Sergio Cortés Castro

Expediente 285/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
285/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
30/04/2021

Partes del expediente

  • Sergio Cortés Castro

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y, toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días del cual disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra el auto de catorce de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, mismo que transcurrió del veintiuno al veintisiete de abril de dos mil veintiuno; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21, inciso d), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. En consecuencia hágase del conocimiento de la quejosa, que en caso de no presentarse ante este juzgado, a recoger las copias de la demanda que exhibió dentro del plazo de tres días, sin previo acuerdo, se ordenará su destrucción. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de abril de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito signado por ..., quien se ostenta apoderado del quejoso ..., personalidad que se le reconoce de conformidad con la copia cotejada del instrumento notarial que acompaña al ocurso de cuenta, de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Amparo, a través del cual, en cumplimiento a la prevención de seis de abril próximo pasado, aclara que, si bien, señaló como antecedente la resolución del incidente de gastos y costas útiles, necesarios, mejoras y acciones, emitido en la controversia agraria 481/2015, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con sede en esta ciudad, el acto reclamado en esta instancia es posterior a dicha resolución, y lo constituye el acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veinte, notificado hasta el doce de marzo de dos mil veintiuno. Atento a lo anterior, de la lectura íntegra de la demanda y, cumplimiento a la prevención, se advierte que ésta resulta notoriamente improcedente, pues se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el dispositivo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". En la especie, la parte quejosa hace consistir los actos reclamados en: "PRIMERO. ...". Luego, para determinar, en concreto, cuál es el acto que se reclama, es menester indicar que, de conformidad con el escrito aclaratorio, y antecedente número segundo, el acto reclamado lo constituye el acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veinte, por conducto del cual, la autoridad responsable, "requirió que a más tardar en el plazo de 10 diez días pague mi poderdante a ..., la cantidad de $...." Previo al estudio de la causal señalada, es preciso destacar que por regla general, el amparo indirecto es improcedente contra actos o violaciones acaecidas en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues éstas deben ser alegadas y, en su caso, reparadas en el juicio que se promueva en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la sentencia. Sin embargo, existen excepciones a dicho supuesto, entre las cuales se encuentran aquellas resoluciones que tienen una autonomía propia y destacada en relación con la ejecución de sentencia, debiéndose entender por tales, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, o bien las que impiden dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. Así, conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido, a saber: a) Actos que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución y, b) Actos en ejecución de sentencia, sólo que se trate de la última resolución dictada en esa etapa de ejecución. Por lo que hace al inciso a), son actos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, esos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto del inciso b), el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo, esto es, la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Aunado a lo anterior, de manera excepcional, el amparo procede contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado, a la luz de la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo. Lo anterior, conforme a lo señalado en la jurisprudencia 1a./J. 19/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. : "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". ". Dicho criterio ha sido emitido con la justificación de que su objeto es evitar abusos en la interposición del juicio de amparo, así como la obstaculización del procedimiento en la etapa de ejecución de la sentencia, la cual, por razón de interés público, no puede entorpecerse o dilatarse por mandato expreso y categórico del artículo 17 constitucional. Precisado lo anterior, en la especie la parte quejosa hace valer como acto reclamado el proveído de diecinueve de octubre de dos mil veinte, emitido en la controversia agraria 481/2015, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con sede en esta ciudad, a través del cual, para dar cumplimiento a lo condenado en dicho controvertido, requirió al aquí quejoso del pago de la cantidad líquida que refiere, en ejecución de sentencia, derivado de la procedencia del incidente de acreditación de gastos útiles necesarios, mejoras, en el plazo ahí precisado; de lo que se sigue que dicho acto no es la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, según lo previsto en el último párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, dado que, en su caso, viene a ser aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, siendo hasta ese momento cuando el inconforme esté en aptitud legal de impugnar los actos que ahora reclama. Sirve de sustento a lo anterior la tesis, aplicada por identidad de razón, publicada en la página 1262, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, correspondiente al mes de Octubre de 1999, Materia Común, Novena Época, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO POR RECLAMARSE ACTOS QUE NO CONSTITUYEN LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. .". Es así, porque si bien es verdad que el acto reclamado se dirige a lograr el cumplimiento de lo condenado en el juicio natural, también es cierto que todavía faltan otros actos que -sin ser la última resolución- serán tendentes a lograr el cumplimiento de aquella, que solamente tienen, al igual que, de ser el supuesto, el embargo, el propósito de llevar a cabo la ejecución de la sentencia. Sustenta lo anterior, la tesis aislada del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, publicada en la página 519, Tomo IX, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA EL EMBARGO TRABADO EN BIENES DEL PROMOVENTE. ". También es aplicable la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1124, Tomo CV, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "EMBARGO EN EJECUCION DE SENTENCIA. ". De igual forma, el acto aquí reclamado tampoco se ubica dentro de los casos de excepción a la regla contenida en la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo en vigor, relativo a los actos de imposible reparación ejecutados dentro de la etapa de ese procedimiento, que generan una afectación inmediata a los derechos sustantivos de la quejosa. En efecto, si bien es cierto que a través del acto reclamado dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia, la autoridad responsable ordenó que se requiera al aquí quejoso el pago de la cantidad a que resultó condenado, también lo es que este último no afecta de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural y que por ello se deba excepcionalmente aplicar por analogía el citado precepto legal; es así, si se toma en consideración que el acto reclamado, es consecuencia jurídica de la sentencia que se emitió dentro del juicio natural. Tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia número P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6, tomo XXXIII, correspondiente al mes de Enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Máxime que el acto reclamado no es de ejecución irreparable, ya que no incide directamente en alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal, porque el requerimiento de pago e, incluso, un virtual embargo, como ya se dijo, constituye una consecuencia de que la parte quejosa, no obtuvo sentencia favorable en el juicio de origen. Por lo cual, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de amparo y, por ende, lo que procede es DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ., contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con sede en esta ciudad, regístrese el presente asunto en el libro de gobierno con el número 285/2021. Ahora bien, a fin de estar en condiciones de proveer sobre la admisión o desechamiento de la aludida demanda, en términos de lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, que prevé las sanciones penales y pecuniarias a que se harán acreedores los quejosos que al formular su demanda de amparo afirmen hechos falsos u omitan las que les consten; con apoyo en los artículos 108, fracciones I y V, y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo en vigor, requiérase al citado promovente para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado del presente proveído, por escrito cumpla con lo siguiente: 1. Acredite con las constancias conducentes, el carácter que de apoderado legal de Roberto Torres Gutiérrez, dice tener, toda vez que al respecto no acompañó documento alguno que así lo acredite. Resulta aplicable en lo conducente la jurisprudencia número P./J. 23/2009, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 7, Tomo XXIX, Abril de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 167431, que a la letra dice: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato." Asimismo, es aplicable a lo anterior la jurisprudencia número P./J. 43/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en la página 48, tomo IV, julio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es como sigue: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER." Para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." En el entendido que deberá exhibir copias suficientes de la constancias con las que se acredite la personalidad con la que se ostenta, para correr traslado a todas las partes, es así, toda vez que el documento con el que demuestre la personalidad con la que promueve el presente juicio de amparo, es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las partes, de ahí que deberá exhibir las copias antes solicitadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J 124/2016 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1449, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2012992, cuyo rubro y texto dicen: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. . Así como la tesis número P.VII/2001, consultable en la página 325, del tomo XIII, correspondiente al mes de abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. .". 2. Manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, toda vez que al respecto fue omiso. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 161/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1079, del Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. ." 3. Precise si el auto reclamado de diecinueve de octubre de dos mil veinte, fue emitido dentro del incidente de acreditación gastos útiles necesarios y mejoras y acciones, o bien, con fecha posterior a la resolución que recayó a dicha incidencia, toda vez que sobre el particular fue impreciso. En la inteligencia que, el cumplimiento de los dos puntos inmediatos anteriores, deberá hacerlo bajo protesta de decir verdad, toda vez que la misma corresponde a los hechos y abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, pues la finalidad de ésta es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley de la materia, que señala que cuando algún quejoso o su abogado autorizado o ambos con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda admiten hechos falsos u omitan los que le consten, en relación con el acto reclamado, se harán acreedores a una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trecientos días de salario, adquiriendo con ello la responsabilidad que conlleva su manifestación, dadas las consecuencias legales que de dicha protesta pudieran derivarse; por lo que si lo aseverado por los quejosos bajo protesta de decir verdad resulta falso, serán sancionados. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza. Tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razón, la tesis número P./J. 127/99, consultable en la página 32, del Tomo X, correspondiente al mes de noviembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. ". Así como la tesis I.7o.A.100 K, visible en la página 990, tomo XXIII, Abril de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ". Y la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Décima Época, publicada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA.". Lo anterior, bajo apercibimiento que en caso de no cumplir con el requerimiento antes formulado en el plazo concedido, se procederá en términos del artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. En el entendido de que deberá anexar las copias simples necesarias del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, es decir, una para cada una de las autoridades señaladas como responsables, que en el caso es una, una para el tercero perjudicada se refiere, una para el Agente del Ministerio Público de la adscripción, y dos para los cuadernos incidentales, mismos que se tramitarán por duplicado y separado, las cuales dan un total de cinco copias. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 106/2005, visible en la página 170, Tomo XXII, correspondiente al mes de Octubre de 2005, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. ". Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Coametate, número 25, de la colonia Eduardo Ruiz, en esta ciudad, autorizando para tal efectos a Higinio Galvan Ortega, quien gozará de todas las facultades conferidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, por ser el presente asunto de naturaleza agraria. Asimismo, dígase al promovente que no ha lugar a ordenar las notificaciones personales que a su parte correspondan, en el correo electrónico sergio.coca50@hotmail.com y celular 4381035169, toda vez que en la Ley de Amparo no se contempla dicha forma de notificación; sin embargo, los mismo únicamente se tendrán como un medio de contacto, en los casos en que este órgano jurisdiccional lo llegue a considerar necesario en el momento oportuno, en términos del en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Así también desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, que de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). . Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha seis de abril de dos mil veintiuno, el cual en lo conducente señala: Número de expediente: 285/2021 Acuerdo: Morelia, Michoacán, seis de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ., contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con sede en esta ciudad, regístrese el presente asunto en el libro de gobierno con el número 285/2021. Ahora bien, a fin de estar en condiciones de proveer sobre la admisión o desechamiento de la aludida demanda, en términos de lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, que prevé las sanciones penales y pecuniarias a que se harán acreedores los quejosos que al formular su demanda de amparo afirmen hechos falsos u omitan las que les consten; con apoyo en los artículos 108, fracciones I y V, y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo en vigor, requiérase al citado promovente para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado del presente proveído, por escrito cumpla con lo siguiente: 1. Acredite con las constancias conducentes, el carácter que de apoderado legal de Roberto Torres Gutiérrez, dice tener, toda vez que al respecto no acompañó documento alguno que así lo acredite. Resulta aplicable en lo conducente la jurisprudencia número P./J. 23/2009, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 7, Tomo XXIX, Abril de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 167431, que a la letra dice: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato." Asimismo, es aplicable a lo anterior la jurisprudencia número P./J. 43/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en la página 48, tomo IV, julio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es como sigue: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER." Para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." En el entendido que deberá exhibir copias suficientes de la constancias con las que se acredite la personalidad con la que se ostenta, para correr traslado a todas las partes, es así, toda vez que el documento con el que demuestre la personalidad con la que promueve el presente juicio de amparo, es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las partes, de ahí que deberá exhibir las copias antes solicitadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J 124/2016 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1449, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2012992, cuyo rubro y texto dicen: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. . Así como la tesis número P.VII/2001, consultable en la página 325, del tomo XIII, correspondiente al mes de abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. .". 2. Manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, toda vez que al respecto fue omiso. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 161/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1079, del Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. ." 3. Precise si el auto reclamado de diecinueve de octubre de dos mil veinte, fue emitido dentro del incidente de acreditación gastos útiles necesarios y mejoras y acciones, o bien, con fecha posterior a la resolución que recayó a dicha incidencia, toda vez que sobre el particular fue impreciso. En la inteligencia que, el cumplimiento de los dos puntos inmediatos anteriores, deberá hacerlo bajo protesta de decir verdad, toda vez que la misma corresponde a los hechos y abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, pues la finalidad de ésta es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley de la materia, que señala que cuando algún quejoso o su abogado autorizado o ambos con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda admiten hechos falsos u omitan los que le consten, en relación con el acto reclamado, se harán acreedores a una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trecientos días de salario, adquiriendo con ello la responsabilidad que conlleva su manifestación, dadas las consecuencias legales que de dicha protesta pudieran derivarse; por lo que si lo aseverado por los quejosos bajo protesta de decir verdad resulta falso, serán sancionados. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza. Tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razón, la tesis número P./J. 127/99, consultable en la página 32, del Tomo X, correspondiente al mes de noviembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. ". Así como la tesis I.7o.A.100 K, visible en la página 990, tomo XXIII, Abril de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ". Y la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Décima Época, publicada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA.". Lo anterior, bajo apercibimiento que en caso de no cumplir con el requerimiento antes formulado en el plazo concedido, se procederá en términos del artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. En el entendido de que deberá anexar las copias simples necesarias del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, es decir, una para cada una de las autoridades señaladas como responsables, que en el caso es una, una para el tercero perjudicada se refiere, una para el Agente del Ministerio Público de la adscripción, y dos para los cuadernos incidentales, mismos que se tramitarán por duplicado y separado, las cuales dan un total de cinco copias. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 106/2005, visible en la página 170, Tomo XXII, correspondiente al mes de Octubre de 2005, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. ". Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Coametate, número 25, de la colonia Eduardo Ruiz, en esta ciudad, autorizando para tal efectos a Higinio Galvan Ortega, quien gozará de todas las facultades conferidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, por ser el presente asunto de naturaleza agraria. Asimismo, dígase al promovente que no ha lugar a ordenar las notificaciones personales que a su parte correspondan, en el correo electrónico sergio.coca50@hotmail.com y celular 4381035169, toda vez que en la Ley de Amparo no se contempla dicha forma de notificación; sin embargo, los mismo únicamente se tendrán como un medio de contacto, en los casos en que este órgano jurisdiccional lo llegue a considerar necesario en el momento oportuno, en términos del en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Así también desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, que de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). . Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.

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