Sergio Daniel Acosta Gutiérrez

Expediente 991/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
991/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Sergio Daniel Acosta Gutiérrez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, por el que remite la resolución dictada en el amparo en revisión 1561/2022, de su índice y los autos del juicio de amparo citado al rubro, acúsese recibo. En ese sentido, comuníquese que el tribunal resolvió: "(.) ÚNICO. Se DESECHA el recurso de revisión interpuesto por el Presidente de la República. (.)" Realícense las anotaciones correspondientes en el libro electrónico, glósense únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de referencia, al cuaderno principal. Así, en atención a lo determinado por el Cuarto Tribunal Colegido de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en el amparo en revisión 1561/2022, con fundamento en lo que se establece en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la sentencia dictada el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el juicio y se concedió el amparo, ha causado ejecutoria. Efectos concesión del amparo En ese sentido, resulta necesario precisar que la concesión del amparo fue para los efectos siguientes: "NOVENO. Efectos del amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo para el efecto de que, en el ámbito de su respectiva competencia, el Banco de México, Gerente de Remuneraciones y Beneficios, Subgerente de Gestión de Remuneraciones y Prestaciones y Jefe de la Oficina de Nómina, los tres últimos del Banco de México, en el ámbito de su competencia, realicen lo siguiente: Deberán dejar insubsistente la aplicación del artículo 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, por lo que, en su caso, deberán devolverle a la parte quejosa las cantidades retenidas y enteradas al fisco federal en cumplimiento al precepto declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018; reintegrándole como parte sus prestaciones, percepciones extraordinarias u otros conceptos, el pago de las contribuciones causadas en razón de las remuneraciones a su cargo, sin los descuentos fundados en la norma referida a partir del momento en que fue aplicada y por el tiempo que subsistió la aplicación. Asimismo, deberán dejar insubsistentes todos y cada uno de los efectos y consecuencias derivados de la aplicación de la porción normativa declarada inválida por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad referida. (.)" En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192, párrafo segundo, 193, 194 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase a la Banco de México, gerente de Remuneraciones y Beneficios, subgerente de Gestión de Remuneraciones y Prestaciones y jefe de la Oficina de Nómina, los tres últimos del Banco de México, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, acrediten con documentos fehacientes haber cumplido con los extremos del fallo protector que fueron precisados. Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, se realizará lo siguiente: a) Se les impondrá una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a criterio de esta juzgadora no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. c) Se remitirán los autos al tribunal colegiado en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Con independencia de lo expuesto, se hace del conocimiento que aun cuando dejen sus puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duraron sus encargos y por tal razón, podrán ser consignadas en términos de lo previsto en el artículo 198 de la Ley de Amparo. En el entendido que: 1. Las autoridades responsables deberán cumplir la totalidad de lo requerido en la sentencia en el plazo fijado, pues en términos de lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) del Pleno de nuestro más Alto Tribunal del rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo y b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento en lo previsto en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE APARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en acuerdo de seis de octubre de este año, se ordenó que una vez que se contaran con las constancias notificación de dicho auto, previo acuerdo se turnara este asunto para dictar la sentencia que conforme a derecho proceda; sin embargo, no se acordó el turno señalado con motivo de la declaratoria de los días inhábiles dieciséis al veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, ante las manifestaciones llevadas a cabo en diversas entidades federativas, por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos, así como por causas de fuerza mayor. En consecuencia, se procede a acordar lo conducente en los términos siguientes: Visto el estado procesal de los autos, de los que se advierte que mediante acuerdo de seis de octubre de dos mil veintitrés, se reservó turnar este asunto para el dictado de la sentencia, hasta en tanto se contara con las constancias relativas al auto mencionado, en consecuencia, atendiendo a que ya se cuenta con las mismas, túrnese este expediente al área de proyecto a efecto de que se dicte la resolución correspondiente. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios remitidos por el apoderado legal y titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, asociación civil (CIDE), por los que, con el primero manifiesta que el oficio DAJ/484/23, se presentó de manera oportuna en este asunto por los motivos que expone, y con el segundo, en atención al requerimiento formulado el once de octubre pasado, exhibe veintinueve copias del oficio de agravios por el que interpuso recurso de queja en contra del auto de veintiocho de septiembre del año en curso, dictado en esta incidencia, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso e), 100 y 101 de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes, incluido al fiscal Ejecutivo Asistente adscrito, copia del oficio de agravios y requiéraseles para que en el plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse al tribunal colegiado. De conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 28, fracción II, de la ley de la materia se tienen como delegados de su parte a las personas que para tal efecto designa y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Por otra parte, se tiene como cuentas de correo electrónico las que precisa, para establecer comunicación con la autoridad responsable en caso de que se estime necesario. Una vez transcurrido el plazo, remítase el original del oficio de expresión de agravios, así como copia certificada de las constancias que se estiman necesarias para la resolución del citado medio de impugnación, incluidas el acuerdo recurrido y las constancias señaladas por las partes. Finalmente, se informa al tribunal colegiado que en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, el expediente electrónico se encuentra integrado, ya que se han incorporado a éste todas la promociones, documentos, autos y resoluciones, el cual está a su disposición en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por tanto, se instruye a la oficial judicial "A" adscrita, a fin de que realice los movimientos informáticos necesarios para tales efectos. Notifíquese y vía electrónica al quejoso.

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