Sergio David Muñoz Mazariegos

Expediente 106/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
106/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
17/06/2021

Partes del expediente

  • Sergio David Muñoz Mazariegos

Actuaciones

  1. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio número 2, por medio del cual, la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Michoacán, con sede en Uruapan, transcribe el auto de quince de abril de dos mil veintiuno, a través del cual dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y da continuidad a la demanda de amparo presentada por el quejoso Sergio David Muñoz Mazariegos, registrándola bajo el número de amparo 204/2021, de su índice. Por otra parte, vista la certificación que antecede y el estado de autos se aprecia que no existen recursos pendientes por resolver, mandatos por cumplimentar ni promociones por acordar; por tanto, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que este órgano jurisdiccional se declaró incompetente; además a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación, y al no existir documentos originales, se concluye que el presente expediente es susceptible de destrucción, a partir del dieciocho de diciembre de dos mil veintiuno. Finalmente, en cuanto a los diversos oficios 5610/2021 y OCC/C11/JDM/185/2021, signados respectivamente por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Michoacán, con sede Morelia y por el Jefe de Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, únicamente agréguense a sus autos para que obren como correspondan, toda vez que en relación a su contenido y a lo informado por la secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Michoacán, con asiento en Uruapan, resulta innecesario pronunciarse al respecto, aunado a que con esta fecha se decretó el archivo de este cuaderno. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, secretario con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, once de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que a la fecha no obra noticia sobre a qué Juzgado de Distrito en el estado de Michoacán, con sede en Uruapan, le correspondió conocer de la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional. Al respecto, requiérase al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Michoacán, con sede en Uruapan, para que en el término de veinticuatro horas, informe a qué juzgado le fue turnada la incompetencia referida en el párrafo que antecede, la cual fue enviada a través del oficio 113/2021, de doce de febrero de dos mil veintiuno, vía estafeta. Para lo anterior, se instruye a la secretaría remita el comunicado respectivo vía interconexión y/o correo electrónico, a manera de que dicha dependencia quede enterada del presente auto. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    H. Matamoros, Tamaulipas, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que las partes no se inconformaron en contra de la resolución de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, en la que se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoriada de amparo; por tanto, conforme a lo establecido en los artículos 196, 201 y 202 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por consentido dicho fallo. En virtud de lo anterior, toda vez que no existen cuestiones pendientes por resolver, ni mandatos por cumplimentar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, ya que, como se vio, la resolución protectora ha sido cumplida; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados a este asunto, el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se concedió la protección constitucional solicitada; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas a la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, y, la determinación que otorga autoridad de cosa juzgada, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental. Finalmente, toda vez que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en este último para dar cumplimiento al mencionado Acuerdo General en sus artículos 18, fracción I, inciso a) y 20, fracción II, inciso b). Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, doce de febrero de dos mil veintiuno. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Sergio David Muñoz Mazariegos, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Diecisiete "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán y de otras autoridades; regístrese en el libro respectivo con el número 106/2021-III y fórmese expediente. Ahora bien, con fundamento en los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede de plano la suspensión de los actos reclamados consistentes en la falta e inadecuada atención médica otorgada al agraviado Sergio David Muñoz Mazariegos, respecto del padecimiento que presenta, esto es, las autoridades responsables deberán, en forma inmediata, prestar el servicio requerido de acuerdo con los artículos 49 y 50 del Reglamento de los Centros Federales, conforme a los cuales se prevé la existencia de un Área de Servicios Médicos encargada de velar por la salud física y mental de la población; ello con la finalidad de preservar su derecho humano a la salud. Además, deberán informar a este órgano de control constitucional dentro del término de veinticuatro horas el cumplimiento que hayan dado a la presente suspensión; apercibidas que de no dar cumplimiento a lo anterior se harán acreedoras en forma individual a una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, con apoyo en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Cabe destacar que si bien los actos reclamados no encuadran exactamente en las hipótesis del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera procedente conceder la suspensión de plano porque se aducen violaciones a derechos humanos y la medida es acorde al principio Pro persona. Dada la urgencia del caso, con fundamento en el artículo 28, fracción III, de la legislación de la materia, se ordena que la notificación del presente acuerdo a las autoridades responsables, se realice por la vía electrónica. En otro aspecto, resulta necesario analizar lo relacionado a la competencia de este Juzgado de Distrito, para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y, por tanto, preferentes. Así, este tribunal se declara incompetente para conocer del presente asunto, por razón de territorio, con base en las siguientes consideraciones: El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece textualmente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito, se advierten tres reglas básicas que determinan la competencia de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo, a saber: a) Atender a la naturaleza del acto reclamado y determinar si tiene ejecución material, dado que el conocimiento del juicio de amparo recaerá en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) En tratándose del acto reclamado cuya ejecución comience a realizarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los tribunales de esas jurisdicciones que haya prevenido, será competente. c) Cuando la resolución reclamada no requiere de ejecución material, será competente el juzgador en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Precisadas las reglas básicas de competencia para los tribunales federales en materia de amparo, procede establecer a continuación la naturaleza del acto reclamado por el quejoso, ello para delimitar cuál de las contenidas en el artículo 37 de la ley de la materia se actualiza en el caso a estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A de la Novena Época, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de 2001, tomo XIV, que a la letra dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Ahora bien, del estudio del escrito de cuenta, se advierte que el promovente señala como acto reclamado la inadecuada atención médica por parte del Director General, titulares del Área Médica y servicios médicos, respectivamente, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número Diecisiete "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán, lugar en que se encuentra recluido, debido a que se le ha negado los estudios y el tratamiento adecuado respecto a los problemas de salud que refiere. Por tanto, en concordancia con lo que estipula el primer párrafo del precepto legal invocado, se advierte que los actos reclamados tienen ejecución fuera del territorio en el cual ejerce jurisdicción este juzgado. En efecto, el deficiente otorgamiento de atención médica de las responsables tiene ejecución material fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, esto es, en el lugar en que se encuentra privado de su libertad el quejoso Sergio David Muñoz Mazariegos (Centro Federal de Readaptación Social Número Diecisiete "CPS Michoacán", con asentamiento en el municipio de Buena Vista, Tomatlán), por lo que es obvio que la misma se está llevando a cabo en aquel sitio; en consecuencia, el competente para conocer de la demanda que se provee es un Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar de reclusión del agraviado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 86/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro electrónico 2021191, que a la letra dice: "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo". En ese contexto, de conformidad con lo que prevé el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, es evidente que este órgano jurisdiccional resulta incompetente para conocer de la controversia que se le plantea y estima competente al Juzgado de Distrito en turno en el estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, pues es dentro de su jurisdicción donde se localiza el Centro Federal de Readaptación Social Número Diecisiete "CPS Michoacán", con asentamiento en el municipio de Buena Vista, Tomatlán, lugar en el que se encuentra recluido el peticionario del amparo. Sirve de apoyo, por identidad de razón, el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse." Asimismo, es aplicable el criterio también sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYA DE EJECUTARSE EL ACTO RECLAMADO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que debe conocer de un juicio de garantías biinstancial es el de la jurisdicción en donde haya de ejecutarse el acto reclamado, independientemente de que la autoridad responsable radique en una demarcación distinta." En consecuencia, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente asunto al Juzgado de Distrito en turno en el estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, con el propósito de que se pronuncie sobre la competencia que se le plantea. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, envíese atento exhorto al Juzgado de Distrito en turno en el estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, para que en auxilio de las labores de este tribunal, ordene a quien corresponda se constituya en el citado centro de reclusión y previa localización de Sergio David Muñoz Mazariegos, le notifique el presente acuerdo. Asimismo, se faculta al juez exhortado para que haga uso de los medios que estime pertinentes para lograr la notificación ordenada y así conseguir el objeto para el que se libra el exhorto de mérito; realizado lo anterior, lo devuelva a la brevedad posible con las constancias que acrediten su cumplimiento. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.

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