Sergio Castro Álvarez
Expediente 914/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 914/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Sergio Castro Álvarez
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de julio de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida por Sergio Castro Álvarez, contra actos de la SECRETARÍA GENERAL INSTRUCTORA DEL ÓRGANO DE INSTRUCCIÓN DEL CONSEJO DE CARRERA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, con cuatro copias y un anexo que se acompañan; que estima violatorios a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado y fórmese el expediente de amparo relativo bajo el progresivo 914/2022-VI. Ahora bien, examinada la demanda de amparo de que se trata, se advierte que el quejoso reclama: ? La determinación de veintitrés de junio de dos mil veintidós, dictada en el expediente SGI/PA/009/2022, en la que le fueron desechadas las pruebas ofrecidas y se negó la apertura del incidente de nulidad de notificaciones dentro del procedimiento administrativo. Asimismo, de los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación narrados por la parte promovente, se desprende: a) Que el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, al quejoso Sergio Castro Álvarez le fue notificado el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo bajo el expediente SGI/PA/009/2022, a efecto de que compareciera a la audiencia de veintitrés de junio de dos mil veintidós. b) Que con fecha veintitrés de junio del veintidós, se celebró la audiencia de mérito, en la que presentó escrito con alegatos y ofreció pruebas dentro del procedimiento administrativo. c) El veintisiete de junio de dos mil veintidós, le fue notificado el contenido de la determinación que recayó la citada audiencia en la cual se desechó el incidente de nulidad de notificaciones y las pruebas ofrecidas por el quejoso. Siendo éste el acto que se reclama en la presente instancia constitucional. Sentado lo anterior, debe decirse que en el caso a estudio, se considera actualizada la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto por el diverso numeral 107, fracción III, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Dicha porción normativa establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] De acuerdo a lo establecido en los artículos antes citados, se colige que el juicio de amparo indirecto, en tratándose de actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, será procedente siempre y cuando se reclame la resolución definitiva por violaciones cometidas en la propia resolución o bien, durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas se hubiese dejado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y, por actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, es importante recordar que, al interpretar la fracción V, del citado precepto 107 de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que cuando se reclaman en amparo indirecto, actos de imposible reparación -dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido- resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, cuando sea dictada la resolución que concluya el procedimiento natural, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional a través de los llamados derechos fundamentales, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra, obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, si el quejoso obtiene sentencia favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. En efecto, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Esto es, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, pues determinó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos. Así, se deduce que las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación en el proceso o procedimiento, son: 1. La exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y 2. Que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, a contraposición de los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Lo anteriormente determinado encuentra apoyo, por las razones que la sustentan, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39 del libro 7, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, junio de 2014, Décima Época, de rubro: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Dicho en otras palabras, aun y cuando un acto reclamado, dictado dentro de un juicio, pueda encontrar fundamento en lo reseñado por los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, lo cierto es que, para que sea procedente su impugnación, desde luego, a través del juicio de amparo en la vía indirecta, es necesario que la suerte de todo el juicio natural dependa de la legalidad o constitucionalidad del citado acto, bien para asegurar su desarrollo con respecto a las garantías procesales esenciales del quejoso o bien, por que conlleve la posibilidad de evitar el desenvolvimiento ocioso o innecesario de dicho juicio. En el caso, como se ha visto, el acto reclamado lo constituye el acuerdo emitido por la Secretaría General Instructora del Órgano de Instrucción del Consejo de Carrera de Procuración de Justicia de la Fiscalía General del Estado, a través del cual no admitió las pruebas ofrecidas y desecho el incidente de nulidad en el procedimiento administrativo instruido en contra del aquí quejoso Sergio Castro Álvarez. Así, conforme a lo anteriormente destacado, se pone en evidencia que el citado acto reclamado fue emitido dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y en el cual, al haber sido vinculado de manera directa, puede ser escuchado y se emitirá una resolución que dilucidará si existió alguna falta administrativa y la sanción que en su caso proceda. En tal virtud, toda vez que el juicio de amparo indirecto, en tratándose de actos que emanen de un procedimiento seguido en forma de juicio, como en el caso, procede únicamente en contra de la resolución definitiva que se emita en el mismo o bien, cuando el acto que se impugne sea de aquellos de imposible reparación; procede entonces analizar si en el presente asunto se actualiza alguna de esas hipótesis de procedencia. Así, por lo que hace al primer supuesto, esto es, que se haya dictado resolución en dicho procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, se tiene que, el acto que se reclama es la determinación que desecha el incidente de nulidad y las pruebas ofrecidas, por lo que a la fecha de presentación de la demanda de amparo en que se actúa, no se ha dictado la resolución definitiva dentro del mismo. Por su parte, respecto a la diversa hipótesis jurídica, atinente a que el acto que se combate emitido dentro del mencionado procedimiento seguido en forma de juicio, sea de aquellos de imposible reparación, debe decirse que, como se ha mencionado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el concepto de imposible reparación se circunscribe a aquellos actos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, es decir, los actos autoritarios que impiden el libre ejercicio del algún derecho en forma presente, aún con anterioridad al dictado del fallo definitivo de dicho procedimiento; catálogo dentro del cual no se encuentra el auto por el cual se desechen los medios probatorios ofrecidos o el incidente de nulidad dentro del trámite del procedimiento, pues éste se encuentra inmerso dentro de los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual sino que depende de que llegue o no a trascender al resultado del fallo definitivo de dicho procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Cierto, pues el mencionado auto de veintitrés de junio de dos mil veintidós, no produce sobre la persona o las cosas del aquí quejoso Sergio Castro Álvarez, una ejecución de imposible reparación, pues no afecta de manera directa e inmediata alguno de sus derechos sustantivos como la vida, la libertad o sus posesiones, ya que únicamente -y en todo caso- produce una violación de carácter formal o intraprocesal, pues la posible afectación que reclama puede ser subsanada si obtiene una resolución favorable a sus intereses y, en caso contrario, podría alegar dicha violación procesal, como concepto de violación, en el amparo que se promueva en contra del fallo definitivo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 119/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 442 del tomo XXXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de 2010, Novena Época, registro digital 163932, de rubro y texto: SERVICIO DE CARRERA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA FEDERAL (ACTUALMENTE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL) DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN RELATIVO NO ES ACTO IRREPARABLE NI CAUSA AFECTACIÓN EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. Conforme a los artículos 114, fracciones II y IV, 158, 159, fracción III, y 161, primer párrafo, de la Ley de Amparo, por regla general el desechamiento de pruebas dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio constituye una afectación a derechos adjetivos o procesales de defensa que debe impugnarse en amparo directo promovido contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin a la contienda, salvo que con motivo de ese acto intraprocesal se cause una ejecución irreparable, caso en el cual procede el juicio de garantías en la vía indirecta. En ese tenor, se concluye que el desechamiento de las pruebas de descargo ofrecidas por el servidor público sujeto al procedimiento administrativo de separación del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal (actualmente Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial) de la Procuraduría General de la República, no constituye un acto de imposible reparación, al no lesionar de modo directo e inmediato sus derechos sustantivos, sino sólo una afectación no definitiva a sus derechos adjetivos o procesales de defensa reparable por la autoridad resolutora al emitir fallo favorable, ocasionando que no trascienda a la esfera jurídica del quejoso por esa actuación. Igualmente, las consecuencias de ésta no producen una afectación en grado predominante o superior, en tanto no se impide la debida integración de la litis; tampoco ocasionan el retardo de la solución del procedimiento o que se siga de manera ociosa, ni determina definitivamente el rumbo del procedimiento por la posibilidad de que, aun sin pruebas de su parte, pueda obtener una resolución a su favor atendiendo a la universalidad de las constancias respectivas. En esa medida, se actualiza la causal del improcedencia prevista en la citada fracción XXIII del artículo 61, en relación con lo dispuesto por el diverso numeral 107, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 113 de la invocada ley, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Sin que lo anterior implique que el aquí quejoso no pueda promover el juicio relativo en el momento procesal oportuno. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Raúl Omar Ávalos Espino y Juan Flavio Estrada Barajas, quienes cuentan con su cédula profesional registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,469 expedientes
- Sergio Alejandro Torres Rodriguez1602/2023
- Sergio Arenas Narvaez924/2018
- Sergio Arturo Chacon de la Mora1270/2018
- Sergio Carlos Acebo Paramo1491/2023
- Sergio Carlos Rodriguez Montoya626/2018
- Sergio Carrera Garcia349/2020
- Sergio Contreras Flores1062/2022
- Sergio Eloy Lopez Lopez583/2023
- Sergio Esparza Nuñez547/2021
- Sergio Flores Monreal1304/2021
- Sergio Garcia Naranjos90/2020
- Sergio Hernández Tristan751/2021