Sergio Castañeda López
Expediente 776/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 776/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/04/2019
Partes del expediente
- Sergio Castañeda López
Actuaciones
- Principal
Zapopan, Jalisco, cuatro de abril de dos mil diecinueve. Apertura de incidente de suspensión. Visto lo de cuenta, y como está ordenado en el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 125 y 128, fracción I, y última parte de dicho numeral, ambos Ley de Amparo, fórmese por duplicado y por cuerda separada el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 3656/2018, promovido por Gasolinera El Zapote, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de sus representantes legales Oscar Cuevas Villarreal y Francisco Javier Cuevas Villarreal, carácter que con fundamento en los artículos 6 y 10 de la Ley de Amparo, se le reconoce por acreditarlo con la copia certificada de la escritura pública que exhiben, contra actos del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. Señalamiento de fecha y hora para celebrar la audiencia incidental. De igual forma, en términos de lo dispuesto por la fracción II del referido artículo 138 de la ley de la materia, se señalan las ONCE HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Precisión de la autoridad responsable. Se precisa que el ordinal 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece como obligaciones de los peticionarios de amparo, entre otras, el señalar con precisión a la autoridad responsable (incluso tratándose de asuntos en materia penal pues sobre el tema no opera la suplencia de la queja a que hace referencia el artículo 79 de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa de que, en caso de que la autoridad responsable no exista con las denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite, se le tendrá por inexistente y se suspenderá toda comunicación con la misma y, en su oportunidad, se resolverá el juicio conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable, hasta antes de la audiencia constitucional, al considerar que le corresponde a la parte impetrante estar pendiente de la tramitación de su asunto; la anterior circunstancia guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. Solicitud de informe previo. Con fundamento en la fracción III del artículo 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad señalada como responsable su informe previo, el cual deberá rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, remitiéndole al efecto copia simple de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, bajo apercibimiento que de no cumplir lo anterior, se procederá conforme a los artículos 142 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Pruebas. Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por presentadas las pruebas documentales que previo cotejo y certificación en el juicio principal, se ordenó agregar al presente incidente, sin perjuicio de relacionarlas al momento de celebrarse la audiencia incidental. Fijación de los actos reclamados. Previamente a estudiar si en el caso procede el otorgamiento de la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, es menester determinar cuáles son los actos reclamados cuya suspensión solicita; por lo que del análisis acucioso de la demanda de amparo y escrito aclaratorio se desprende que la parte quejosa señala como tales, esencialmente: ".A. Las DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Distribución y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos, publicadas el día Viernes 16 de junio de 2017 en el Diario Oficial de la Federación. B. El PROGRAMA para el Registro y Autorización de Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Distribución y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 08 de junio de 2018. C. ACUERDO por el cual se modifican, adicionan y derogan diversos artículos de las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Distribución y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 02 de agosto de 2018." Asimismo, se aprecia que la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que".se le conceda a mi apoderada, la suspensión provisional de los efectos y consecuencias de los actos reclamados y, en su oportunidad, la suspensión definitiva de los mismos, para el efecto de que no se apliquen en mi perjuicio hasta en tanto se regularice su situación inconstitucional." En consecuencia, toda vez que la parte quejosa es expresa al referir los efectos para los que se solicita la suspensión, materia de la presente incidencia, se estudiará a la luz de dicho planteamiento. Sirve de fundamento para ello, la aplicación por analogía de la jurisprudencia 111/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS". Determinación sobre la suspensión. Cabe puntualizar que para proveer acerca de la suspensión provisional solicitada, se tomará en cuenta el contenido de la fracción X del artículo 107 constitucional, así como los artículos 128, 138, 139, 146, 147, 150 y 157 de la Ley de Amparo, para lo cual se deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, cuando la naturaleza del acto lo permita, y la no afectación del interés social, para que sea dable pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión del acto reclamado, para establecer los requisitos y efectos de la medida cautelar, o bien, la ejecución del acto por parte de la autoridad responsable. El artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: Que exista la solicitud del quejoso (interés suspensional y afectación); Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En tanto que, el otro requisito se cumple, en conjunto con la exigencia de la ponderación de la apariencia del buen derecho, en razón de lo siguiente: De conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que lo concede tiene por objeto restituir al quejoso el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, o bien, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Así, el juicio de amparo es el medio de control constitucional por excelencia con el que cuentan los ciudadanos para hacer posible la restitución de un derecho que hubiera sido desconocido o afectado. Sin embargo, muchas veces esta restitución puede no ser oportuna, por haberse consumado determinados actos de las autoridades responsables antes de que la autoridad de amparo se pronuncie con respecto a si realmente tuvo lugar o no la violación del derecho fundamental y sus garantías de protección. Precisamente para evitar lo anterior, es que el juicio de amparo contempla una figura jurídica como la suspensión del acto reclamado, cuya racionalidad es la conservación de la materia del juicio, atendiendo a las finalidades restitutorias del mismo, bajo los parámetros antes mencionados, establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el numeral 138 de la Ley de Amparo. De este modo, tomando en cuenta el contenido de esas disposiciones, que contemplan la obligación de los Jueces de ponderar en cada caso concreto entre la apariencia del buen derecho y el interés social, es claro que la suspensión debe entenderse como aquel medio eficaz que está al alcance de los juzgadores para evitar que se pierda la materia litigiosa. Al hilo de lo anterior, se enfatiza en que la apariencia del buen derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad de la existencia del derecho discutido en el proceso; mientras que el peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. Bajo ese contexto normativo, se niega a la parte quejosa, la suspensión provisional de los actos reclamados, toda vez que de concederse se seguiría perjuicio al interés social, además, contraviniendo disposiciones de orden público, en términos del artículo 129, fracción XIII; requisito que lo exige el numeral 128, fracción II, de la Ley de Amparo y que debe analizarse conforme al diverso 107, fracción X, de la Constitución Federal. Para mayor ilustración, se cita el contenido del artículo 129, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que a la letra señala: "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: (.) XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Ahora bien, para analizar los efectos que pudiera ocasionar la concesión de la medida cautelar solicitada, resulta pertinente citar, uno de los considerandos conforme los cuales se fundamentó y motivó, la publicación de los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Distribución y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos, publicadas el día Viernes 16 de junio de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, que se expresa en los términos siguientes: "Que el 20 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, en cuyo artículo Transitorio Décimo Noveno se establece como mandato al Congreso de la Unión realizar adecuaciones al marco jurídico para crear la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría del ramo en materia de Medio Ambiente, con autonomía técnica y de gestión, con atribuciones para regular y supervisar, en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, las instalaciones y actividades del Sector Hidrocarburos, incluyendo las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, así como el control integral de residuos;". De lo anterior se advierte que dichas disposiciones generales tienen como punto de partida, el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, particularmente, el artículo 28, cuarto párrafo, que se estableció en los términos siguientes: "No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución, respectivamente.". Del citado precepto constitucional, se desprende que con dicho sistema normativo el Estado pretende establecer un nuevo modelo económico que permita intensificar la competencia económica en el sector estratégico de energía, permitiendo la generación de productos y servicios de mejor calidad a menores precios, aprovechando al máximo los recursos naturales y propiciando la inversión, la participación de nuevos actores económicos y el crecimiento de la economía, y con ello hacer que México retome su papel de actor fundamental en la industria petrolera a nivel mundial. Para ello, a efecto de impulsar el nuevo modelo de regulación económica en materia de hidrocarburos, se previó en el artículo décimo noveno transitorio del citado decreto de reforma constitucional, las siguientes acciones: "Décimo Noveno. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico para crear la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría del ramo en materia de Medio Ambiente, con autonomía técnica y de gestión, que disponga de los ingresos derivados de las contribuciones y aprovechamientos que la ley establezca por sus servicios para financiar un presupuesto total que le permita cumplir con sus atribuciones. La Agencia tendrá dentro de sus atribuciones regular y supervisar, en materia de seguridad industrial, operativa y protección al medio ambiente, las instalaciones y actividades del sector hidrocarburos, incluyendo las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, así como el control integral de residuos.". De ahí, que la expedición del segundo ordenamiento que se reclama, como lo es, el Programa para el Registro y Autorización de Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Distribución y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos, que se expresa tenga como finalidad desarrollar las siguientes actividades: "1. Alcance. El presente Programa para el Registro y Autorización de Sistemas de Administración es aplicable a las personas físicas y morales que sean titulares de un permiso expedido por la Comisión Reguladora de Energía previo al 13 de marzo de 2018, para desarrollar las actividades de: a) Expendio al Público de Gas Natural, de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos, o b) Distribución de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos.". En ese sentido, el Acuerdo refiere en el artículo 26 que: "Artículo 26. Los Regulados que busquen desarrollar un Proyecto de Distribución de Gas Licuado de Petróleo y/o Petrolíferos, deberán contar con la Autorización de la Agencia para implementar el Sistema de Administración en dicho Proyecto, previo al inicio de cualquier actividad de la etapa de construcción y posteriores." De lo expuesto se advierte que las normas reclamadas, en conjunto, tienen como finalidad principal el realizar adecuaciones al marco jurídico relacionado con la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como son, los hidrocarburos que se comercializan en la venta al público, en tanto que éstos derivan precisamente de las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, los cuales al ubicarse en el subsuelo, son propiedad de la nación, como se corrobora de lo dispuesto en el citado artículo 27 constitucional, séptimo párrafo, que a la letra señala: "Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones.". Con base en lo expuesto, se advierte precisamente que de concederse la suspensión que solicita la parte quejosa, se ocasionaría un perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, al dejar de aplicarse ordenamientos generales que en conjunto tienen como finalidad que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, desarrolle actividades de regulación y supervisión de las personas físicas y morales que sean titulares de un permiso expedido por la Comisión Reguladora de Energía previo al trece de marzo de dos mil dieciocho, para desarrollar las actividades de: a) Expendio al Público de Gas Natural, de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos, o} b) Distribución de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos. Por lo anterior, se considera que la sociedad se encuentra interesada en que al ampliarse la oferta de venta al público de hidrocarburos, por parte de particulares, se vuelve necesario que el Estado mexicano, por conducto de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, desarrolle actividades de regulación y supervisión de las personas físicas y morales que sean titulares de un permiso expedido por la Comisión Reguladora de Energía, como una forma de proteger la optimización de los hidrocarburos que son propiedad de la nación. En ese sentido, en el caso lo procedente es negar a la parte quejosa la suspensión provisional de los actos reclamados, toda vez que de concederse se seguiría perjuicio al interés social, además, contraviniendo disposiciones de orden público; requisito que lo exige el numeral 128, fracción II, en relación al 129, fracción XIII, ambos de la Ley de Amparo y que debe analizarse conforme al diverso 107, fracción X, de la Constitución Federal. Encuentra apoyo a lo anterior, el criterio contenido en la tesis de contenido siguiente: "CONTRATO DE FRANQUICIA Y SUMINISTRO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS PRODUCTO DE LA REFINACIÓN DEL PETRÓLEO CELEBRADO ENTRE PARTICULARES Y PEMEX-REFINACIÓN. AL SER SU OBJETO DE ORDEN PÚBLICO, ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA SU RESCISIÓN. Del marco normativo que regula la naturaleza de Petróleos Mexicanos, así como la administración y disposición de los hidrocarburos propiedad de la nación, como lo son los artículos 1o. a 6o., 18, 60, 61 y 72 de la Ley de Petróleos Mexicanos, se advierte que establecen la organización y funcionamiento de dicho organismo descentralizado y las bases aplicables a sus organismos subsidiarios, los que están facultados para celebrar actos, convenios, contratos de obras y prestación de servicios, y suscribir títulos de crédito con personas físicas o morales para realizar operaciones relacionadas directa o indirectamente con su objeto. Por su parte, de los preceptos 1o., 3o., 4o., 6o., 14 Bis, 15 a 15 Ter y 16 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, se evidencia que: la nación conserva el dominio directo, inalienable e imprescriptible de todos los carburos de hidrógeno que se encuentren en el territorio nacional; la industria petrolera abarca la exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y ventas de primera mano del petróleo y los productos que se obtengan de su refinación; actividades que se realizan por conducto de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, los que pueden celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiera, así como que la gasolina y los combustibles líquidos producto de la refinación del petróleo que se vendan directamente al público, a través de las estaciones de servicio, deben distribuirse y expenderse o suministrarse sin alteración, de conformidad con lo que establecen la propia ley y demás disposiciones aplicables; las estaciones de servicio con venta directa al público o de autoconsumo deben operar en el marco del contrato de franquicia u otros esquemas de comercialización que al efecto suscriban los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos con personas físicas o sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros, por lo que quienes realicen esas actividades deben cumplir con las disposiciones administrativas y normas de carácter general que expidan, en el ámbito de sus competencias, la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, obligándose a entregar la información o reportes que éstas les requieran; también señalan los deberes de la paraestatal y sus organismos subsidiarios, las obligaciones de las personas que contratan con dichos organismos, así como las sanciones y medidas de seguridad a aplicar en caso de incumplimiento a los compromisos adquiridos, lo que hace patente que el objeto materia de los contratos de franquicia y suministro de gasolina y combustibles líquidos producto de la refinación del petróleo celebrados entre particulares y Pemex-Refinación, es de orden público, al encontrarse dirigido a regular las relaciones entre éstos y relacionado con la comercialización de bienes, de los cuales el Estado conserva el dominio directo, inalienable e imprescriptible, como lo son los hidrocarburos, por lo anterior, la sociedad se encuentra interesada en que dichos contratos se cumplan y, sobre todo, que no exista irregularidad alguna en su suscripción, o bien, en su renovación, ya que constituyen las bases y reglas bajo las cuales operan las estaciones de servicio que abastecen a la colectividad del combustible necesario para el funcionamiento de los vehículos. Por tanto, es improcedente conceder la suspensión en el amparo contra su rescisión, al no actualizarse el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, toda vez que ese acto tiene como finalidad evitar que las estaciones de servicio, comúnmente denominadas gasolineras, operen de manera irregular, caso contrario, se permitiría su funcionamiento sin contar con la autorización por parte de Pemex-Refinación, lo que implicaría una afectación al orden público y al interés social, pues con el otorgamiento de la medida suspensional se autorizaría a una empresa la comercialización de los productos relacionados con hidrocarburos, eludiendo la obligación establecida en el artículo 14 Bis, segundo párrafo, citado, es decir, que operara fuera del marco de un contrato de franquicia u otros esquemas de comercialización que al efecto suscriban los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos con personas físicas o morales." Así, se reitera, este Juzgado de Distrito considera que no se reúne el requisito previsto en el artículo 128, fracción II de la Ley de Amparo ya que, de conceder la suspensión provisional se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, en cuanto a que se limitarían las funciones reguladoras del Estado respecto de los actores económicos que intervienen en el mercado de la oferta de hidrocarburos en la venta al público. De ahí que al ser el interés de la colectividad, que se realice un adecuado aprovechamiento del petróleo y demás hidrocarburos, por parte de las personas físicas y morales que sean titulares de un permiso expedido por la Comisión Reguladora de Energía previo al trece de marzo de dos mil dieciocho, para desarrollar las actividades de expendio y/o distribución al público de Gas Natural, de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos, resulte improcedente conceder la medida cautelar solicitada. Por otra parte, no se puede estudiar la apariencia del buen derecho en favor de la parte quejosa, porque se considera que no se reúnen los requisitos contenidos en la fracción II del arábigo 128 en relación al 129, fracción XIII, ambos de la ley de la materia. Por tanto, al considerar que no se satisfacen los requisitos previstos en la fracción II, del artículo 128, en relación a la fracción XIII, del numeral 129, ambos de la Ley de Amparo, relativo a que no se cumple con el requisito de que no se afecte el orden público ni el interés social, se niega a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada. Sin que en el caso, las pruebas aportadas por la parte quejosa puedan superar la afectación al interés social y al orden público detectado por este órgano jurisdiccional. Apoya lo expresado, la Tesis: 2a./J. 204/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 315, Novena Época, cuyo rubro y texto establecen: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." Autorizados y domicilio para oír y recibir notificaciones. Se tiene como autorizados de la parte quejosa en términos amplios a Aníbal Gómez Marquina, Julio Alejandro Ayala Ramírez y José Ramón Sandoval, en términos de lo que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, y en términos restringidos a las diversas personas que refiere, por así solicitarlo expresamente. En atención a lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio procesal el indicado en la demanda de amparo. IX. Medios electrónicos. De conformidad con el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la reproducción de las actuaciones que obren en el presente juicio de amparo, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, dejando constancia en el expediente de la reproducción obtenida a través de cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, en el entendido, de que deberá proporcionar los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos). Asimismo, dígasele al solicitante que si se trata de documentos cuya difusión esté reservada por disposición legal, le será negada la copia solicitada y además que el uso que le dé a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, serán bajo su más estricta responsabilidad. Apoya a lo anterior por las razones que la informan, la tesis I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, cuyo rubro dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". X. Habilitación de días y horas inhábiles. Se habilitan días y horas inhábiles en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, por estimarse pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. XI. Transparencia. Finalmente, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 9° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional protegerá los datos personales, salvo el consentimiento expreso de la parte correspondiente.
- Principal
Visto el contenido del escrito, aparentemente signado por , quejosa, mediante el cual solicita se requiera a la responsable la remisión de algunas constancias. II. Requerimiento a promovente para ratificación de firma. En atención a lo anterior, agréguese a los autos el escrito de cuenta, y previo a proveer lo conducente, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la promovente, para que dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante la presencia judicial, para que bajo protesta de decir verdad, manifieste si reconoce como suya la firma y el contenido del escrito de cuenta, previa identificación oficial correspondiente, en virtud de que la firma que calza dicha promoción, difiere a las plasmadas durante la tramitación del juicio; bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, o no reconocerla como propia, se tendrá por no presentado dicho ocurso. Además, se le hace saber que, en caso de que incurra en falsedad de declaración ante este Órgano de Control Constitucional, puede hacerse acreedor a las sanciones previstas en el artículo 247 del Código Penal Federal.
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