Sergio Cano Castro
Expediente 700/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 700/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Sergio Cano Castro
Actuaciones
- Principal
Causa estado auto en que se desechó la demanda... Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado, y archívese el expediente como asunto totalmente concluido...
- Principal
Vista la cuenta que antecede se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmese expediente y regístrese bajo el progresivo 700/2022. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previo a realizar el pronunciamiento correspondiente a la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como conforme lo dispuesto en la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD", procede precisar los actos reclamados en los siguientes términos: El Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y Criterios de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de este año, en específico, en la parte que autoriza únicamente a los Corredores Públicos, y no a los Notarios Públicos, a emitir la fe de hechos necesarias en los programas de importación temporal implementados por la Secretaría de Economía, a partir de los seis meses siguientes a la publicación del acuerdo. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse la misma en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia que lleve a su desechamiento de plano, lo que en el caso acontece, como se desprenderá de las consideraciones que enseguida se realizan. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. En el caso concreto, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el artículo 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, así como el artículo 107, fracción I de la Constitución, los cuales disponen, en lo que aquí interesa lo siguiente. Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. (.)" Constitución. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: "I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" De la transcripción de los artículos referidos se advierte que, el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en dicha norma y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea directamente o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Asimismo, que el juicio constitucional será procedente únicamente cuando el acto de autoridad o norma combatido afecte algún derecho subjetivo de quien lo promueva -interés jurídico- o incida en su esfera jurídica, sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden normativo -interés legítimo- y, por ende, que si no se actualiza alguna de dichas hipótesis el juicio de amparo será improcedente. En relación al tema de interés legítimo (que es el que aquí interesa, dada la naturaleza de los actos reclamados), se destaca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo definió como aquél interés personal, individual o colectivo, actual y jurídicamente relevante que puede traducirse, en caso de concederse el amparo en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, el cual puede ser de índole profesional, económico, de salud pública y de cualquier otra. Así, para que exista un interés legítimo se requiere de la existencia de una afectación en la esfera jurídica de un individuo entendida en sentido amplio -se parte del reconocimiento de un derecho objetivo-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como mera posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia concesoria implicaría la obtención de un beneficio determinado, que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Sirve de sustento a lo previamente referido, la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. (.)". La parte del acuerdo reclamado por el quejoso establece lo siguiente: (.) TITULO 3. PROGRAMAS E INSTRUMENTOS DE FOMENTO Capítulo 3.1 Disposiciones Generales 3.1.1 Para efectos de las autorizaciones a que se refieren las reglas 3.2.20, 3.2.23, 3.2.25, 3.2.28, 3.2.33, 3.3.6 y 3.4.14 los solicitantes deberán presentar junto con su solicitud, una fe de hechos, de una antigüedad no mayor a tres meses a la fecha de la presentación de la solicitud, emitida por Corredor Público habilitado por la SE que contenga lo siguiente: (.) Criterio que entrará en vigor conforme a lo dispuesto en la fracción III del Transitorio Primero de dicho Acuerdo, que dispone lo siguiente: "(.) TRANSITORIOS PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación a excepción de lo siguiente: (.) III. En los trámites que se presenten hasta seis meses posteriores a la publicación del presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, las Fe de Hechos que se requieran en cada uno de los trámites señalados en el presente Acuerdo, podrán ser expedidas por cualquier fedatario público. Una vez vencido dicho periodo, únicamente podrán presentarse Fe de Hechos expedidas por Corredores Públicos. (.)" El quejoso, en el caso, reclama el acto precisado en supra líneas, aduciendo un interés legítimo, bajo los siguientes términos: "(.) Es norma autoaplicativa porque en sus Transitorios Primero fracción III, estableció que en los trámites en que se presenten hasta seis posteriores (sic) a la publicación de la presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, las Fe de Hechos que se requieran en cada uno de los trámites señalados en el presente Acuerdo, podrán ser expedidas por cualquier Fedatario Público. Una vez vencido dicho periodo, únicamente podrán presentarse Fe de Hechos expedidas por Corredores Públicos (.)" (.) la responsable parte de un programa de importación y la tramitología a seguir para sustentar la legalidad pretendida para tales actos o trámites, violentando a los agentes de dar formalidad como en el caso al suscrito como Notario Público, para relegarme sin razón justificada, seis meses posteriores a partir de la publicación del acuerdo que se impugna (.)" (.) en el sentido de limitar (..) la validez de los actos públicos llevados a cabo por los Notarios Públicos, entre los cuales me encuentro el suscrito quejoso, en relación a las Fe de Hechos que se realizan para los programas de importación temporal de la Secretaría de Economía, al limitar dicha validez, a que las Fe de Hechos emitidas por cualquier Fedatario Público, entre los cuales me encuentro el suscrito Notario, solo serán válidas y admisibles en los trámites que se presenten hasta 6 meses posteriores a la publicación del acuerdo del 9 de Mayo del 2022, en el Diario Oficial de la Federación y que una vez vencido dicho periodo, únicamente podrán presentarse Fe de Hechos expedidas por Corredores Públicos (.)". De lo manifestado por el quejoso en su escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad, así como del contenido expreso de la fracción III del Transitorio Primero de dicho Acuerdo, se advierte que el Criterio aquí reclamado, entrará en vigor a los seis meses posteriores de publicación del Acuerdo referido, esto es, hasta el nueve de noviembre de dos mil veintidós. Por tanto, la limitación de emitir la fe de hechos en los trámites relacionados con los programas de importación temporal implementados por la Secretaría de Economía, de la que se duele el aquí quejoso, en todo caso, se actualizará hasta el nueve de noviembre de este año, puesto que el Transitorio Primerio de dicho Acuerdo, así lo dispone de manera expresa. Dicho en otras palabras, la fe de hechos que se requiere en los trámites señalados en el Acuerdo referido pueden ser expedidas por cualquier Fedatario Público, entre ellos, el aquí quejoso, en su calidad de Notario Público, hasta noviembre del año actual; motivo por el cual, el ejercicio de dicha facultad en este momento no se encuentra limitada, tal como lo reconoce el propio quejoso en su demanda, sino en todo caso, hasta una vez transcurrido el plazo de seis meses ahí referido. Momento en el cual el quejoso, de considerarlo conveniente, podrá hacer valer lo que en su derecho convenga. Por tanto, el quejoso en este momento procesal no acredita la afectación actual y jurídicamente relevante, que requiere el interés legítimo para hacer procedente el juicio aquí intentado; razón por la cual, se estima que una eventual sentencia concesoria en el asunto no implicaría la obtención de un beneficio determinado en favor del quejoso, y por ende, no se estima actualizado dicho interés legítimo del que aduce contar el aquí promovente, pues no quedó actualizado que con motivo de la emisión del criterio adoptado por la autoridad responsable, en este momento, se le haya restringido el ejercicio de sus funciones de Notario. Es ilustrativo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 2/96, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el número de registro 200434, de rubro y texto siguientes: "VACATIO LEGIS. CARENCIA DE INTERES JURIDICO PARA RECLAMAR UNA LEY DURANTE ESE PERIODO. Cuando para la iniciación de vigencia de un dispositivo existe el período que la doctrina denomina vacatio legis, durante él los particulares no pueden ejercitar la acción de amparo por carecer de interés jurídico suficiente para impugnar una ley que aún no ha entrado en vigor y que por lo mismo no puede obligar a los particulares a cumplirla, en razón de que durante dicho período la ley no puede ser obligatoria. En consecuencia, si un particular se dice afectado por los efectos autoaplicativos de la norma, carece de interés jurídico para reclamarla en amparo antes de su entrada en vigor." Asimismo, la tesis II.2o.C.83 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el número de registro 183801, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. DEBE DEMOSTRARSE PLENAMENTE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE UNA LEY AUTOAPLICATIVA QUE SE CALIFIQUE DE INCONSTITUCIONAL. La sola expedición del Código Civil para el Estado de México, particularmente su artículo quinto transitorio, no afecta de suyo los intereses jurídicos de los inconformes. Ciertamente, al referirse ese dispositivo a "fedatario público", se contrae a los notarios públicos del Estado de México y corredores públicos para ejercer en la plaza correspondiente a esa entidad federativa, lo cual, si bien implica "exclusión" o "limitante" para los notarios públicos de otros lugares radicados en diversas entidades, no obstante, es de precisar que se trata de una ley local que sólo se aplica en la demarcación del Estado de México y, por ende, no afecta de suyo a los quejosos la sola expedición de ella. De consiguiente, aun cuando se acreditare el carácter de notarios públicos de los promoventes, con patente para realizar sus funciones en el Distrito Federal, ello es insuficiente para considerar demostrada fehacientemente la aludida afectación a sus intereses jurídicos en el juicio de garantías indirecto, puesto que debe actualizarse y justificarse la existencia de un verdadero agravio personal y directo, en virtud de la expedición de la ley que aluden, ya que la sola vigencia de esa disposición y de los numerales 5.160, 7.278, 7.281, 7.322, 7.350, 7.521, 7.599 y 7.601 del propio código, de ningún modo patentiza ni involucra a los recurrentes en una situación jurídica concreta, que se considerara lesiva o que perjudicase a sus intereses, ya que la promulgación de esa disposición transitoria de suyo no contiene la privación de algún derecho legalmente tutelado, y menos impide el ejercicio de sus funciones." Por último, se estima que esta determinación no se modificaría una vez que se obtuviera el informe justificado de la autoridad responsable, puesto que, con lo manifestado por el quejoso en su escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad, así como con lo dispuesto en la fracción III del Transitorio Primero de dicho Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y Criterios de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de este año, se evidencia la falta de interés legítimo del quejoso para controvertir el acto aquí reclamado, razón por la cual procede el desechamiento la demanda referida. Es ilustrativo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el número de registro 2014433, de rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO". Ante este panorama de hechos, al actualizarse según se ha visto, de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia a estudio, con fundamento en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo intentada. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a los artículos 1º, 2º, 3º, y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como los artículos 6º y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública; que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita; de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Rodrigo Azofra Hernández ya que acredita estar facultado para ejercer la profesión de abogado, al contar con cédula profesional inscrita en el Registro Nacional de Profesionistas de la Dirección General de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública; y, en términos restringidos de dicho numeral, a la diversa persona que señala en su escrito de cuenta por así solicitarlo expresamente. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Sin embargo, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le exhorta para que, en la medida de lo posible, procure que el domicilio que señale para recibir notificaciones corresponda a uno electrónico con la finalidad de transitar al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es, realice los trámites necesarios a fin de que pueda continuar con la tramitación del presente juicio de amparo, mediante la plataforma electrónica del Poder Judicial de la Federación, a través del denominado "Juicio en Línea", solicitando la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, proporcionando para tal efecto él o los usuarios válidos que tendrán dichas autorizaciones, a efecto de que el órgano jurisdiccional las habilite. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a las partes copia de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, que será entregada a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia que se realice ante la secretaria encargado del asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISOS B) Y C) Y 29, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE EN LO CONDUCENTE ESTABLECE: SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO
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