Sergio Castañeda Juárez
Expediente 523/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 523/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 14/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Sergio Castañeda Juárez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Puebla, Puebla, a catorce de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el cual remite el testimonio de la ejecutoria de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, dictada dentro recurso de revisión número R-244/2015, el expediente de amparo número 523/2021 y un anexo, de la cual se advierte que dicho Tribunal Colegiado resolvió confirmar y negar el amparo en el presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, acúsese recibo a la superioridad de la ejecutoria antes mencionada, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de garantías, y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado; así como el expedientillo que se formó con motivo del recurso planteado, únicamente por lo que hace a las constancias que obran en original; lo anterior a fin de hacer práctico el manejo del juicio de amparo en que se actúa. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General1 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. Es depurable de conformidad con el diverso 18, fracción I, inciso b) del acuerdo general citado porque se sobreseyó y negó en el presente juicio de amparo por los actos reclamados; por ende, se conservará durante un plazo de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, una vez concluido este plazo dentro de los siguientes noventas días, el órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio; la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada. Terminando el proceso de depuración, el órgano jurisdiccional deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Incidente se suspensión El cuaderno original es depurable de conformidad con el diverso 18, fracción I, inciso a), pues las medidas cautelares -provisional como y definitiva-, fueron concedidas; por ende, se conservará por el término de tres años, contados a partir de esta fecha y, concluido, dentro de los noventa días siguientes será depurado: se conservarán las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la suspensión, para después transferirlo a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Glósese al expediente principal sin alterar el folio. El duplicado es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), lo que se realizará una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha. Archívese por separado. CARÁTULAS En conformidad con lo establecido en el artículo 35, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este cuaderno y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. DATOS PERSONALES Las partes no ejercieron el derecho de oponerse a la publicación de tales datos al hacerse pública la sentencia pese a que fueron prevenidas para ello. DEVOLUCIÓN DE ANEXOS Finalmente, remítase a la autoridad responsable ordenadora, las constancias que anexó como justificante de su informe (ANEXO I), consistente en el duplicado de la causa penal lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, solicitándole el acuse respectivo.
- Principal
Puebla, Puebla, a veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito signado electrónicamente por MA. ISABEL ESCALONA PÉREZ, autorizada en términos amplios del quejoso SERGIO CASTAÑEDA JUAREZ, atento a su contenido, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, téngasele interponiendo el recurso de revisión en contra de la sentencia de trece de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el presente juicio de amparo. Con una copia simple del escrito de agravios fórmese cuaderno de antecedentes en sustitución del expediente original, córrase traslado a las partes, y una vez integrado sin previo acuerdo remítase el original y copia del escrito que contiene el recurso y los presentes autos, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en Turno, para la substanciación del recurso interpuesto.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 523/2021, y R e s u l t a n d o. Primero. Mediante escrito presentado el dos de junio de dos mil veintiuno recibida en el Panel de Promociones del Expediente Electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, Sergio Castañeda Juárez, por conducto de su defensora particular Ma. Isabel Escalona Pérez, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, y otra autoridad, por considerar que violenta los artículos 1, 14, 16, 17 y 19, constitucionales. Dichos actos los hizo consistir en el auto de formal prisión decretado en su contra, por el Juez Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, dentro de la causa penal 2/2019, y su ejecución. Segundo. El cuatro de junio de dos mil veintiuno este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla registró la demanda como juicio de amparo 523/2021, la admitió a trámite, solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, así como al representante social adscrito al juzgado responsable y fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional misma que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado la tiene para conocer y resolver el presente juicio conforme a los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y al Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que los actos reclamados tienen ejecución en el Estado de Puebla, entidad en la que este juzgado federal ejerce jurisdicción y además son de naturaleza penal, al ser un auto de formal prisión y su ejecución. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Para cumplir lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se precisa que el acto reclamado consiste en el auto de formal prisión dictado el diecinueve de mayo de dos mil diecinueve en el proceso 2/2019 emitido en contra de Sergio Castañeda Juárez, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones, en agravio de Juan Carlos Salas Suárez. La ejecución de ese auto atribuida al Director del Centro de Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados al Juez Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, y Director del Centro de Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla, consistente en el auto de formal prisión decretado en contra del quejoso, el diecinueve de mayo de este año. Lo anterior se desprende de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, lo que se corrobora con las copias certificadas de la causa penal 2/2019 que remitió el juez responsable. De tales constancias se advierte que el acto reclamado obra a fojas 877 a 941 del anexo I. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. No se planteó ni se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia, por lo que se analizará la cuestión de fondo, siendo innecesario transcribir los conceptos de violación, pues el artículo 74, fracción II, de la Ley de Amparo únicamente exige su análisis sistemático. QUINTO. ANÁLISIS DEL DELITO DE FRAUDE. Los conceptos de violación son infundados, sin que se advierta deficiencia que suplir a su favor. El acto reclamado consiste en el auto de formal prisión decretado en contra del quejoso, el diecinueve de mayo de este año, por el Juez Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, dentro de la causa penal 2/2019, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones dolosas, en agravio de Juan Carlos Salas Suárez. Conviene precisar que el auto de formal prisión reclamado se emitió en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo 1049/2020 del índice de este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. En dicho juicio de amparo, en sentencia de treinta de marzo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Sergio Castañeda Juárez, para los efectos siguientes: " . La autoridad responsable deje insubsistente el auto de formal prisión decretado el doce de diciembre de dos mil veinte en los autos del proceso 2/2019 de su índice: Reitere lo relativo al análisis del cuerpo del delito de lesiones y daño en propiedad ajena. Y, respecto de la probable responsabilidad de Sergio Castañeda Juárez, con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada, exponga la forma de participación de éste en el evento delictivo, sin ir más allá de los hechos dados a conocer por el ofendido ante el Ministerio Público, ni de los medios probatorios existentes. Notifique de manera personal al quejoso su resolución. ." Toda vez que en esa sentencia se determinó que con las pruebas analizadas por la responsable fue correcto que se tuvieran demostrados los elementos del cuerpo de los delitos de lesiones dolosas previsto y sancionado en los artículos 305, 306, fracción II y 308, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, y daño en propiedad ajena, previsto y sancionado en el artículo 414, fracción III, del mismo ordenamiento legal, ambos en relación con los diversos numerales 13 y 21, fracción I, de ese mismo código. Sentencia de amparo que no fue recurrida y que en auto de tres de agosto de este año se declaró cumplida. Entonces, en esta resolución únicamente se analizará lo respectivo a la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del ilícito de lesiones cometido en agravio de Juan Carlos Salas Suárez, ya que la responsable decretó auto de libertad por falta de méritos a favor del procesado como probable responsable en la comisión del delito de daño en propiedad ajena. El quejoso como conceptos de violación alega que la responsable no expresó los elementos integradores del delito y únicamente se concretó al "vaciado" de probanzas en autos. Así mismo, alega que el juez responsable no consideró, ni valoró, sólo se concretó a manifestar que las declaraciones de los elementos policiacos intervinientes no abonan la demostración de los elementos del cuerpo del delito. Estas alegaciones resultan inoperantes, en virtud que son tendentes a desvirtuar la acreditación de los elementos del cuerpo del ilícito de lesiones dolosas, sin embargo como se precisó en párrafos precedentes lo referente a la demostración de los elementos del cuerpo ya quedó analizado en la diversa sentencia dictada en el juicio de amparo 1049/2020. Así mismo, alega que a las declaraciones del agraviado el juez les otorgó valor probatorio, no obstante que están manipuladas a su conveniencia, al haber ampliado su declaración hasta en tres ocasiones. Que respecto a los atestes Israel de la Rosa Jiménez, José Fidel Nava Garrido y Karla Cobel Vargas, el juez refirió que declararon de manera clara y precisa sin dudas ni reticencias siendo uniformes, claros y precisos en sus declaraciones, situación que, alega, no acontece ya que esas declaraciones han sido manipuladas, y además, sus testimonios son contradictorios y diferentes a los proporcionados por los policías municipales. Estas alegaciones también resultan inoperantes. Lo anterior en virtud que, el valor probatorio de las declaraciones del agraviado, así como los testimonios de los referidos atestes, ya fueron materia de la sentencia dictada en el diverso juicio de amparo 1049/2020. Efectivamente, respecto a las declaraciones del ofendido se determinó que fue atinado concederles valor en términos de los artículos 73 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, por los motivos ahí expuestos. Y, respecto a los testimonios de los referidos atestes se precisó que la deposición de éstos se confirma la versión del ofendido, que fueron uniformes en las circunstancias de tiempo, modo y lugar, sin elementos para restarles credibilidad. Es decir, en una diversa ejecutoria de amparo ya se determinó que esas probanzas sí gozan de pleno valor probatorio, para acreditar el cuerpo del delito de lesiones; valoración que no debe demeritar ahora, al referirse a la acreditación de la probable responsabilidad del quejoso en la comisión de dichos ilícitos. En consecuencia, al considerarse legal la valoración de esas pruebas para acreditar el cuerpo del delito, en el estudio de la probable responsabilidad del quejoso en la comisión de esos ilícitos, ya no es factible analizar esa valoración, de ahí la inoperancia del referido concepto de violación, con independencia de los alcances que esas probanzas tengan para acreditar dicha responsabilidad. También alega que el auto de formal prisión reclamado es ilegal porque el juez responsable no tomó en consideración y, por ende, no valoró las declaraciones rendidas por los elementos de los policías municipales que intervinieron en el día de los hechos, así como el oficio CSPVM/CERI/093/2015 signado por la Directora del Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata. Así como que la responsable viola el principio de exhaustividad ya que no se pronunció respecto a todos las cuestiones litigiosas, así como de las pruebas aportadas por el quejoso Sergio Castañeda Juárez. Es decir, combate la fundamentación y motivación del acto reclamado, derivada de la omisión por parte del juez de origen de tomar en consideración todas las pruebas que obran en la indagatoria. Tales alegaciones son infundadas e inoperantes, en virtud que, en primer término, de las constancias que obran en la indagatoria y proceso de origen no se desprende que el quejoso haya ofrecido alguna prueba dentro de la indagatoria o en el término constitucional, es decir, antes de que se emitiera el acto reclamado, por tanto, parte de una premisa incorrecta al afirmar que el auto de formal prisión analizado es violatorio de garantías en virtud que el juez no tomó en consideración las pruebas aportadas por él. Y, respecto a la omisión de considerar y valorar pruebas que obran en la indagatoria, se reitera que en diverso juicio de amparo, se concedió el amparo solicitado al quejoso para el efecto que el juez responsable respecto de la probable responsabilidad del quejoso, con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada, expusiera la forma de participación de éste en el evento delictivo, sin ir más allá de los hechos dados a conocer por el ofendido ante el Ministerio Público, ni de los medios probatorios existentes. Por tanto, en caso de que el promovente considere que la fundamentación y motivación fue insuficiente, ya que el juez no tomó en consideración todas las pruebas que obran en la indagatoria, debió, en su caso, interponer el recurso de inconformidad o, si considerara que se repitió el acto reclamado, promover el incidente de repetición del acto reclamado, y si no lo hizo; ello, es un aspecto que no puede ser analizado en este juicio. En tales condiciones los conceptos de violación expuestos por el quejoso resultan infundados e inoperantes. Ahora bien, el juez, atinadamente, refirió que la probable responsabilidad del quejoso Sergio Castañeda Juárez, en la comisión del delito de lesiones dolosas previsto y sancionado en los artículos 305, 306, fracción II y 308, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en relación con los diversos numerales 13 y 21, fracción I, de ese mismo código, se acredita con los señalamientos directos que existen en su contra por parte del agraviado Juan Carlos Salas Suárez y de los atestes Israel de la Rosa Jiménez, José Fidel Nava Garrido y Karla Cobel Vargas. Para tal efecto, transcribió la parte conducente de esas declaraciones y testimonios. Y, en efecto, tanto de las declaraciones de Juan Carlos Salas Suárez como de lo narrado por los citados testigos, se advierte que son coincidentes en señalar al ahora quejoso Sergio Castañeda Juárez, como uno de los sujetos que el quince de diciembre de dos mil catorce, lo golpearon en diferentes partes de su cuerpo. Toda vez que, de dichas declaraciones se ubica al quejoso en el momento y lugar de los hechos y además se desprende un señalamiento directo contra el quejoso, pues el agraviado y atestes lo describen como la persona que lo golpeaba en distintas partes del cuerpo con un objeto de metal en la cara y en distintas partes del cuerpo y también lo identifican por su nombre, refiriendo, los cuatro, que es la persona que le pegaba con un objeto metálico a Juan Carlos Salas Suárez en la cara y en distintas partes del cuerpo. Efectivamente, el agraviado refirió en lo que aquí interesa, que el día de los hechos, tres sujetos lo golpearon, entre estos, una persona que con un objeto tipo bóxer, le empezó a pegar; precisando en declaración posterior que el nombre de esa persona es Sergio Castañeda Juárez. Por su parte, el testigo Israel de la Rosa Jiménez manifestó que el quince de diciembre de dos mil catorce, aproximadamente a las cuatro horas con veinte minutos, observó cómo tres personas agredían a unas personas que estaban estacionadas en la cantera, que uno de ellos, sabe se llama Sergio Castañeda Juárez, tenía un objeto metálico como bóxer en la mano y golpeaba al agraviado en la cara. Así, José Fidel Nava Garrido declaró respecto al día de los hechos que vio que tres personas estaban golpeando salvajemente a un hombre y a su acompañante, logrando ver que Sergio Castañeda Juárez, quien estaba de chamarra café como de treinta y cuatro años jalaba a Juan Carlos Salas Suárez y lo golpeaba en la cara y varias partes del cuerpo. Finalmente, Karla Cobel Vargas, ante la autoridad ministerial, con relación a los hechos denunciados, señaló que Sergio Castañeda Juárez, se acercó a golpear a Juan Carlos Salas Suárez, con un como bóxer metálico, después llegó José Luis Martínez Flores también a golpearlo y finalmente también se acercó una persona que vestía pantalón negro y chamarra negra que sabe se llama Emmanuel Zepeda Becerra o Emmanuel Zepeda Berra. De lo que se advierte, como se precisó, que las referidas declaraciones se concatenan y son coincidentes entre sí. Por lo que, al existir señalamiento directo contra el quejoso, sin que hasta el momento en que se emitió el acto reclamado, obre medio de prueba que desvirtúe el mismo, es dable concluir que Sergio Castañeda Juárez, es uno de los tres sujetos que golpeó a Juan Carlos Salas Suárez ocasionándole lesiones, las cuales conforme al dictamen médico que obra en la indagatoria se clasifican como lesiones que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar más de quince días, una de esas lesiones ocasionándole la lesión que deja cicatriz permanente notable en la cara. Así mismo, correctamente, estableció que ese ilícito lo cometió en forma dolosa, porque actuó con plena intención de provocar el resultado típico. Además, se desprende que es autor material y directo, ello a partir del señalamiento que hizo en su contra el pasivo y los mencionados atestes, ya que participó en la concepción, preparación y ejecución del ilícito, conforme al artículo 21, fracción I, del Código Penal del Estado. Ante lo expuesto es dable concluir que el auto de formal prisión es legal, en virtud que no transgrede el contenido del artículo 19 constitucional que establece como requisitos de fondo para decretar un auto de formal prisión, que los datos que arroje la averiguación previa deberán ser bastantes: a) Para comprobar el cuerpo del delito. b) Hacer probable la responsabilidad del indiciado. En consecuencia, y ante lo infundado e ineficaz de los conceptos de violación, sin que se advierta deficiencia que suplir, se niega el amparo al quejoso. Negativa que hace extensiva al acto reclamado a la autoridad ejecutora Director del Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, por ser consecuencia directa e inmediata del acto reclamado, máxime que dicha ejecución no se impugna por vicios propios. SEXTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado, conforme a los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Sergio Castañeda Juárez, respecto del auto de formal prisión decretado en el proceso penal 2/2019, atribuido al Juez Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, así como su ejecución atribuida al Director del Centro de Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla, en los términos precisados en la parte final del considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.
- Principal
Pral. 523/2021AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Puebla, Puebla, a las nueve horas con seis minutos del veinte de agosto de dos mil veintiuno, en el expediente relativo al juicio de amparo 523/2021, promovido por SERGIO CASTAÑEDA JUÁREZ en audiencia pública Cuauhtémoc Escobar González, Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistido de María Teresa Rodríguez Y Guarnero, secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional, sin asistencia de las partes. Al efecto, la secretaria certifica y hace constar que las partes no manifestaron su deseo de que la presente audiencia se realice a través de videoconferencia, conforme al requerimiento contenido en auto de cuatro de junio de dos mil veintiuno. El juez acuerda: en virtud de que las partes no hicieron valer su derecho para comparecer a esta audiencia a través del sistema de videoconferencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo referido y se procede a su desahogo de la forma tradicional. Acto continuo, la Secretaria da lectura a la demanda, relaciona las constancias de autos; así mismo, hace constar que las partes no presentaron documento alguno con el que deba darse cuenta en este acto. A lo que el Juez provee: Téngase por hecha la anterior relación de constancias, para los efectos legales a que haya lugar. En seguida, con fundamento en el numeral 123 de la Ley de la materia se abre el período probatorio, en el cual se relacionan las documentales ofrecidas por el Juez Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla y Director del Centro de Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla, consistentes en copias certificadas de la causa penal 2/2019 y de los oficios 319/2021, respectivamente, las cuales fueron remitidas en apoyo a su informe justificado. A lo que el juez acuerda: se tienen por por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza; al no existir prueba pendiente por ofrecer, ni desahogar, se cierra la etapa respectiva. Luego, una vez abierta la fase de alegatos, la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló; por lo tanto, al no haber más alegatos que acordar, se cierra este periodo. A continuación, dicta la siguiente sentencia. Cuauhtémoc Escobar González. Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. María Teresa Rodríguez Y Guarnero. Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. veinte de agosto de dos mil veintiuno, 523/2021
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