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, los cuales a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Del segundo precepto transcrito se desprende que cuando se reclaman en amparo indirecto actos de imposible reparación dictados dentro de un juicio, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional a través de los llamados derechos humanos y sus garantías; así como, en los tratados internacionales, en virtud que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, si el quejoso obtiene sentencia favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, de los preceptos citados se puede concluir que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridad dictados dentro de un juicio, que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ilustra a lo anterior, por analogía la tesis del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido la jurisprudencia P./J.24/92 publicada en la página 11 de la Gaceta 56 del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a agosto de 1992, que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo, ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen, ejecución irreparable los actos dentro del juicio, solo cuando afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en lo casos en que solo afecten derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Asimismo, es aplicable al caso la tesis P. LVII/2004, número de registro 180415, Pleno de este Alto Tribunal, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, página 9, que dice: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Establecido lo anterior, cabe recordar que el acto reclamado en la presente instancia es la resolución del cinco de febrero de dos mil veinte, dictada en los autos del juicio administrativo 27095/19-17-05-8 del índice de la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por la que se desechó el recurso de reclamación que se interpuso en contra la diversa resolución del siete de enero de dos mil veinte, mediante la cual se admitió parcialmente la demanda de nulidad presentada por el quejoso. De lo anterior, se tiene que el acto reclamado no se trata de aquellos cuyos efectos sean de imposible reparación, en tanto que no afectan derecho sustantivo alguno de la parte quejosa. En ese sentido, los actos aludidos no pueden considerarse como resolución definitiva y por ende, es improcedente el juicio de amparo en su contra, por lo que la parte promovente debe esperar a que se resuelva en definitiva el referido juicio, pues la resolución respectiva podría resultar favorable a sus intereses y, en la eventualidad que la resolución dictada sea contraria a sus intereses, podrá impugnarla a través de los juicios o medios de defensa que considere oportunos, por violaciones cometidas en la misma o durante el procedimiento; en la inteligencia que el aludido procedimiento está sujeto a los derechos fundamentales y formalidades exigidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese orden de ideas, es claro que los actos que por esta vía se reclama no actualiza los supuestos establecidos por la Suprema Corte para considerarlos como de imposible reparación, pues por un lado, no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, cuya afectación o sus efectos no podría repararse aun obteniendo una resolución favorable en el procedimiento, por haberse consumado de manera irreversible la violación de un derecho; sino que únicamente tiene efectos formales o intraprocesales. Por tanto, se considera que el acto reclamado en la presente instancia, no depara perjuicio alguno al momento, dado que las violaciones que en su caso se cometan en la substanciación de dicho juicio contencioso, sólo son reclamables cuando se vulneren de manera evidente derechos sustantivos de la parte impetrante, que por su sola actualización transgredan de manera directa sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución Federal, o bien, cuando se dicte la resolución definitiva en el referido juicio, motivo por el cual, al tratarse las actuaciones reclamadas de actos intermedios (intraprocesales) y de carácter netamente formal, sólo trascienden y actualizan sus consecuencias hasta en tanto se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento, o en su caso, se violen derechos fundamentales de la parte promovente, de ahí que no puedan ser calificados como actos terminales, o bien de imposible reparación, máxime que si el juicio del que deriva el acto reclamado aún no concluye, es claro que no puede saber el sentido de la sentencia definitiva que ahí se dicte, y por ende, tampoco puede conocer desde este momento, si la sentencia que ponga fin al mismo le será desfavorable, siendo hasta ese momento, en el cual estará en aptitud de aseverar que tal acto intraprocesal le causó un daño o perjuicio de difícil reparación y en este supuesto podrá combatirlo por los medios legales que estime pertinentes. Apoya a lo anterior por el criterio que sostiene la tesis número IV.3o.111 K, visible en la página 489, tomo XV-II, febrero de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "PRUEBAS. DESECHAMIENTO DE. NO ES UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO BIINSTANCIAL. Los actos procesales que pueden reclamarse en amparo indirecto son aquéllos que traen consigo una ejecución de imposible reparación, es decir, que por regla general el amparo biinstancial es improcedente para reparar violaciones cometidas en la secuela procesal, por ser propio del amparo directo siempre y cuando se cumpla con las hipótesis previstas en los artículos 158, 159 y 161, este último para el caso de materia civil, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, y que sólo en casos verdaderamente excepcionales en que efectivamente el acto procesal afecte de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado procederá el amparo ante el Juez de Distrito, por lo cual, tomando en cuenta lo anterior el desechamiento de una prueba en manera alguna afecta en forma directa e inmediata los derechos del oferente, por ser inconcuso que los efectos jurídicos producidos por el desechamiento de una prueba son meramente intraprocesales y por ende no afectan ningún derecho sustantivo tutelado por la ley, pues incluso de obtener sentencia favorable la solicitante de amparo desaparecería el supuesto agravio, y en caso contrario tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal en términos del artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo, que se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio". También, cobra aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia 3a./J. 43 29/89, visible en la página 291, del tomo IV Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que establece: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Asimismo, sirve como criterio orientador de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la tesis de la Séptima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo 133-138 tercera parte, visible en la página 81, con el registro 237913, de rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. APLICACION DE LA FRACCION II, EN RELACION CON LA IV, DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. La fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, que determina que tratándose de actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que emanen de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, debe interpretarse en relación con la fracción IV del mismo precepto, que establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Aunque la fracción IV aluda a actos en el juicio, por igualdad de razón debe aplicarse a actos en procedimientos seguidos en forma de juicio pues lo que se pretende al través de ese precepto es que los actos que tengan una ejecución de imposible reparación puedan ser impugnados de inmediato en la vía de amparo sin necesidad de esperar la resolución definitiva, y tales actos pueden producirse tanto en juicios propiamente dichos como en procedimientos seguidos en forma de juicio." Por todo lo anterior, se concluye que el acto reclamado consistente en la resolución del cinco de febrero de dos mil veinte, dictada en los autos del juicio administrativo 27095/19-17-05-8 del índice de la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por la que se desechó el recurso de reclamación que se interpuso en contra la diversa resolución del siete de enero de dos mil veinte, mediante la cual se admitió parcialmente la demanda de nulidad presentada por el quejoso, es un acto de índole meramente intraprocesal. Máxime, que la parte aquí promovente, tiene expedito su derecho para impugnarlo en el momento que se dicte la sentencia que ponga fin al juicio de mérito. Apoya lo afirmado, por sus consideraciones, la tesis XXVII.3o.79 K (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, septiembre de dos mil quince, tomo III, página 2073, del título y contenido siguientes: "INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMA DE LA DEMANDA LABORAL. LA RESOLUCIÓN QUE LO DECLARA IMPROCEDENTE ES UN ACTO INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece la procedencia del amparo indirecto contra actos de imposible reparación; concepto que refiere a aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos. En esta virtud, son dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: a) que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, b) esos "derechos" afectados materialmente deben revestir la categoría de derechos "sustantivos"; expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De ello se colige que la nueva normativa persigue una finalidad constitucionalmente válida, que es dar celeridad a la tramitación y conclusión de los juicios para que se decidan los derechos en conflicto, al eliminar la posibilidad de que las partes incurran en estrategias dilatorias en aras de un pronunciamiento federal sobre la violación a un derecho adjetivo, cuando lo cierto es que las normas procesales no deben verse como un fin en sí, sino como un medio para que la administración de justicia se aplique a las controversias, decidiendo los derechos en litigio. De ahí que el "incidente de falsedad de firma de la demanda laboral", constituye un acto dentro de juicio que no afecta derecho sustantivo alguno. Lo anterior, porque el acto reclamado no conlleva en sí una afectación material a derechos sustantivos, entendiéndose por éstos los que no pueden ser reparados en sentencia definitiva, pues el desechamiento de una incidencia promovida ante la responsable para demostrar que la firma que calza la demanda no es auténtica, corresponde a la gama de los derechos de naturaleza adjetiva o procesal, los que se caracterizan por surgir y generarse durante el trámite del juicio, de forma que antes de éste el gobernado no los tenía y, que de infringirse, la sentencia definitiva que se dicte en favor del agraviado podrá tener como efecto la restitución de éstos; en caso contrario, de ser adversa y esas violaciones procesales trasciendan al resultado del fallo, podrán reclamarse en amparo directo, conforme al primer párrafo del artículo 171 de la ley de la materia." Razón por la cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado en comento. Por tanto, en términos del artículo 113, así como de conformidad con lo establecido en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo, promovida por Sergio de Jesús Ruteaga Torres, por su propio derecho, determinación que se toma en cumplimiento al derecho fundamental de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues los motivos de improcedencia advertidos no podrán desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio. Al respecto, conviene citar el criterio jurisprudencial I.13o.A. J/6, aprobado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, septiembre de mil cuatro, página 1631, cuyo rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte quejosa. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIV, julio de dos mil seis, página 921, cuyos rubro y texto son: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." De igual forma, es aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J. 10/2014, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Tomo I, febrero de dos mil catorce, página 487, que establece: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA." Por otro lado, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente el que refirió en el proemio del ocurso que se provee; asimismo vista la certificación de cuenta se tiene como autorizados de la parte quejosa en términos amplios a Arturo García Jiménez y Nayeli Olvera Cerda y como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las diversas personas que se indican por así haberlo solicitada expresamente el promovente. De igual manera, toda vez que proporciona diversos números telefónicos y correo electrónico, se toma conocimiento de los mismos únicamente para el efecto de poder entablar comunicación con los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional y poder llevar a cabo las subsecuentes notificaciones personales que deriven del juicio de amparo en que se actúa. Por otra parte, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito, en el entendido que su obtención dependerá de las cargas de trabajo que existan en el órgano judicial, debiendo, en todo caso, solicitarse con la debida anticipación para programar su entrega. En un diverso orden de ideas, se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, presentar promociones a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo, así como notificarse electrónicamente de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para ello, deberán registrarse en el sitio http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ cumpliendo con los requisitos que establece el "ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO". Ahora bien, se autoriza a los secretarios adscritos a este Juzgado a firmar los oficios derivados del presente asunto. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso de ser necesario, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales que se ordenen en este expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 7,109 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano