Sergio Dario Salazar Suarez

Expediente 1358/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1358/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
27/12/2023

Partes del expediente

  • Sergio Dario Salazar Suarez
  • Juez Septuagesimo Segundo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Mexico

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Incidental

    Visto el estado procesal que guarda el presente incidente de suspensión y la certificación de cuenta se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de CINCO DÍAS, establecido en el artículo 136 de la Ley de Amparo, para que el quejoso, diera cumplimiento a la interlocutoria de trece de diciembre de dos mil veintitrés, a efecto de exhibir la garantía solicitada para que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva decretada en el presente cuaderno incidental, sin que al efecto lo hubiera hecho. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 136 de la Ley de Amparo, comuníquese a la autoridad responsable que la suspensión definitiva ha dejado de surtir efectos, por lo que tienen expedito su derecho para ejecutar el acto reclamado. Sin embargo, lo antes considerado no excluye la posibilidad de que la parte quejosa exhiba la garantía fijada y, de ser así, volverá a surtir efectos la suspensión definitiva concedida, siempre y cuando el acto reclamado no se haya ejecutado. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. MESA II

  2. Incidental

    Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal, 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda de amparo indirecto promovida por propio derecho; contra actos del Juez Septuagésimo Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. La parte quejosa señala como acto reclamado medularmente: La sentencia de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés dictada en el juicio especial hipotecario expediente 1353/2018 del índice del Juzgado Septuagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, que resolvió el incidente de liquidación de intereses, en el que se condenó al quejoso al pago de, por concepto de intereses ordinarios; concepto de intereses moratorios. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Por cuanto hace a la suspensión del acto reclamado, se ordena tramitar por separado el incidente de suspensión por haberlo solicitado expresamente el quejoso, en el cual se ordena agregar copia autorizada del presente auto, de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Ahora bien, vista la certificación de cuenta de la que se advierte que es un hecho notorio que este Juzgado de Distrito, se encontrará gozando de su segundo periodo vacacional correspondiente a este año, el cual transcurrirá del uno al quince de enero de dos mil veinticuatro, por tanto, se señalan las DOCE HORAS DEL DOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Pídase el informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo en términos de lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, y hágasele del conocimiento que de conformidad con lo previsto en el precepto citado, la falta de informe justificado hará presumir cierto el acto reclamado para el solo efecto de resolver en definitiva el juicio y atento a lo previsto en los artículos 260 fracción II, se sancionará con una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización en la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, a la autoridad responsable que omita rendir un informe o no remita las constancias correspondientes, lo cual se determinará el día y hora que tenga verificativo la audiencia constitucional. De igual forma se solicita a la autoridad responsable para que las constancias con las que pretenda apoyar su informe sean relativas a todo lo actuado en el procedimiento primigenio y los documentos ahí exhibidos, mismas que deberán ser remitidas en un plazo no mayor a diez días contados a partir de la notificación del presente proveído, atendiendo al principio de expeditez, celeridad y prontitud en la impartición de justicia que establece el artículo 17 Constitucional, con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo. Precisando al Juez responsable que debe de remitir copia certificada de todo lo actuado en el juicio de origen, así como de los documentos que se hayan exhibido para la integración del mismo, sin perjuicio que decida enviar por separado las constancias que estime pertinentes para resolver el presente juicio. RECONOCIMIENTO DE TERCEROS INTERESADOS. En términos del inciso b), fracción III, del artículo 5° de la Ley de Amparo, se reconoce como tercera interesada a: En consecuencia, túrnense los presentes autos al actuario de la adscripción que corresponda, para que se constituya en el domicilio señalado en la demanda de amparo para tal efecto y le emplace a juicio, corriéndole traslado con copias de la demanda de amparo y del presente proveído; asimismo, le requiera para que en el acto de la diligencia o dentro de los tres días siguientes al mismo, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México y le aperciba que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, les surtirán efectos por medio de lista que se publique en este Juzgado Federal, lo anterior con fundamento en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO. Dese la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. Notifíquese; personalmente a la parte tercera interesada, por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público de la Federación. MESA II

  3. Principal

    FUNDAMENTO DE LA ADMISIÓN Y AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal, 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda de amparo indirecto promovida por Sergio Darío Salazar Suárez, por propio derecho; contra actos del Juez Septuagésimo Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. ACTO RECLAMADO La parte quejosa señala como acto reclamado medularmente: La sentencia de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés dictada en el juicio especial hipotecario expediente del índice del Juzgado Septuagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, que resolvió el incidente de liquidación de intereses, en el que se condenó al quejoso al pago de por concepto de intereses ordinarios; por concepto de intereses moratorios; y por concepto de comisión por autorización diferida. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Por cuanto hace a la suspensión del acto reclamado, se ordena tramitar por separado el incidente de suspensión por haberlo solicitado expresamente el quejoso, en el cual se ordena agregar copia autorizada del presente auto, de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Ahora bien, vista la certificación de cuenta de la que se advierte que es un hecho notorio que este Juzgado de Distrito, se encontrará gozando de su segundo periodo vacacional correspondiente a este año, el cual transcurrirá del uno al quince de enero de dos mil veinticuatro, por tanto, se señalan las DOCE HORAS DEL DOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Pídase el informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo en términos de lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, y hágasele del conocimiento que de conformidad con lo previsto en el precepto citado, la falta de informe justificado hará presumir cierto el acto reclamado para el solo efecto de resolver en definitiva el juicio y atento a lo previsto en los artículos 260 fracción II, se sancionará con una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización en la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, a la autoridad responsable que omita rendir un informe o no remita las constancias correspondientes, lo cual se determinará el día y hora que tenga verificativo la audiencia constitucional. De igual forma se solicita a la autoridad responsable para que las constancias con las que pretenda apoyar su informe sean relativas a todo lo actuado en el procedimiento primigenio y los documentos ahí exhibidos, mismas que deberán ser remitidas en un plazo no mayor a diez días contados a partir de la notificación del presente proveído, atendiendo al principio de expeditez, celeridad y prontitud en la impartición de justicia que establece el artículo 17 Constitucional, con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo. Precisando al Juez responsable que debe de remitir copia certificada de todo lo actuado en el juicio de origen, así como de los documentos que se hayan exhibido para la integración del mismo, sin perjuicio que decida enviar por separado las constancias que estime pertinentes para resolver el presente juicio. RECONOCIMIENTO DE TERCEROS INTERESADOS. En términos del inciso b), fracción III, del artículo 5° de la Ley de Amparo, se reconoce como tercera interesada a: al tener intereses contrarios a los de la quejosa en el presente juicio de amparo, al ser parte actora en el juicio de origen. En consecuencia, túrnense los presentes autos al actuario de la adscripción que corresponda, para que se constituya en el domicilio señalado en la demanda de amparo para tal efecto y le emplace a juicio, corriéndole traslado con copias de la demanda de amparo y del presente proveído; asimismo, le requiera para que en el acto de la diligencia o dentro de los tres días siguientes al mismo, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México y le aperciba que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, les surtirán efectos por medio de lista que se publique en este Juzgado Federal, lo anterior con fundamento en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. En el supuesto de que el Actuario de la adscripción le llegase a dejar citatorio o aviso judicial, deberá hacer del conocimiento del tercero interesado, que cuenta con el término de dos días hábiles para que acuda en el local de este Juzgado Federal a darse por emplazada mediante comparecencia por conducto de quien legalmente le represente, apercibida que de no hacerlo, el citado emplazamiento se le practicará por medio lista, quedando las copias de traslado a su disposición en la secretaría encargada del trámite del expediente lo anterior, conforme al artículo 27 fracción I inciso b) de la Ley de Amparo. OBLIGACIÓN DE LAS PARTES Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que, en el supuesto de que haya ocurrido alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este Juzgado, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de treinta a trescientas unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 251 del ordenamiento legal invocado. FUNDAMENTO DE LOS APERCIBIMIENTOS Se hace la precisión que los montos de los apercibimientos formulados a las autoridades responsables, se fundamentan en términos de lo establecido en la Ley de Amparo y en el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución General, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el cual modificó los artículos 26, 41 y 123 de la mencionada Carta Magna. PRUEBAS. El quejoso por el momento no ofreció pruebas de su parte. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO. Dese la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que se practiquen todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente. JUICIO EN LÍNEA Hágase del conocimiento de las partes que conforme al acuerdo general 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, artículo 22, se les invita a que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea asimismo, propongan en sus ocursos formas expeditas de contacto, como un correo electrónico. Notifíquese; personalmente a la parte tercera interesada, por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público de la Federación. MESA II

  4. Incidental

    INTEGRACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Vistas las copias autorizadas del proveído dictado en esta misma fecha en el juicio de amparo de la demanda de amparo promovida por Sergio Darío Salazar Suárez, por propio derecho; contra actos del Juez Septuagésimo Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. FUNDAMENTO DE LA SUSPENSIÓN Y AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES SOBRE LAS CUALES SE PROVEE LA SUSPENSIÓN. Con fundamento en los artículos 125, 128, 130 Y 138 de la Ley de Amparo, se ordena formar por duplicado el incidente de suspensión en relación al acto reclamado por Sergio Darío Salazar Suárez, por propio derecho; contra actos del Juez Septuagésimo Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. REGISTRO. Fórmese expediente electrónico, y por duplicado en impreso el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1358/2023-II de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo. AUDIENCIA INCIDENTAL. Con fundamento en el artículo 138, fracción II de la Ley de Amparo, se fijan las diez horas con quince minutos del trece de diciembre de dos mil veintitrés para que tenga verificativo la audiencia incidental. SOLICITUD DE INFORMES PREVIOS. Con apoyo en los artículos 125, 128, 130, 136, fracción III del artículo 138 y 140 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable su informe previo, el cual deberá rendir dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas, remitiéndole copia autorizada de la demanda de amparo para tal efecto, en el que deberá concretarse a expresar si es o no cierto el acto reclamado que se les atribuye, así como podrá expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que de conformidad con lo previsto en el artículo 142 de la Ley de Amparo, la falta de informe previo hará presumir cierto el acto reclamado para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva y atento a lo previsto en el artículo 260 fracción I de la citada ley, se sancionará con una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización en caso de no rendir su informe, lo cual se determinará el día y hora en que tenga verificativo la audiencia incidental. Se hace la precisión que el monto del apercibimiento formulado, se fundamenta en términos de lo establecido en la Ley de Amparo y en el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución General, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el cual modificó los artículos 26, 41 y 123 de la mencionada Carta Magna. ACTO RECLAMADO. El quejoso señala como acto reclamado en síntesis: La sentencia de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés dictada en el juicio especial hipotecario expediente 1353/2018 del índice del Juzgado Septuagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, que resolvió el incidente de liquidación de intereses, en el que se condenó al quejoso al pago de $220,155.87 (doscientos veinte mil ciento cincuenta y cinco pesos 87/100 moneda nacional) por concepto de intereses ordinarios; $244,632.81 (doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos treinta y dos pesos 81/100 moneda nacional) por concepto de intereses moratorios; y $250.00 (doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de comisión por autorización diferida. CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN Al efecto, la jurisprudencia XXVII.3o. J/2 (10a.), de la Décima Época, con número de registro 2007358, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado Del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, página 2347, establece: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: i) los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; ii) los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; iii) las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, iv) las previsiones que el juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etc.); 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal." En ese contexto, es necesario tomar en consideración que los artículos 128, 138 y 147 de la Ley de Amparo, disponen que la suspensión del acto reclamado se concederá siempre y cuando se reúnan los siguientes requisitos: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva." Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público." Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo." Ahora bien, en virtud de que el quejoso reclama ante esta autoridad de control constitucional, la resolución de fecha veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés dictada en el juicio especial hipotecario expediente 1353/2018 del índice del Juzgado Septuagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, que resolvió el incidente de liquidación de intereses, en el que se condenó al quejoso al pago de $220,155.87 (doscientos veinte mil ciento cincuenta y cinco pesos 87/100 moneda nacional) por concepto de intereses ordinarios; $244,632.81 (doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos treinta y dos pesos 81/100 moneda nacional) por concepto de intereses moratorios; y $250.00 (doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de comisión por autorización diferida. Al cumplirse con los requisitos de procedencia, es decir, que los actos reclamados son susceptibles de ser suspendidos, así como los requisitos de legalidad contenidos en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, pues lo solicita quien es demandado incidentista en el juicio de origen, con su otorgamiento no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público y sí son de difícil reparación los daños y perjuicios que se podrían ocasionarse al peticionario del juicio de control constitucional al permitirse la ejecución material de dichos actos; en consecuencia, se CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO RECLAMADO, para el efecto de que no se ejecute la resolución de fecha veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés dictada en el juicio especial hipotecario expediente 1353/2018 del índice del Juzgado Septuagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, que resolvió el incidente de liquidación de intereses, y por tanto no se le requiera al quejoso el pago de la cantidad de $220,155.87 (doscientos veinte mil ciento cincuenta y cinco pesos 87/100 moneda nacional) por concepto de intereses ordinarios; $244,632.81 (doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos treinta y dos pesos 81/100 moneda nacional) por concepto de intereses moratorios; y $250.00 (doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de comisión por autorización diferida, a que se le condenó; lo anterior hasta en tanto las autoridades responsables tengan conocimiento de la resolución definitiva que se dicte en el presente incidente de suspensión. FIJACIÓN DE LA GARANTÍA Ahora bien, dicha suspensión surtirá efectos, pero dejará de surtirlos de acuerdo al artículo 136 de la Ley de Amparo, si dentro de los cinco días siguientes al de la notificación del presente proveído, la parte quejosa no exhibe garantía a satisfacción de este Juzgado en cualquiera de las formas previstas en la Ley, por la cantidad de ********************, lo anterior es así, toda vez que se toma como base la cantidad de $465,038.68 (cuatrocientos sesenta y cinco mil treinta y ocho pesos 68/100 moneda nacional) la cual se obtiene al sumar las cantidades por las que fue condenado el aquí quejoso. En relación con los daños y perjuicios que se pueden ocasionar con motivo de la suspensión del acto reclamado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 42/2014, emitió la jurisprudencia P.J/71/2014 (10ª.), que aparece publicada en la página 5, Libro 14, enero de dos mil quince, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2008219, que es del tenor literal siguiente: "DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA. Los daños y perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión en el juicio de amparo están representados por la pérdida o menoscabo que al tercero le ocasionaría no disponer, durante el tiempo que dure aquél, de las prerrogativas que le confiere la sentencia o laudo reclamado; en tal contexto, si el otorgamiento de la suspensión tiene por objeto impedir la ejecución de una condena en cantidad líquida a favor del tercero, el daño radica en la pérdida del poder adquisitivo con relación a dicha cantidad, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio; esto es, el poder adquisitivo se genera o demerita en función de la inflación en el país, dato que es posible advertir y cuantificar mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación; en consecuencia, para calcular los posibles daños en el caso, deberá tomarse como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo que el juzgador considera que podría durar el juicio a la fecha en que se decrete la garantía, en virtud de que no es posible computar la variación porcentual que para los meses futuros llegue a obtenerse de tal factor. Por otro lado, por lo que ve a los perjuicios, que son las ganancias lícitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio, el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, ese parámetro sería la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, que puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación." Ahora bien, para obtener la cantidad de los posibles daños, durante el plazo que estará vigente la suspensión provisional, debe de tomarse como base además el índice nacional de precios al consumidor anual correspondiente al mes de octubre de dos mil veintitrés toda vez que aún no se encuentra publicada la correspondiente al mes en curso, la cual es de 4.260 según se advierte de la página oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cantidad que se divide entre cien (por ser equivalente a un porcentaje), esto es 0.0426. Dicho factor se multiplica por la cantidad que se toma como base para el cálculo correspondiente es decir por la cantidad de $465,038.68 (cuatrocientos sesenta y cinco mil treinta y ocho pesos 68/100 moneda nacional), dando como resultado la cantidad de $19,810.64 (diez mil ochocientos diez pesos 64/100 moneda nacional), misma que se divide entre doce meses, para obtener el factor por mes lo que arroja la cantidad de $1,650.88 (mil seiscientos cincuenta pesos 88/100 moneda nacional), y finalmente se multiplica por tres (tiempo probable en que se resolverá en definitiva el incidente de suspensión en el que se actúa, es decir tres meses), lo que arroja la cantidad de $4,952.66 (cuatro mil novecientos cincuenta y dos pesos 66/100 moneda nacional), por concepto de daños. Ahora bien, para la obtención de los posibles perjuicios, la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) a 28 (veintiocho) días relativa al día de hoy, es de 11.5038, la cual se obtiene de la información contenida en la página oficial del Banco de México, y que se divide entre cien (por ser equivalente a un porcentaje), esto es 0.115038. Por tanto, dicha tasa se multiplica por la cantidad que sirve de base para cálculo correspondiente es decir por $465,038.68 (cuatrocientos sesenta y cinco mil treinta y ocho pesos 68/100 moneda nacional), dando como resultado la cantidad de $53,497.11 (cincuenta y tres mil cuatrocientos noventa y siete pesos 11/100 moneda nacional), misma que se divide entre doce meses, para obtener el factor por mes lo que arroja la cantidad de $4,458.09 (cuatro mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 09/100 moneda nacional), y finalmente se multiplica por tres (tiempo probable en que se resolverá en definitiva el incidente de suspensión en el que se actúa, es decir tres meses), lo que arroja la cantidad de ********************, por concepto de perjuicios. Así, sumadas las cantidades se tiene un total de ********************, que es el monto de la garantía que el quejoso deberá de exhibir para que siga surtiendo sus efectos la suspensión provisional concedida, a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que con motivo de dicha medida se puedan ocasionar al tercero interesado, hasta en tanto se dicte la suspensión definitiva en el presente incidente de suspensión. Por otra parte, se requiere a la parte quejosa, para que al momento de exhibir la garantía que se solicita; y de optarse por certificado de depósito, con fundamento en el acuerdo 17/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la organización y funcionamiento del fondo de apoyo de la Administración de Justicia, en su artículo 32 ordena: "Artículo 32.- AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN. Las personas que constituyan los depósitos ante los Órganos Jurisdiccionales en el mismo instrumento de depósito otorgarán autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo para que solicite y reciba de la Institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos. En el certificado de depósito se deberá incluir una leyenda que comprenda la autorización a que se refiere el párrafo anterior" De manera expresa autorice al referido fondo solicite y reciba de la institución crediticia la información que le permita el control de dicho deposito; en el entendido, de que la omisión de dicha expresión se interpretará en sentido afirmativo. OFRECIMIENTO DE PRUEBAS. La parte quejosa en su demanda de amparo no ofreció pruebas en el presente incidente de suspensión. INTERVENCIÓN MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO. Dese la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. NOTIFICACIÓN DEL TERCERO INTERESADO. Al haberse concedido la suspensión provisional de los actos reclamados, notifíquese de manera personal el contenido del presente proveído a la tercera interesada. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, reconózcase como domicilio del solicitante del amparo el que se indica en su escrito de demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Por otra parte, con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizados para oír y recibir notificaciones y documentos a las personas que indica. DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Se habilitan días y horas inhábiles para que se practiquen todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 21 de la Ley de Amparo. Notifíquese, personalmente a la tercera interesada, por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público Federal de la Adscripción. MESA II

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