Sergio David Hernandez García
Expediente 2416/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2416/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/04/2023
Partes del expediente
- Tesoreria Municipal del H.Xlii Ayuntamiento de Xalisco, Nayarit
- Sergio David Hernandez García
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta mediante el cual el Administrador Postal Nayarit, por medio del cual da contestación a lo solicitado mediante oficio 1582-VI de diecisiete de abril del año en curso, en el que informa que informa que la pieza postal RM015949410MX, relacionada con el oficio 813-VI de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, dirigido al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Xalisco, Nayarit, fue devuelta a este Juzgado de Distrito, tal como lo acredita con el anexo que acompaña; en la inteligencia de que dicha pieza ya obra en autos. Por otra parte, vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que dentro del término legal concedido, las partes no se inconformaron con la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que esa sentencia CAUSA EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de amparo, aplicado a contrario sensu, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio por una parte se sobreseyó y por otro lado se negó el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Sin que haya lugar a proveer sobre el incidente de suspensión, toda vez que el mismo no fue tramitado, al no haberse solicitado. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no obra el acuse de recibo del oficio 813-VI de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, dirigido al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Xalisco, Nayarit, a través del cual se le hace de su conocimiento al sentencia dictada en autos. Luego, toda vez que hasta esta fecha no se ha obtenido el acuse de recibo del oficio de referencia, requiérase al Administrador Postal de la ciudad de Tepic a fin de que, dentro del término de tres días, contado a partir del en que quede notificado del presente proveído, remita a este Juzgado Federal el acuse de recibo de referencia, el cual quedó registrado con el número de pieza postal RM015949410MX, depositada el diez de marzo de del año en curso, o en su defecto la copia certificada correspondiente del mismo, o informe los motivos que le impiden hacer lo anterior; bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo concedido, se le aplicará MULTA de cien Unidades de Medida de Actualización, de conformidad a lo que prevé la fracción I del artículo 237 de la Ley de Amparo, en relación con los ordinales segundo y tercero transitorios del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido, que conforme al decreto constitucional mencionado, el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio del citado decreto. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 2416/2022; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, SERGIO DAVID HERNÁNDEZ GARCÍA, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican: AUTORIDADES RESPONSABLES Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit. Titular de la Dirección del Periódico, Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit. Todos con sede en Tepic, Nayarit. Titular de la Tesorería del Ayuntamiento Constitucional de Xalisco, Nayarit. ACTOS RECLAMADOS "a. Del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit (1), la discusión, aprobación y expedición de las siguientes disposiciones normativas: Ley de Ingresos del Municipio de Xalisco; Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2022, la cual fue publicada en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el día 29 de diciembre de 2021, en particular el artículo 17 fracción II, en relación con el artículo 10 de la Ley antes mencionada. b. Del Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit (2), la expedición y orden de publicación de las disposiciones normativas mencionadas con anterioridad. c. Del titular de la Dirección del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit (3) reclamo la publicación de las disposiciones normativas señaladas previamente. d. Del Titular de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Xalisco (4), reclamo la aplicación de las disposiciones y artículos citados para efectuar el cobro de los recibos de pago de números 43184, 43185, 43186, 43187, 43188, 43189, 43190, 43191, 43192, 43193, 43194 y 43195, que una vez sumadas las cantidades individuales de cada recibo, da como resultado la cantidad total de $9,351.04 (Nueve mil trescientos cincuenta y un pesos 04/100 moneda nacional), por conceptos: 'PREDIAL URBANA Y SUB URBANA', 'ACTUALIZACIÓN IMP. PREDIAL URBANO'. 'IMPUESTO UAN' y 'RECARGOS". SEGUNDO. Trámite del juicio. Por razón de turno, correspondió al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, conocer de la demanda de amparo la cual registro bajo el número 1717/2022-XII. El veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, por una parte, se desechó la demanda en cuanto a la autoridad responsable Director del Periódico Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, y por otra, la admitió a trámite solicitándose los informes justificados a las autoridades responsables restantes (Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, y Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Xalisco, Nayarit), se dio la intervención legal al representante social de la adscripción y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. (fojas 33 a 38) TERCERO. Separación de autos. Por auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós, con fundamento en los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados a contrario sensu y de manera supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo su precepto 2º, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ordenó de oficio la separación de autos dentro del citado juicio de amparo indirecto 1717/2022-XII, pues estimó que se reclamaron actos con total independencia entre sí, los cuales no debían analizarse en un solo juicio constitucional, por lo que se determinó que en ese asunto se conocería únicamente del acto reclamado consistente en el recibo 43184 referente al pago por la cantidad de $1,231.09 (mil doscientos treinta y un pesos 09/100 Moneda Nacional), por concepto de pago de impuesto predial, y se ordenó separar la demanda respecto del resto de pagos realizados que ahí se indicaron, a efecto de que en nuevos juicios se resolviera al respecto. Asimismo, en ese proveído se ordenó remitir al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, en turno, con sede en esta ciudad, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de dichos Juzgados, copias certificadas del juicio de amparo precitado, a efecto de que realizara el turno correspondiente (fojas 85 a 87). CUARTO. Avocamiento. Por auto de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, éste órgano jurisdiccional tuvo por recibido el oficio 48545/2022 suscrito por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, y se convalidaron las actuaciones relativas al juicio de amparo indirecto 1717/2022-XII, para lo cual se registró en el Libro de Gobierno 2416/2022 la demanda de amparo promovida por SERGIO DAVID HERNÁNDEZ GARCÍA, a fin de conocer exclusivamente respecto a la aplicación de la ley que dice la parte quejosa es inconstitucional relativa al recibo de pago 43189 por la cantidad de $1,241.95 (mil doscientos cuarenta y un pesos 95/100 moneda nacional); se solicitó informó lo anterior a las autoridades responsables, quienes previamente rindieron informe justificado, se dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la fracción XXIV del Apartado Cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, la jurisdicción territorial y la especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito, ya que los actos reclamados se atribuyen a autoridades circunscritas a su jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. De la lectura integral de la demanda, se advierte que los actos reclamados son los siguientes: Del Congreso y del Gobernador del Estado de Nayarit: a) La discusión, aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación del Decreto que contiene la Ley de Ingresos del Municipio de Xalisco, Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, en específico el artículo 17, fracción II, en relación con el artículo 10, relativa al impuesto predial. De la Tesorería del Ayuntamiento de Xalisco, Nayarit: b) La aplicación y ejecución del artículo 17, fracción II, en relación con el artículo 10, de la Ley de Ingresos del Municipio de Xalisco, Nayarit, materializada en el recibo de recibo de pago 43189 por la cantidad de $1,241.95 (mil doscientos cuarenta y un pesos 95/100 moneda nacional). Sin que se proceda a emitir algún tipo de pronunciamiento respecto de la cantidad de $148.79 (ciento cuarenta y ocho pesos 79/100 moneda nacional), por concepto de actualización de impuesto predial urbano y $514.59 (quinientos catorce pesos 59/100 moneda nacional) por concepto de recargos, que enteró la parte quejosa, toda vez que dichas cantidades no son objeto de controversia, ni la disposición que los prevé fue señalada como acto reclamado. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La Subsecretaria de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, en representación legal del Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit (fojas 48 y 49), el Encargado de la Unidad Jurídica del Congreso del Estado de Nayarit (fojas 52 a 60), y la Tesorera Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Xalisco, Nayarit (fojas 63 y 64), al rendir su respectivo informe justificado, manifestaron que es cierto el acto que la parte quejosa les reclama, esto es, su intervención en el proceso legislativo de creación de las normas legales tildadas de inconstitucionales y su aplicación. Aunado a que la existencia de la citada Ley de Ingresos del Municipio de Xalisco, Nayarit, para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, no está sujeta a prueba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimiento Civiles y en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J.65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 260, Tomo XII, Agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Igualmente es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, Tomo 65, Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Asimismo, la parte quejosa aportó los medios de pruebas, con los cuales acredita el interés jurídico con el que compareció al presente juicio de amparo, de manera concreta con el recibo de pago con folio 43189, expedido por la Tesorería Municipal de Ayuntamiento Constitucional de Xalisco, Nayarit, por concepto de impuesto predial dos mil veintidós, del inmueble identificado con clave catastral 015-019-004-450-0020, que ampara la cantidad total de $1,241.95 (mil doscientos cuarenta y un pesos 95/100 moneda nacional), pago efectuado el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Documental que cuenta con valor probatorio conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2o., con el que se demuestra que la parte quejosa realizó el pago por dicho concepto. CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia número 814, visible en la página 553, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-1995, del rubro que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". Al respecto, resulta infundada la causa de improcedencia que hace valer el Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, por conducto de la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues aduce que se actualiza dado que la parte quejosa no acredita contar con interés jurídico para promover el presente juicio constitucional respecto del acto reclamado precisado en párrafos que anteceden. Ahora bien, el artículo 61 de la ley de la materia, en lo conducente, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." Por su parte, el numeral 5, fracción l, de la ley de la materia dispone: "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 5° y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, es decir, únicamente puede promoverlo la parte a quien perjudique la actuación combatida. El presupuesto jurídico contenido en los preceptos antes trascritos (interés jurídico) representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio, pues si los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, sino otros de variada índole que no tengan ese carácter, entonces no tendrá legitimación para instaurarlo. En consecuencia, cuando se acude en demanda de amparo debe acreditarse en forma fehaciente que las actuaciones de la autoridad vulneran un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que causan un daño, perjuicio o menoscabo al gobernado; de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio de amparo resultará improcedente. Ahora, en los casos en los que se impugne la inconstitucionalidad de una norma general, a partir de su primer acto de aplicación, es decir, como heteroaplicativa, los sujetos que se consideren afectados por dicha norma, para comprobar su interés jurídico en el juicio de amparo, deben demostrar ese primer acto de aplicación, por cualquiera de los medios de prueba previstos en las leyes, a fin de probar la vinculación del acto con la ley cuya inconstitucionalidad se reclama. Sirve de apoyo la tesis 25 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 132, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que es del contenido: "INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. NATURALEZA DEL. Es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional, la existencia del interés jurídico del quejoso, es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese. Sin embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos para la procedencia del amparo, pues para que tal acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de la norma. El interés jurídico de una persona sólo surge cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos, como en el caso de una persona jurídica o moral. Si las leyes impugnadas no se refieren a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica de la quejosa, ésta carece de interés jurídico para impugnarlas en el juicio de amparo y, si lo hace, debe declararse la improcedencia del juicio." Al respecto, resulta necesario establecer que cuando se acude al juicio de amparo a reclamar la inconstitucionalidad de una ley con motivo del primer acto de aplicación, técnicamente no es dable desvincular el estudio de la norma impugnada del examen del acto de aplicación, dado que ambos constituyen el conjunto de la litis del juicio constitucional, y su análisis en relación tanto con la procedencia como, en su caso, con el fondo del asunto, no debe desvincularse al incidir conjuntamente en la acción constitucional. Por tanto, no se puede desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación, sino por el contrario, el juzgador constitucional debe analizar en principio si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del quejoso la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una causa de improcedencia; pues de acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 71/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 235, agosto de dos mil, Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que establece: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: 'LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.', cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Bajo ese contexto, la parte solicitante del amparo tendrá interés jurídico para combatir la norma reclamada a partir de su primer acto de aplicación, siempre que demuestre de manera indudable y específica que se le aplicó, y que con ello se le causa u origina un perjuicio en su esfera jurídica. Así, en el caso concreto la parte quejosa reclama la discusión, aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación del Decreto que contiene la Ley de Ingresos del Municipio de Xalisco, Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, en específico el artículo 17, fracción II, relativa al impuesto predial, y su aplicación por virtud del pago que realizó por la cantidad total de $1,241.95 (mil doscientos cuarenta y un pesos 95/100 moneda nacional), por lo que es evidente que cuenta con interés jurídico en el presente juicio de amparo, en virtud de que la aplicación de las referidas disposiciones le causan perjuicio en su patrimonio, atento el pago que realizó por la cantidad que menciona. Por tanto, se declara infundada la causa de improcedencia en estudio. En cambio, este Juzgador Federal advierte, de oficio, de que la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, y 108 fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, respectivamente señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] VIII. Los conceptos de violación." De conformidad con la fracción VIII del referido último precepto legal en cita, se establece que uno de los requisitos de la demanda de amparo es que contenga conceptos de violación tendentes a demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados, máxime que el asunto que nos ocupa, no encuadra en ninguno de los supuestos previstos en el dispositivo 79 de la Ley de Amparo, para que opere la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación. En la especie, se actualiza la causal de improcedencia en comento respecto del numeral 10 de la Ley de Ingresos del municipio de Xalisco, Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, que dispone lo siguiente: "Artículo 10. El Impuesto Especial para la Universidad Autónoma de Nayarit, se causa con la tasa del 15% (quince por ciento), y la base será el monto de lo que los contribuyentes paguen al Ayuntamiento por concepto de impuestos y derechos, con excepción del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles y de los derechos relativos al uso y aprovechamiento de bienes del dominio público municipal por concepto del uso de la vía pública para actividades comerciales y por el aprovechamiento de locales en mercados municipales, así como por los derechos que cobren sus organismos descentralizados." Dicho numeral establece un impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit, el cual se causa con una tasa del quince por ciento (15%) y la base del mismo será el monto de lo que los contribuyentes paguen al Ayuntamiento por concepto de impuestos y derechos. Sin embargo, del contenido integral de la demanda no se aprecia que la parte quejosa, respecto del citado numeral, haya expresado argumentos que tengan por objeto controvertir su contenido a fin de demostrar su inconstitucionalidad, entonces, es inconcuso que se surte la hipótesis de improcedencia contenida por el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo. No existiendo diverso motivo de improcedencia invocado por las partes o advirtiendo que se actualice alguno, procede estudiar el fondo del asunto. QUINTO. Justificación para no transcribir los conceptos de violación. Los conceptos de violación si bien no se transcriben se tienen por insertos en aras de economía procesal, en virtud de no existir disposición en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción; no obstante lo anterior, para su análisis se sintetizarán más adelante. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, visible en la página ochocientos treinta, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio. La parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del precepto el artículo 17, fracción II, de la Ley de Ingresos del municipio de Xalisco, Nayarit; para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, pues considera que transgrede el principio de equidad tributaria consagrado en el dispositivo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa resultan fundados pero ineficaces para conceder el amparo solicitado por la inconstitucionalidad de los preceptos señalados en el párrafo anterior, por lo siguiente: El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos. (.) IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.". Del artículo transcrito se aprecia que los mexicanos tienen la obligación de pagar contribuciones para sufragar los gastos públicos de la Federación, de los estados y de los municipios, y que tales contribuciones deben estar establecidas por las leyes. Luego, es conveniente destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido a la equidad como el principio en virtud del cual los sujetos que se ubiquen dentro de igual situación jurídica prevista y regulada por la ley se encuentran obligados a sufragar un determinado tributo y, por ende, deben recibir el propio trato en lo concerniente a todos los elementos y variables atinentes al impuesto de que se trate, mientras que los que estén en distinta situación jurídica, por lógica, no se encuentran sujetos a esa obligación tributaria y, consecuentemente, no reciben idéntico trato, lo que pone de relieve que la equidad en suma implica dar un trato igual a los sujetos que se encuentren en la misma situación y distinto a quienes se ubiquen en un supuesto o situación diversa. Así, la Segunda Sala de nuestro Alto Tribunal en la ejecutoria emitida al resolver la contradicción de tesis 196/2007 destacó que la equidad tributaria significa que los contribuyentes del mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la ley que lo establece y regula, por lo que han de recibir el propio trato en lo referente a dicho impuesto, resultando por consiguiente que aunado al principio de proporcionalidad tributaria la justicia tributaria consagrada por la Constitución fija su razón de ser en las posibilidades económicas de cada contribuyente, debiéndose tratar igual a quienes se encuentren en iguales condiciones de capacidad económica y desigual a los sujetos que se ubiquen en condiciones de capacidad disímiles. Reiteró que el propio Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el principio de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren en todo momento y ante cualquier circunstancia en condiciones de absoluta igualdad, sino que sin perjuicio del deber de los poderes públicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similares situaciones de hecho, porque la igualdad prevista por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal es ante la ley y ante la aplicación de la ley. De lo anterior precisó que dicha capacidad, consistente en la adecuación de la aptitud objetiva para concurrir a las cargas públicas debe llevar a la igualdad en el tratamiento de los contribuyentes potenciales, es decir, a que la justicia se produzca en cada caso particular alcanzándose por antonomasia la equidad tributaria consagrada por el texto Constitucional. Así, concluyó que los elementos objetivos que delimitan el principio de equidad tributaria son los siguientes: a) No toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable; b) A iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas; c) No se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y, d) Para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las prerrogativas de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley deben ser adecuadas y proporcionadas para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador superen un juicio de equilibrio en sede constitucional. Sustenta lo anterior, el criterio con registro digital: 1011934, instancia: Pleno, Séptima Época, Materias(s): Constitucional, Administrativa, tesis: 642, Fuente: Apéndice de 2011, tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Vigésima Primera Sección - Principios de justicia tributaria, página 1790, tipo: Jurisprudencia, que reza: "IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución, establece los principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos y uno inferior los de menores ingresos, estableciéndose, además, una diferencia congruente entre los diversos niveles de ingresos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto no sólo en cantidad sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio, reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etcétera, debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula.". Luego, en el caso que nos ocupa, se deduce que la parte quejosa hace descansar su argumento de inequidad tributaria partiendo de que el artículo 17, fracción II, de la Ley de Ingresos del municipio de Xalisco, Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, transgrede ese principio dado que establece que el impuesto predial se pagará, respecto de predios construidos con uso específico, localizados en la cabecera y en las poblaciones del municipio, a una tasa de 1 al millar sobre el valor catastral (inciso a), y con relación a los predios no edificados, ruinosos y baldíos a una tasa del 3 al millar sobre el citado valor catastral (inciso c). Es decir, se impone al propietario de un predio no edificado o ruinoso a contribuir en mayor proporción que al propietario de una propiedad urbana edificada, no obstante que se encuentran en igual situación y sin que exista justificación razonable ni se atienda la capacidad económica del causante del tributo. Así, el citado numeral 17 fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Xalisco, Nayarit; para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, establece: "Artículo 17. El Impuesto Predial se causará anualmente de acuerdo con las siguientes tasas y cuotas: I (.) II. Propiedad Urbana y Suburbana. La base del Impuesto Predial para la propiedad urbana y suburbana, será su valor fiscal, de acuerdo a la siguiente tabla de cálculo con base al valor catastral del predio, determinado por la autoridad competente: Rango según el Valor Catastral Límite Inferior Limite Superior % del valor catastral 1 0.00 500,000.00 40.00 2 500,000.01 1,000,000.00 45.00 3 1,000,000.01 1,500,000.00 50.00 4 1,500,000.01 2,000,000.00 55.00 5 2,000,000.01 2,500,000.00 60.00 6 2,500,000.01 3,000,000.00 65.00 7 3,000,000.01 En adelante 70.00 Los predios construidos con uso específico, localizados en la cabecera y en las poblaciones del municipio, cuyo valor catastral haya sido determinado con base en avalúo técnico, practicado por la autoridad competente, pagarán el 1 al millar del valor fiscal calculado. El importe del impuesto aplicable a los predios antes descritos tendrá como cuota mínima pagadera en forma anual de $563.44 (Quinientos sesenta y tres pesos 44/100 M.N.). Los solares urbanos construidos con uso específico, ejidales y comunales, ubicados en zona rural, fuera de la cabecera municipal cuyo valor catastral haya sido determinado con base en avalúo técnico, practicado por la autoridad competente, pagarán el 1 al millar del valor fiscal calculado. El importe del impuesto aplicable a los predios antes descritos ubicados fuera de la cabecera municipal tendrá como cuota mínima pagadera en forma anual de $272.46 (doscientos setenta y dos pesos 46/100 M.N.). Los predios no edificados o ruinosos, así como los baldíos localizados en la cabecera y las poblaciones del municipio, cuyo valor catastral haya sido determinado con base en avalúo técnico practicado por la autoridad competente pagaran con la tasa 3 al millar del valor fiscal calculado. El importe del impuesto aplicable a los predios no edificados o ruinosos antes descritos, tendrá como cuota mínima pagadera en forma anual de $813.42 (ochocientos trece pesos 42/100 M.N.). De la lectura del precepto previamente transcrito se advierten substancialmente las tasas aplicables a los predios urbanos edificados y a los no edificados o ruinosos a efecto del cálculo del impuesto predial, que grava la propiedad o tenencia de un predio. Así, dispone que los propietarios o los poseedores de predios construidos con uso específico, localizados en la cabecera y en las poblaciones del municipio pagaran un impuesto de 1 al millar del valor fiscal calculado; en tanto que para los predios no edificados o ruinosos así como los baldíos localizados en la cabecera y en la poblaciones del municipio de Xalisco, se aplicará una tasa de 3 al millar. Consecuentemente, lo expuesto transgrede el principio de equidad que rige en materia tributaria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, cuenta habida que los porcentajes contenidos en el numeral a estudio, otorgan un trato desigual a quienes se encuentran en situaciones semejantes, en virtud de que obliga a los propietarios o poseedores de predios urbanos edificados a pagar una base gravable de 1 al millar, colocándolos en un plano de desigualdad frente a aquellos propietarios de predios no edificados o ruinosos así como los baldíos localizados en la cabecera y en la poblaciones del municipio de Xalisco, que pagarán una base de 3 al millar, pues dichos sujetos pasivos del impuesto, propietarios o poseedores de predios con o sin construcciones, forman una misma categoría de contribuyentes y, por lo tanto, deben encontrarse en una situación de igualdad frente a la ley. Asimismo, si bien el propósito fundamental de las contribuciones es el recaudatorio para sufragar el gasto público de la Federación, Estados y Municipios, al cual se le puede agregar otro de similar naturaleza, relativo a que dichas contribuciones pueden servir como instrumentos eficaces de política financiera, económica y social que el Estado tenga interés en impulsar (fines extrafiscales), tendrá que ser ineludiblemente el legislador quien establezca expresamente, en la exposición de motivos o en la misma ley, estos fines extrafiscales que persiguen las contribuciones con su imposición. Además, si el hecho imponible, esto es la propiedad de un predio urbano edificado o no edificado o ruinoso, así como los baldíos localizados en la cabecera de Xalisco, es el mismo, no existe justificación para que un contribuyente pague una tasa mayor que el otro. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 109/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 336, tomo XXV, Junio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "PREDIAL. EL ARTÍCULO 8o., FRACCIÓN I, INCISOS A) Y C), DE LAS LEYES DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE 2005 Y 2006, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA. El citado precepto al establecer que el impuesto predial se pagará, respecto de predios urbanos y suburbanos baldíos, a una tasa del veinte al millar anual sobre el valor catastral determinado (inciso a), y en relación con predios urbanos y suburbanos edificados, a una tasa del doce al millar anual sobre el valor catastral determinado (inciso c), transgrede los principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no obstante que los contribuyentes tienen las mismas características objetivas (ser propietarios o poseedores de predios urbanos o suburbanos) y realizan un mismo hecho generador del gravamen (propiedad o tenencia de un predio urbano o suburbano), lo que hace que constituyan una misma categoría, el legislador local les otorga un tratamiento desigual por el solo hecho de que el predio esté baldío o edificado, además de que desatiende a la real capacidad contributiva del causante en relación con el valor real del predio, ya que obliga a contribuir en mayor proporción al propietario o poseedor de uno baldío que al de un predio edificado." Así como la diversa tesis 1a. LIII/2000, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 254, tomo XII, Diciembre de 2000, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro digital: 190620, cuyo rubro y texto siguientes: "PREDIAL. EL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE PLAYAS ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, VIGENTE EN 1997, QUE REGULA LA FORMA DE CALCULAR DICHO IMPUESTO, CUANDO SE TRATE DE PREDIOS URBANOS CON O SIN CONSTRUCCIONES, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal radica, esencialmente, en la igualdad ante la ley de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los cuales deben recibir un trato idéntico en cuanto a la hipótesis de causación, la acumulación de ingresos gravables, las deducciones permitidas, los plazos de pago, etcétera. En congruencia con tal criterio, debe decirse que el artículo 2o. de la Ley de Ingresos para el Municipio de Playas de Rosarito, Baja California viola la garantía constitucional de referencia, en virtud de que obliga a los propietarios o poseedores de predios urbanos no edificados o con construcciones cuyo valor no alcance el 50% del valor del terreno, a pagar una tasa de 3.00 al millar, colocándolos en un plano de desigualdad frente a aquellos propietarios o poseedores de predios que tengan construcciones más valiosas al 50% del valor del terreno, quienes pagarán el 1.5 al millar cuando se destinen para habitación y 2.00 al millar cuando se destinen para cualquier otro fin, pues dichos sujetos pasivos del impuesto, propietarios o poseedores de predios con o sin construcciones, forman una misma categoría de contribuyentes y, por tanto, deben encontrarse en una situación de igualdad frente a la ley. Además, si el hecho imponible, esto es, la propiedad o posesión de un predio con o sin construcciones adheridas a él, es el mismo, no existe justificación para que el contribuyente que no tenga construcción o que cuente con una que no llegue al 50% del valor del terreno pague una tasa mayor de la que le correspondería pagar si su predio estuviera construido al 50% o más del valor de dicho terreno." De igual manera la diversa tesis XXII.1o.36 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 1002, tomo XVIII, Noviembre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "PREDIAL. EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DEL IMPUESTO PREDIAL DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2003, QUE REGULA LA FORMA DE CALCULAR DICHO IMPUESTO, CUANDO SE TRATE DE PREDIOS URBANOS BALDÍOS, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. Ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el principio de equidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos radica, esencialmente, en la igualdad ante la misma ley de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un trato semejante, es decir, que los contribuyentes de un mismo tributo deben guardar un trato idéntico en cuanto a la hipótesis de causación. En congruencia con tal criterio, debe decirse que el artículo 24 de la Ley del Impuesto Predial de los Municipios del Estado de Querétaro viola la garantía constitucional de referencia, en virtud de que obliga a los propietarios o poseedores de predios urbanos baldíos a pagar una tasa de 7 u 8 al millar, colocándolos en un plano de desigualdad frente a aquellos propietarios o poseedores de predios urbanos edificados, quienes pagarán el 1.4 o 1.6 al millar, pues dichos sujetos pasivos del impuesto, propietarios o poseedores de predios con o sin construcciones, forman una misma categoría de contribuyentes y, por tanto, deben encontrarse en una situación de igualdad frente a la ley. Además, si el hecho imponible, es decir, la propiedad o posesión de un predio con o sin construcciones adheridas a él es el mismo, no existe justificación para que el contribuyente que no tenga construcción pague una tasa mayor de la que le correspondería pagar si su predio estuviera edificado. Asimismo, si bien el propósito fundamental de las contribuciones es el recaudatorio para sufragar el gasto público de la Federación, Estados y Municipios, al cual se le puede agregar otro de similar naturaleza, relativo a que dichas contribuciones pueden servir como instrumentos eficaces de política financiera, económica y social que el Estado tenga interés en impulsar (fines extrafiscales), tendrá que ser ineludiblemente el legislador quien establezca expresamente, en la exposición de motivos o en la misma ley, estos fines extrafiscales que persiguen las contribuciones con su imposición, así como los medios de defensa para que el causante pueda desvirtuar la hipótesis de falta de construcción en su predio." Ahora bien, en el caso, la parte quejosa accionante reclama el cobro realizado con fundamento en el precepto antes analizado. En efecto, como ya se dijo, conjuntamente con su demanda, la parte quejosa allegó el recibo de pago por concepto de impuesto predial, anteriormente descrito y valorado, a favor del Ayuntamiento Constitucional de Xalisco, Nayarit, del que se advierte el acto de aplicación reclamado. Con lo anterior, se actualiza la erogación que la parte promovente realizó por el pago del derecho contenido en el artículo 17 fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Xalisco, Nayarit, para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós. Ahora, no obstante, como se expuso, el mecanismo esencial de la contribución se encuentra viciado, en lo concerniente a las cuotas aplicables; sin embargo, es necesario puntualizar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando en la ley se prevea un vicio subsanable en el mecanismo de cálculo de la tasa a pagar por concepto de derechos por servicios, el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. En efecto, la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal de justicia determinó que si bien por regla general, la concesión del amparo respecto de una ley fiscal tiene como efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional, y que se le restituyan las cantidades enteradas, pero cuando en la ley se prevea un vicio subsanable en el mecanismo de cálculo de la tasa a pagar, el efecto del amparo no puede llegar al extremo de liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio prestado, pues es obligación de todos los individuos contribuir al gasto público en la medida de su capacidad contributiva de acuerdo al contenido del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal. Como consecuencia, determinó que la restitución en el goce del derecho fundamental violado sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa viciada, pero sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes. De ahí, que se estimen ineficaces los argumentos de la parte quejosa, pues al margen de que es fundado la norma impugnada no prevea la motivación que exige una diferenciación en el cobro de cuotas con base en el tipo de predio de que se trate, según se vio, lo cierto es que la concesión del amparo no puede ser para que se le devuelva la cantidad que pagó por el impuesto predial, sino únicamente para que se cobre la cuota mínima fijada, siendo que en el caso la que fue aplicada al quejoso en el acto reclamado, fue incluso menor a esa cuota mínima. En efecto, del comprobante de pago exhibido por la parte quejosa, se advierte que el pago que se le cobró por el concepto antes indicado, asciende a la cantidad de $483.70 (cuatrocientos ochenta y tres pesos 70/100 moneda nacional), cantidad que se desprende de la sumatoria de las cantidades que contiene el recibo de pago 43189 (148.79+94.87+514.59=758.25) aplicada al total de la misma (1,241.95). Así las cosas, del contenido del artículo 17 fracción II, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Xalisco, Nayarit, para el Ejercicio Fiscal dos mil veintidós, se observa que la cuota mínima fijada por el legislador, para los predios construidos con uso específico, localizados en la cabecera (como ocurre en el caso, según se advierte de la página de internet Consulta de Códigos Postales (correosdemexico.gob.mx) de la que se advierte el código postal 63781 relativo al fraccionamiento del bien inmueble generador del impuesto materia de reclamo) y en las poblaciones del municipio fue establecida en $563.44 (quinientos sesenta y tres pesos 44/100 moneda nacional), y la cantidad cubierta por el quejoso fue de $483.70 (cuatrocientos ochenta y tres pesos 70/100 moneda nacional). Consecuentemente, contrario a lo sostenido por la parte quejosa, es improcedente conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión para que se le reintegre la cantidad que pagó por concepto de impuesto predial, pues tal resultado sería contrario a la obligación de contribuir a los gastos públicos de la Federación, Estados y Municipios, derivada del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero además, sería violatorio del principio "non reformatio in peuis", ya que como se advierte, la cantidad erogada al Municipio fue menor a la mínima a la que se encontraba obligado a pagar de conformidad con el numeral 17 fracción II, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Xalisco, Nayarit, emitida para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, que es de $563.44 (quinientos sesenta y tres pesos 44/100 moneda nacional). En este orden de ideas, al haber resultado fundados pero ineficaces los conceptos de violación aducidos por el peticionario del amparo en su demanda y sin que tampoco se advierta motivo para suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, de la Ley de Amparo, debe negársele el amparo y protección de la justicia federal. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por SERGIO DAVID HERNÁNDEZ GARCÍA, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables consistentes en la discusión, aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación del Decreto que contiene la Ley de Ingresos del Municipio de Xalisco, Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, en específico su artículo 10, por los razonamientos jurídicos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a SERGIO DAVID HERNÁNDEZ GARCÍA, contra los actos reclamados a las autoridades responsables consistentes en la discusión, aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación del Decreto que contiene la Ley de Ingresos del Municipio de Xalisco, Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, en específico su artículo 17, fracción II, relativo al impuesto predial, por las razones expuestas en el considerando sexto, de esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma IVAR LANGLE GÓMEZ, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado, el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional, ante el Secretario Erick Xavier Soltero García, quien autoriza y da fe.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese en autos para que surta sus efectos legales procedentes el comunicado de cuenta que suscribe el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, por medio del cual en cumplimiento a su proveído de catorce de diciembre de dos mil veintidós, remite copia certificada de las actuaciones que integran el juicio de amparo indirecto 1717/2022-XII promovido por SERGIO DAVID HERNÁNDEZ GARCÍA; determinación de la que se advierte que con fundamento en los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado a contrario sensu y de manera supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo su precepto 2º, ordenó de oficio la separación de autos, por las razones que en el mismo se exponen. En consecuencia, este órgano jurisdiccional se aboca al conocimiento de la demanda de amparo única y exclusivamente por lo que hace al acto reclamado que esencialmente hace consistir en la aplicación de la ley que dice la parte quejosa es inconstitucional relativa al cobro del recibo 43189; acúsese recibo de estilo a la autoridad oficiante. Regístrese en el Libro de Gobierno con el número 2416/2022 la demanda de amparo promovida por SERGIO DAVID HERNÁNDEZ GARCÍA, contra actos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, y otras autoridades. Por tanto, este Juzgado Federal convalida las actuaciones realizadas por la autoridad oficiante dentro del juicio de amparo 1717/2022-XII del índice de este órgano jurisdiccional; dese al agente del Ministerio Público de la Federación la intervención que legalmente le compete. Sin que haya lugar a solicitar los respectivos informes justificados a las autoridades señaladas como responsables, toda vez que de las actuaciones del juicio de amparo en comento, se advierte que ya fueron rendidos los mismos; no obstante, hágase del conocimiento lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos, anótese su ingreso en el libro electrónico de gobierno de este juzgado; lo anterior de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, 99 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, así como en los numerales 3, 4, 13, 21, 22, 25, 31 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite de expediente electrónico y uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; Acuerdos que fueron reformados por su similar que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Con fundamento en el artículo 3°, fracción III, del Acuerdo General 12/2020, se instruye al oficial de partes de éste juzgado para que digitalice e integre al expediente electrónico de este juicio, todas las promociones y anexos (que se acompañen a las mismas) que se reciban de forma física en éste órgano jurisdiccional. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. De igual forma, con fundamento en el artículo 22 de la disposición normativa indicada, se procederá a la digitalización de las constancias atinentes para la integración cronológica del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado, realizando la certificación correspondiente en el expediente electrónico que dé cuenta de esa circunstancia. Se señalan las DOCE HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Se exhorta a las partes para que en el caso de formular alegatos, lo realicen por escrito, con la debida anticipación a la fecha señalada para la audiencia constitucional. Con fundamento en el primer párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se hace saber a las partes, que en caso de que cesen los efectos del acto reclamado u ocurra alguna causa notoria de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano Jurisdiccional; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización como lo dispone el artículo 251 de la Ley de la Materia. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas las pruebas documentales que acompaña a su escrito de demanda la parte quejosa, así como la presuncional en su doble aspecto e instrumental de actuaciones, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, por autorizados en términos de la primera parte del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Manuel Alejandro Gutiérrez Ayala y Óscar Fernando López Vizcarra, y en términos del párrafo segundo del citado numeral en relación con el párrafo segundo del arábigo 24 de la legislación de referencia, a Jonás Flores Castello y Leopoldo Arenas Barragán, en virtud de que no tienen inscrita cédula alguna en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Luego, en aras de una pronta impartición de justicia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se habilitan días y horas inhábiles al Actuario Judicial de la adscripción, para la práctica de las notificaciones que deriven de la tramitación del presente asunto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a la parte quejosa que puede manifestar su oposición a que se publiquen sus datos personales. Cabe precisar que las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de terceros interesados respecto de acuerdos de mero trámite que no se consideren trascendentales, les serán practicadas por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, de conformidad con el artículo 26 fracción III de la Ley de Amparo y la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." No se tramita incidente de suspensión por no haberse solicitado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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