Sergio Chirino Hernández O Sergio Zarco Chirino Hernández

Expediente 613/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
613/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
26/08/2021

Partes del expediente

  • Sergio Chirino Hernández O Sergio Zarco Chirino Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que el cuatro de marzo del año en curso, causó ejecutoria la resolución que sobreseyó el juicio; por tanto, dado que carece de objeto que continúen en este juzgado los dos tomos de constancias que anexó a su informe justificado la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca; devuélvanse a la citada autoridad solicitando el acuse de recibo correspondiente. Cúmplase.

  2. Principal

    MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el asunto se sobreseyó en el juicio de amparo, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    MESA IV "... (.) C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio de este Juzgado y otros órganos jurisdiccionales residentes en el Estado de Oaxaca. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados Con fundamento en el ordinal 74, fracción I, de la ley de la materia, dada la obligatoriedad del juez de amparo de analizar la demanda de amparo en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte agraviada y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar el acto reclamado en el asunto. De una lectura del sumario, se advierte que la parte quejosa reclama, en esencia la falta de cumplimiento del laudo emitido en el expediente laboral 142/2013 de la estadística de la Junta responsable. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la 1. Síndica Procuradora del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, y la 2. Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, negaron la existencia del acto reclamado; sin embargo, después realizaron manifestaciones de las que se advierte su existencia. En efecto, de los originales del expediente laboral 142/2013 de la junta responsable, las cuales tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido por los artículos 143, 144, 150, 197 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se observa que el ocho de mayo de dos mil diecisiete se emitió laudo, del cual no existe constancia de que se hubiere declarado cumplido. De ahí que se tengan por ciertos los actos reclamados. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al análisis del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público, de estudio preferente, en principio se deben analizar las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se advierta de oficio. En la especie, se advierte la actualización de la hipótesis de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, relacionada con los artículos 5º y 6º, todos de la Ley de Amparo, que establecen. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." Artículo 61.- "El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.". Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que para determinar la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la autoridad que lo emite, los quejosos deben acreditar el interés jurídico o legítimo que les asiste cuando promueven la acción, de la siguiente manera: Tratándose del interés jurídico, es necesario demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. Por lo que respecta al interés legítimo, se debe acreditar la presencia de una norma que establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada; la afectación de ese interés difuso en perjuicio de la colectividad por la ley o acto que se reclama; y, la pertenencia de la parte quejosa a dicha colectividad. En esas condiciones, para demostrar la afectación a la esfera jurídica de un gobernado se requiere que éste acredite plenamente el interés jurídico que le asiste para el ejercicio de la acción constitucional, y no inferirse con base en presunciones, ya que, corresponde a la parte quejosa la carga de la prueba para demostrar la existencia del derecho que manifiesta se le transgrede con la actuación de las autoridades señaladas como responsables. En el caso, Élfego Nemesio García Blas, instó este procedimiento como apoderado legal del directo quejoso SERGIO CHIRINO HERNÁNDEZ o SERGIO ZARCO CHIRINO HERNÁNDEZ; para ello, una vez que este tribunal le previno que acreditara tal extremo, exhibió, de forma electrónica, la diligencia de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve y el acuerdo de trece de noviembre de dos mil trece, emitidos en el expediente laboral 142/2013 de la estadística de la junta responsable Documentales que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido por el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. Sin embargo, del tomo II del citado expediente laboral, se observa que el cinco de marzo de dos mil veinte, SERGIO CHIRINO HERNÁNDEZ o SERGIO ZARCO CHIRINO HERNÁNDEZ presentó escrito con el que revocó el poder otorgado a los profesionales señalados con antelación en el juicio, y nombró como nuevos apoderados a Raúl Martínez Martínez, Blas Comonfort Sánchez, Ulises Antonio Jiménez Jiménez y Reynaldo García Reyes. De esta manera, si bien es un hecho cierto que el promovente manifestó tener el carácter de apoderado en el expediente del que deriva el acto reclamado, verdad es también que tal carácter fue revocado y no se advierte que el quejoso le hubiera nombrado nuevamente como apoderado. Por tanto, si la demanda de amparo fue instada el catorce de octubre de dos mil veinte, por Élfego Nemesio García Blas, como apoderado del directo quejoso, y tal carácter fue revocado desde el cinco de marzo de dos mil veinte, es inconcuso que a ese momento el promovente no contaba con la representación legal del directo quejoso SERGIO CHIRINO HERNÁNDEZ o SERGIO ZARCO CHIRINO HERNÁNDEZ. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la citada fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el juicio de amparo. Sobreseimiento que impide analizar los conceptos de violación vertidos por la parte promovente del amparo, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia II.3o.J/58, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página cincuenta y siete, tomo setenta, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 214593, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". QUINTO. Transparencia. Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Captúrese la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, en vigor a partir del día siguiente y agréguese a los autos la constancia respectiva. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por (.) como apoderado legal del directo quejoso (.) , por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento a los dos últimos considerandos de esta determinación, en los términos ahí precisados. Notifíquese y cúmplase. (LA PRESENTE SENTENCIA SE PUBLICA EL DÍA DE HOY DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADA EL NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 24, 29 Y 31 DE LA LEY DE AMPARO)

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; quince de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que el cinco de enero del año en curso, la autoridad responsable 1. Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, fue notificada del auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en el que se tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda de amparo. Por tanto, a fin de no hacer nugatorios sus derechos la audiencia constitucional se difiere y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON ONCE MINUTOS DEL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese y cúmplase.

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