Sergio Castro Pacheco
Expediente 1389/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 1 actuación registrada, la última del 24 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1389/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 24/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Sergio Castro Pacheco
Actuaciones
- Principal
Aguascalientes, Aguascalientes, veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Sergio Castro Pacheco, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Quinto Partido Judicial del Estado; fórmese el expediente impreso y electrónico, asimismo anótese en el libro de gobierno respectivo con el consecutivo 1389/2019-VIII. -Análisis integral de la demanda- La parte quejosa reclama el auto de diez de septiembre de dos mil diecinueve, relacionado con la negativa de expedir copias certificadas de la resolución dictada en las diligencias de jurisdicción voluntaria en el expediente 621/2012 del índice de la autoridad responsable. - Desechamiento por notoria improcedencia- Al respecto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente. Sobre el alcance de la expresión "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se cita la jurisprudencia P./J. 128/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, octubre de 2001, página 803, con rubro "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA". Ahora bien, en principio, es de indicar que el juicio de amparo es un medio de control constitucional y de legalidad, que se ejerce por medio de acción ante un órgano jurisdiccional, mediante el cual el gobernado solicita la intervención del Poder Judicial de la Federación para que invalide, nulifique, o deje sin efectos un acto de autoridad que supone arbitrario, y lo restituya en el uso y goce de sus garantías individuales violadas para que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación. Sin embargo, dicha instancia constitucional se rige por diversos principios fundamentales, entre los que se encuentra el de definitividad, que impone como presupuesto para la procedencia de la acción constitucional, la obligación a la parte quejosa de previamente a interponer el juicio de amparo, agotar los medios de defensa concedidos por la ley que rija al acto reclamado, para reparar la violación contenida en el mismo. En ese sentido, el artículo 107, fracción III, incisos a) y b), Constitucional, y el diverso 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que expresan: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y..." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas". En el texto de los preceptos legales transcritos con antelación se consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en el supuesto de que proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar el acto reclamado. En esa tesitura, el principio de definitividad que rige al juicio de garantías encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las propias leyes para que los afectados los hagan valer, y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos jurisdiccionales no tuvieran la carga de plantear sus defensas o medios de impugnación ante la autoridad responsable a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito suplantaría las facultades de la administración pública. Le resulta cita a la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, número de registro: 187,016, visible en la página 902, Tomo XV, mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Como antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad que el quejoso expone y constituyen una confesión de su parte, se obtiene lo siguiente: El quejoso Sergio Castro Pacheco, promovió diligencias de jurisdicción voluntaria para acreditar la posesión del vehículo Volkswagen, Jetta, cuatro puertas, modelo 1995, serie 3VW1671HMSM216179. Posteriormente, se dictó resolución el dieciséis de enero de dos mil trece, en la que se le reconoció como único dueño del vehículo antes citado, con lo cual realizó el cambio de placas correspondientes ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes. Ante la necesidad de obtener las nuevas placas, acudió a realizar los trámites correspondientes, en donde le solicitaron de nueva cuenta copia certificada de las diligencias de jurisdicción voluntaria. Para cumplir con dicho requerimiento, el veintiséis de junio de este año, el quejoso solicitó ante el Juez Mixto de Primera Instancia de Jesús María, Aguascalientes, copia certificada de la misma, negándole la petición. Por segunda ocasión solicitó dicha copia, obteniendo la negativa por parte de la autoridad responsable el diez de septiembre del año en curso. El anterior acto es el que se reclama en esta instancia. Al respecto los artículos 393 y 394 del Código de Procedimientos Civiles, disponen lo siguiente: "Artículo 393.- Las sentencias no podrán revocarse por el Juez o Tribunal que las dicte." "Artículo 394.- Las demás resoluciones que no fueren apelables, pueden ser revocadas por el juez o tribunal que las dictó, o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio." De la interpretación relacionada de ambos preceptos, se tiene que el proveído de diez de septiembre de dos mil diecinueve, relacionado con la negativa de expedir copias certificadas de la resolución dictada en las diligencias de jurisdicción voluntaria en el expediente 621/2012 del índice de la autoridad responsable, es revocable de conformidad con el artículo 394 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. De tal suerte que la resolución reclamada, debió ser impugnada a través del recurso de revocación, antes de promover el juicio de amparo, máxime que no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, previstos en los incisos a), b) y c) y la parte final de la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia. Lo anterior, pues a través del citado recurso el acto reclamado pudo ser modificado, revocado o nulificado de ahí la improcedencia invocada. Por lo que al no haberse observado el principio de definitividad, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento procede desechar de plano la demanda de amparo que se presenta por notoriamente improcedente. -Domicilio- Por otra parte, de conformidad con el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, las notificaciones personales que se hagan subsecuentemente al quejoso, realícense por lista que se fija en los estrados de este juzgado, toda vez que el domicilio que señala es ambiguo y además no pertenece a la circunscripción territorial distinta del juzgado. No obstante lo anterior, por única ocasión notifíquese el presente auto en el domicilio que aparece en la copia de la credencial para votar que se exhibe, sito en Cto Canario 135, Condominio Ruiseñores 20923 Jesús María, Aguascalientes. -Habilitación de horas- Con apoyo en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la materia, este Juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente. -Información reservada o confidencial- En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, exponiendo las razones por las que le hayan otorgado dicha clasificación, lo anterior sin perjuicio de que sean considerados como sujetos obligados, de conformidad con el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. -Consulta vía internet- De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán consultar este expediente vía electrónica, previo trámite que al efecto realicen en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Del mismo modo, se les hace saber que podrán recibir notificaciones vía electrónica, previa manifestación expresa que al efecto realicen a este tribunal; solicitud que podrá ser revocada, si así lo manifiestan. -Transparencia- Finalmente, con fundamento en el artículo 1° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 73, fracción II, y así como 73, fracción II, 111, 116 y Tercero Transitorio, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes que las resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, se publicarán con la supresión de sus datos personales, salvo que medie consentimiento expreso por escrito, de conformidad con el último párrafo del artículo 68 de la citada Ley General. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma José Guadalupe Arias Ortega, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, asistido de la secretaria Silvia Leticia Aréchiga Pérez, quien autoriza y da fe, dentro del juicio de amparo 1389/2019-VIII. Juez Secretaria ale
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