Sergio David Muñoz Mazariegos y Otros.
Expediente 90/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 90/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Sergio David Muñoz Mazariegos y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA 3-B.- Visto el estado de autos, se advierte que en ocho de marzo del año en curso, se remitió por incompetencia el expediente original del juicio de amparo en que se actúa, al Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán en turno, con sede en Uruapan, sin que hasta la fecha obre el acuse de recibo respectivo. Ahora bien, dado que de la consulta efectuada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se advierte que en diecinueve de marzo del presente año, el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, aceptó de plano el conocimiento de la demanda de amparo promovida por Sergio David Muñoz Mazariegos e Hilario Leyva Valente, razón por la cual se avocó al conocimiento del asunto, mismo que fue radicado bajo el número 149/2021, de su estadística. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Al haberse concedido en su momento la suspensión de plano en este asunto, procede calificar este expediente, según lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el Capítulo 7, punto 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, como DEPURABLE, por lo que se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 de dicho Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas a la demanda, el decreto de la suspensión de plano, la resolución que puso fin al juicio y el auto que la declara firme, y terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo y último párrafo del mencionado artículo. Máxime que no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General.
- Principal
MESA 3-B.- Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio del secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, mediante la cual devuelve diligenciado el exhorto 28/2021, orden 50/2021, del índice de este órgano jurisdiccional, que se envió para notificar a Sergio David Muñoz Mazariegos e Hilario Leyva Valente, el proveído de ocho de marzo de dos mil veintiuno. Dese de baja y hágase las anotaciones respectivas en el libro de gobierno.
- Principal
MESA 4-A.- Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, el informe de suspensión de plano rendido por la autoridad responsable Director General, por sí y en representación del Titular del Área Técnica y Titular de Servicios Médicos; todos del CEFERESO número 17 "CPS-MICHOACÁN"; mediante el cual comunica que están enteradas de la medida decretada en el juicio en que se actúa. Con fundamento en el precepto 9 de la citada ley, se tienen como delegados de la referida autoridad a las personas que cita.
- Principal
Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Sergio David Muñoz Mazariegos e Hilario Leyva Valente, contra actos de las siguientes autoridades:... ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este Juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 90/2021. Del contenido de ese precepto legal, se advierte que la suspensión debe concederse de oficio y de plano cuando se trate de actos, entre otros, que importen peligro de privación de la vida o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 42/2018, entre las sustentadas por el Pleno en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, en un caso análogo, determinó que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio de los quejosos, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Asimismo, precisó que la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentre gravemente comprometida, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica. Concluyó que por tanto, el juez de amparo debe conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que una persona reclame dicha omisión de atención médica, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que esta compromete gravemente su integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento.Como fue señalado, el acto reclamado consiste en la falta de atención médica, asimismo, los solicitantes del amparo, manifestaron bajo protesta de decir verdad, que nunca les han realizado los estudios y tratamientos pertinentes, ya que tienen antecedentes de problemas urológicos. Lo cual pudiera tener consecuencias irreversibles en la salud de los quejosos, por lo que sí es factible que lo ubique en la situación apuntada. Por lo tanto, este juzgador procede a conceder la suspensión de oficio y de plano, pues después de hacer un juicio valorativo de las manifestaciones expuestas por los quejosos advierte que la falta de atención medica que se reclama, compromete gravemente la integridad personal de cada uno de ellos, al grado de equipararse tal situación a un tormento, dado que la falta de atención somete a los quejosos a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudieran tener consecuencias irreversibles en su salud, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por otra parte, cabe señalar que el Estado Mexicano ha suscrito convenios supranacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel de protección a la salud, así como las bases para brindar los servicios y prestaciones relacionadas con el disfrute de este derecho, incluso existen documentos que desarrollan esos estándares, en términos de contenido y alcance jurídico mínimo consensuado. Muestra de ello, es el texto del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, concordante con el ordinal 4 de la Constitución Federal, el cual establece:..De todos esos instrumentos México es parte y sobre esas bases, es válido sostener que tanto la Constitución como los instrumentos internacionales referidos, reconocen y garantizan el derecho fundamental a la protección de la salud, a través del establecimiento de reglas obligatorias para el Estado tendentes a la prestación del servicio médico de prevención y asistencial de la salud física y mental de las personas sujetas a su jurisdicción. Toda vez que los quejosos refieren una omisión de brindarles atención médica adecuada atribuida a las autoridades responsables, es procedente conceder la suspensión de plano y de oficio en este aspecto, en atención a que la restitución provisional de este derecho, no implica dejar sin materia el amparo, por el contrario ello se traduce en el cese del deterioro a la salud que se encuentran sufriendo los quejosos, sin que ello implique constituir derechos que los quejosos no tuvieran antes de solicitar la medida cautelar; máxime que preservar el estado óptimo de salud de las personas es una obligación del Estado Mexicano, acorde a lo establecido por el artículo 4º. Constitucional. Lo anterior es así, si se toma en cuenta que en los sitios de reclusión debe existir un titular del área del servicio médico, el cual es el encargado de proporcionar a los internos la atención médica necesaria, si se encuentra subordinado jerárquicamente al Director General de dicha institución, siendo así que la carga probatoria de comprobar si a un recluso le ha sido brindado el tratamiento médico adecuado, corresponde al titular del centro de reclusión, ya que esa, potestad penitenciaria es garante de los individuos que se encuentran bajo su custodia y desvirtuar en su caso la existencia del acto que se le reclama consistente en la falta u omisión brindar de atención médica adecuada...Por tanto, con fundamento en los artículos 15, 126, 164 y 165 último párrafo de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO, respecto del acto consistente en la falta de atención médica, para el efecto siguiente: Para que de manera pronta, oportuna y con la urgencia que amerita el caso, proporcionen atención médica adecuada a dichos quejosos, pues la falta de atención oportuna somete a los quejosos a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud. Lo anterior es así, toda vez que las autoridades carcelarias tienen la obligación de dictar las medidas necesarias para prevenir y combatir los daños a la salud...Por otra parte, para el inmediato y debido cumplimiento de la suspensión de plano decretada, comuníquese a las autoridades responsables la suspensión de plano para su debido cumplimiento y para que en el término de veinticuatro horas informen por oficio a este Juzgado de Distrito el cumplimiento que hayan dado a la suspensión de plano decretada, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables; apercibidos que de no acatar la medida cautelar concedida, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, en virtud de que el desacato a un mandato judicial implica el delito de violación a la suspensión previsto por el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo:..Comuníquese sin demora esta determinación a las autoridades responsables, a fin del pronto y exacto cumplimento de la medida cautelar aquí decretada. NOTIFICACIÓN POR EXHORTO Por otra lado, dado que los quejosos y las autoridades responsables, se encuentran fuera de la jurisdicción de este Juzgado, con fundamento en el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, envíese atento exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con residencia en Uruapan, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisione al Actuario de su adscripción y de manera inmediata se constituya al domicilio de las autoridades responsables, residente en su jurisdicción y les haga entrega del oficio respectivo mediante el cual se les notifica el presente proveído; asimismo, notifique a los directos quejosos Sergio David Muñoz Mazariegos e Hilario Leyva Valente, el contenido íntegro del presente acuerdo, mismos que se encuentran recluidos en el CEFERESO número 17 "CPS Michoacán"...Ahora, de un análisis integral que se efectúa a la demanda de amparo, este Juzgado, considera carecer de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata, conforme a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, como se pondrá de manifiesto a continuación. El citado artículo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". El numeral transcrito revela que la competencia de los Jueces de Distrito se surte en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en el juicio constitucional, de suerte que en cada uno de sus párrafos establece diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de la jurisdicción ante el que se presente la demanda; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces Federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Así, como se adelantó, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los Jueces de Distrito; entonces, respecto a la primera regla competencial, que es la fundamental, debe establecerse que es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del Juez de Distrito, es decir, es Juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado; sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Luego, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tengan ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen, traten de realizarse o se hayan realizado, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente, se ejecuten o se hayan ejecutado, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En relación a la segunda hipótesis de competencia, los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos Jueces de Distrito, por lo que la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor del juez ante el que se presente la demanda. Establecido lo anterior, debe destacarse que en el caso, el quejoso, esencialmente, reclama a través de este juicio de amparo la "Inadecuada atención médica", acto que atribuye a: ? Director General del CEFERESO número 17 "CPS Michoacán". ? Titular del Área Técnica del CEFERESO número 17 "CPS Michoacán". ? Titular de Servicios Médicos del CEFERESO número 17 "CPS Michoacán". Autoridades con residencia en el municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán; y de los hechos relatados en su escrito inicial de demanda se advierte que el quejoso textualmente manifiesta: "(...) para hacerle de su conocimiento que en expediente clínico hay antecedentes de problemas UROLÓGICOS puesto que tengo problemas con la Migción y estas se han agravado a travez del tiempo de igual manera tengo dolor abdominal del lado derecho los cuelas nunca me han echo los estudios y tratamientos pertinentes desde hace varios años." En este tenor, con base en los antecedentes expuestos, resulta evidente que el acto reclamado a través de esta vía constitucional, por su naturaleza, tienen ejecución en el municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán, esto es, fuera de la circunscripción correspondiente a este órgano jurisdiccional atento que el quejoso no señaló autoridad ejecutora alguna residente en el Estado de Chiapas; en consecuencia, es obvio que se surte la primera regla competencial, que es el lugar en donde tienen ejecución los actos reclamados, es decir, es Juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde el acto de ejecución se realiza. En ese orden, en términos del punto cuarto, fracción XV, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, la competencia se surte a favor de un Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, residente en Uruapan, Michoacán, jurisdicción territorial a la cual pertenece Buenavista Tomatlán, Michoacán, que es el lugar en que las autoridades responsables tienen su residencia, igual que el aquí quejoso y será en donde se ejecute o deba ejecutarse el acto reclamado. En tales condiciones, al haber quedado de manifiesto que de conformidad con el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, la competencia para conocer de este asunto, corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción tiene ejecución el acto reclamado, esto es, autoridades responsables ya señaladas en párrafos que anteceden, con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán, con apoyo en lo previsto por el artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin proveer trámite alguno, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente para conocer de la referida demanda de amparo; por ende, dada la naturaleza de los actos reclamados, se ordena remitir de inmediato este expediente junto con las copias de la demanda correspondientes, al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, residente en Uruapan, Michoacán, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de tales órganos jurisdiccionales, a través del servicio de mensajería denominado estafeta, a fin de que asuma el conocimiento de este juicio constitucional; por lo cual, solicítese al juez que corresponda conocer del asunto, tenga a bien comunicar respecto de la aceptación de la competencia y acusar el recibo correspondiente. Finalmente, fórmese el cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas y realícese las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente.
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