Sergio de Jesús Hernández Nangulari
Expediente 129/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 28 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 129/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 09/02/2023
Partes del expediente
- Sergio de Jesús Hernández Nangulari
- Manuel Zúñiga Gómez
- Sergio de Jesús Hernández Nangulari y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco años previsto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, para el efecto de realizar la depuración respectiva. Por tanto, de conformidad con lo instruido en la circular CAP/DGAD/7/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida por el Director General de Archivo y Documentación de la Coordinación De Asesores de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la desincorporación de este sumario, debiendo conservar la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el auto en el que se ordena el archivo como asunto concluido; y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, según corresponda. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dos de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que no se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: DEPURAR EXPEDIENTE PRINCIPAL 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. TRANSFERENCIA 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE DICE: "Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintinueve de agosto de dos mil diecisiete.Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante oficios registrados con los folios 11965 y 11966 (fojas 336 a 381), las autoridades responsables Alcaide del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número 14 "El Amate" y Juez Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, ambos con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, manifestaron haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo.Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo.Apoya la anterior determinación -en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo- la jurisprudencia 2a./J. 26/2000 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K , sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas."En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable -en lo que interesa- al Juez Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, de quien reclamó esencialmente lo siguiente: ".El auto de formal prisión de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, por haberse acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del delito de abigeato agravado, dictado en el expediente penal número 50/2016; y El ejercicio de la acción penal."Mediante resolución terminada de engrosar el veintiocho de febrero de la presente anualidad, este órgano judicial por una parte sobreseyó, y por otra concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; asimismo, inconformes con dicha determinación, los terceros interesados *** y Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a este Juzgado de Distrito, interpusieron recurso de revisión, mismo que por razón de turno correspondió su conocimiento al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, quien lo radico bajo el número de amparo en revisión 146/2017, quien mediante ejecutoria de once de julio de dos mil diecisiete, determinó confirmar la sentencia recurrida.EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORALos efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma:a) Deje insubsistente el auto de formal prisión de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, pronunciado en la causa penal 50/2016; b) Reponga el procedimiento para que dentro del plazo constitucional ampliado se pronuncie sobre el desahogo de la diligencia de ratificación de declaración del inculpado ***, así como respecto de los interrogatorios solicitados por el aquí quejoso a cargo de ***, y, tome las providencias necesarias -debiendo dejar constancia de las mismas- para lograr el desahogo de esos medios de convicción, los cuales fueron ofrecidos en la etapa de preinstrucción; o en su caso, asiente las circunstancias que hubieran tenido lugar para imposibilitar su desahogo; debiendo evitar fijar la fecha de la diligencia horas antes del vencimiento del término; y c) Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción emita la resolución que en derecho corresponda, debidamente fundada y motivada.Dicha concesión se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Alcaide del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Catorce "El Amate", con residencia en Cintalapa, Chiapas, toda vez que el acto que se le reclama es consecuencia de aquel que ha sido considerado violatorio de garantías, al no reclamarse por vicios propios."ACTO DE LA AUTORIDAD CON RELACIÓN AL CUMPLIMIENTOPor oficios registrados con los folios 11789 y 11966 (fojas 331, 337 y 381), la autoridad responsable Juez Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales d Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, informó que procedió en términos de la ejecutoria de amparo, lo que acreditó con las copias certificadas del auto de nueve de agosto de dos mil diecisiete; diligencia de ratificación de declaración preparatoria por escrito del hoy quejoso de once de agosto de dos mil diecisiete, declaraciones testimoniales de *** de once de agosto de dos mil diecisiete, y auto de término constitucional de catorce de agosto de dos mil diecisiete, dictado en el expediente penal 50/2016 de su índice; así como el oficio número SSP/CERSS-14/C/NT/DG/DJ/279/2017; de catorce de agosto de dos mil diecisiete, signado por el Alcaide del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número 14 "El Amate", documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.ANÁLISIS EVALUATIVOEn efecto, el Juez Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, mediante oficio registrado con el folio 11789 (fojas 331 a 334), informó que por auto de nueve de agosto de dos mil diecisiete, dejó insubsistente y sin valor jurídico el auto de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, emitida en el expediente 50/2016 de su índice; posteriormente mediante oficio registrado con el folio 11966 (foja 337 a 381), siguiendo los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, remitió copias certificadas de la diligencia de ratificación de declaración preparatoria por escrito del hoy quejoso de once de agosto de dos mil dieicisiete, declaraciones testimoniales de ***de once de agosto de dos mil dieicisiete, así como el auto de término constitucional de catorce de agosto de dos mil diecisiete, dictado en el expediente penal 50/2016 de su índice; por el que dicta auto de libertad por falta de elementos y reservas de ley, a favor de ***, en orden a la comisión del delito de abigeato agravado.Por otra parte, la autoridad Alcaide del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número 14 "El Amate", mediante oficio SSPC/CERSS-14/CINT/DG/DJ/279/2017, informó estarse a lo ordenado por la autoridad responsable Juez Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas.Es decir, de lo anterior, se advierte que la autoridad vinculada en primer lugar, por auto de nueve de agosto de dos mil diecisiete, dejó insubsistente el auto de formal prisión de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis; pronunciado dentro de la causa penal 50/2016; repuso el procedimiento, y, dentro del plazo constitucional ampliado, se pronunció sobre el desahogo de la diligencia de ratificación de declaración del inculpado ***; ello mediante diligencia efectuada el once de agosto de dos mil diecisiete; asimismo, en esa misma fecha, tuvo verificativo la audiencia de desahogo de pruebas ofrecidas y admitidas, respecto de la testimonial a cargo de Anastacio Gordillo Robles, y Nelly Vazquez León, y hecho lo anterior, el catorce de agosto de dos mil diecisiete, emitió auto de término constitucional en el que determinó dictar auto de libertad por falta de elementos y con reservas de ley, de manera que sus pronunciamientos cumplen con los requisitos constitucionales de señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que tuvo en consideración para emitir sus determinaciones.Lo anterior encuentra apoyo, en el hecho de que tuvo como propósito fundamental y primordial que el quejoso conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, pues constituye una obligación por parte de la autoridad responsable darle a conocer en detalle y de manera completa, todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de autoridad, de manera que el afectado pueda cuestionar y controvertir la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa; la que además es congruente con la pretensión deducida, debido a que la misma se adecua a las normas que involucró en la determinación que tomó, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, de conformidad con lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.En ese sentido, la declaración de cumplimiento de la ejecutoria de amparo, está condicionada por la determinación del núcleo esencial del derecho que debe ser respetado, lo cual en la especie se traduce, como se indicó, en la reparación de la violación cometida, debido a que la concesión de amparo pronunciada en el presente juicio fue para dejar sin efecto el auto de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, repusiera el procedimiento para que dentro del plazo constitucional ampliado se pronunciara sobre el desahogo de la diligencia de ratificación de declaración del inculpado ***, así como respecto de los interrogatorios solicitados por el aquí quejoso a cargo de Anastacio Gordillo Robles y Nelly Vázquez León, y con plenitud de jurisdicción debidamente fundada y motivada emitiera la determinación que conforme a derecho correspondiera.A mayor abundamiento, la ejecutoria de amparo le dejó a la responsable libertad de decisión, lo que significa que en el juicio de amparo no se tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico, es decir, no impera el principio de cosa juzgada, por lo cual la determinación que emita la autoridad responsable no obedece al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de la misma, atendiendo a lineamientos precisos que detalló este órgano federal.De tal suerte que, si bien es cierto que el cumplimiento de la sentencia concesoria del amparo obliga a la autoridad vinculada con el cumplimiento a acatar las directrices marcadas en la ejecutoria de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público, también lo es que la concesión del amparo puede ser total o parcial.Así, en el segundo caso, significa que la vinculación a la autoridad no es completa, sino que se le deja un cierto ámbito de su actividad en que puede actuar con libertad de jurisdicción, por ello es necesario distinguir entre los actos vinculados, que son aquellos a cuya realización se ve constreñida la responsable sin margen alguno dentro del cual emitirlos y, por la otra, actos libres, entendidos éstos como los realizados por la autoridad en uso de su arbitrio jurisdiccional, como consecuencia de que el órgano de amparo le devuelva plenitud de jurisdicción respecto de ellos.Ahora bien, cuando los alcances del fallo protector tienen un carácter mixto, pues por una parte se deja en libertad de jurisdicción a la responsable, pero en otro aspecto se le obliga a resolver en determinada forma, esto es, la ejecutoria de mérito la vincula con un mandato expreso y concreto que debe cumplir, sin posibilidad de proceder en otro sentido, es inconcuso que el acto nuevo emitido por la autoridad responsable de manera autónoma, no puede ser materia de análisis en la presente resolución, debido a que se le dejó libertad de jurisdicción.Resulta aplicable, la tesis 1a. CX/2015 (10a.) , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites. Cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. A pesar de que en una sentencia de amparo se hubiese concedido plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emita en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites. Así, el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se emita con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, y a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. Lo anterior resulta así, pues si en una sentencia de amparo se contienen determinados argumentos a partir de los cuales se establecen ciertos alcances para reparar una violación a un derecho fundamental, y se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que se emita deberá guardar una armonía con los elementos que desembocaron en la emisión de la referida concesión de amparo. Aceptar la postura contraria, implicaría reconocer que al conceder un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad responsable, si el acto que se emite carece de conexión lógica alguna con la secuela procesal y la sentencia de amparo, se deba tener por cumplimentada la misma, no obstante su lógica sea incluso contraria a las razones que motivaron la protección constitucional".CUMPLIDA EJECUTORIAEn las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, sin exceso ni defecto, al considerar que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria.Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/2016 (10a.) , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente."VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente."
- Principal
CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISOS B) Y C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO A TRAVÉS DE LA LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE TERCERO INTERESADO, EL PROVEÍDO DE VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, A QUE SE REFIERE EL AVISO DE TREINTA DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintinueve de agosto de dos mil diecisiete.Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante oficios registrados con los folios 11965 y 11966 (fojas 336 a 381), las autoridades responsables Alcaide del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número 14 "El Amate" y Juez Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, ambos con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, manifestaron haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo.Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo.Apoya la anterior determinación -en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo- la jurisprudencia 2a./J. 26/2000 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K , sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas."En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable -en lo que interesa- al Juez Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, de quien reclamó esencialmente lo siguiente: ".El auto de formal prisión de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, por haberse acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del delito de abigeato agravado, dictado en el expediente penal número 50/2016; y El ejercicio de la acción penal."Mediante resolución terminada de engrosar el veintiocho de febrero de la presente anualidad, este órgano judicial por una parte sobreseyó, y por otra concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; asimismo, inconformes con dicha determinación, los terceros interesados ***y Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a este Juzgado de Distrito, interpusieron recurso de revisión, mismo que por razón de turno correspondió su conocimiento al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, quien lo radico bajo el número de amparo en revisión 146/2017, quien mediante ejecutoria de once de julio de dos mil diecisiete, determinó confirmar la sentencia recurrida.EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORALos efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma:a) Deje insubsistente el auto de formal prisión de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, pronunciado en la causa penal 50/2016; b) Reponga el procedimiento para que dentro del plazo constitucional ampliado se pronuncie sobre el desahogo de la diligencia de ratificación de declaración del inculpado Sergio de ***, así como respecto de los interrogatorios solicitados por el aquí quejoso a cargo de ***, y, tome las providencias necesarias -debiendo dejar constancia de las mismas- para lograr el desahogo de esos medios de convicción, los cuales fueron ofrecidos en la etapa de preinstrucción; o en su caso, asiente las circunstancias que hubieran tenido lugar para imposibilitar su desahogo; debiendo evitar fijar la fecha de la diligencia horas antes del vencimiento del término; y c) Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción emita la resolución que en derecho corresponda, debidamente fundada y motivada.Dicha concesión se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Alcaide del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Catorce "El Amate", con residencia en Cintalapa, Chiapas, toda vez que el acto que se le reclama es consecuencia de aquel que ha sido considerado violatorio de garantías, al no reclamarse por vicios propios."ACTO DE LA AUTORIDAD CON RELACIÓN AL CUMPLIMIENTOPor oficios registrados con los folios 11789 y 11966 (fojas 331, 337 y 381), la autoridad responsable Juez Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales d Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, informó que procedió en términos de la ejecutoria de amparo, lo que acreditó con las copias certificadas del auto de nueve de agosto de dos mil diecisiete; diligencia de ratificación de declaración preparatoria por escrito del hoy quejoso de once de agosto de dos mil diecisiete, declaraciones testimoniales de Anastacio Gordillo Robles y Nelly Vázquez León de once de agosto de dos mil diecisiete, y auto de término constitucional de catorce de agosto de dos mil diecisiete, dictado en el expediente penal 50/2016 de su índice; así como el oficio número SSP/CERSS-14/C/NT/DG/DJ/279/2017; de catorce de agosto de dos mil diecisiete, signado por el Alcaide del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número 14 "El Amate", documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.ANÁLISIS EVALUATIVOEn efecto, el Juez Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, mediante oficio registrado con el folio 11789 (fojas 331 a 334), informó que por auto de nueve de agosto de dos mil diecisiete, dejó insubsistente y sin valor jurídico el auto de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, emitida en el expediente 50/2016 de su índice; posteriormente mediante oficio registrado con el folio 11966 (foja 337 a 381), siguiendo los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, remitió copias certificadas de la diligencia de ratificación de declaración preparatoria por escrito del hoy quejoso de once de agosto de dos mil dieicisiete, declaraciones testimoniales de ***de once de agosto de dos mil dieicisiete, así como el auto de término constitucional de catorce de agosto de dos mil diecisiete, dictado en el expediente penal 50/2016 de su índice; por el que dicta auto de libertad por falta de elementos y reservas de ley, a favor de ***, en orden a la comisión del delito de abigeato agravado.Por otra parte, la autoridad Alcaide del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número 14 "El Amate", mediante oficio SSPC/CERSS-14/CINT/DG/DJ/279/2017, informó estarse a lo ordenado por la autoridad responsable Juez Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas.Es decir, de lo anterior, se advierte que la autoridad vinculada en primer lugar, por auto de nueve de agosto de dos mil diecisiete, dejó insubsistente el auto de formal prisión de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis; pronunciado dentro de la causa penal 50/2016; repuso el procedimiento, y, dentro del plazo constitucional ampliado, se pronunció sobre el desahogo de la diligencia de ratificación de declaración del inculpado ***; ello mediante diligencia efectuada el once de agosto de dos mil diecisiete; asimismo, en esa misma fecha, tuvo verificativo la audiencia de desahogo de pruebas ofrecidas y admitidas, respecto de la testimonial a cargo de Anastacio Gordillo Robles, y Nelly Vazquez León, y hecho lo anterior, el catorce de agosto de dos mil diecisiete, emitió auto de término constitucional en el que determinó dictar auto de libertad por falta de elementos y con reservas de ley, de manera que sus pronunciamientos cumplen con los requisitos constitucionales de señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que tuvo en consideración para emitir sus determinaciones.Lo anterior encuentra apoyo, en el hecho de que tuvo como propósito fundamental y primordial que el quejoso conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, pues constituye una obligación por parte de la autoridad responsable darle a conocer en detalle y de manera completa, todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de autoridad, de manera que el afectado pueda cuestionar y controvertir la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa; la que además es congruente con la pretensión deducida, debido a que la misma se adecua a las normas que involucró en la determinación que tomó, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, de conformidad con lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.En ese sentido, la declaración de cumplimiento de la ejecutoria de amparo, está condicionada por la determinación del núcleo esencial del derecho que debe ser respetado, lo cual en la especie se traduce, como se indicó, en la reparación de la violación cometida, debido a que la concesión de amparo pronunciada en el presente juicio fue para dejar sin efecto el auto de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, repusiera el procedimiento para que dentro del plazo constitucional ampliado se pronunciara sobre el desahogo de la diligencia de ratificación de declaración del inculpado ***, así como respecto de los interrogatorios solicitados por el aquí quejoso a cargo de Anastacio Gordillo Robles y Nelly Vázquez León, y con plenitud de jurisdicción debidamente fundada y motivada emitiera la determinación que conforme a derecho correspondiera.A mayor abundamiento, la ejecutoria de amparo le dejó a la responsable libertad de decisión, lo que significa que en el juicio de amparo no se tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico, es decir, no impera el principio de cosa juzgada, por lo cual la determinación que emita la autoridad responsable no obedece al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de la misma, atendiendo a lineamientos precisos que detalló este órgano federal.De tal suerte que, si bien es cierto que el cumplimiento de la sentencia concesoria del amparo obliga a la autoridad vinculada con el cumplimiento a acatar las directrices marcadas en la ejecutoria de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público, también lo es que la concesión del amparo puede ser total o parcial.Así, en el segundo caso, significa que la vinculación a la autoridad no es completa, sino que se le deja un cierto ámbito de su actividad en que puede actuar con libertad de jurisdicción, por ello es necesario distinguir entre los actos vinculados, que son aquellos a cuya realización se ve constreñida la responsable sin margen alguno dentro del cual emitirlos y, por la otra, actos libres, entendidos éstos como los realizados por la autoridad en uso de su arbitrio jurisdiccional, como consecuencia de que el órgano de amparo le devuelva plenitud de jurisdicción respecto de ellos.Ahora bien, cuando los alcances del fallo protector tienen un carácter mixto, pues por una parte se deja en libertad de jurisdicción a la responsable, pero en otro aspecto se le obliga a resolver en determinada forma, esto es, la ejecutoria de mérito la vincula con un mandato expreso y concreto que debe cumplir, sin posibilidad de proceder en otro sentido, es inconcuso que el acto nuevo emitido por la autoridad responsable de manera autónoma, no puede ser materia de análisis en la presente resolución, debido a que se le dejó libertad de jurisdicción.Resulta aplicable, la tesis 1a. CX/2015 (10a.) , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites. Cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. A pesar de que en una sentencia de amparo se hubiese concedido plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emita en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites. Así, el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se emita con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, y a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. Lo anterior resulta así, pues si en una sentencia de amparo se contienen determinados argumentos a partir de los cuales se establecen ciertos alcances para reparar una violación a un derecho fundamental, y se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que se emita deberá guardar una armonía con los elementos que desembocaron en la emisión de la referida concesión de amparo. Aceptar la postura contraria, implicaría reconocer que al conceder un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad responsable, si el acto que se emite carece de conexión lógica alguna con la secuela procesal y la sentencia de amparo, se deba tener por cumplimentada la misma, no obstante su lógica sea incluso contraria a las razones que motivaron la protección constitucional".CUMPLIDA EJECUTORIAEn las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, sin exceso ni defecto, al considerar que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria.Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/2016 (10a.) , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente."VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
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