Sergio Cruz Barrera

Expediente 869/2022 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 10 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
869/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
25/09/2023

Partes del expediente

  • Sergio Cruz Barrera
  • Ministerio Público de la Federación Adscrito Al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimonoveno Circuito.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Juicio de Amparo Directo

    AGRÉGUESE A SUS AUTOS PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA EL OFICIO SIGNADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE; TÉNGASELE ACUSANDO RECIBO DEL OFICIO 6477/2023, DEL ÍNDICE DE ESTE TRIBUNAL FEDERAL. ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO PREVIAS LAS ANOTACIONES QUE SE HAGAN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (S.I.S.E). POR OTRA PARTE, NO EXISTE DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER; SE ESTIMA QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE CARECE DE VALOR JURÍDICO, HISTÓRICO, DOCUMENTAL O DE RELEVANCIA ALGUNA, POR LO QUE EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN I), DEL CAPÍTULO SEXTO, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES; QUE ABROGA EL DIVERSO ACUERDO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, EL ASUNTO EN QUE SE ACTÚA DEBE CONSIDERARSE COMO DESTRUIBLE.

  2. Juicio de Amparo Directo

    ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO.

  3. Juicio de Amparo Directo

    ATENDIENDO AL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y A LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LA QUE SE DESPRENDE HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE TRES DÍAS CONCEDIDO A LA PARTE QUEJOSA, EN PROVEÍDO DE SIETE DE AGOSTO DE ESTE AÑO, A EFECTO DE QUE MANIFESTARA LO QUE A SU DERECHO CONVINIERA RESPECTO A LA VISTA QUE LE FUE DADA, SIN QUE HAYA REALIZADO MANIFESTACIÓN ALGUNA; EN CONSECUENCIA, DEVUÉLVASE ESTE EXPEDIENTE A LA PONENCIA DONDE SE ENCONTRABA.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Visto el dictamen de cuenta, se advierte que el Magistrado Máximo Ariel Torres Quevedo, por decisión del Pleno de este tribunal, consideró que en dicho asunto podría actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; esto, ya que al efecto se estableció en dicho dictamen lo siguiente: (.) "En Pachuca de Soto, Hidalgo, a siete de agosto de dos mil veintitrés, el Magistrado del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, Licenciado Máximo Ariel Torres Quevedo, ponente en el amparo directo civil 869/2022, procede a emitir el siguiente: D I C T A M E N : Vistos; los autos del amparo directo civil 869/2022, promovido por (***), por conducto de su endosatario en procuración (***), contra el acto reclamado al Juez Cuarto Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, consistente en el auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil (***). De los cuales se aprecia que podría actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.).". Por tal motivo, en sesión de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, el Pleno de este Tribunal Colegiado determinó dejar en lista el citado asunto, para que en términos de ley, se dé vista al solicitante del amparo a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable, la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 5/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, abril de 2015, Tomo I, materia común, página 8, del rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN.". Lo anterior, porque el acto reclamado lo constituye el auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, dictado por el Juez Cuarto Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, en el juicio ejecutivo mercantil (***), en el cual decretó la caducidad de la instancia, sin que previamente a la promoción del juicio constitucional en la vía directa, se agotara el recurso ordinario previsto en la ley, no renunciable, por medio del cual podía ser revocado, modificado o confirmado, a saber, el recurso de revocación contemplado en el artículo 1334 del Código de Comercio, vigente al momento de presentación de la demanda, que establece: "Artículo 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición.". Asimismo, los artículos 1339 y 1340 de dicho ordenamiento legal, señalan: "Artículo 1,339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $757,365.46 (Setecientos cincuenta y siete mil trescientos sesenta y cinco pesos 46/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en cuestión. Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código.". Artículo 1,340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $757,365.46 (Setecientos cincuenta y siete mil trescientos sesenta y cinco pesos 46/100 M.N.) por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339.". Con base en tales preceptos, son recurribles en apelación las resoluciones que por su naturaleza pongan fin al juicio en los asuntos mercantiles cuyo monto sea mayor a $757,365.46, por concepto de suerte principal. En el caso, como se apuntó, el acto reclamado consistió en el auto por el cual el Juez responsable decretó la caducidad de la instancia en el juicio ejecutivo mercantil en el cual se pretende el pago de la cantidad de $60,000.00, por concepto de suerte principal, más intereses moratorios y pago de costas. De donde se sigue que contra dicho acto no procedía el recurso de apelación y, por ende, sí el de revocación. Sin embargo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, no se advierte que, previamente a la promoción del presente juicio de amparo, se haya agotado el recurso de revocación contra el auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil (***), de donde se sigue que podría actualizarse lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y, por ende, el juicio de amparo directo sería improcedente por no cumplirse el principio de definitividad, de tal forma que deba sobreseerse. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 96/2011 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 160948, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, octubre de 2011, Tomo 2, Materia Civil, página 709, del rubro: "CADUCIDAD EN EL JUICIO MERCANTIL. PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA EN LA PRIMERA INSTANCIA, CUANDO POR RAZÓN DE CUANTÍA NO PROCEDE EL DE APELACIÓN.". No se inadvierte la diversa jurisprudencia 1a./J. 67/2014 (10a.), emitida por la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , titulada: "CADUCIDAD EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1334 DEL CÓDIGO DE COMERCIO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE LA DECRETA EN LOS CASOS EN QUE, POR RAZÓN DE LA CUANTÍA, NO PROCEDE EL DE APELACIÓN.", que abandonó parcialmente lo sostenido en la jurisprudencia 1a./J. 96/2011 (9a.) citada; sin embargo, en ella solo se acotó que no es procedente el recurso de revocación en asuntos de cuantía menor cuando la caducidad se decreta en la sentencia definitiva; hipótesis que, en el caso, no se actualizaría, toda vez que la caducidad no fue determinada en la sentencia, sino en un auto de trámite contra el que, como se dijo, procedía el recurso de revocación previo a acudir al juicio de amparo directo. Tampoco se soslaya que el quejoso interpuso recurso de apelación contra el acuerdo aquí reclamado, empero, en proveído de cinco de abril de dos mil veintidós, se tuvo por no admitido, por no ser el recurso idóneo para combatirlo. Sin que, en el caso, se considere actualizado alguno de los supuestos de excepción previstos en el numeral 61, fracción XVIII de la Ley de la Materia. En virtud de que la causal de improcedencia de mérito se advierte de oficio, de conformidad con el párrafo segundo del numeral 64 de la Ley de Amparo, devuélvase el presente asunto y sus anexos a la Secretaría de Acuerdos de este órgano colegiado, con el fin de que se le haga saber a la parte impetrante la posible actualización de la causal de improcedencia de que se trata, concediéndole el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación correspondiente, para que manifieste lo que a su derecho convenga, y hecho lo cual, se esté en aptitud de resolver lo que en derecho corresponda.".(.). Por tal razón, con fundamento en el artículo 64, párrafo segundo de la Ley de Amparo, dése vista de manera electrónica con el dictamen de cuenta a la parte quejosa, para que en el término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en el presente asunto. Una vez hecho lo anterior, devuélvase el presente asunto a la ponencia del Magistrado Máximo Ariel Torres Quevedo, donde se encontraba.

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