Sergio Castro Cruz
Expediente 780/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 780/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Sergio Castro Cruz
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, uno de julio de dos mil veintidós. ANOTACIONES Se tiene por recibida la demanda de amparo que promueve Sergio Castro Cruz, por derecho propio; regístrese bajo el número de juicio de amparo 780/2022-I. DESECHAMIENTO De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de dar respuesta a las solicitudes formuladas dentro del expediente PFC.TLA.B.3/000259-2022, seguido ante la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Metropolitana de Tlalnepantla, Estado de México, consistentes en: -Imponer las multas de ley a las empresas terceras interesadas. -La entrega de documentación certificada solicitada. Precisado lo anterior, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XX de la Ley de Amparo, al considerar que existe un medio ordinario de defensa a través del cual puede modificarse, revocarse o nulificarse el acto reprochado. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;.". El precepto legal citado dispone que el juicio de amparo resulta improcedente cuando el acto reclamado es pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo y en su contra procede algún recurso, juicio o medio de defensa a través del cual puede ser revocado, anulado o modificado; siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos mediante la interposición del recurso o medio de defensa pero sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión, sin importar si el acto en sí mismo es o no susceptible de ser suspendido. Ese principio encuentra justificación en la naturaleza del juicio constitucional, el cual se erige como un medio extraordinario de defensa procedente contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le origina afectación, previamente a solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Ahora, con el objeto de justificar la presente determinación, se estima pertinente destacar que el quejoso esencialmente cuestiona que la autoridad responsable omitió dar contestación a sus peticiones consistentes en imponer las multas de ley a las empresas terceras interesadas, así como de entregar la documentación certificada solicitada dentro del expediente PFC.TLA.B.3/000259-2022, llevado ante la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Metropolitana de Tlalnepantla, Estado de México. Precisado lo anterior, cabe destacar que la omisión reclamada no se cuestiona de manera abstracta; esto es, no constituye un acto negativo que se haya originado fuera de procedimiento, por el contrario, se circunscribe dentro del procedimiento administrativo PFC.TLA.B.3/000259-2022, instaurado por el quejoso Sergio Castro Cruz contra Alles Auto y Socafi, ambas sociedades anónimas de capital variable, en el que el catorce de junio de dos mil veintidós se llevó a cabo la audiencia de conciliación entre las partes (actuación en la que el solicitante de amparo asume que se incurrió en la omisión reclamada), que culminó con el archivo del asunto como concluido. En ese orden de ideas, el suscrito considera que los actos y omisiones en los que la autoridad rectora de ese procedimiento pudo haber incurrido, deben ser analizados en ese contexto procesal y no como actos disgregados y autónomos con vida propia, pues evidentemente, las actuaciones -positivas, negativas u omisivas- forman parte del entorno procesal a través del cual se desarrolla aquel procedimiento. Sobre este aspecto, se invoca, en cuanto a las razones que la integran, la jurisprudencia 1a./J. 7/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 480, del libro 17, tomo I, de abril de 2015, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que establece: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." Puntualizado lo anterior, resulta relevante invocar el contenido del artículo 135 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que dispone: "ARTÍCULO 135. En contra de las resoluciones de la Procuraduría dictadas con fundamento en las disposiciones de esta ley y demás derivadas de ella, se podrá interponer recurso de revisión, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo." El numeral transcrito establece expresamente que contra las resoluciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, podrá interponerse recurso de revisión, el cual si bien es cierto, constituye un medio de impugnación de naturaleza optativa, ello no implica que deba soslayarse la promoción del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa." El numeral transcrito establece expresamente que contra las resoluciones de la Procuraduría Federal del Consumidor podrá interponerse recurso de revisión, el cual, si bien constituye un medio de impugnación de naturaleza optativa, ello no implica que deba soslayarse la promoción del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Se invoca la tesis I.8o.A.59 A de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, agosto de 2005, página 1999, registro digital 177484, que menciona: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. NO ES OBLIGATORIO AGOTARLO ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE NULIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. Del artículo 135 de la Ley Federal de Protección al Consumidor se advierte que contra las resoluciones de la Procuraduría Federal del Consumidor dictadas con fundamento en las disposiciones de dicha ley, y demás derivadas de ella, podrá interponerse por escrito recurso de revisión dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución recurrida." En consecuencia, si el quejoso se duele de que la autoridad responsable fue omisa en imponer las multas de ley a las empresas terceras interesadas y en entregarle la documentación certificada solicitada, lo anterior dentro del expediente PFC.TLA.B.3/000259-2022; es evidente que, previamente a instar el presente juicio de amparo, debió promover juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En apoyo se cita la jurisprudencia 2a./J. 104/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, agosto de 2004, página 415, registro digital 180824, que señala: "PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. LAS RESOLUCIONES QUE DICTA PARA RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN DEBEN IMPUGNARSE MEDIANTE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS. El artículo 143 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, derogado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de febrero de 2004, establecía que "contra la resolución emitida para resolver algún recurso no procederá otro". Por su parte, las fracciones III, XIII y XIV del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa establecen la procedencia del juicio de nulidad ante dicho órgano jurisdiccional, para impugnar las resoluciones dictadas al resolver el recurso de revisión con motivo de la imposición de multas o sanciones derivadas de la infracción a disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, o de aquellas que ponen fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelven un expediente; este medio ordinario no exige mayores requisitos para la suspensión del acto que los previstos en la Ley de Amparo, de conformidad con las tesis de jurisprudencia 2a./J. 8/97 y 2a./J. 155/2002, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos V, marzo de 1997 y XVII, enero de 2003, páginas 395 y 576, respectivamente, de rubros: "MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA LAS." y "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL JUICIO CORRESPONDIENTE DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL NO PREVER LA LEY DEL ACTO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS.". Acorde con dichas disposiciones y en términos de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, se concluye que el juicio de garantías es improcedente contra esa clase de resoluciones dictadas por la Procuraduría Federal del Consumidor, pues previamente debe agotarse el juicio de nulidad." En adición a lo expuesto, en el caso no se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad contempladas en los artículos 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX de la Ley de Amparo, pues el impetrante no puede ser considerado como tercero extraño al procedimiento, puesto que su petición se generó en el procedimiento del que emanó la omisión reclamada; circunstancia que lo vincula a agotar los medios ordinarios de defensa; incluso, el juicio de amparo resultaría improcedente aun en el supuesto de que se asumiera que la omisión reclamada es de imposible reparación. Respalda lo anterior la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 55, junio de 2018, tomo I, página 8, décima época, registro digital 2017117, que dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Máxime que aquel juicio contencioso administrativo no impone mayores requisitos que los contenidos en la Ley de Amparo, para conceder la suspensión del acto recamado. Así se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, localizable en la página 1194, del libro 28, tomo II, de marzo de 2016, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que consagra: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." Por último, se considera necesario mencionar que, en todo caso, el procedimiento conciliatorio a que se refieren los artículos 111 y 116 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, tiene como finalidad procurar avenir los intereses de las partes y se inicia mediante la celebración de una audiencia de conciliación, en la que el conciliador expondrá a las partes un resumen de la reclamación y del informe que previamente se hubiere solicitado al proveedor, señalando los elementos comunes y los puntos de controversia, exhortándolos para llegar a un arreglo, para lo cual presentará una o varias opciones de solución al problema. De ello puede concluirse que si el acto reclamado aconteció durante la audiencia de inicio del procedimiento conciliatorio, ésta no afecta un interés jurídico sustantivo, pues dicho procedimiento tiene como única función avenir a las partes a fin de que lleguen a un arreglo favorable y no dirimir una controversia que tenga como consecuencia la afectación o agravio subjetivo público, lo cual se puede evidenciar con lo dispuesto en el artículo 113 de la ley mencionada, en el sentido de que la audiencia conciliatoria se efectuará sin prejuzgar sobre el conflicto materia de la queja; por tanto, lo actuado en la diligencia no ocasiona perjuicio que afecte derechos fundamentales del quejoso y, en consecuencia, en su caso, resultaría improcedente el juicio de amparo. Sobre este aspecto se invoca por compartirse, la tesis XXI.4o.12 A, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en foja 1654, tomo XX, de agosto de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. LA AUDIENCIA CONCILIATORIA CELEBRADA ANTE DICHO ORGANISMO NO AFECTA INTERESES JURÍDICOS DEL QUEJOSO, POR LO QUE RESULTA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA. El procedimiento conciliatorio a que se refieren los artículos 111 y 116 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, tiene como finalidad procurar avenir los intereses de las partes y se inicia mediante la celebración de una audiencia de conciliación, que incluso podrá realizarse vía telefónica o por otro medio idóneo, donde el conciliador expondrá a las partes un resumen de la reclamación y del informe que previamente se hubiere solicitado al proveedor, señalando los elementos comunes y los puntos de controversia, exhortándolos para llegar a un arreglo, para lo cual presentará una o varias opciones de solución al problema. De ello puede concluirse, que el acto reclamado consistente en la audiencia de inicio del procedimiento conciliatorio de que se trata, no afecta los intereses jurídicos de la quejosa, pues dicho procedimiento tiene como única función avenir a las partes a fin de que lleguen a un arreglo favorable y no dirimir una controversia que tenga como consecuencia la afectación o agravio subjetivo público, lo cual se puede evidenciar con lo dispuesto en el artículo 113 de la ley mencionada, en el sentido de que la audiencia conciliatoria se efectuará sin prejuzgar sobre el conflicto materia de la queja; por tanto, lo actuado en la diligencia no ocasiona perjuicio a la impetrante de amparo y, en consecuencia, es improcedente el juicio de garantías en su contra." En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XX, de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo, con fundamento en el diverso 113 del propio ordenamiento legal. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Tomando en cuenta que el domicilio proporcionado en la demanda de amparo para oír y recibir notificaciones, se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto se señale algún domicilio dentro de dicho asiento, todas las notificaciones aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, de acuerdo con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que este juzgado ordene, cuando así lo estime conveniente, la notificación en términos del artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo. Sin que sea dable tener como domicilio el correo electrónico toda vez que no se encuentra contemplado en la ley de la materia; no obstante, se podrá entablar comunicación no procesal en los casos en que se estime necesario a través de ese medio. Asimismo, se tienen por autorizadas a las personas que refiere, en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio señalado en su demanda de amparo.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por lista y por lista en página electrónica a la parte quejosa, el proveído de uno de julio de dos mil veintidós, mismo que en síntesis establece: "...Naucalpan de Juárez, Estado de México, uno de julio de dos mil veintidós. ANOTACIONES Se tiene por recibida la demanda de amparo que promueve Sergio Castro Cruz, por derecho propio; regístrese bajo el número de juicio de amparo 780/2022-I. DESECHAMIENTO De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de dar respuesta a las solicitudes formuladas dentro del expediente PFC.TLA.B.3/000259-2022, seguido ante la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Metropolitana de Tlalnepantla, Estado de México, consistentes en: -Imponer las multas de ley a las empresas terceras interesadas. -La entrega de documentación certificada solicitada. Precisado lo anterior, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XX de la Ley de Amparo, al considerar que existe un medio ordinario de defensa a través del cual puede modificarse, revocarse o nulificarse el acto reprochado. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;.". El precepto legal citado dispone que el juicio de amparo resulta improcedente cuando el acto reclamado es pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo y en su contra procede algún recurso, juicio o medio de defensa a través del cual puede ser revocado, anulado o modificado; siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos mediante la interposición del recurso o medio de defensa pero sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión, sin importar si el acto en sí mismo es o no susceptible de ser suspendido. Ese principio encuentra justificación en la naturaleza del juicio constitucional, el cual se erige como un medio extraordinario de defensa procedente contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le origina afectación, previamente a solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Ahora, con el objeto de justificar la presente determinación, se estima pertinente destacar que el quejoso esencialmente cuestiona que la autoridad responsable omitió dar contestación a sus peticiones consistentes en imponer las multas de ley a las empresas terceras interesadas, así como de entregar la documentación certificada solicitada dentro del expediente PFC.TLA.B.3/000259-2022, llevado ante la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Metropolitana de Tlalnepantla, Estado de México. Precisado lo anterior, cabe destacar que la omisión reclamada no se cuestiona de manera abstracta; esto es, no constituye un acto negativo que se haya originado fuera de procedimiento, por el contrario, se circunscribe dentro del procedimiento administrativo PFC.TLA.B.3/000259-2022, instaurado por el quejoso Sergio Castro Cruz contra Alles Auto y Socafi, ambas sociedades anónimas de capital variable, en el que el catorce de junio de dos mil veintidós se llevó a cabo la audiencia de conciliación entre las partes (actuación en la que el solicitante de amparo asume que se incurrió en la omisión reclamada), que culminó con el archivo del asunto como concluido. En ese orden de ideas, el suscrito considera que los actos y omisiones en los que la autoridad rectora de ese procedimiento pudo haber incurrido, deben ser analizados en ese contexto procesal y no como actos disgregados y autónomos con vida propia, pues evidentemente, las actuaciones -positivas, negativas u omisivas- forman parte del entorno procesal a través del cual se desarrolla aquel procedimiento. Sobre este aspecto, se invoca, en cuanto a las razones que la integran, la jurisprudencia 1a./J. 7/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 480, del libro 17, tomo I, de abril de 2015, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que establece: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." Puntualizado lo anterior, resulta relevante invocar el contenido del artículo 135 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que dispone: "ARTÍCULO 135. En contra de las resoluciones de la Procuraduría dictadas con fundamento en las disposiciones de esta ley y demás derivadas de ella, se podrá interponer recurso de revisión, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo." El numeral transcrito establece expresamente que contra las resoluciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, podrá interponerse recurso de revisión, el cual si bien es cierto, constituye un medio de impugnación de naturaleza optativa, ello no implica que deba soslayarse la promoción del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa." El numeral transcrito establece expresamente que contra las resoluciones de la Procuraduría Federal del Consumidor podrá interponerse recurso de revisión, el cual, si bien constituye un medio de impugnación de naturaleza optativa, ello no implica que deba soslayarse la promoción del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Se invoca la tesis I.8o.A.59 A de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, agosto de 2005, página 1999, registro digital 177484, que menciona: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. NO ES OBLIGATORIO AGOTARLO ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE NULIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. Del artículo 135 de la Ley Federal de Protección al Consumidor se advierte que contra las resoluciones de la Procuraduría Federal del Consumidor dictadas con fundamento en las disposiciones de dicha ley, y demás derivadas de ella, podrá interponerse por escrito recurso de revisión dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución recurrida." En consecuencia, si el quejoso se duele de que la autoridad responsable fue omisa en imponer las multas de ley a las empresas terceras interesadas y en entregarle la documentación certificada solicitada, lo anterior dentro del expediente PFC.TLA.B.3/000259-2022; es evidente que, previamente a instar el presente juicio de amparo, debió promover juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En apoyo se cita la jurisprudencia 2a./J. 104/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, agosto de 2004, página 415, registro digital 180824, que señala: "PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. LAS RESOLUCIONES QUE DICTA PARA RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN DEBEN IMPUGNARSE MEDIANTE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS. El artículo 143 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, derogado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de febrero de 2004, establecía que "contra la resolución emitida para resolver algún recurso no procederá otro". Por su parte, las fracciones III, XIII y XIV del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa establecen la procedencia del juicio de nulidad ante dicho órgano jurisdiccional, para impugnar las resoluciones dictadas al resolver el recurso de revisión con motivo de la imposición de multas o sanciones derivadas de la infracción a disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, o de aquellas que ponen fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelven un expediente; este medio ordinario no exige mayores requisitos para la suspensión del acto que los previstos en la Ley de Amparo, de conformidad con las tesis de jurisprudencia 2a./J. 8/97 y 2a./J. 155/2002, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos V, marzo de 1997 y XVII, enero de 2003, páginas 395 y 576, respectivamente, de rubros: "MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA LAS." y "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL JUICIO CORRESPONDIENTE DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL NO PREVER LA LEY DEL ACTO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS.". Acorde con dichas disposiciones y en términos de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, se concluye que el juicio de garantías es improcedente contra esa clase de resoluciones dictadas por la Procuraduría Federal del Consumidor, pues previamente debe agotarse el juicio de nulidad." En adición a lo expuesto, en el caso no se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad contempladas en los artículos 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX de la Ley de Amparo, pues el impetrante no puede ser considerado como tercero extraño al procedimiento, puesto que su petición se generó en el procedimiento del que emanó la omisión reclamada; circunstancia que lo vincula a agotar los medios ordinarios de defensa; incluso, el juicio de amparo resultaría improcedente aun en el supuesto de que se asumiera que la omisión reclamada es de imposible reparación. Respalda lo anterior la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 55, junio de 2018, tomo I, página 8, décima época, registro digital 2017117, que dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Máxime que aquel juicio contencioso administrativo no impone mayores requisitos que los contenidos en la Ley de Amparo, para conceder la suspensión del acto recamado. Así se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, localizable en la página 1194, del libro 28, tomo II, de marzo de 2016, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que consagra: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." Por último, se considera necesario mencionar que, en todo caso, el procedimiento conciliatorio a que se refieren los artículos 111 y 116 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, tiene como finalidad procurar avenir los intereses de las partes y se inicia mediante la celebración de una audiencia de conciliación, en la que el conciliador expondrá a las partes un resumen de la reclamación y del informe que previamente se hubiere solicitado al proveedor, señalando los elementos comunes y los puntos de controversia, exhortándolos para llegar a un arreglo, para lo cual presentará una o varias opciones de solución al problema. De ello puede concluirse que si el acto reclamado aconteció durante la audiencia de inicio del procedimiento conciliatorio, ésta no afecta un interés jurídico sustantivo, pues dicho procedimiento tiene como única función avenir a las partes a fin de que lleguen a un arreglo favorable y no dirimir una controversia que tenga como consecuencia la afectación o agravio subjetivo público, lo cual se puede evidenciar con lo dispuesto en el artículo 113 de la ley mencionada, en el sentido de que la audiencia conciliatoria se efectuará sin prejuzgar sobre el conflicto materia de la queja; por tanto, lo actuado en la diligencia no ocasiona perjuicio que afecte derechos fundamentales del quejoso y, en consecuencia, en su caso, resultaría improcedente el juicio de amparo. Sobre este aspecto se invoca por compartirse, la tesis XXI.4o.12 A, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en foja 1654, tomo XX, de agosto de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. LA AUDIENCIA CONCILIATORIA CELEBRADA ANTE DICHO ORGANISMO NO AFECTA INTERESES JURÍDICOS DEL QUEJOSO, POR LO QUE RESULTA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA. El procedimiento conciliatorio a que se refieren los artículos 111 y 116 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, tiene como finalidad procurar avenir los intereses de las partes y se inicia mediante la celebración de una audiencia de conciliación, que incluso podrá realizarse vía telefónica o por otro medio idóneo, donde el conciliador expondrá a las partes un resumen de la reclamación y del informe que previamente se hubiere solicitado al proveedor, señalando los elementos comunes y los puntos de controversia, exhortándolos para llegar a un arreglo, para lo cual presentará una o varias opciones de solución al problema. De ello puede concluirse, que el acto reclamado consistente en la audiencia de inicio del procedimiento conciliatorio de que se trata, no afecta los intereses jurídicos de la quejosa, pues dicho procedimiento tiene como única función avenir a las partes a fin de que lleguen a un arreglo favorable y no dirimir una controversia que tenga como consecuencia la afectación o agravio subjetivo público, lo cual se puede evidenciar con lo dispuesto en el artículo 113 de la ley mencionada, en el sentido de que la audiencia conciliatoria se efectuará sin prejuzgar sobre el conflicto materia de la queja; por tanto, lo actuado en la diligencia no ocasiona perjuicio a la impetrante de amparo y, en consecuencia, es improcedente el juicio de garantías en su contra." En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XX, de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo, con fundamento en el diverso 113 del propio ordenamiento legal. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Tomando en cuenta que el domicilio proporcionado en la demanda de amparo para oír y recibir notificaciones, se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto se señale algún domicilio dentro de dicho asiento, todas las notificaciones aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, de acuerdo con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que este juzgado ordene, cuando así lo estime conveniente, la notificación en términos del artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo. Sin que sea dable tener como domicilio el correo electrónico toda vez que no se encuentra contemplado en la ley de la materia; no obstante, se podrá entablar comunicación no procesal en los casos en que se estime necesario a través de ese medio. Asimismo, se tienen por autorizadas a las personas que refiere, en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio señalado en su demanda de amparo..."
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