Sergio Cedillo Díaz
Expediente 610/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 610/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Sergio Cedillo Díaz
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de Amparo para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que tuvo por no presentada la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en este expediente, sin que la parte quejosa lo haya interpuesto; por tanto, QUEDA FIRME el auto de referencia. En su oportunidad y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. En ese sentido, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, trece de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, la razón suscrita por la actuaria adscrita, por el cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a la quejosa Sergio Cedillo Díaz, la determinación emitida el treinta de mayo de dos mil veintidós; al respecto, se tienen por hechas las manifestaciones vertidas por la fedataria judicial; en consecuencia, se ordena notificar a la parte procesal en cita la determinación antes mencionada, así como el presente proveído y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal y en el portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN: Cuernavaca, Morelos, a treinta de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que desahogara la prevención formulada en acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, tal y como se observa de la constancia de notificación que obra en autos; consecuentemente, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de la materia, se tiene por NO PRESENTADA la demanda de amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Finalmente, dada la carga excesiva de trabajo de este juzgado de distrito y con la finalidad de evitar dilaciones procesales en perjuicio de una pronta y expedita administración de justicia, se habilita al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, para que realice las notificaciones personales del presente juicio de amparo inclusive en días y horas inhábiles, tal y como lo establece el ordinal 21 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere de nueva cuenta a María Magdalena Kabsch Vela, Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que en el término de tres días, contados a partir del momento al que quede legalmente notificado del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: Informe y acredite si se encuentra debidamente integrada la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, señalada para el seis de junio de dos mil veintidós en el expediente laboral ********************. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Kenia Aldama Castañeda por su propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales D. I. A. A., solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por el acto siguiente: Autoridades responsables: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Secretaria de Gobernación, Secretaria de Salud, Diario Oficial de la Federación, estos con residencia en la Ciudad de México, Delegación Estatal Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: ".Del Instituto Mexicano del Seguro Social. la no implementación de la medida extraordinaria de resguardo domiciliario prevista por el artículo PRIMERO, fracción V, del ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que de manera estricta debe aplicar a la trabajadora de salud quejosa por ser una persona embarazada con veintitrés (23) semanas de embarazo. así como la reanudación de su asistencia al centro de trabajo, no obstante4 su situación de vulnerabilidad o mayor riesgo de contagio,. La implementación medida extraordinaria de resguardo domiciliario correspondiente, prevista en el ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus. ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas, al término del 1º de agosto de 2020, en el DECRETO por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican. La omisión de señalar el levantamiento de las medidas extraordinarias domiciliario correspondiente, . PRESIDENTE., SECRETARIA DE GOBERNCIÓN,. DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, se reclama: el DECRETO por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican, que en su fracción III, lilita la extensión, de la suspensión de labores con goce de suelo a quienes ya se encuentran en esta situación, debido a la pandemia del coronavirus. DE LA SECRETARIA DE SALUD, DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, se reclama: la inconstitucionalidad del ACUERDO por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, .". SEGUNDO. El veintiocho de noviembre de dos mil veinte, esta autoridad concedió la suspensión de pleno del acto reclamado, ordenó la ratificación de la demanda por la directa quejosa, y el uno de diciembre siguiente, admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 1097/2020, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: No implementar medida extraordinaria de resguardo domiciliario, prevista en el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2. DECRETO por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Secretaria de Gobernación, Diario Oficial de la Federación, estos con residencia en la Ciudad de México, al rendir el informe justificado negaron el acto reclamado consistente en omitir implementar medida extraordinaria de resguardo domiciliario de la quejosa. Por su parte la Secretaria de Salud, fue omisa en rendir el informe justificado a pesar de haber girado el oficio 18462/2020, sin que sea el caso de tener por cierto el acto que se reclama, en razón a que del informe que rindió a la suspensión de plano, manifestó que el acto reclamado no incide en el ámbito de sus atribuciones, pues, de conformidad con el numeral 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, no se establece lo reclamado. "Artículo 39.- A la Secretaría de Salud, corresponde el despacho de los siguientes asuntos: I. Elaborar y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos, servicios médicos gratuitos universales y salubridad general, con excepción de lo relativo al saneamiento del ambiente; y coordinar los programas de servicios a la salud de la Administración Pública Federal, así como los agrupamientos por funciones y programas afines que, en su caso, se determinen; II. Crear y administrar establecimientos de salud, de asistencia pública, de medicina tradicional complementaria y de formación de recursos humanos en salud, priorizando la movilidad y accesibilidad; III.- Aplicar a la Asistencia Pública los fondos que le proporcionen la Lotería Nacional y los Pronósticos para la Asistencia Pública; y administrar el patrimonio de la Beneficencia Pública en el Distrito Federal, en los términos de las disposiciones legales aplicables, a fin de apoyar los programas de servicios de salud; IV.- Organizar y vigilar las instituciones de beneficencia privada, en los términos de las leyes relativas, e integrar sus patronatos, respetando la voluntad de los fundadores; V.- Administrar los bienes y fondos que el Gobierno Federal destine para la atención de los servicios de asistencia pública; VI. Planear, normar, coordinar y evaluar el Sistema Nacional de Salud y proveer la adecuada participación de las dependencias y entidades públicas que presten servicios de salud, a fin de asegurar el cumplimiento del derecho a la protección de la salud. Asimismo, propiciará y coordinará la participación de los sectores social y privado en dicho sistema y determinará las políticas y acciones de concertación entre los diferentes subsistemas del sector público; VII.- Planear, normar y controlar los servicios de atención médica, salud pública, asistencia social y regulación sanitaria que correspondan al Sistema Nacional de Salud; VIII.- Dictar las normas técnicas a que quedará sujeta la prestación de servicios de salud en las materias de Salubridad General, incluyendo las de Asistencia Social, por parte de los Sectores Público, Social y Privado, y verificar su cumplimiento; IX.- Organizar y administrar servicios sanitarios generales en toda la República; X. Dirigir acciones de inspección médico sanitaria, con excepción de la agropecuaria, salvo cuando se trate de preservar la salud humana; XI. Dirigir acciones de inspección médico sanitaria especial en los puertos, costas y fronteras, con excepción de la agropecuaria, salvo cuando afecte o pueda afectar a la salud humana;" En ese tenor debe tenerse negando el acto reclamado. Igualmente el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social (denominación correcta), con residencia en esta ciudad, negó el acto reclamado, señalando que en términos del artículo 144 último párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, las delegaciones del Instituto para el eficaz desempeño de sus atribuciones se integra con Jefaturas y Unidades Administrativas, por tanto, todo lo relacionado con los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social es responsabilidad directa del área o dependencia a la que se encuentre adscrito físicamente el trabajador para el desempeño de sus actividades laborales. Sin que la parte quejosa haya desvirtuado esa negativa no obstante que tal carga procesal le corresponde. Es así, ya que de conformidad con los artículos 268 de la Ley del Seguro Social, 66 y 144 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, se advierte que dentro de las facultades de la autoridad indicada no se encuentra la de ordenar el resguardo domiciliario de la parte quejosa. "Artículo 268. El Director General tendrá las siguientes atribuciones: I. Presidir las sesiones de la Asamblea General y del Consejo Técnico; II. Ejecutar los acuerdos del propio Consejo; que corresponden a los mandatarios generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, y las especiales que requieran cláusula especial conforme al Código Civil Federal o cualesquiera otra ley, así como ante todas las autoridades; IV. Presentar anualmente al Consejo el informe de actividades, así como el programa de labores y el presupuesto de ingresos y egresos para el siguiente período; V. Presentar anualmente al Consejo Técnico el balance contable y el estado de ingresos y gastos; VI. Presentar anualmente al Consejo Técnico el informe financiero y actuarial; VII. Proponer al Consejo la designación o destitución de los trabajadores de confianza mencionados en la fracción IX del artículo 264; VIII. Nombrar y remover a los trabajadores de confianza a que se refiere el artículo 256 de esta Ley, facultad que podrá ser delegada en los términos que establezca el Reglamento Interior del Instituto, que deberá señalar las unidades administrativas del mismo y su circunscripción geográfica. En cualquier caso los trabajadores de confianza a que se refiere esta fracción y la anterior deberán contar con la capacidad, experiencia y demás requisitos que se determinen en el Estatuto a que se refiere el artículo 286 I de esta Ley; IX. Realizar toda clase de actos jurídicos necesarios para cumplir con los fines del Instituto, y X. Ejercer las funciones en materia de presupuesto, conforme a lo dispuesto en esta Ley; XI. Presentar anualmente al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión los informes a que se alude en la presente Ley, y XII. Las demás que señalen las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos." "Artículo 66. El Director General tendrá además de las atribuciones que le confiere el artículo 268 de la Ley, las facultades siguientes: I. Representar legalmente al Instituto como persona moral con todas las facultades que corresponden a los mandatarios generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio y las especiales que requieran cláusula especial conforme al Código Civil Federal incluyendo la facultad expresa para conciliar ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje; II. Otorgar, conforme a las disposiciones aplicables, los estímulos al personal por el desempeño y dedicación en su quehacer institucional; III. Representar al Instituto como organismo fiscal autónomo ante todas las autoridades, con la suma de facultades generales y especiales que establezca la Ley; IV. Proponer al Consejo Técnico las políticas estratégicas para la conducción del Instituto; V. Ejecutar los acuerdos y resoluciones del Consejo Técnico y, en su caso, informar de los resultados; VI. Delegar la representación, incluyendo la facultad expresa para conciliar ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y demás disposiciones jurídicas aplicables; VII. Vetar los acuerdos del Consejo Técnico cuando impliquen inobservancia a la Ley, a sus reglamentos o no se ajusten a las políticas institucionales; VIII. Resolver bajo su inmediata y directa responsabilidad los asuntos urgentes, a reserva de informar al Consejo Técnico sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos; IX. Presentar anualmente al Consejo Técnico el informe de actividades, así como el programa de labores; el presupuesto de ingresos y egresos para el siguiente período; el balance contable; el estado de ingresos y gastos, así como el informe financiero y actuarial y, en su caso, proponer a dicho Consejo la elaboración de estudios sobre la revisión de la fórmula para el cálculo de la prima del seguro de riesgos de trabajo, de conformidad con lo que establece el artículo 76 de la Ley; X. Presentar a la consideración de la Asamblea General, los documentos a que se refieren los artículos 261 de la Ley y 14, fracción I, de este Reglamento; XI. Someter a consideración del Consejo Técnico para su aprobación, el Manual de Organización del Instituto, de acuerdo con la organización aprobada por dicho órgano colegiado; XII. Ejercer las funciones en materia de presupuesto, conforme a lo dispuesto en la Ley; XIII. Delegar en el Secretario General, titulares de órganos Normativos y de Operación Administrativa Desconcentrada, la facultad de nombrar y remover a los trabajadores de confianza en el ámbito de su competencia. El acuerdo delegatorio se publicará en el Diario Oficial de la Federación; XIV. Designar al encargado del despacho de los órganos Normativos y de Operación Administrativa Desconcentrada en el caso de las vacantes de los titulares de los mismos; XV. Designar a los servidores públicos que deban representar al Instituto ante organismos internacionales, foros, eventos y reuniones nacionales e internacionales, en donde se discutan asuntos en materia de su competencia, y XVI. Las demás que le confieran la Ley, sus reglamentos y los acuerdos del Consejo Técnico. El Director General podrá delegar cualquiera de sus facultades en otros servidores públicos del Instituto, sin perjuicio de ejercerlas directamente, con excepción de aquellas que por disposición legal expresa o determinación de la Asamblea General le correspondan exclusivamente. Para tales efectos, el Director General podrá otorgar poderes generales y especiales con las facultades que le competan, entre ellas las que requieran autorización o cláusula especial, así como sustituirlos y revocarlos. (.). Artículo 144. Son atribuciones del Delegado dentro de su circunscripción territorial, las siguientes: I. Representar al Instituto, como organismo fiscal autónomo y al Director General, ante todas las autoridades con la suma de facultades generales y especiales que requiera la Ley, así como con aquéllas que corresponden a los mandatarios generales para pleitos y cobranzas, actos de administración, incluyendo la facultad expresa para conciliar ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y las especiales que requieran cláusula especial conforme al Código Civil Federal, en los términos del poder notarial conferido, pudiendo sustituir total o parcialmente éste en favor del titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos y abogados respectivos; II. Interponer en representación de las autoridades delegacionales demandadas, el recuso de revisión en contra de las resoluciones y sentencias que pongan fin al juicio que emita el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente; III. Ejercer el presupuesto autorizado de acuerdo a los objetivos y metas trazados para la operación de los servicios institucionales y conforme a los indicadores y procesos generales establecidos; IV. Ejercer actos de dominio a nombre del Instituto, previo acuerdo del Consejo Técnico y en los términos del poder notarial conferido; V. Promover ante los órganos Superiores y Normativos, por conducto de la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones, los estudios socioeconómicos respecto del inicio de servicios del régimen obligatorio del Seguro Social a grupos de personas susceptibles de ser amparadas por el Instituto; VI. Presidir los Comités delegacionales que se integren para toma de decisiones en los asuntos operacionales; VII. Convocar semanal o quincenalmente y presidir la celebración de juntas a las que concurra el Cuerpo de Gobierno delegacional; VIII. Vigilar el cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo y sus reglamentos, en la esfera de su competencia y ejercitar las acciones que correspondan, incluyendo la de rescisión de la relación laboral; IX. Remitir a la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones, las solicitudes de reconsideración de las rescisiones de la relación laboral; X. Celebrar convenios en los juicios laborales, previa autorización de la Dirección Jurídica; XI. Aceptar las renuncias de los trabajadores y autorizar los finiquitos que correspondan conforme a las estipulaciones contenidas en los contratos individuales de trabajo y en el Contrato Colectivo de Trabajo; XII. Ordenar y llevar a cabo, con el personal que en cada caso designe, las visitas de auditoría que considere necesarias, así como revisar los dictámenes formulados por contador público, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la Ley y sus reglamentos; XIII. Vetar los acuerdos que emita el Consejo Consultivo Delegacional, cuando éstos impliquen inobservancia de la Ley o de sus reglamentos, o no se ajusten a los criterios del Consejo Técnico o a las políticas generales del Instituto. El efecto del veto será el de suspender la ejecución de tales acuerdos, mismos que serán remitidos a la Secretaría General del Instituto, para ser presentados al Consejo Técnico en un plazo de cinco días; XIV. Conceder o negar, previo estudio y opinión de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, los préstamos a cuenta de pensiones formuladas por derechohabientes con residencia en la jurisdicción que abarca la Delegación; XV. Imponer las multas y demás sanciones a que se refieren la Ley y el Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, con excepción de las sanciones administrativas a los contadores públicos autorizados; XVI. Aplicar las medidas correctivas que dicte el Director de Administración y Evaluación de Delegaciones, respecto de las irregularidades identificadas en el análisis de la prestación de los servicios del Instituto; XVII. Llevar a cabo los actos relacionados con: a) El registro de patrones y demás sujetos obligados; b) La clasificación de empresas y determinación de la prima en el seguro de riesgos de trabajo; c) La afiliación de trabajadores y demás sujetos de aseguramiento; d) El registro de los beneficiarios legales de los asegurados; e) La certificación sobre la vigencia de derechos para el otorgamiento de las prestaciones en especie y en dinero; f) La determinación, emisión, notificación y cobro de liquidaciones por cuotas obrero patronales, capitales constitutivos, actualización, recargos y multas, así como por los gastos realizados por el Instituto por inscripciones improcedentes y los que tenga derecho a exigir de las personas no derechohabientes; g) La autorización, en el ámbito de su competencia, de las solicitudes de prórroga para el pago diferido o en parcialidades de créditos fiscales a favor del Instituto, en términos de la Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables, así como presentar al Consejo Técnico las solicitudes relativas a los casos previstos en el artículo 40 E de la Ley; h) Los trámites administrativos relativos a la calificación, aceptación, control, efectividad y cancelación de pólizas de fianza, otorgadas en garantía de créditos fiscales a favor del Instituto; i) La incorporación voluntaria al régimen obligatorio de los sujetos que precisa la Ley; j) El cobro de las multas impuestas por infracciones a la Ley y sus reglamentos; k) La incorporación al régimen voluntario del Seguro Social, mediante el seguro de salud para la familia; l) La inscripción en la continuación voluntaria en los seguros conjuntos de invalidez y vida y de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; m) La contratación de seguros adicionales; n) La cancelación por incobrabilidad, incosteabilidad o por no localización del deudor o responsables solidarios de los créditos fiscales a favor del Instituto, en los términos que apruebe el Consejo Técnico; o) Declaración de la prescripción de créditos fiscales o la extinción de las facultades de comprobación del Instituto, en los términos de la Ley y demás disposiciones aplicables, y p) El dictamen formulado por contador público sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley y sus reglamentos. XVIII. Conceder, rechazar y modificar las pensiones que, conforme a la Ley, le corresponde otorgar al Instituto; XIX. Recaudar y cobrar las cuotas de los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales, salud para la familia y adicionales, los capitales constitutivos, así como sus accesorios legales y percibir los demás recursos del Instituto. De igual forma, recaudar y cobrar las cuotas y sus accesorios legales del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; XX. Ratificar o rectificar la clase, fracción y la prima de riesgo de las empresas para efectos de la cobertura de las cuotas del seguro de riesgos de trabajo; XXI. Ordenar y practicar las investigaciones correspondientes en los casos de sustitución patronal y de responsabilidad solidaria previstas en la Ley y en el Código Fiscal de la Federación y emitir los dictámenes respectivos; XXII. Establecer coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, del Distrito Federal, Estatales y Municipales para el cumplimiento de sus objetivos; XXIII. Llevar a cabo los procedimientos de contratación que tengan por objeto la adquisición, arrendamiento y prestación de servicios, así como de obra pública y servicios relacionados con la misma, en los términos de la legislación, disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, así como la terminación anticipada, o bien, la rescisión administrativa de los contratos suscritos dentro del ámbito de su competencia; XXIV. Planear, programar, organizar, controlar y administrar los recursos humanos, materiales y presupuestarios asignados para el desarrollo de sus funciones; XXV. Analizar en forma permanente los indicadores de variación del número de patrones y demás sujetos obligados de la circunscripción territorial de las Subdelegaciones que le correspondan, así como analizar las extensiones territoriales, vías de comunicación, medios de transporte y demás circunstancias que estime pertinentes, a efecto de proponer, en su caso, a las unidades administrativas competentes, la reclasificación, fusión, supresión o creación de nuevas Subdelegaciones; XXVI. Resolver las solicitudes de declaratoria de prescripción de la obligación patronal de enterar las cuotas obrero patronales y los capitales constitutivos, cuando lo soliciten los patrones y demás sujetos obligados, en los términos del Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones aplicables; XXVII. Resolver, en el ámbito de su competencia, conforme a la Ley y demás disposiciones aplicables, las solicitudes presentadas por los patrones y demás sujetos obligados, relativas a dejar sin efectos las multas impuestas por incumplimiento del pago de los conceptos fiscales señalados en la Ley; XXVIII. Resolver conforme a la Ley y demás disposiciones aplicables, las solicitudes presentadas por los patrones y demás sujetos obligados, relativas a la rectificación de clase, fracción y prima para la cobertura del seguro de riesgos de trabajo; XXIX. Supervisar que las unidades administrativas adscritas cumplan con la aplicación de las disposiciones de la Ley y sus reglamentos, las demás disposiciones legales aplicables, así como de los criterios emitidos por el Consejo Técnico del Instituto y la normatividad emitida en el área de su competencia; XXX. Supervisar observaciones, recomendaciones y solicitudes de información, derivados de los actos de fiscalización practicados por órganos revisores, estableciendo mecanismos de control, seguimiento y análisis, así como aplicar las medidas preventivas y correctivas para evitar la reincidencia; XXXI. Resolver, conforme a la Ley y demás disposiciones aplicables, las solicitudes de condonación de multas; XXXII. Autorizar a terceros el uso de los bienes inmuebles del Instituto, en los términos de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables; XXXIII. Enajenar, en los términos de las disposiciones aplicables, los bienes aceptados como dación en pago con motivo de la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución; XXXIV. Designar al órgano operativo que realizará las funciones de afiliación y cobranza, tratándose de la incorporación voluntaria de las personas a que se refiere el artículo 13 de la Ley, en el ámbito territorial que corresponda; XXXV. Informar a la Secretaría de la Función Pública sobre las irregularidades en que incurran los servidores públicos adscritos dentro de su circunscripción territorial, con motivo de sus funciones, así como de aquéllas que causen un daño o perjuicio al patrimonio del mismo, en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y XXXVI. Las demás que le señalen la Ley y sus reglamentos, los acuerdos del Consejo Técnico y el Director General. Las delegaciones para el eficaz desempeño de sus atribuciones, se integrarán con las jefaturas y unidades administrativas que sean autorizadas por la Dirección General o la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones. Éstas tendrán a su cargo el desempeño de las atribuciones que les señalen los manuales de organización respectivos." Es así, pues, del contenido de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo, se desprende que la aceptación, negación o presunción de los actos reclamados por parte de las autoridades responsables no es determinante para declarar la existencia o inexistencia de los mismos, toda vez que esos extremos pueden ser acreditados por las partes a través de los medios de prueba reconocidos por la ley o, incluso, pueden ser apreciados directamente por el juzgador si así se desprendiera de las constancias de autos. Sin embargo, de las constancias que obran agregadas a los autos, no se advierte que la quejosa en cita, exhibiera pruebas de las que se pudiera desprender la existencia de la negativa reclamada. Al respecto, se precisa que la esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la negativa de las autoridades a quienes se atribuye; es decir, consiste en que la autoridad se rehúsa a conceder algo que previamente le fue solicitado por un particular. En ese sentido, la conducta negativa de una autoridad requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -la parte quejosa- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que, si bien la impetrante no le corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última. Sirve de apoyo, la tesis 2a. CXLI/97 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, diciembre de 1997, página 366, de rubro y texto siguientes: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última." Por tal motivo, con el propósito de verificar la certeza o falsedad del acto atribuido a las aludidas autoridades responsables, deben tomarse en consideración los medios de convicción que derivan de las constancias de autos. En el caso concreto, como se precisó en el considerando que antecede, la impetrante reclama la negativa a declararla como persona de mayor riesgo a complicaciones en caso de infección por COVID-19 y, por consiguiente, obtener el resguardo domiciliario; no obstante que se ubica dentro del grupo vulnerable al ser persona en estado de gravidez (veintitrés semanas). Sin embargo, de la revisión del material probatorio que obra en el expediente, no se desprenden elementos que demuestren la negativa de las autoridades mencionadas a declarar a la quejosa Kenia Aldama Castañeda, como persona de mayor riesgo a complicaciones en caso de infección por COVID-19 y, por consiguiente, obtener el resguardo domiciliario; ya que dicha trabajadora omitió presentar a su superior jerárquico el escrito necesario, para que las responsables en comento estuvieran en posibilidad de pronunciarse al respecto. Para evidenciar lo anterior, es menester precisar, que el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Como parte de esas medidas, se instruyó a los sectores público, privado y social a evitar la asistencia a los centros de trabajo, de los adultos mayores de sesenta y cinco años o más, así como de las personas ubicadas en los grupos de riesgo, a saber, mujeres embarazadas o en período de lactancia, menores de cinco años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico; quienes en todo momento conservarían su derecho a recibir su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad laboral vigente. También se estableció que las medidas adoptadas se llevarían a cabo con estricto respeto a los derechos laborales de los trabajadores en todos los sectores y, que las relaciones laborales continuarían rigiéndose conforme a los contratos individuales, colectivos, contratos ley o Condiciones Generales de Trabajo correspondientes, al amparo de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. Luego, el treinta de marzo siguiente, el Consejo General de Salubridad declaró a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, lo que llevó a la implementación de acciones extraordinarias, entre las que destaca, la suspensión inmediata de las actividades no esenciales durante el periodo del treinta de marzo al treinta de abril de dos mil veinte, continuando únicamente en funcionamiento las actividades necesarias para atender la emergencia sanitaria, las involucradas en la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia, la actividad legislativa, así como las de los sectores fundamentales de la economía, entre otras. En adición, el treinta y uno de marzo del dos mil veintiuno, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se establecen las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-Cov2, en cuyo artículo primero, entre otras, estableció que el resguardo domiciliario corresponsable aplicaría de manera estricta a toda persona mayor de sesenta años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial; asimismo, que el personal esencial de interés público podía, de manera voluntaria, presentarse a laborar. En congruencia con lo anterior, el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, suscribieron un convenio para implementar las medidas de protección al personal de dicho Instituto, durante la contingencia sanitaria en cita, el cual, estableció en su punto "PRIMERO", lo siguiente: "Derivado de la contingencia pandémica de COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud y de que la Secretaría de Salud ha implementado la Jornada Nacional de Sana Distancia a partir del 23 de marzo, como medida preventiva y de responsable actuar de los ciudadanos mexicanos, estamos obligados a llevar a cabo una serie de acciones que permitan salvaguardar la salud y seguridad de los trabajadores del IMSS, dar continuidad a las actividades y mantener el funcionamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que se emiten los siguientes lineamientos: PRIMERO. Las personas con mayor riesgo de complicaciones en caso de infección por COVID-19 podrán desempeñar sus funciones desde su domicilio particular. Se entenderán como personas con mayor riesgo las siguientes: a) Personas de 65 años o mayores. b) Mujeres embarazadas o en etapa de lactancia. c) Personas con enfermedades crónico degenerativas (enfermedades pulmonares, enfermedades cardiovasculares descompensadas, nefropatía, hepatopatías, diabetes mellitus descontrolada), personas que viven con VIH, personas con inmunosupresión, y personas con obesidad mórbida (IMC igual o mayor a 40), así como otras que médicamente se justifiquen. Además, d) aquellas personas que presenten enfermedades respiratorias observadas en su jornada laboral y/o en su domicilio. Será responsabilidad del superior jerárquico contar con la manifestación por escrito del trabajador y, en su caso, contar con el aval técnico/médico, en los supuestos contenidos en los incisos b) y c) e informar oportunamente al área de recursos humanos que corresponda. No se afectará administrativamente a los trabajadores que se encuentren en estos supuestos. En el supuesto d), será el superior jerárquico quien autorice la aplicación de esta medida." De lo anterior, se colige que para estar en posibilidad de que se otorgue permiso o licencia (resguardo domiciliario) a un trabajador adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social, es necesario que el superior jerárquico cuente con la manifestación por escrito en la que el empleado señale que tiene un padecimiento que lo coloca en estado de vulnerabilidad frente a la contingencia sanitaria aludida, justificándolo con el dictamen médico respectivo. Por ello, si la quejosa Kenia Aldama Castañeda, en la instancia constitucional, no acreditó haber presentado ante su superior jerárquico el escrito, con el que demostrara haber solicitado a su empleador la licencia o permiso a que alude, para que éste estuviera en condiciones de verificar si se ubicaba o no dentro de los denominados "grupos vulnerables"; es inconcuso, que la negativa que le atribuye a las autoridades señaladas como responsables no existe. Se dice lo anterior, toda vez que la quejosa Kenia Aldama Castañeda, únicamente adjuntó a su escrito de demanda, las siguientes instrumentales: a) Credencial de elector a nombre de Kenia Aldama Castañeda, con clave ALCSKN88D22617M600 expedida por el Instituto Nacional Electoral. b) Credencial de Instituto Mexicano del Seguro Social, folio 99184009, con fotografía. c) Acta de nacimiento del menor David Isai Alemán Aldama, con fecha de nacimiento veintiséis de octubre de dos mil dieciséis. d) Recibo de pago de nómina con registro patronal D1599995100. e) Notas médicas de prescripción con logotipo del Instituto Mexicano del Seguro social, nota de valoración, donde se advierte que la quejosa cursa con un embarazo de veintitrés semanas. f) Recibo de luz a nombre de Patricia Aldama Castañeda, con límite de pago al veintidós de noviembre de dos mil veinte. Documentales que si bien evidencian que la quejosa es trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el cargo de auxiliar de laboratorio; lo cierto es que dichas instrumentales resultan insuficientes para demostrar que presentó a su superior jerárquico un escrito a través del cual solicitó permiso o licencia para ausentarse de su centro de trabajo por encontrarse dentro de un grupo vulnerable, a fin de que la dependencia aludida, se encontrara en condiciones de verificar si se ubica o no dentro de dicho supuesto y en su caso se pronunciara al respecto. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2o. J/308, con número de registro 210769, visible en la página 77 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Común, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". Máxime, que dicha impetrante tuvo conocimiento del contenido del informe justificado rendido por el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos, del Instituto Mexicano del Seguro Social señalado como responsable, y no acreditó la eventualidad destacada. Sin embargo, la parte quejosa no demostró con medio de convicción alguno la circunstancia descrita en el párrafo anterior, para con ello evidenciar que realizó la solicitud respectiva ante el superior jerárquico; máxime, que tal como se dijo en párrafos anteriores, la impetrante debió presentar la solicitud por escrito ante la superioridad de su centro de trabajo, suceso que no ocurrió, al no advertirse así de las documentales que acompañó en el presente juicio de amparo, de ahí la falta de certeza del acto destacado. En tales condiciones, ante la inexistencia del acto atribuido a las autoridades responsables, lo que procede es sobreseer en el juicio constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado, Las autoridades responsables Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Gobernación y Diario Oficial de la Federación, al rendir el informe justificado aceptaron el acto reclamado, consistente en el DECRETO por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican. Así, la existencia de la disposición legal combatida, es un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, en tanto se trata de una norma de carácter general que ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación. Lo que se ve robustecido con el principio de derecho que establece la no sujeción a prueba alguna de las leyes nacionales y por extensión, las estatales, que se encuentra implícito en lo dispuesto por el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone así el numeral 2º de esta última. En apoyo de lo expuesto, por identidad de razón jurídica se invoca jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 65/2000, consultable en la página 260, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, registro número 191452, cuyo rubro se trascribe: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.". QUINTO. Causales de improcedencia fundadas. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Respecto del refrendo y publicación del DECRETO por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican, publicado el veintitrés de abril de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la federación. Este juzgador considera que, respecto del refrendo y la publicación en el Diario Oficial de la federación, del decreto en cuestión se actualiza el motivo de inejercitabilidad previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción III, parte final, ambos de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 Constitucionales, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)". De los ordinales citados, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando la quejosa impugna el refrendo y la publicación de la norma y decreto reclamados, pero no les atribuye vicios propios. Ahora bien, en la especie, del análisis integral de la demanda de amparo no se advierte que la parte quejosa haya impugnado por vicios propios el refrendo y la publicación del DECRETO por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican; por el contrario, sus argumentos están dirigidos a demostrar la inconstitucionalidad de tales actos reclamados a partir de las violaciones materiales contenidas en el cuerpo del propio decreto citado. En ese sentido, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio en relación con los actos reclamados a las autoridades antes destacadas. Es aplicable la jurisprudencia PC.I.A. J/49 A (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS. Si el quejoso no combate por vicios propios los actos de refrendo y publicación de una norma general, de modo que omite exponer conceptos de violación y no hay causa de pedir suficiente para destruir la pretensión de su constitucionalidad, y sin que se advierta que proceda la suplencia de la queja deficiente, específicamente por una cuestión de constitucionalidad formal de esos actos, procede decretar la improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo. Y la tesis XXVII.3o.86 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL REFRENDO O LA PUBLICACIÓN DE NORMAS GENERALES CUANDO NO SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS. Conforme al artículo 108, fracciones III y VIII, de la Ley de Amparo, en el amparo indirecto contra normas generales el quejoso podrá señalar, con el carácter de autoridades responsables, a las que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, siempre que formule conceptos de violación para impugnar esos actos por vicios propios. Por consiguiente, de la interpretación sistemática de las porciones normativas referidas con el artículo 61, fracción XXIII, de la propia ley, se colige que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando en la demanda se señalen como actos reclamados el refrendo o la publicación de normas generales, pero no se formulen conceptos de violación para controvertirlos por vicios propios". Ahora bien, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, hace valer la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de amparo, en razón a que han cesado los efectos del Decreto impugnado. Tal motivo de inviabilidad es fundado. El dispositivo anunciado señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". Sobre el tema, el Máximo Tribunal del País sostiene que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a la que existía antes de su nacimiento. También dicho supuesto se actualiza cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye las circunstancias por las cuales se solicitó el amparo y reintegra al impetrante de amparo en el goce del derecho violado. La cesación de efectos de la actuación reprochada significa que el emisor deja de afectar la esfera jurídica del peticionario, lo cual debe entenderse no sólo como la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de sus consecuencias y puede verse acompañada de la insubsistencia de aquél. En ese sentido, la razón de la improcedencia del amparo en modo alguno es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar una actuación carente de efectos en lo presente y futuro, con lo cual de ninguna manera deja huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser reparada en el juicio constitucional. Por tanto, la causal de improcedencia referida se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos desaparecen y las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia Jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 38, siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso concreto, la parte quejosa reclama el DECRETO por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de abril de dos mil veinte. Sin embargo, dicho Decreto en su transitorio Primero, decretó lo siguiente, "El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2020"; es decir, estableció un periodo de vigencia, transcurrido dicho periodo, deja de tener obligatoriedad para los gobernados y efectos. De ahí que se estime actualizada la causa de improcedencia examinada y consecuentemente, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee este juicio respecto al decreto impugnado en este considerativo. En consecuencia, al haberse demostrado la actualización de la causal de improcedencia estudiada, se sobresee en el juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, la 2ª Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 34/2021, estableció la improcedencia del juicio de amparo contra este tipo de actos, ya que las dependencias o instituciones de salud no tienen el carácter de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo. Por último, resulta innecesario entrar al estudio de las causales de improcedencia hechas valer por las autoridades responsables, pues, en nada mejoraría el sentido del fallo. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy diecisiete de mayo de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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