Sergio Cervantes Conde
Expediente 1011/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1011/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Sergio Cervantes Conde
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de agosto de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO AUTO Visto el estado que guardan los autos, específicamente el contenido de la certificación del rubro de este auto, se advierte que a la fecha ha fenecido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja correspondiente, en contra del auto de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por NO PRESENTADA la demanda de garantías promovida por Sergio Cervantes Conde, por propio derecho, sin que se hubiese hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otra parte, del estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Mirna Rodríguez Calderón Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número VIII-1011/2023 en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. NO PRESENTADA Visto el escrito de demanda de amparo signado aparentemente por Sergio Cervantes Conde, contra actos del Juez Primero Penal de Primera Instancia con residencia en esta ciudad y otras autoridades, se acuerda lo siguiente. En principio, es menester decir que los artículos 5°, fracción I, 6º, todos de la Ley de Amparo, prevén que: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.". De una interpretación sistemática de los dispositivos legales transcritos se obtiene que el juicio de amparo debe promoverse por la persona que sea titular de un derecho subjetivo el cual haya sido afectado por una norma, acto u omisión de autoridad; o bien, por quien se encuentre legitimado para representarlo. En esa misma tesitura, el artículo 3º de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales prevé lo siguiente: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley. Del numeral reproducido con antelación se obtiene que, por regla general, en el juicio de amparo las promociones deberán formularse por escrito y únicamente aquellas que se realicen en las audiencias podrán realizarse en forma oral; además, podrá promoverse en forma electrónica siempre y cuando se haga en los términos establecidos por el Consejo de la Judicatura y cada promoción sea firmada electrónicamente; ello porque la firma electrónica genera los mismos efectos que la firma autógrafa. Por esa razón, resulta indispensable que cada una de las promociones cuenten con un signo distintivo como puede ser la firma (autógrafa o electrónica) del promovente, el cual demuestre de manera fehaciente que el contenido del documento respectivo refleja la voluntad del signante; pues sólo de esta manera se tendrá certeza en torno a la persona que formula determinada solicitud o gestiona determinado acto. Establecido lo anterior, cabe destacar que el escrito de demanda que nos ocupa, fue presentado en línea, por tanto, debió ser firmada electrónicamente por el quejoso en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, la cual no obra en el libelo; circunstancia que de ninguna manera puede evidenciar la voluntad de quien aparece como promovente, es decir no hay instancia de parte, de ahí que la misma carezca de firma, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción I, y 6, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I, del artículo 107, de la Constitución General de la República, el juicio de control constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general, acto u omisión y sólo puede seguirse por el agraviado, por su representante o por su defensor, de la cual puede derivar de la voluntad expresa y fehaciente manifestada por el propio quejoso o su representante legal mediante su firma autógrafa en caso de que la demanda se presente directamente en la Oficialía de Partes respectiva o necesariamente la firma electrónica en caso de que la demanda se presente electrónicamente como en el caso acontece. De modo que, si la firma electrónica no se encuentra colmada en la especie, dado que en el libelo que se analiza, no contiene firma electrónica del promovente, ello conduce a considerar que no se encuentra plasmada su voluntad de promover el juicio de amparo. En ese sentido se insiste, del análisis integral de la demanda, en observancia a lo dispuesto por los artículos antes mencionados, se considera que la misma resulta inatendible, toda vez que si bien en la demanda de amparo se manifestó que el promovente es Sergio Cervantes Conde, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y que ésta fue recibida mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo cierto es que, como se indicó, el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, y la firma en un escrito de demanda es un requisito fundamental para darle validez a la petición que en el mismo se hace, esto es, la manifestación expresa de la voluntad; sin embargo, en el caso, la misma carece de la firma electrónica del quejoso, por lo cual no se satisface dicho principio. Ahora bien, de acuerdo con los Acuerdos Generales Conjuntos número 1/2013 y 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 8 de julio de 2013 y 9 de diciembre de 2015, respectivamente, los que desarrollan los requisitos para su obtención y uso, y entre los aspectos relevantes que de éstos se destaca que: a) para acceder a los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, es indispensable que las personas interesadas cuenten con firma electrónica; b) su obtención constituye un trámite personal que, en ningún caso, podrá hacerse a nombre de otro; y, c) cada documento electrónico que se envíe haciendo uso de la firma electrónica certificada contendrá, en la parte final, una evidencia criptográfica de la firma que mostrará el nombre de su titular; de ahí que cuando el quejoso promueve el juicio de amparo por su propio derecho o por conducto de su apoderado, vía electrónica es necesario que de la evidencia criptográfica generada con motivo del envío de la demanda se advierta indubitablemente que la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) con la que se suscribió pertenezca al quejoso o de la persona que lo promueva como apoderado, para estimar satisfecho el principio señalado con antelación. Por tanto, al inadvertirse la voluntad expresa del promovente no puede entenderse que existe certeza respecto de su intención de iniciar la acción constitucional, ya que al ser considerada la signatura como una formalidad esencial que denota la pretensión de promover el juicio de amparo, su ausencia implica que éste no se instó, conforme a lo dispuesto por el artículo 6 de la ley de la materia. Además, no debe considerarse que el desatender la presente demanda, por no estar firmada electrónicamente por la parte promovente, implique soslayar el principio de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, ya que no se advierte que esto constituya un obstáculo para ejercer el derecho de acción, pues la ley prevé diversos mecanismos para la presentación de la demanda de amparo, los cuales tienen como finalidad dar plenitud al ejercicio de dicha prerrogativa fundamental. En suma, la implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica dentro de los juicios de amparo, no implican que se deba soslayar el principio de instancia de parte agraviada, contenido en la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica con los mismos efectos jurídicos que las comunicaciones oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, al presentarse una demanda de amparo en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin firma electrónica por parte de la parte quejosa, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el artículo 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 112, 113 y 114 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo promovida por SERGIO CERVANTES CONDE por propio derecho, en términos del artículo 3° de la Ley de Amaro, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial y otras autoridades. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como autorizados para recibir notificaciones e imponerse de los autos a ********************con la plenitud de facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que existen registros de las cédulas profesionales que los acredita como licenciados en derecho, y los restantes sin dicha plenitud, por lo que sólo se les autoriza para oír y recibir notificaciones conforme al segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo. NO PROCEDE NOTIFICAR VÍA CORREO ELECTRÓNICO Sin que proceda autorizarle las notificaciones a través del correo electrónico karinatrujano90@gmail.com, que precisa, en atención a que la ley de la materia no contempla tal situación. No obstante, este órgano jurisdiccional toma nota de la dirección del correo electrónico, a fin de que el actuario de la adscripción esté en posibilidad de realizar una cita previa con el promovente a fin de que se le notifique aquellas determinaciones que lo ameriten. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Y GENERACIÓN DE CITAS PARA CONSULTA DE EXPEDIENTE Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º del "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL , QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO." y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se indica a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas para sesión y de acuerdos. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintiuno de julio al cuatro de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/3021/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
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