Sergio de Jesús Méndez Hernández

Expediente 232/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
232/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
07/04/2021

Partes del expediente

  • Sergio de Jesús Méndez Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de once de marzo de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso b) (expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos documentos originales por las partes. Finalmente, respecto a lo que manifiesta el quejoso en la diligencia de notificación, en el sentido que se le designe un defensor público, dígasele que resulta innecesario por lo que a este asunto atañe, en virtud de lo determinado previamente. NOTIFÍQUESE A LA PARTE QUEJOSA MEDIANTE EL USO DE LA APLICACIÓN "CISCO WEBEX MEETINGS Y CÚMPLASE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de marzo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo que promueve Sergio de Jesús Méndez Hernández contra actos de la empresa Famsa o Banco Famsa, con residencia en Guadalajara, Jalisco; fórmese expediente y regístrese bajo el número 232/2021. Examinada en su integridad la demanda de amparo, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional, y por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la misma. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los arábigos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos ellos de la ley en cita, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 5. Son parte en el juicio de amparo: [.] Ricardo Mendoza García 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.48.44 27/10/23 18:02:39 II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.[.]". De la interpretación de tales numerales expresamente se determina que el juicio de amparo procede contra leyes, actos u omisiones de autoridad, que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Además, se define a la autoridad responsable, como aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Así pues, no estando en tales supuestos, como acontece en la especie, el juicio constitucional se torna improcedente. En el caso, el impetrante promueve el presente juicio de amparo y señalada como autoridad responsable a la empresa Famsa o Banco Famsa, con residencia en Guadalajara, Jalisco, a quien pide se le requiera un informe detallado respecto a un préstamo que le otorgó en el año dos mil trece. Sin embargo, dicha particular, no reúne ninguna de las características que corresponden a una autoridad responsable, previamente descritas; por lo que, resulta claro que se trata de una cuestión entre el quejoso y la institución de crédito que debe exigirse en otra vía, no a través del juicio constitucional de amparo, el cual, desde su origen, fue instituido para proteger a los gobernados de actos de las Ricardo Mendoza García 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.48.44 27/10/23 18:02:39 Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. Amparo indirecto Pral. 232/2021 Mesa IV-A ??????????????? autoridades, y en casos excepcionales de particulares, lo que aquí no acontece. En apoyo a lo anterior, por analogía, se cita la tesis 1a. XXI/2020 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias(s): Común, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE PARTICULARES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: El juicio fue promovido en contra de una escuela privada de nivel básico. La materia de la revisión consistió en determinar el estándar aplicable para determinar cuándo un acto de particular puede ser impugnado en amparo. Criterio jurídico: El precepto legal citado establece que los particulares tendrán dicha calidad si se reúnen dos condiciones: 1) Que realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos; y, 2) Que sus funciones estén determinadas por una norma general. La textura abierta de los términos utilizados por el legislador genera la necesidad interpretativa, la que debe abordarse mediante la exclusión de los extremos y optarse por una modalidad interpretativa intermedia. Justificación: Así, con base en una interpretación teleológica y sistemática del referido precepto, para caracterizar a un acto de particular como acto de autoridad debe cumplirse un estándar de dos pasos. El primero exige relacionar el reclamo de la violación constitucional al ejercicio de una prerrogativa o poder normativo cuya fuente sea de una autoridad estatal en términos generales, en otras palabras, debe comprobarse que la autoridad pública -a través de alguna norma jurídica- haya otorgado los medios (un respaldo normativo) para posicionar a ese particular en una situación diferenciada para generar un acto con el potencial de actualizar una violación a un derecho humano. Este primer paso puede denominarse del "nexo", el cual es formal y busca excluir dentro del ámbito de actos justiciables en amparo, aquellos de los particulares cuyo único fundamento es una relación de coordinación solamente. El segundo paso es material y exige evaluar la materialidad de dicha prerrogativa, es decir, si el acto reviste un interés público diferenciado, ya sea porque su ejercicio cuenta con privilegios o beneficios asociados al ejercicio de una autoridad estatal -por ejemplo, gozar de un reconocimiento jurídico especial o acceder a una ejecución equivalente al de una orden de autoridad-, o bien porque la función es una que corresponda tradicionalmente a la autoridad y se ejerza de manera delegada por un particular, o bien, porque la materialidad de la acción se vincule con el tipo de obligaciones cuyo correlativo sea una de las prestaciones nucleares de un derecho social cuya responsabilidad sea del Estado Mexicano. Este segundo paso Ricardo Mendoza García 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.48.44 27/10/23 18:02:39 busca verificar que el Estado no es neutral respecto del contenido del acto, sino que lo apuntala afirmativamente como relevante, desde una perspectiva pública, que es la propia de las autoridades. Este segundo paso puede denominarse de la constatación de la función pública". En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia en cita, con apoyo en el numeral 113 de la ley de la materia, se desecha la presente demanda de amparo. En otro aspecto, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE A LA PARTE QUEJOSA MEDIANTE EL USO

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